Resumen: El Tribunal considera que para la adopción, y por tanto el mantenimiento de la medida de alejamiento o de prohibición de aproximación a la presunta víctima, es necesario que se esté investigando un delito de los mencionados en el art. 57 CP , o existan indicios fundados de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el art. 173.2 CP , así como que exista un peligro para la víctima, siendo que sea estrictamente necesaria a fin de protección de la misma, entendiendo que, a los efectos de determinación del peligro, deben evaluarse los antecedentes existentes en la causa, de los que se pueda inferir que el denunciado puede seguir cometiendo hechos violentos atentatorios contra la integridad física o moral de la víctima, con objeto de determinar si es necesaria la medida con objeto de evitar nuevos actos de agresión.
Resumen: El Tribunal entiende que en el presente caso la situación objetiva de riesgo necesaria para poder adoptar cualquier medida cautelar no concurre, por cuanto que la orden de protección "está ideada para proteger cuando existe una situación de riesgo objetivo, que lógicamente no puede residenciarse únicamente en la manifestación de temor de la denunciante, ni en la posibilidad meramente teórica de que sufra una agresión o amenaza, sino que debe poder efectuarse un juicio de prognosis positivo de probable reiteración delictiva" y en el caso de autos, con los datos obrantes en la causa, se carece de indicios suficientes para ello.
Resumen: Confirma la condena del recurrente por el delito contra la salud pública en un supuesto de venta de droga al menudeo. La Sala descarta que se hayan valorado erróneamente las pruebas o se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado. Asimismo, se descarta el autoconsumo, señalando que no puede tenerse en consideración la ponderación del autoconsumo ni de las dosis psicoactivas cuando de actos propios de tráfico se trata, bien sea por medio de la compra o de otra forma de difusión lucrativa o no se trate de tal difusión lucrativa o no, salvo que fuera propio autoconsumo.
Resumen: Delito de atentado. Sujeto que se encontraba alterando el orden lo que motiva la intervención policial, teniéndolo sentado en el suelo a la espera de que se calme, de forma imprevista lanza una patada a uno de los agentes lo que motiva su detención. Para que pueda prosperar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero vacío probatorio, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas, bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarias, con suficiente fiabilidad inculpatoria, cuya valoración corresponde al juzgador de instancia. El principio "in dubio pro reo" sólo entra en juego cuando practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia pero se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas. Para la consumación de este delito no es necesario, como sí sucede en el de lesiones, que se haya producido un resultado lesivo a causa del acometimiento o agresión. No es resistencia; existe un acto de acometimiento, como es propinar una patada con independencia de que llegue a causar lesión.
Resumen: Diferencias entre el principio de presunción de inocencia y el in dubio pro reo porque aunque ambos puedan considerarse como manifestaciones de un genérico favor al reo, existe una diferencia sustancial refiriéndose el primero a una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales, y el segundo que pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de jugar cuando, concurrente aquella actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate. Una niña de 3 años no tiene capacidad para consentir, el legislador asume esta cuestión al desvincular los actos sexuales de los menores de tal edad del consentimiento mediante una presunción iure et de iure. Posibilidad de valoración de la prueba de testigos de referencia y requisitos para ello. Los indicios que pueden ser útiles en el período de investigación e instrucción, pueden carecer de contundencia para considerarlos con igual carácter en la fase de enjuiciamiento.
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de inmueble. Los acusados venían ocupando la vivienda con vocación de permanencia, al menos desde Febrero a Abril de 2.022, con la oposición de su propietario y sin título para ello. El delito de ocupación pacífica de inmueble requiere: a) la ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia; b) que el ocupante carezca de título jurídico alguno que legitime esa posesión, si hubiera sido autorizado inicialmente para ocupar el inmueble, aunque temporalmente y en calidad de precarista, el titular de la vivienda deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles; c) que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, antes o después de producirse la ocupación; y d) que concurra dolo en el autor, conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización. No se prueba la existencia del estado de necesidad, alegado "ex novo" en el recurso", no pudiendo invocarse nuevos hechos, pruebas nuevas o pretensiones distintas, sino las mismas aducidas oportunamente en su día. El estado de necesidad debe ser tan acreditado como el hecho delictivo mismo, careciendo en el caso enjuiciado de prueba alguna sobre su existencia. .
Resumen: Confirma la absolución por delito de quebrantamiento de media cautelar. La parte apelante, con adhesión del Mº. Fiscal insta la nulidad del juicio al no escucharse la grabación del juicio y no levantarse acta del mismo, causándole indefensión. El TS. en Acuerdo del Pleno de 24 de Mayo de 2.017 estableció que cuando la documentación relativa al juicio oral sea imprescindible para la resolución del recurso, su ausencia en relación con los aspectos controvertidos, que genere indefensión material, determinará la nulidad del juicio oral o, en su caso, la absolución. Las deficiencias de la grabación es una irregularidad procesal que solo determinará la nulidad del juicio si se produce una indefensión material, inexistente cuando la condena se base en otras pruebas distintas de las que su práctica debía haberse grabado (como la documental) o cuando éstas se refieran a elementos no esenciales. El delito de quebrantamiento requiere como elementos: a) objetivo, la existencia de una resolución que acuerde una condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia y una conducta de incumplimiento de la misma; y b) subjetivo, que el sujeto sepa que existía tal resolución, así como su contenido, y que con su actuación está incumpliendo lo que la resolución le impone. No se precisa ni el requerimiento con los apercibimientos legales, ni la comunicación de la fecha de inicio de la prohibición, pero sí la notificación de la misma, circunstancia no acreditada en el caso.
Resumen: No puede considerarse carente de motivación el auto recurrido. Los requisitos establecidos para que los condenados por delito de terrorismo puedan progresar a tercer grado de tratamiento, entre los que se incluye mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, no son de obligatoria aplicación para la obtención de otros beneficios penitenciarios. Sin embargo, ello no permite prescindir sin más de la valoración de su concurrencia como un elemento más para decisiones que requieran valorar la evolución en el tratamiento penitenciario. Teniendo como objetivo los permisos de salida ordinario preparar para la vida en libertad, la falta de cumplimiento de los requisitos para obtener el régimen en semi libertad necesariamente debe influir en las decisiones sobre la concesión de estos permisos. El interno tiene una larga condena aún pendiente de cumplimiento. Las declaraciones del interno solo parecen dirigidas a obtener beneficios penitenciarios. VOTO PARTICULAR: Estima que, por el JCVP, en la resolución recurrida, no se ha otorgado la tutela judicial efectiva mínima requerida, al eludir hacer un mínimo razonamiento ni análisis de las circunstancias concretas referidas al penado. Considera que no puede afirmarse que carezcan de cualquier valor a efectos de valoración de progreso penitenciario las manifestaciones del interno en el sentido de mostrar, sin reservas, su compromiso y voluntad de no usar la violencia en ningún caso.
Resumen: Condena a un acusado como autor de un delito de trata de seres humanos en concurso medial con un delito de prostitución coactiva y le absuelve del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Acusado que reacluta una mujer en país extranjero y valiéndose de su situación precaria, le ofrece trabajo en España, para, una vez ya en España, obligarla a ejercer la prostitución para satisfacer los gastos derivados del viaje. Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Legalidad penal aplicable. Elementos objetivos y subjetivos requeridos para la aparición del delito. Se trata de un delito de consumación anticipada, puesto que se consuma aun cuando no se realice el propósito que guía al autor. Delito de prostitución coactiva. Ejercicio de la prostitución en contra la voluntad de la mujer y con sometimiento a todo tipo de presiones psicológicas y ausencia de libertad. Concurso medial entre el delito de trata y el delito de prostitución coactiva. Delito contra los derechos de ciudadanos extranjeros. No se acredita suficientemente que el matrimonio del acusado con mujer extranjera fuese de mera conveniencia y que la mujer una vez en España se hubiese dedicado coactivamente a la prostitución.
Resumen: Ámbito del recurso de casación. La sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación y, por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación. Ahora bien, en la medida en que la sentencia de apelación refrenda errores de la sentencia de instancia también el recurso de casación viene a fiscalizar ésta, aunque sea con el filtro de un pronunciamiento de apelación. Proposición de prueba en el recurso ordinario. Posibilidad de proposición al inicio del juicio oral. Ponderación de la protección de la intimidad de las víctimas. Nulidad de la pericial psicológica al ser propuesta y practicada fuera del plazo máximo de instrucción del art. 324 LECrim. Doctrina de la Sala Segunda. En el caso analizado, antes del transcurso del término de instrucción ya se habían practicado diligencias de investigación de potencial inculpatorio significativo y la declaración de nulidad de esta prueba resultaría irrelevante para el resultado del fallo. Análisis de dichos informes de credibilidad. No vinculan al juzgador. Análisis del art. 183 quater. Posibilidad de una atenuante analógica cuya aplicación, dada la diferencia de edad entre acusado y víctima, ha sido harta generosa. Error de prohibición. Desconocimiento edad de la menor. Basta el dolo eventual.
