Resumen: La acusación que se formula lo es por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Acción popular. Legitimación de la acción popular para acusar del delito de malversación por el que no acusa el Ministerio Fiscal. Bien jurídico de titularidad social o colectiva. Alegación de cosa juzgada, que no se acoge, dado que el sobreseimiento provisional sí puede reabrirse. Derecho a la poresunción de inocencia. Reparos que efectuaba la Secretaria del Ayuntamiento. Contratos realizados en el ámbito municipal, sin que el Alcalde tuviera dedicación exclusiva. Las obras no salían a concurso, pero no consta que el acusado se haya quedado con dinero o fondos públicos, o los hubiese distraído a otros fines distintos de los destinados, existiendo consignación presupuestaria. Malversación de causales públicos, que no se aprecia concurra en este caso. Negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Posibilidad de modificar las conclusiones al elevarlas a definitivas, siempre que se trate de algo accidental, no en aspectos sustanciales. El incumplimiento del deber de abstención por parte del Alcalde en contratos administrativos, no implica necesariamente un delito de prevaricación. Prohibición del fraccionamiento de los contratos para disminuir la cuantía de los mismos y eludir los requisitos de publicidad y de procedimiento a seguir. Absolución del acusado de todos los delitos imputados.
Resumen: Colocación de un artefacto explosivo en un vehículo, tras lo que se produjo su explosión, que causó lesiones a varias personas y daños. Testimonio de coimputados, que declararon durante la instrucción en régimen de incomunicación. Los razonamientos contenidos en el auto de prórroga de incomunicación para el interrogatorio judicial no permiten conocer cual pudo ser la razón, en interés de la justicia, para que los detenidos permanecieran incomunicados durante dicho interrogatorio judicial, sin posibilidad de ser defendidos por sus letrados de confianza y sin poder comunicarse tampoco con ellos, ni antes ni después del interrogatorio. La prueba de inteligencia policial tiene utilidad especialmente para la identificación de los indicios y el razonamiento a desarrollar a partir de ellos, sirviendo de guía al razonamiento judicial, aunque sin poder sustituir a éste, correspondiendo al tribunal la verificación del proceso y la elaboración de las conclusiones indiciarias. Apreciación como prueba de un documento digital procedente de un soporte digital francés, que plantea objeciones en cuanto a su validez y eficacia probatoria.
Resumen: Sólo al Tribunal sentenciador pertenece la soberanía probatoria, limitándose el Tribunal de apelación a comprobar: 1ª. que hay prueba de cargo practicada en la instancia (prueba existente). 2ª. que esa prueba de cargo ha sido obtenida y aportada al proceso con las garantías exigidas por la Constitución y las Leyes procesales (prueba lícita). 3ª. que esa prueba de cargo ha de considerase razonablemente bastante para justificar la condena (prueba suficiente). En el caso enjuiciado dicha triple comprobación se cumple, pues un testigo vio al condenado manipular, dentro de su parcela, para prender fuego, observando que la parcela estaba llena de garrafas de agua en previsión de que el incendio que estaba provocando pudiera descontrolarse, sin que el condenado le dijera nada cuando el testigo le ofreció ayuda para apagar el fuego. Al manifestar un perjudicado no reclamar por los daños sufridos en su parcela a consecuencia del incendio, en base a la naturaleza rogada de la acción civil, no puede proceder condena a indemnización alguna. Respecto al resto de perjudicados solo falta la valoración de los daños, que puede practicarse en ejecución de sentencia, puesto que aunque se trata de una pretensión de naturaleza civil, la misma se ejercita en el proceso penal, por lo que no está constreñida por la prohibición que al efecto realiza el art. 219 de la L.E.C., puesto que ni está prohibida por la L.E.Crim. ni causa indefensión ninguna.
Resumen: La AP desestima el recurso de la condenada por el Juzgado de lo Penal como autor un delito de resistencia. Se practicó prueba de cargo y la misma fue suficiente para destruir la presunción de inocencia del apelante, siendo correctamente valorada. El juzgador dispuso no sólo de los testimonio de los agentes policiales, puesto que tuvo también en cuenta la declaración de la propia acusada al manifestar que no recordaba bien los hechos sin negarlos claramente. La Sala considera proporcionada la individualización de la pena no son relación con la opción por la pena pecuniaria frente la pena privativa de libertad, sino especialmente en cuanto al importe de la cuota diaria fijada, muy próximo al mínimo legal.
Resumen: No puede equivocarse, como viene siendo frecuente, el contenido del principio de presunción de inocencia, el in dubio pro reo, y el error en la valoración de la prueba. Mientras que el primero de ellos exige un desierto de material probatorio de cargo de ningún tipo, tanto el in dubio pro reo, como el error en la valoración de la prueba parte de la existencia de prueba incriminatoria, y lo que pretende rebatirse a través de estos dos últimos alegatos es la valoración que el órgano judicial de instancia ha realizado. A través del in dubio pro reo, aún admitiendo la existencia de prueba de cargo, se considera que, al menos sobre algún elemento o alguna cuestión esencial, no está acreditada con la contundencia que exige el Derecho Penal. El error en la valoración de la prueba parte que existe en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia, o que haya existido en la valoración de la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo. cuando nos encontramos ante supuestos en los que no solo tenemos la declaración de la víctima, sino que además concurren varios testigos que relatan y refiere lo percibido por sí mismo esa declaración de la denunciante adquiere tintes de prueba incriminatoria para desvirtuar la presunción de inocencia que queda configurada de una forma contundente sí también se incorporan informes forenses que detectan la afectación de la persona ante los hechos denunciado.
Resumen: La menor, fugada de un centro de internamiento, agredió a uno de los agentes que la identificaban en relación con un delito de robo. El Juzgado de Menores la considera responsable de sendos delitos de quebrantamiento de medida privativa de libertad y atentado. Apela la sentencia solo respecto del delito de atentado y la AP desestima el recurso. Se practicó prueba de cargo lícitamente obtenida y válidamente practicada en relación con los hechos que sustentaron el delito de atentado a agente de la autoridad, constituida por la declaración testifical de los policías locales en el acto de la audiencia. Que el policía local golpeado no sufriera lesión no impide apreciar la realidad de la agresión, siendo indudable que propinar patadas en el pecho constituye un acto agresivo de acometimiento propio el atentado. Ante las alegaciones del recurso, no se está ante indicios sino ante pruebas directas claras, precisas y creíbles, producidas bajo las debidas garantías. La conducta de la menor implicaba la aceptación como consecuencia necesaria de la ofensa al principio de autoridad. La medida de internamiento terapéutico en régimen semiabierto no es excesiva ni desorbitada.
Resumen: Se rechaza la prueba consistente en la aportación de las grabaciones del establecimiento donde tuvo lugar la sustracción argumentando que, con independencia de que el tiempo transcurrido hace inviable su aportación por superar el periodo de conservación, la misma no fue solicitada en primera instancia, cuando pudo proponerla, no dándose los presupuestos previstos en el artículo 790.3 de la L.E.Crim. Frente a la declaración exculpatoria de la acusada, se alza como prueba incriminatoria el testimonio de la empleada clara al afirmar cómo se produjeron los hechos que cuenta con elementos probatorios complementarios que lo avalan como son: la tenencia en poder de la acusada de las zapatillas sustraídas dentro de la mochila sin ningún justificante de su adquisición; la falta de credibilidad de su versión al decir que las había comprado días antes en esa tienda y que las guardaba en la mochila para cambiarse porque tenía unos zapatos muy altos y se la cansaban los pies, siendo ilógico que hubiera llevado esos días las zapatillas en la mochila sin haberse cambiado de calzado pues estaban nuevas y sin usar; así como que las zapatillas tenían el sistema de alarma activado lo que de haber sido pagadas no habría ocurrido. El delito fue consumado dada disponibilidad de las zapatillas desde que se apropió de ellas hasta que regresó a la tienda tres horas después cuando fue descubierta. Se rebaja la pena frente a la máxima impuesta, sin justificación alguna, en atención a los hechos
Resumen: Distinción entre prueba necesaria y pertinente. N De la sala io toda prueba pertinente por tener relación con los hechos o con las partes puede ser tildada de necesaria, si no que debe de ser de tal entidad que de su resultado pudiera depender el distinto signo de la resolución a recaer. La declaración de la víctima es una prueba de cargo hábil para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. El delito de amenazas se conceptúa como un delito de peligro, sin necesidad de que se produzca una lesión efectiva, o se consuma como tal el hecho objeto de amenaza. Cuando se produce la retención de una persona impidiéndole salir de un determinado lugar durante un tiempo no excesivamente largo, la conducta puede ser conceptuada, bien como delito de detención ilegal, bien como coacciones, esa doble posible subsunción debe dirimirse de acuerdo a un conflicto de normas regulado en el artículo 8 del Código Penal.
Resumen: Delito continuado de abusos sexuales, subtipo agravado de prevalimiento al ser el compañero sentimental de la madre de la menor.. Valoración de la declaración de la víctima como prueba incriminatoria. Derecho a no declarar o a no declararse culpable. La grabación de conversaciones en las que interviene el interlocutor no suponen un quebranto del derecho a no autoincriminarse. El acusado había reconocido los hechos en unos mensajes de telefonía móvil. Principio acusatorio y división de funciones entre el juzgador y las partes. Medida de libertad vigilada. Voto particular que efectúa uno de los magistrados, que considera se debería de haber absuelto al acusado. Principio de in dubio pro reo.
Resumen: En el apartado 2 del art. 588 quinquis b), se impone el deber de especificar el medio técnico que va a ser utilizado. No podemos banalizar el acto de intromisión estatal que la utilización de un GPS representa en el círculo de derechos fundamentales. Deben concurrir los principios de necesidad y proporcionalidad de la medida. La zona rural de asentamiento de los investigados y de plurales localidades donde se cometían y el horario nocturno de su acaecimiento, determinaban a su vez la necesidad de la medida. No resulta adecuado indicar que la pena conjuntamente impuesta posibilita establecer cuál es la parte de pena que corresponde a cada infracción, a través del prorrateo resultante de dividir el tiempo de prisión impuesto entre el número de infracciones delictivas que integran el continuum. No era posible concluir esa especial gravedad que se fundamenta en parte por los daños en la ejecución, en parte por la entidad del perjuicio originado, pues ninguno de los robos individuamente considerados, sería acreedor de la agravación por "revestir especial gravedad". De modo que penar conjuntamente estos hechos como delito continuado y a la vez como robo que reviste especial gravedad conculcaría, en este caso, el principio de non bis in idem. El importe de los daños ocasionados con los actos de fuerza, no es dable adicionarlos, con el importe del valor de los efectos sustraídos para configurar con esa mixtura una nueva causa de agravación, no prevista en la norma.
