Resumen: La única prueba que expresa la Sala para alcanzar su convencimiento es la manifestación de los acusados de que al recibir la transferencia incompleta compensaron otras deudas que tenían, pero lo hace omitiendo cualquier consideración del resto de su versión, concretamente, que finalmente devolvieron el dinero. El Tribunal no solo omite cualquier análisis sobre la credibilidad de esa parte del relato, sino que tampoco evalúa la prueba de descargo aportada por la defensa, en concreto la declaración de uno de los acusados de que es el único responsable de la apropiación y la documental aportada. Recoge la causa el extracto de la cuenta bancaria y el documento bancario refleja que efectivamente hubo devolución del dinero. Por ello, estima que uno de los recurrentes fue condenado con vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.
Resumen: Absuelve a un acusado de dos delitos continuados de abusos sexuales que se le atribuían como realizados sobre dos menores de dieciséis años, y que las acusaciones describían como tocamientos de naturaleza sexual realziados sobre dos sobrinas de la mujer con la que el acusado convivía en relación afectiva análoga al matrimonio. Presunción de inocencia y pruebas de cargo suficientes para destruir la presunción. Testimonio de las víctimas como únicas pruebas directas de alcance incriminatorio. Contiene y reproduce la jurisprudencia del TS sobre el testimonio de la víctima del delito como única prueba incriminatoria, con singular referencia al testimonio de víctimas menores de edad. En el caso la Audiencia no encuentra elementos externos y objetivos que vengan a corroborar el relato de las dos menores. Se aprecian contradicciones internas en los relatos de las menores que comprometen la nota de persistencia en la incriminación requerida en la jurisprudencia. La Sala no puede aseverar de forma concluyente la existencia del ánimo espurio en las menores pero tampoco puede descartarlo. La valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima corresponde exclusivamente el tribunal de enjuiciamiento. La credibilidad del testimonio de la víctima nunca puede dejarse única y exclusivamente a la valoración del perito, que se limita a auxiliar la labor jurisdiccional.
Resumen: Tratándose de sociedades gananciales, el Tribunal Supremo parte de ser precisa una liquidación de la sociedad con carácter previo a determinar si ha existido o no un acto de apropiación. La clave radica en si existe o no obligación de entregar o devolver determinadas cantidades de dinero que se han recibido para la sociedad de gananciales, cuando todavía no se ha liquidado la misma, simplemente cuando se ha disuelto. En el ámbito jurídico-penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del nuevo como si fuera su dueño prescindiendo con ello de las limitaciones ínsitas en el título de recepción, establecidas con garantía de los legítimos intereses de quienes lo entregaron. En lo que se refiere al dinero hace falta que se impida de forma definitiva (expropiación definitiva se dice en la Jurisprudencia) la posibilidad de entregarlo o devolverlo, llegando la conducta ilícita a un punto sin retorno que implica un incumplimiento definitivo de la obligación de dar a la cosa el destino pactado. La apreciación del error, en cualquiera de sus formas, vencible o invencible, vendrá determinada en atención a las circunstancias objetivas del hecho y subjetivas del autor sobre el caso concreto, pero no cabe invocar el error cuando el delito se comete mediante la ejecución de una conducta cuya ilicitud es de común conocimiento
Resumen: Se condena a los acusados sorprendidos desembarcando 69 fardos de hachís desde una embarcación semirrígida, con un peso de 1.910.858'4 gr. con un T.H.C del 33'44% y 87.739,2 gr. con un T.H.C del 36'85%, y un valor de mercado estimado en 3.997.195'20 €. Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 CP excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1 CP. El hecho de que se desconozcan las características de la embarcación, pues se dio a la fuga, no impide la aplicación de éste subtipo agravado, pues si que está acreditada su utilización y la cantidad de sustancia estupefaciente en ella trasportada. Se condena como autores a los acusados que intervienen directamente en la descarga de la droga y como cómplice al que tan solo ejercía funciones de vigilancia. Delimitación jurisprudencial de la prueba de indicios. Atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas: no proceden.
Resumen: Se analiza e interpreta el art. 307 ter 1 CP. El supuesto estudia la creación de empresas ficticias para el cobro de prestaciones por baja laboral. Con base en el derecho a la presunción de inocencia se concluye la valoración correcta por el Tribunal Superior de Justicia del proceso inferencial llevado a cabo por la Audiencia Provincial para fundamentar la autoría de la acusada.
Resumen: Se recurre la sentencia alegando indebida aplicación de los arts. 335.3 y 335.2 del CP, afirmando que no ha quedado acreditado ni la "relevancia" de la actividad de marisqueo que requiere el tipo básico, ni tampoco "los graves daños a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera", debiendo estimarse los hechos como una infracción de carácter administrativo. La Sala estima parcialmente el recurso y procede a la condena del acusado por el tipo básico ante la falta de prueba de"la gravedad de la afectación a la sostenibilidad del recurso" que se aplica en la instancia. Se desconoce la incidencia de la conducta para la reproducción de la especie, extremo sobre el que ninguna se prueba se practicó en el plenario, y si bien es cierto que obra en las actuaciones informe del Director General de Pesca Marítima de la Consejería de Desarrollo Rural, no impugnado de adverso, es lo cierto que su lectura evidencia se refiere de forma genérica a las posibles consecuencias de la extracción de percebes adultos en verano; la generalidad del mismo pues se dice que "al ser verano se produce un grave daño pues los juveniles reclutan sobre los adultos", informe no ratificado ante autoridad judicial, unido al hecho de que los testigos que declararon en el plenario nada pudieron precisar a este respecto, ni tan siquiera en lo referente a la talla de los ejemplares, conduce en virtud del principio in dubio pro reo a rechazar la aplicación del subtipo agravado.
Resumen: La sentencia objeto del recurso de casación es, la dictada en apelación y por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación. El auto inicial por el que se acuerdan las intervenciones telefónicas, debe valorarse a la vista de los elementos y datos disponibles en el momento de su adopción, sin que la insuficiencia de los resultados obtenidos o la existencia posterior de otras pruebas, afecten a la legitimidad inicial de la medida restrictiva del derecho fundamental. En los supuestos en que se investiga un delito concreto y por medio de las intervenciones telefónicas se descubre otro distinto, no puede renunciarse a investigar la "notitia criminis" incidentalmente descubierta en una intervención dirigida a otro fin, aunque ello pueda hacer precisa una nueva autorización judicial o una investigación diferente de la inicial. Lo verdaderamente importante, para no vulnerar el principio acusatorio, es que el relato fáctico de la acusación sea respetado en líneas esenciales, pero también se ha mantenido que, para ser respetuoso con el derecho a ser informado de la acusación y con el derecho de defensa, el relato fáctico de la calificación acusatoria debe ser completo y específico pero no exhaustivo.
Resumen: Agresiones mutuas entre los miembros de una pareja que implica la condena a ambos. No puede admitirse la alegación de la eximente de legítima defensa cuando se constata que ambos implicados tenían lesiones y se habían agredido recíprocamente. La declaración de la víctima está sometida al imperio de valoración del órgano ante quien se presta, si bien el Tribunal Supremo viene estableciendo un triple requisito para entender que aquella declaración se erige en prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Ese triple test consiste en la persistencia de la incriminación, en la falta de incredibilidad tanto subjetiva como objetiva, pero sin olvidar que nos encontramos ante cuestiones meramente orientativas, ni la concurrencia de las tres implica necesariamente que se acoja la versión de la víctima, ni la ausencia de alguna de ellas conlleva la imposibilidad de su valoración.
Resumen: Detención realizada tras el abordaje de un barco en alta mar. La resolución recurrida contiene una motivación suficiente. El plazo máximo absoluto de la detención no tiene que coincidir necesariamente con el momento en el que el afectado se encuentre en las dependencias policiales. No procede la nulidad de la comparecencia de prisión, al haberse puesto a disposición de la autoridad judicial los detenidos dentro del plazo de las 72 horas mediante correo electrónico. La incomunicación acordada judicialmente no comprende el derecho de ser asistido por letrado de oficio, estableciéndose que a los detenidos en espacios marítimos les serán aplicados los derechos reconocidos en la medida que resulten compatibles con las medidas personales y materiales existentes a bordo. Al no existir sistema de videoconferencia , la puesta a disposición se realizó por comunicación satelital. La ausencia de designación de letrado de oficio por la policía durante el tiempo en que se produjo la detención gubernativa no supuso lesión del derecho a la libertad, no habiéndose practicado con los detenidos diligencia alguna de investigación. Se informó adecuadamente al detenido y a su letrado de los hechos que se le imputaban, así como del delito por el que había sido detenido, La prórroga de la incomunicación se realizó conforme a la ley.
Resumen: La acusada resulta condenada en la instancia por propinar un bofetón a su pareja, en presencia del hijo menor de edad. Valoración de la prueba personal: la segunda instancia no puede ser un nuevo juicio, en el que acometer de nuevo la valoración de la prueba. La apelación es un juicio revisorio y solo es posible modificar el relato de hechos probados en caso de que se sustente en un razonamiento absurdo, que no se hayan tenido en cuenta algunas pruebas, o que resulte de pruebas practicadas en segunda instancia. In dubio pro reo. Es necesaria la motivación de la pena, también de la accesoria, para imponerla en una extensión superior a la mínima.
