Resumen: Confirma la condena por delitos de detención ilegal, amenazas, maltrato en el ámbito familiar y de daños. Los hechos se acreditan por la declaración de la víctima en la que concurre credibilidad subjetiva (no pudiendo calificarse de motivación espuria el deseo de justicia derivado del sufrimiento generado por el delito), credibilidad objetiva (corroboraciones periféricas, testificales de referencia, WhatsApp, daños en móvil y vehículo, partes médicos de lesiones y sanidad, etc.) y persistencia en la incriminación. El apelante impugna la sentencia por aplicación indebida del delito de detención ilegal (art. 163.1 CP.) y, subsidiariamente, sostiene que debió aplicarse el tipo atenuado (art. 163.2 CP.). El delito de detención ilegal requiere: 1) un elemento objetivo, la privación de la libertad deambulatoria de la persona, encerrándola físicamente o deteniéndola, es decir impidiendo su libertad de movimientos; 2) un dolo consistente en que la detención se realice de forma arbitraria, injustificada, siendo un delito eminentemente intencional, no cabiendo la comisión por imprudencia. El móvil, motivación o finalidad perseguida por el autor es irrelevante para la integración del delito, desarrollándose el ámbito de los móviles en el campo de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. No se aplica el tipo atenuado, al producirse la liberación por la acción de agentes de la Guardia Civil y no por la voluntad del acusado.
Resumen: Fraude de subvenciones. Regulación anterior a la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de noviembre: el objeto del delito incluye también las ayudas públicas. Individualización de la pena: la distinta extensión de la impuesta a los diferentes acusados, aun no concurriendo en ninguno de ellos circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, no resulta injustificadamente discriminatoria, si descansa en consideraciones atendibles (en el caso, reconocimiento de los hechos por parte de uno de ellos en el acto del juicio). Principio acusatorio: no es posible superar la pena más grave que en concreto solicitan las acusaciones. Responsabilidad civil: intereses legales. La mercantil condenada como responsable civil subsidiaria no compareció al acto del juicio, pero fue citada y se le notificó el escrito de acusación y el de apertura de juicio oral, a través de uno de los acusados, que era su administrador y el único partícipe de la misma junto con su esposa, que no expresó ninguna objeción o reparo. No hay indefensión. Imposibilidad de suscitar, per saltum, en casación, cuestiones que no fueron planteadas previamente en el recurso de apelación.
Resumen: A propósito del principio Non Bis In Idem entre la conducción bajo los efectos del consumo de alcohol y la negativa al sometimiento a la prueba de alcoholemia, el Legislador ha entendido que era precisa la implantación de un delito específico de desobediencia con el fin de que no quedara desactivada la eficacia de otro tipo penal que ya de por sí es un delito de peligro abstracto, cual es el contemplado en el art. 379.2 del CP. De no reforzarse con una amenaza penal la obligación de someterse a la pericia de alcoholemia, los conductores se negarían a realizarla y los bienes jurídicos que tutela el precepto principal se verían desprotegidos. No es lo mismo ser condenado por un delito específico contra la seguridad del tráfico del art. 379.2 del CP que por un delito de desobediencia a un agente de la autoridad; pues aunque ambos tutelan el bien jurídico de la seguridad del tráfico, no lo hacen con las mismas connotaciones y el mismo alcance, habida cuenta de la naturaleza mixta que presenta desde el perfil del bien jurídico el delito del art. 383 del CP, sin olvidar su tutela más indirecta o mediata de la seguridad vial y de los bienes personales primarios que se protegen a su amparo. En el presente caso, una cuota diaria de 4 euros para la pena de multa, próxima al mínimo legal, no puede ser calificada de arbitraria ni exige de expresa motivación, por lo que debe ser confirmada en apelación, ya que el mínimo legal está previsto para casos de pobreza extrema.
Resumen: Cosa juzgada. Proscribe la duplicidad de procedimientos penales en caso de que exista la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Presunción de inocencia. Estudio del alcance de la casación en procedimientos incoados con anterioridad a la Ley 41/2015. A través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que el Juzgador de instancia haya deducido de su contenido. La Sala, tras analizar la eficacia probatoria de la declaración de los coimputados y los requisitos que debe cumplir la prueba indiciaria, concluye la suficiencia de las pruebas practicadas, al estar en este caso la declaración incriminatoria de la coacusada corroborada por prueba testifical. Error en la apreciación de la prueba basado en documentos. Es incompatible con una nueva valoración de prueba. Los documentos señalados no son literosuficientes. Infracción de ley. Apropiación indebida o administración desleal. La reforma excluye del ámbito de la apropiación indebida la administración desleal por distracción de dinero, pero mantiene en el ámbito del tipo de apropiación indebida, la apropiación de dinero en los supuestos en que el acusado la hubiera recibido en depósito, comisión, custodia, o en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlo o devolverlo, o negare haberlos recibido.
Resumen: Condena por un delito contra la dignidad personal en concurso con un delito contra la integridad moral y por un delito de amenazas con la agravante de discriminación por orientación sexual y se absuelve por un delito de lesiones. El acusado, cuando se cruzaba con la víctima le profería expresiones como "maricón, te vas a enterar", "gay de mierda", "calvo de mierda", provocando que éste cambiara de domicilio, y depositó en el buzón del nuevo domicilio de la víctima un sobre en cuyo interior realizaba expresiones como "puto gay se donde vives y te voy a matar". El delito contra la dignidad de las personas requiere: a) expresiones que contengan un mensaje de odio que generan humillación, menosprecio o descrédito frente a persona o grupo, entre otras circunstancias, por su orientación sexual; b) basta la generación de un peligro en abstracto; c) dolo genérico, voluntad de la ofensa, no siendo un acto puntual ni situación incontrolada, momentánea o emocional. El delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible ("te voy a matar"), con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo en el amenazado, siendo el bien jurídico protegido la libertad y la seguridad y constituyendo la amenaza un delito circunstancial en el que deben valorarse para determinar su gravedad la ocasión en que se profiera, las personas intervinientes, los actos anteriores, simultáneos y sobre todo posteriores al hecho material de la amenaza.
Resumen: La Sala confirma la sentencia dictada en la instancia, que condenó al acusado por haber dejado impagadas las pensiones alimenticias de su hijo. Error en la valoración de la prueba; importancia de la inmediación. Se pone de manifiesto la falta de congruencia del recurso, por la contradicción existente entre las alegaciones defensivas, que pago en metálico y la imposibilidad de pago. Principio de intervención mínima versus principio de legalidad. Inaplicabilidad al caso del principio "in dubio pro reo".
Resumen: Los autos de sobreseimiento libre son recurribles en casación. Tras la reforma operada en el año 2015, no cabe fundar el recurso de casación en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, en el presente caso, y por no constar la fecha de incoación, la sentencia entra a valorar las alegaciones de fondo de la parte recurrente (que denuncia vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva), porque antes de la citada reforma se admitían, de forma excepcional, los recursos de casación contra autos de sobreseimiento libre, por posible vulneración de derechos fundamentales. La sentencia concluye que la Audiencia Provincial no se excedió en sus facultades revisoras, como sostiene la parte recurrente, porque cuando se trata de constatar si los hechos objeto de acusación encajan en un tipo penal (filtro de carácter jurídico), la ley procesal otorga total holgura a la Audiencia Provincial para cercenar el proceso. Las facultades revisoras son menores cuando se trata de constatar la ausencia de indicios racionales de criminalidad. También se denuncia infracción del artículo 851.6º de la LECrim. La sentencia desestima el motivo: i) por no preverse esa denuncia en el art. 848, ii) porque una decisión jurídica, como es la decisión de sobreseer libremente, no se ve contaminada por haber presenciado prueba en el acto del juicio oral. Infracción de ley. El relato de hechos fijado con carácter indiciario no constituye delito.
Resumen: La causa se sigue por delitos de prostitución, maltrato en el ámbito familiar, y delito continuado de abusos sexuales. Madre que obliga a su hija de 17 años a mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, como ella misma venía haciendo. Publicaba un anuncia en intenet ofertando sus servicios. Cuando la hija pretendía negarse a ejercer tal actividad, su madre la amadrentaba para que siguiera ejerciendo la prostitución, llegando a agredirla en una ocasión. Otro acusado, conocedor de que la hija era menor de edad, mantuvo numerosas relaciones sexuales con ella, al que se le acusa de delito de prostitución y un delito continuado de abusos sexuales. Inducción de la prostitución de un menor de edad por su madre. Utilización de violencia e intimidación, además de prevalerse de una relación de superioridad y parentesco. Valoración de la declaración de la víctima cuando se erije en la principal prueba incriminatoria. La testigo cambia su versión en el acto del juicio respecto de sus manifestaciones anteriores. Análisis pericial del terminal móvil de la madre, donde se comprueba la realidad de lo denunciado. Valoración de la declaración de un coacusado. Respecto del segundo acusado, el Tribunal considera que es autor de un delito de prostitución de una menor, que no es exactamente el delito por el que había acusado el Ministerio Fiscal. Principio acusatorio, sin variar los hechos probados que han sido objeto de acusación es posible condenar por delito distinto.
Resumen: El tipo del artículo 295 del CP no sanciona una administración que pueda dar lugar a un resultado negativo o que no sea exitosa, ni tampoco una administración simplemente errónea, sino aquella forma de operar que suponga la superación de los límites propios de una administración normalizada dentro del sector de negocio de que se trate. El recurrente adquirió un vehículo de alta gama, con fines de representación. Pero no lo hizo para incorporar a su patrimonio, sino para el Club, y la utilización de un vehículo de esa gama para uso del Presidente en representación del Club, no podía ser ignorado por los órganos sociales No puede concluirse que conociera el carácter fraudulento de su actuación, ni la causación de un perjuicio económico que era inexistente, ya que el pago obedecía a una causa consistente en la resolución anticipada de un contrato. La prueba era pertinente y además era necesaria para la defensa, en la medida en que resultaba claramente relevante acreditar el pago de las facturas. Ninguna de las operaciones delictivas supera la cuantía de 50.000 euros, por lo que solo la suma de las mismas permite aplicar la agravación prevista en el artículo 250.1.6º del CP. No es posible, entonces, valorar ese aspecto nuevamente para considerar aplicable la regla contenida en el artículo 74.1 del CP. La expresión "nos mata" tiene un significado equívoco, y aunque pueda calificarse como desafortunada no necesariamente significa un prejuicio sobre el hecho enjuiciado.
Resumen: La Sala confirma la sentencia dictada en la instancia, que condenó a la acusada por desobedecer los requerimientos del Juzgado que ejecutaba las medidas civiles del divorcio, en relación con las visitas y comunicación de sus hijos con el progenitor no custodio. La ausencia de un requerimiento personal y expreso al obligado no excluye el delito de desobediencia, siempre que resulte acreditado que conoció el mandato y la gravedad de su incumplimiento. No es necesaria la previa imposición de multas coercitivas, ni la opción por la modificación del régimen de custodia, tampoco que sea el Juzgado ejecutor quien deduzca testimonio; el perjudicado está legitimado para ejercitar la acción penal.
