Resumen: Recova la sentencia que condena y absuelve a un denunciado como autor de un delito leve de amenazas. Presunción de inocencia y prueba de cargo bastante para desactivarla. La presunción de inocencia comporta la prohibición constitucional de condena sin que se hayan realizado pruebas de cargo, válidas, revestidas de las necesarias garantías, referidas a todos los elementos esenciales del delito, y de las que quepa inferir razonable y concluyentemente los hechos y la participación en ellos del acusado. Alcance de la revisión permitida al tribunal de apelación respecto de la valoración de la prueba efectuada por el Juez de primer grado. Sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad. Pprincipio "in dubio pro reo" que únicamente resultará vulnerado cuando el Tribunal determine la culpabilidad del acusado reconociendo dudas sobre la autoría del mismo o sobre la concurrencia de los elementos objetivos del delito. Testimonio de cargo único prestado por el denunciante agraviado y que resulta contradictorio con las manifestaciones del denunciado. Elementos externos de corroboración. La credibilidad objetiva del testimonio inculpatorio debe estar basado en la lógica de la declaración -coherencia interna- y en el complementario apoyo de datos objetivos de corroboración de carácter periférico -coherencia externa-.
Resumen: No cabe discutir la jurisdicción de las autoridades judiciales reclamantes, atendido el principio de territorialidad, al haberse cometido al menos parte de los hechos en Estados Unidos. El delito se reputa cometido tanto en el lugar en el que se realiza la acción, como en el que tiene lugar el resultado. En España no se ha incoado procedimiento alguno y los tribunales de EEUU están en mejor posición para el enjuiciamiento. Prestación de garantía suficiente de que, de imponerse la pena de cadena perpetua, la misma no sea indefectiblemente de por vida, y de que existe posibilidad de que la misma le sea conmutada, remitida o susceptible de liberación condicional.
Resumen: El delito de acoso u hostigamiento se introdujo en la reforma del Código Penal de 2015 tomando como ejemplo algún otro ordenamiento jurídico en el que se recogía tal figura. La acción delictiva requiere una repetición al inicio y una reiteración en el tiempo. Además ha de concurrir un determinado resultado lesivo consistente en una afectación de la vida o costumbres de la víctima que sin duda aparece en supuestos en que el acusado intenta establecer contacto con la víctima hasta 30 ó 40 veces al día, llegando a publicar sus datos de contacto en una página de Internet que provocó también numerosas llamadas de terceros. Aunque ello se hizo desde una IP residenciada en el domicilio del padre del acusado, dada la edad del mismo, así como la falta absoluta de relación con la víctima, puede darse por acreditado que el autor de esos actos era el acusado.
Resumen: La preceptiva asistencia letrada es de obligado cumplimiento en aquellos supuestos en los que la norma haya establecido la necesidad de ello en relación con el procedimiento, ahora bien, si esa asistencia letrada no es voluntaria y la parte que desea tenerla interesa que se proceda a su designación de oficio, deberá comprobarse si concurren los elementos de Asistencia Jurídica Gratuita, o bien que exista una resolución judicial en la que, ponderándose las circunstancias concretas y específicas del caso, se considere que el Derecho de defensa y el de igualdad de armas recogido en el genérico de un proceso con todas las garantías y el principio de tutela judicial efectiva hace necesaria esa designación. Sin esa resolución judicial no puede invocarse indefensión para pedir la nulidad de actuaciones porque se ha comparecido en juicio por delito leve sin asistencia letrada aunque existía la previa petición de la misma.
Resumen: Condena por delito continuado de abuso sexual a menor de edad, con acceso carnal. El acusado, prevaliéndose de su condición de tío de la menor (11 años de edad al inicio) y de convivencia en el mismo domicilio, mantuvo relaciones sexuales con ésta (dos o tres veces por semana) que incluían penetraciones vaginales, anales y bucales. Los actos realizados por el acusado son ataques a la indemnidad sexual de una menor de 16 años, estableciéndose una presunción "iuris et de iure" (que no admite prueba en contrario) en la imposibilidad de que personas que no hubieran alcanzado dicha edad puedan emitir consentimiento válido. El delito se constituye en su tipo agravado al haber mediado acceso carnal por vía vaginal, anal y bucal y concurrente la agravación específica de prevalimiento por superioridad que proporciona al autor una preeminencia sobre la víctima que es aprovechada por éste para realizar el acto objeto de imputación. La relación tío-sobrina no se incluye dentro de la agravación por prevalimiento parental, pero sí puede dar lugar a la aplicación de prevalimiento por superioridad si existe una supremacía del autor o una situación de subordinación o dependencia de la víctima (ej. la pareja sentimental de la madre que asume el rol del padre). El delito es cometido en forma continuada (sujeto pasivo la misma persona, se repita de manera casi seguida o inmediata y con motivo de la misma ocasión y en análogas circunstancias de tiempo y lugar). Se indemniza el daño moral.
Resumen: La Sala absuelve al acusado de un delito de robo con fuerza al considerar insuficiente la prueba del ADN extraído de un destornillador dejado en el lugar de los hechos, al presentarseles importantes y racionales dudas en cuanto a su participación. Entiende el Tribunal que las pruebas practicadas en el acto del juicio oral carecen de entidad acreditativa suficiente para llevar al convencimiento y poder afirmar, con seguridad de acierto, que el acusado protagonizara los hechos en la forma que describe el relato del escrito de calificación del Ministerio Fiscal. La mencionada prueba había sido impugnada por no existir una prueba indubitada válida con la que constrastar el perfil biológico identificado en el destornillador. Al no constar acreditado que la conservación de los identificadores obtenidos a partir del ADN en la base de datos objeto la Ley superase los tiempos señalados, la prueba es lícita y fue válidamente practicada. La parte que consideraba que la obtención de la muestra o su cotejo no se ajustaba a derecho debería haberlo impugnado en fase de instrucción para poder haber realizado un nuevo análisis pericial. Pero el resultado de la prueba pericial practicada no fue determinante para la Sala sin otro indicio concomitante al hallazgo del destornillador en el lugar al existir otras hipótesis alternativas, por las características del objeto, pues un destornillador no es herramienta de un solo uso, puede pasar de mano en mano y es objeto fácilmente transportable.
Resumen: Confirma la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial respecto de un acusado al que se le atribuían dos delitos de abusos sexuales realizados sobre dos denunciantes distintas. Limitaciones de las facultades revisorias del tribunal de apelación contra sentencias absolutorias, limitadas al control de la racionalidad de las decisiones. El tribunal de apelación no puede subrogarse en la valoración probatoria del tribunal de instancia si la declaración de no culpabilidad es la consecuencia de una valoración completa y racional de la prueba personal producida. Valoración de la testifical de las denunciantes por parte del tribunal de instancia al concluir que sus manifestaciones no son suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Fallo absolutorio sustentado en el principio de duda razonable. El tribunal de apelación descarta la fundamentación irracional o insuficiente de la sentencia recurrida y rechaza la petición de nulidad instada por las acusaciones. Voto particular en el que se sostiene que para llegar a la conclusión absolutoria el Tribunal a quo realiza algunas valoraciones o inferencias que se apartan de la lógica y la racionalidad y omite valorar parte del acervo probatorio, por lo que propone acoger la nulidad instada por las recurrentes.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en lo siguientes extremos: a) vulneración del art. 9.3 CE, por cuanto que la sentencia recurrida crea inseguridad jurídica, dando lugar a incongruencia omisiva; b) vulneración del art. 18.1 y 2 CE, en cuanto a los derechos a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la inviolabilidad domiciliaria, en relación con el art. 11.1 LOPJ; c) vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE, del principio in dubio pro reo, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, por errónea valoración de la prueba. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La decisión recurrida por la que se considera que la regla especial de internamiento preceptivo del artículo 10.2 b) LORPM resulta aplicable a formas intentadas de los delitos expresamente mencionados en la norma, se ajusta, en términos incuestionables, a las exigencias de los principios de estricta legalidad y taxatividad. El delito intentado y el consumado comparten el contenido esencial del injusto -que lo suministra la acción disvaliosa en que consiste el segundo, justificando, a la postre, la punición del primero- y el elemento intencional de lesión, siendo el tipo subjetivo de la forma intentada coincidente con el de la consumada. Cuando el legislador ha querido la exclusión de la forma intentada lo ha dispuesto expresamente en la norma. La conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial sobre que el régimen de internamiento preceptivo del artículo 10.2 b) LORPM, debe imponerse a supuestos como el que nos ocupa, en el que el menor fue declarado responsable de una violación intentada, se ajusta de forma impecable a los cánones generalmente aceptados de interpretación sistemática y teleológica de nuestro modelo penal. Y muy en particular, a las implicaciones que se derivan de la consideración de la tentativa como una forma de ejecución del correspondiente delito de la parte especial y no como un tipo objetivo independiente. La duración del proceso ha supuesto que la medida deba ejecutarse cuando ya es adulto el acusado, por lo que deberán adoptarse medidas de ajuste.
Resumen: Condena a un acusado como autor material de dos delitos continuados de abuso sexual sobre menor de dieciséis años. Acusado que en multitud de ocasiones realiza tocamientos, masturbaciones y felaciones sobre dos hermanos menores en las ocasiones en que se quedaba a solas con ellos. Presunción de inocencia y prueba de cargo. Valoración del testimonio de las víctimas como pruebas directa de cargo. Confesión del acusado obtenida por un particular en una comunicación privada. Afectación al derecho de todo acusado a no declarar contra si mismo y a no declarse culpable. Grabación de audido realizada por el padre de los dos menores con antelación a la presentación de la denuncia, después de acudir a su domicilio, donde le interra sobre las conductas de abuso sexual de las que había hecho objeto a sus hijos, le pidió detalles sobre esos hechos, realizando la grabación para obtener una prueba. Validez condicionada a que la confesión se haya obtenido de manera espontánea, libre y sin provocación. Delito de abusos sexuales. Elementos constitutivos. Acceso carnal por vía bucal. Continuidad delictiva por conducta que se repitieron en numerosas ocasiones diferentes y durante un período de tiempo dilatado. Subtipo agravado de prevalimiento de una relación de superioridad que no se aprecia al estimar que la gravedad de los hechos no superan la gravedad del injusto en su tipo básico. Atenuante de reparación del daño que se aprecia por analogía y como muy cualificada.
