Resumen: Se cuestiona la sentencia condenatoria dictada alegando la vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo al sostener que las pruebas practicadas resultan insuficientes para llegar a un pronunciamiento de condena. En la alzada se considera que de las diligencias policiales corroboradas con las manifestaciones de los testigos y los datos técnicos consignados en el atestado se desprende que en el proceso ha existido prueba de signo incriminatorio lícitamente obtenida y válidamente practicada que es apta y suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia respecto del recurrente, la que ha sido valorada por el Juzgador, en uso de las facultades que le confiere el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ajustándose a principios lógicos y racionales y a las máximas de experiencia comúnmente admitidas. El hecho de que pudieran haber intervenido otra u otras personas, en la ejecución de los hechos no priva de eficacia a la prueba existente frente al aquí acusado ni excluye su responsabilidad penal por su participación directa, material y voluntaria en el delito de hurto enjuiciado. La apreciación del delito como consumado, resulta irreprochable y se ha descrito con palmaria claridad, por cuanto, el acusado obtuvo la disponibilidad de los objetos sustraídos al ser sorprendido con ellos cuando ya estaban fuera de la esfera de control de su legítimo titular. La cuota de multa es ajustada y próxima el mínimo legal.
Resumen: Delito de abuso sexual. No se exige ánimo libidinoso ni contacto físico. El tipo subjetivo exige el conocimiento de la naturaleza sexual del acto que se ejecuta, lo que implica, a su vez, la conciencia de afectación del bien jurídico. Presunción de inocencia. Valoración prueba de descargo, debe ser objeto de valoración junto con la de cargo, bien para desestimarla de forma fundada, o para aceptarla haciéndola prevalecer sobre la de cargo. Declaración de un grupo de menores. Valor como prueba de cargo. Atenuante reparación del daño. El recurrente prestó la fianza a que fue requerido como responsabilidad civil. Cuestión nueva en casación. Doctrina Sala tras reforma Ley 41/2015. Agravante prevalimiento. Condición de formador en el seminario del acusado. El prevalimiento típico exige una relación de superioridad del sujeto activo que debe ser aprovechada por el primero para la realización del acto atentatorio a la libertad sexual. En tanto que el primero puede ser constatado de forma objetiva, el segundo, el aprovechamiento de la situación, ha de ser inferido de forma racional por el órgano jurisdiccional y debe expresarlo en la sentencia. Cuota diaria multa. Criterios para su cuantificación. Pertinencia prueba. Informes credibilidad. Se trata de instrumentos de auxilio a la función judicial, que no la sustituyen. Penas accesorias art. 48 en relación art. 57.1 CP prohibición aproximación.
Resumen: El Tribunal recuerda que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia: a).- cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador; b).- cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia; c).- cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia.
Resumen: El elemento clave de los delitos contra la libertad sexual es el consentimiento, bien porque no se tiene el mismo, o bien porque nos encontramos ante un consentimiento no válido. Tanto en una circunstancia como en la otra ha de comprobarse como se ha llegado al contacto sexual sin ese consentimiento, bien porque concurra alguna circunstancia objetiva que lo invalide, tales como son menores de 16 años, o personas privadas de sentido o razón, o bien con el uso de violencia o intimidación. Ante situaciones en la que no concurre ninguna de estas circunstancias referidas, debe al menos ponerse de manifiesto y acreditar a través de alguna de las vías legales en derecho como se ha vencido ese no consentimiento. No hay ningún tipo de prueba que objetive que el acusado se aprovechase conscientemente de un previo estado de incapacidad de la denunciante para obtenerlo, ni tampoco de la concurrencia de un consentimiento viciado del que el acusado tuviese consciencia y de que dichas relaciones sexuales fuesen contrarias a la voluntad de la mujer.
Resumen: Confirma la condena por delito de quebrantamiento de medida cautelar. El acusado, conociendo la existencia y vigencia de la prohibición de aproximarse y comunicar con su expareja, fue identificado por agentes policiales cuando estaba en compañía de ésta. El delito de quebrantamiento requiere: a) elemento normativo, previa existencia de una condena, o imposición de una medida de seguridad previa, acordada judicialmente; b) elemento objetivo, acción de quebrantar, es decir incumplir, infringir, desobedecer o desatender la prohibición impuesta; y c) elemento subjetivo o dolo, conocimiento de la vigencia de la prohibición que pesa sobre el sujeto (conocimiento de sus pormenores y consecuencias de su incumplimiento) y conciencia de su vulneración (voluntad de incumplirla), siendo irrelevantes para la integración del dolo los móviles o intención perseguida por el quebrantador. También es irrelevante, a efectos de punibilidad, el consentimiento de la persona protegida por la prohibición para permitir la aproximación o comunicación impuesta judicialmente, siendo el bien jurídico protegido el acatamiento de las resoluciones judiciales y no pudiendo dejarse su cumplimiento al libre albedrío del obligado por ellas o de la víctima. No se aplica por la AP. el error de prohibición invencible alegado por el apelante.
Resumen: Condena por delito continuado de estafa agravada por el valor de la defraudación. Expansión de un grupo empresarial de supermercados a través de un entramado societario generado para eludir las eventuales obligaciones con la Hacienda Pública o las responsabilidades civiles en las que pudieran incurrir, si el negocio no lograba los fines perseguidos; contratando a través de dichas sociedades instrumentales que otorgaban la seguridad y confianza que ofrecía el grupo. Presunción de inocencia. El principio "in dubio pro reo" solamente puede invocarse en casación en su vertiente normativa. Es decir, cuando el propio Tribunal admite en la resolución, expresa o implícitamente, la existencia de dudas sobre la participación de un acusado o sobre la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción. Error en la valoración de la prueba derivado de documentos. Estudio de la literosuficiencia en los documentos. Existencia de engaño. Estudio del delito de estafa cuando se han utilizado fórmulas negociales. Dilaciones indebidas. Reparación del daño. Se permiten pagos parciales siempre que sean relevantes. Se excluye la comunicación entre partícipes de la atenuante de reparación del daño. No cabe beneficiarse de los esfuerzos reparadores de los restantes acusados. Alcance de la responsabilidad civil. Incongruencia omisiva. Conclusiones alternativas. Dificultad de revisión peyorativa para el acusado.
Resumen: El acusado creó un grupo de WhatsApp al que añadió a dos participantes con el único fin de mandar a dicho grupo, y comentar, fotos y videos de carácter íntimo de la víctima sin su autorización, no existiendo vulneración de los derechos fundamentales del artículo 18 de la CE por el hecho de que uno de los interlocutores de esa conversación y de ese grupo voluntariamente entregara a la Policía las fotografías y vídeos, autorizando así a que las recogiese y plasmase en el atestado para el descubrimiento del delito denunciado por la víctima, pues la divulgación a la Policía está permitida cuando sea necesaria para la detección y prevención del delito, y el material se utilizó en el proceso seguido por cargos penales para corroborar otras pruebas. El objeto material del delito de descubrimiento y revelación de secretos no se integra necesariamente por imágenes o grabaciones de marcado carácter sexual, pues se proyecta sobre toda manifestación de la intimidad que quiera resguardarse frente a aquellos terceros que no están incluidos en el espacio de legitimidad que otorga la anuencia de la víctima. La difusión de las imágenes, por sí misma, afecta de forma grave a la intimidad y propia imagen de la víctima pues supone la revelación de aspectos relacionados con su vida sexual que no tienen por qué ser conocidos, por lo que el daño moral es evidente y resarcible. Una cuota diaria de 12 euros de la pena de multa es adecuada al estar próxima al mínimo legal.
Resumen: La AP desestima el recurso del condenado por el Juzgado de lo Penal como autor de un delito de resistencia. La juzgadora funda su convicción en la declaración detallada y coincidente de los policías actuantes, en quienes no apreció indicios de incredibilidad habiendo narrado de forma coherente los hechos declarados probados. Frente a sus testimonios el apelante se acogió a su derecho a no declarar, no dando explicación de lo ocurrido. Se practicó, así, prueba de cargo apta y suficiente para destruir la presunción de inocencia del recurrente, que la juzgadora valoró razonablemente sin plantearse duda alguna, por lo que carece de fundamento invocar el principio in dubio pro reo. El acusado se opuso con empleo de la fuerza física a la actuación policial, empujando primero, oponiéndose después a su detención y forcejando con los agentes, a uno de los cuales llegó a golpear lesionándole. La conducta, así, tiene encaje en el delito de resistencia objeto de condena.
Resumen: El acusado apela la sentencia, alegando errónea apreciación de las pruebas, vulneración de la presunción de inocencia y del principio "in dubio pro reo". La Audiencia desestima el recurso. La Juez de lo Penal no erró ni un ápice en la valoración de las pruebas practicadas a su presencia en el Acto del juicio oral, con plena aplicación de los principios procesales de inmediación, concentración, oralidad, publicidad y contradicción, que rigen ese momento estelar del proceso penal. El testimonio de los Policías Locales constató el lamentable estado psicofísico en que se hallada el acusado al estrellar el turismo que conducía contra un muro, reseñando que presentaba deambulación errática y titubeante, intensa halitosis alcohólica, expresiones verbales incoherentes, faltas de lógica y tibubeantes, ojos brillantes y con las pupilas dilatadas, y sometido al test de alcoholímetro dio 0'53 mg de alcohol por litro de aire. Dichos testimonios reúnen los requisitos exigidos por la reiterada jurisprudencia del T. Supremo para dar validez como prueba de cargo al testimonio del testigo único, a saber, ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Por lo expuesto el primer motivo debe de ser totalmente desestimado lo cual conlleva la desestimación de los motivos 2º y 3º y ello en típico efecto de arrastre, ya que la presunción de inocencia del acusado quedó totalmente enervada en el Acto de juicio y no existe duda alguna sobre el delito cometido.
Resumen: Prueba preconstituida consistente en la declaración de la menor víctima realizada con estricta observación de todos los requisitos legales, principalmente con posibilidad de intervención de las partes que pudieron formular a esa menor todas las cuestiones que consideraron oportunas a través del equipo psicosocial que estaba dirigiendo el interrogatorio. Es habitual que en los delitos contra la libertad sexual solo se cuente con la declaración de la víctima que debe ser valorada comprobando la existencia principalmente de datos objetivos que corroboren la fiabilidad de su declaración. Circunstancias atenuantes que han de estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo. Inexistencia de prueba pericial de la que poder detraer algún estado psíquico que pueda afectar la capacidad de conocer y comprender del acusado aunque estemos ante una persona de avanzada edad. La atenuante de confesión debe de guardar todos los requisitos que el texto legal exige, sin que las circunstancias analógicas sirvan para acoger circunstancias que no están expresamente previstas. La atenuante de reparación del daño cuando es parcial debe ser ponderada en relación no solo con el daño producido, sino también con la capacidad de reparación del acusado.
