Resumen: Se dice en la alzada que no hay inconveniente en que el Juzgador de Instancia haya atribuido valor de prueba de cargo suficiente para desvirtuar el principio constitucional de presunción de inocencia a la declaración incriminatoria del Vigilante Jurado ratificada en el plenario, al que no compareció el denunciado pese a estar citado en legal forma y no alegar justa causa que es lugar y momento procesal idóneo para dar las explicaciones que tuviere por convenientes; y apareciendo corroborada la versión del denunciante por la recuperación material de los objetos instruidos. El juzgador en su valoración ha sido respetuoso con las reglas del razonamiento humano, ajeno a cualquier clase de arbitrariedad y convenientemente razonado, al deducir que el denunciado intervino en los hechos en la forma reflejada al apoderarse de forma subrepticia de sartenes sin abonarlas. El principio de inmediación atribuye al Juzgador de instancia la valoración de la prueba que percibe directa, inmediata y personalmente, a diferencia del Tribunal de apelación que no goza de esa percepción directa. Por lo que entienden ha ser mantenida, salvo que aprecie manifiesto error en la apreciación de la prueba; que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio; o que quede desvirtuado en la alzada por la práctica de nuevas pruebas realizadas en segunda instancia, lo que aquí no ocurre.
Resumen: Inviabilidad de la pretensión de condena, por el tribunal de apelación, del acusado absuelto en la instancia. Derecho a la prueba. Requisitos para la prosperabilidad de la nulidad por denegación de prueba, causante de indefensión: pertinencia, relevancia y necesariedad. Error en la valoración de la prueba como causa de nulidad. El tribunal del apelación no puede sustituir la convicción del juez de instancia por la suya propia.
Resumen: La nulidad por infracción de normas o garantías procesales requiere que la indefensión que se dice causada lo sea en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia. Ello supone que la falta de práctica de pruebas admitidas en su momento, o la denegación de pruebas que se alega eran pertinentes, no puede dar lugar a la nulidad del juicio, precisamente porque quien recurre puede pedir su práctica en la segunda instancia y, por lo tanto, lograr que la infracción sea subsanada en esta alzada. La nulidad de actuaciones, aparece reservada como último remedio, de uso limitado y extraordinario, al que solo cabe acudir cuando no han podido utilizar otros medios. La conclusión de la Sala es que de la escasa prueba practicada no se infiere de modo inequívoco, y como única conclusión razonable, que T hubiera suplantado la identidad de Z y adquirido el teléfono móvil que ha generado la deuda que ahora reclama Intrum. La inocencia de la acusada es compatible con el resultado de esas pruebas, lo que conduce a declarar que hay dudas suficientes para, en aplicación del principio in dubio pro reo, absolverla del delito de estafa de que se le acusó, lo que a su vez conlleva que se deje sin efecto el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil y a que se declaren de oficio las costas judiciales que se le impusieron por este delito.
Resumen: Interposición de recurso de amparo contra la anterior sentencia del TS que anuló la sentencia de instancia; no goza de efectos suspensivos (art. 56 LOTC). Se denuncia que la información que sirvió de base para denunciar al condenado se obtuvo ilegalmente, lo que se rechaza por el TS. La cuestión ya fue resuelta en la anterior sentencia y, por tanto, de modo firme. Ya de dijo entonces que se trató de una denuncia, carente de valor como medio de prueba, que el Juez de instrucción tiene el deber de investigar, mientras que los concejales denunciantes, como integrantes del Ayuntamiento, estaban obligados a poner en conocimiento del Juzgado los hechos referidos, acompañando las noticias que les habían llegado de forma anónima. Se confirma la condena por un delito de prevaricación: el acusado, es un funcionario, policía local, que además ostenta un puesto de jefatura. En tal condición, con la tarea específica de tramitar los expedientes sancionadores en materia de tráfico y obviando a sabiendas el procedimiento legalmente establecido para la tramitación de los mismos, anuló hasta un total de 39 multas de tráfico levantadas a vehículos titularidad del mismo o de terceros. Dejó, pues, de tramitar los correspondientes expedientes, con lo que se ha dictado, por acción o por omisión, una resolución arbitraria. Arbitrario es dejar de tramitar el expediente, lo que arrojará el injusto resultado de la falta de persecución de una presunta infracción, y ello a sabiendas de su injusticia.
Resumen: El derecho a la prueba de la parte no tiene carácter ilimitada menos aún cuando nos encontramos en la segunda instancia donde deben de valorarse no solo la pertinencia de la prueba sino también la necesidad de la misma y el cumplimiento de los requisitos formales ante la denegación de esa prueba en la instancia. Si se trata además de prueba a través de la que puede resultar afectado el Derecho a la intimidad de la denunciante, que no acusada el rechazo es manifiesto. El hecho de que la denunciante sufra alguna adicción o presente una patología mental no tiene por qué afectar a su capacidad para interiorizar adecuadamente y expresar de manera apropiada y concorde con esa interiorización los hechos sufridos o que lo denunciado pudiera deberse a motivos espurios o de venganza. Cuando nos encontramos ante pruebas personales, en virtud del principio de inmediación, el órgano judicial de instancia goza de una situación privilegiada que ni siquiera la grabación del juicio oral, y la visión de esa grabación por parte del tribunal de alzada, le otorga una facultad de revisión o sustitución sobre esa valoración de la prueba y los razonamientos recogido en sentencia para llegar a la convicción de hecho probados, debiendo limitarse la Audiencia Provincial a comprobar la existencia de prueba como tal y que el razonamiento sobre la misma se acomoda a las máximas de experiencia.
Resumen: En casación se revoca la condena por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El artículo 197 CP no protege cualquier afectación del derecho a la privacidad. La protección penal solo se activa frente a específicos modos de lesión mediante los que un tercero no autorizado accede al dato divulgado por alguna de las fórmulas prohibidas precisadas en el tipo. No siempre la norma penal puede, y debe, proteger cualquier tipo de lesión de la privacidad o la intimidad. Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -sentencia de Gran Sala de 12 de noviembre de 2013, asunto Söderman c. Suecia-. Una interpretación desde el canon de la totalidad de las conductas típicas descritas en los ordinales 1 y 2 del artículo 197 CP permite identificar dos presupuestos normativos comunes: 1) Uno, la acción lesiva debe provenir de alguien que no tenga consentimiento ni autorización para conocer, acceder, apoderarse, utilizar, modificar o alterar los diferentes datos personales que son objeto de protección. 2) Dos, lo protegido, como se desprende del inciso final del artículo 197.2 CP, debe ser titularidad de un tercero que por tal motivo es la única persona que puede consentir o autorizar. Ninguna de las dos condiciones básicas de tipicidad concurre en el caso que nos ocupa. El hoy recurrente no requería autorización ni para acceder a las conversaciones que mantuvo con la plena anuencia de la interlocutora, ni para utilizar los contenidos.
Resumen: Se ha comprobado que son varias las denuncias recíprocas que entre ambos miembros de la pareja se han venido interponiendo, lo que pone de relieve el deterioro importante y la mala gestión de la ruptura de pareja, pero de ello no puede detraerse automáticamente que la declaración de la víctima no puede ser tomada en consideración para acreditar los hechos objeto de enjuiciamiento en el presente procedimiento. Además de esta declaración se cuenta con una fotografía del día y la hora en el que presuntamente tuvo lugar la agresión, y que le aporta credibilidad a los hechos denunciados. Sin que exista tampoco contradicción alguna en que esta prueba haya llevado a la convicción del órgano de instancia sobre la ocurrencia de unos hechos, y sin embargo no adquiere esa contundencia en relación con otros expuestos también por la misma denunciante, dado que si bien los primeros tienen ese dato que coadyuva la veracidad de esa declaración, en relación con los segundos no se tiene ningún otro dato, sino antes bien el informe pericial lo sitúa en esa relación conflictiva de los últimos años.
Resumen: La denunciada falta de competencia territorial no afecta al derecho al Juez predeterminado por la Ley, más aún cuando en las estafas rige la teoría de la ubicuidad y la "perpetuatio jurisdictionis" para las inhibiciones tardías. Grabación subrepticia efectuada por el perjudicado: el hecho de que fuese ideada por la policía no supone que estemos ante un delito provocado, pues la decisión criminal había nacido con anterioridad a la intervención de los agentes, pues el perjudicado ya había presentado la denuncia contando todos los hechos ocurridos. No obstante, hubo una clara incitación por parte del testigo, utilizado por los agentes policiales, con la evidente finalidad de preconstitución probatoria, lo que determina que la prueba así obtenida sea nula. Cadena de custodia: es presupuesto de valoración, no de validez, de la prueba, y no hay prueba de manipulación de la cinta. La detención del recurrente estaba amparada en lo dispuesto por el art. 492 LECrim; no se denunció la violación de los derechos del detenido en su momento y, en todo caso, no podría justificar la nulidad de todo lo actuado, como se pretende. Las quejas relacionadas con la actuación del letrado de oficio que le asistió durante la detención son ajenas a actuación alguna imputable al Tribunal y se formulan "ex novo" en la instancia casacional. El documento falsificado debe estimarse mercantil -no privado-, por lo que la apreciación del concurso de delitos -y no de normas- es correcta en el caso.
Resumen: Arbitraria actuación administrativa en la tramitación de una subvención, mediante la aportación de una factura "acreditativa" de la inversión, a sabiendas de su falsedad, con la finalidad de obtener una subvención por la adquisición de un tractor que no había adquirido ni pensaba adquirir. La falsedad es típica, al consistir en la simulación absoluta de una operación que no existió, no es falsedad ideológica impune. Sobre la resolución injusta; es cierto que no es la resolución final, en cuanto a la concesión de la subvención, pero sí en cuanto a la comprobación de la realización de la inversión y de su existencia tangible, por cuanto son extremos que no son reexaminados por la Intervención ni el Cabildo, que sólo dan su "visto". Además y especialmente, contiene otro elemento decisorio, efectivamente procedimental, pero decisivo, el impulso que posibilita la concesión, como alternativa a requerimiento de la acreditación de los presupuestos exigidos para la concesión de la subvención y no aportados. Actividades prohibidas; resulta acreditado, el haber llevado a cabo el acusado una actividad de asesoramiento, y después informar o resolver sobre tales extremos, incumpliendo así el deber de imparcialidad, infringiendo, con ello, los deberes de incompatibilidad, abstención y exclusividad. El recurso se estima parcialmente, en tanto que la pena impuesta no se ajusta a lo dispuesto por el art. 77.3 CP en redacción dada por la LO 1/2015, cuyo régimen es más beneficioso.
Resumen: Se analiza la agravante de abuso de superioridad en el delito de robo con violencia. Las lesiones psíquicas: subsunción en el artículo 147 del Código Penal de las lesiones psicológicas derivadas de los hechos y consistentes en un síndrome de estrés postraumático. Eximente incompleta de miedo insuperable. Se estima el recurso de uno de los condenados. La conducta de lesiones leves tipificada en el artículo 617.1 vigente en la comisión de los hechos, no ha sido despenalizada por la LO 1/2015. Ha sido trasladada como delito leve al artículo 147.2 con la consideración típica de delito leve, con mayor extensión de la pena de multa prevista. Pero sometida a una condición de perseguibilidad, la denuncia del agraviado (art. 147.4 CP), lo que determina la operatividad del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuarta: «la tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal».
