• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 3228/2020
  • Fecha: 22/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena por lesiones imprudentes por la lesión causada por parte de un agente de policía que en el curso de un acto de instrucción de defensa con empleo de arma simulada utilizó su arma personal cargada y con balas de forma irregular, e improcedente, así como imprudente, efectuándose un disparo en el acto de instrucción a una de las asistentes que le impactó en la pierna causándole graves lesiones y secuelas que constan en el informe médico forense. Concurrencia de imprudencia grave, al no haberse adoptado ninguna medida de precaución y prevención por el recurrente en un acto que así lo exigía, tanto desde un punto de vista objetivo, como subjetivo en la adopción de las medidas del deber de cuidado que se requieren en estos casos no solamente en un profesional, sino en cualquier persona que utilice un arma de exhibición, o enseñanza a unas personas que se encuentran presentes, ya que la ausencia absoluta de control acerca de si el arma estaba cargada, o no lo estaba, es una medida básica e indispensable que se debe exigir, y sobre todo a un profesional. Son delitos generalmente homogéneos los que constituyan modalidades distintas pero cercanas dentro de la tipicidad penal, de tal suerte que, estando contenidos todos los elementos del segundo tipo en el tipo delictivo objeto de la acusación, no haya en la condena ningún elemento nuevo del que el acusado no haya podido defenderse. Aplicación del baremo orientativa en supuestos de una actuación imprudente ajena a la circulación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: JAVIER SEOANE PRADO
  • Nº Recurso: 39/2022
  • Fecha: 22/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El condenado apela la sentencia, alegando error en la valoración de la prueba, vulneración de la presunción de inocencia, e inaplicación del principio in dubio pro reo. El TSJ desestima el recurso. El principio de presunción de inocencia comporta la exigencia de que el pronunciamiento de condena se asiente sobre la existencia de una prueba que pueda ser entendida de cargo, obtenida u aportada legalmente al proceso y que su valoración se haya motivado por el tribunal. La sentencia impugnada recoge como prueba fundamental de su pronunciamiento la declaración de la víctima, y tal prueba puede integrar la prueba de cargo necesaria para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia, según resulta de una ya copiosa doctrina jurisprudencial siempre que supere los condicionantes establecidos de verosimilitud, proximidad y corroboración por marcadores objetivos e interrelacionados. La sala sentenciadora ha contado con este elemento de prueba, la ha sometido al contraste con tales exigencias, y concluye que los hechos ocurrieron como relató la menor en la prueba preconstituida practicada en fase de instrucción, conforme al art. 26.1 Ley del Estatuto de la víctima del delito y de acuerdo con los arts. 449 bis y 449 ter LECrim, grabación que fue reproducida en el plenario, prueba complementada por la testifical de la madre, la pericial sobre la veracidad del testimonio y sobre el contenido del móvil del acusado, en relación con los contactos que desde él mantuvo con la menor.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA BEGOÑA CUADRADO GALACHE
  • Nº Recurso: 950/2021
  • Fecha: 22/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Absuelve por el delito de agresión sexual. La denunciante tenía afectadas sus facultades por el alcohol ingerido, pero se encontraba consciente, con capacidad para comprender, hablar y reaccionar, no acreditándose que se opusiera a mantener relaciones sexuales o que mostrara verbalmente o mediante gestos explícitos su oposición a la penetración, ni que el acusado conociera que ésta no deseaba mantener relaciones sexuales con él. La discrepancia esencial en las declaraciones de la denunciante y del acusado se encuentra en la prestación o no del consentimiento. El delito de agresión sexual se da cuando el sujeto activo coarta, limita o anula la libre decisión de una persona en relación con la actividad sexual que quiere imponerle, constituyendo el dolo del delito el conocimiento del autor de que su conducta afecta negativamente a la libertad o indemnidad sexual de la víctima, no pudiendo entenderse un presunto consentimiento de la víctima, sino que ha de ser expreso y claro, pudiendo concurrir en el inicio pero no permanecer durante el acto o con respecto a determinada conducta del acto sexual. El acusado no utilizó violencia o intimidación, ni la víctima verbalizó el alguna forma su oposición, no siendo obstáculo la ingesta de alcohol para que manifestara su oposición al acto sexual, aún con parquedad, pues la propia víctima afirmó encontrarse en todo momento consciente, manteniendo su capacidad de comprender y reaccionar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1482/2021
  • Fecha: 22/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena a los recurrentes por el art. 335.2 CP, por realizar actividad de caza en zona calificada de aprovechamiento cinegético especial como coto privado de caza mayor. Aplicación de la Ley de caza y la normativa autonómica de Extremadura al tratarse de precepto considerado como norma penal en blanco. Los recurrentes se fueron a cazar en terreno cinegético, que era coto privado de caza mayor, considerado cinegético de protección especial, pero sin autorización alguna de su titular. Quisieron aprovecharse de la zona para cazar sin derecho, permiso o autorización alguna del titular y hacerlo en zona cinegética en coto privado de caza. Existió un aprovechamiento del aprovechamiento cinegético, que compete en exclusiva al titular del coto, permitiendo el ordenamiento jurídico otorgar a los titulares de estos terrenos una especial protección ante situaciones como la descrita en los hechos probados, al entrar los recurrentes con todo el instrumental para cazar y desoír la expresa prohibición que sabían que tenían, porque eran cazadores que iban a cazar. Pero se aprovecharon del terreno calificado de una de las maneras que la Ley de caza y la normativa de Extremadura otorga a los terrenos protegidos frente a terceros que pretendan cazar. Queda clara la ofensividad y que la actuación excedió de la infracción administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
  • Nº Recurso: 214/2022
  • Fecha: 21/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala descarta que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, cuya responsabilidad se estableció por un delito contra la salud pública al hallarse en su poder más de cincuenta gramos de cocaína destinados al tráfico. Para establecer la preordenación al tráfico de la sustancia intervenida, la sentencia atiende a un razonamiento inferencia basado en las pautas de consumo admitidas por la jurisprudencia para un consumidor medio. También se tienen en cuenta los ingresos de los recurrentes. Además, la sentencia incluye referencias a la jurisprudencia del TS sobre el tratamiento de la prueba indiciaria para inferir el ánimo de traficar.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Salamanca
  • Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
  • Nº Recurso: 12/2021
  • Fecha: 20/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La acusación es por un delito de abuso sexual en una relación entre adultos, aprovechando el acusado que ella se había quedado dormida, para penetrarla vaginalmente. El Tribunal no considera probados los hechos y procede a la absolución del acusado. Valoración de la declaración de la víctima, que puede servir para tener por desvirtuada la presunción de inocencia. Ausencia de credibilidad de la víctima, que lleva al Tribunal a la absolución del acusado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 8/2022
  • Fecha: 20/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia impugnada da exhaustiva y precisa respuesta a las alegaciones ya articuladas en la instancia sobre la presunta vulneración de la presunción de inocencia y el valor probatorio del testimonio de la víctima, que la sala comparte, no habiéndose infringido el principio in dubio pro reo, al no haber quedado margen alguno a la duda en el relato fáctico. Aunque es cierto que presumir de la condición de guardia civil o alardear de esa condición y de su placa no constituye por sí solo la infracción disciplinaria muy grave apreciada, no es menos cierto que cuando -como ocurre en el caso- tal ostentación de miembro de la Guardia Civil va acompañada de expresiones injuriosas y amenazantes dirigidas a dos personas de nacionalidad ecuatoriana, provocando en una de ellas un estado de ansiedad que precisó de asistencia médica, sí se perfecciona, como mínimo, la falta disciplinaria muy grave apreciada, por constituir un notable abuso de atribuciones causante de grave daño, tanto a los ciudadanos a los que ofende como a la Administración a la que, ilegítimamente, aparenta representar el ofensor. La elección de la sanción intermedia de entre las posibles y en una extensión comedida es adecuada a la gravedad, carácter doloso y reiteración de la conducta y al perjuicio causado en la imagen pública de la Guardia Civil.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Mérida
  • Ponente: JESUS SOUTO HERREROS
  • Nº Recurso: 50/2021
  • Fecha: 20/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública. Sus elementos configuradores son, como delito especial propio, dictar una resolución una autoridad o funcionario en un asunto administrativo, que sea ilegal, con conocimiento de su injusticia y para hacer valer una voluntad propia. No es suficiente que una resolución no sea adecuada a Derecho para que constituya un delito de prevaricación, pues no todo acto administrativo ilegal debe ser considerado penalmente injusto. La injusticia contemplada por el Código Penal supone un plus de contradicción con la norma jurídica, que es lo que justifica la intervención del Derecho Penal. El principio de intervención mínima implica que la sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible. En el supuesto analizado no se aprecia que exista suficiente prueba de que se haya producido una conducta antijurídica del acusado, y, por tanto, solo es posible dictar una sentencia absolutoria, ya que no concurre el elemento subjetivo del delito, pues no consta su voluntad clara y renuente de dictar una resolución administrativa a sabiendas de que era injusta, no pudiendo integrar dicha infracción el hecho de que se hubiera elegido un procedimiento administrativo de contratación que no es el adecuado según la Ley, sin que conste ningún otro dato más del que se pueda desprender una conducta ilícita, pues ello puede ser objeto de impugnación en vía administrativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MIGUEL ALFONSO PASQUAL DEL RIQUELME HERRERO
  • Nº Recurso: 2/2022
  • Fecha: 20/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La revisión de la decisión del Jurado por la Sala de apelación no puede implicar una revaloración de la prueba practicada -que corresponde a los jurados-, ni en reexaminar el menor o mayor grado de consistencia o credibilidad de las pruebas practicadas y el poder de convicción que a la Sala puedan merecer. Y es que en el reparto de funciones propio de todo proceso y, en especial, del proceso ante el tribunal del jurado, el legislador ha optado por un sistema en el que el jurado tiene el monopolio en la determinación de los hechos probados, valorando la prueba que ante él se realiza, sin que el tribunal de apelación pueda ni deba suplantarlo en dicha función. De forma que, salvo que se aprecie la existencia de un razonamiento arbitrario o manifiestamente erróneo, no es posible prescindir de la valoración de pruebas personales efectuada por el tribunal del jurado que ha presenciado directamente la práctica de las mismas. Motivación exigible a los jurados.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Toledo
  • Ponente: FLORENCIO RODRIGUEZ RUIZ
  • Nº Recurso: 41/2022
  • Fecha: 20/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de bien inmueble. El delito de ocupación pacífica de inmueble requiere: a) ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio, que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia; b) que esta ocupación conlleve un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo, no siendo punibles penalmente las ocupaciones ocasionales o esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad; c) que el ocupante carezca de título jurídico que legitime esa posesión, no siendo delictiva aquella en la que esté autorizado para ocupar el inmueble (aun temporalmente o en calidad de precarista); d) que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, antes o después de producirse; e) dolo, conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización, unido a la voluntad de perturbar la legítima posesión del sujeto pasivo. Solo serán objeto de protección penal las ocupaciones que supongan un riesgo para el bien jurídico protegido de la posesión por el titular, al tener el ocupante la intención de ejercer derechos posesorios sobre el inmueble mediante su permanencia en la vivienda. por lo que son atípicas las ocupaciones de fincas ruinosas, abandonadas o de aquéllas en las que no exista una posesión socialmente manifiesta, así como las ocupaciones temporales, transitorias u ocasionales.

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