Resumen: La exigencia de valoración de toda la prueba es predicable de todo enjuiciamiento sea cual fuese la decisión del Tribunal, absolutoria o condenatoria, ya que el principio de unidad del ordenamiento jurídico y de igualdad de partes no consentiría un tratamiento diferenciado, aunque, hay que reconocer que para condenar es preciso alcanzar un juicio de certeza, (más allá de toda duda razonable), y para una decisión absolutoria bastaría una duda fundada que en virtud del principio in dubio pro reo abocaría en al absolución. No debemos confundir esta necesaria ponderación con un análisis prolijo y detallado de absolutamente toda la prueba, lo que debe constar en la sentencia es el iter lógico seguido por el órgano judicial para llegar a la conclusión fáctica que recoge como probada. La declaración de la víctima siempre tiene que ir avalada por algún otro dato o extremo que le aporte la necesaria credibilidad, si bien ello puede detraerse de ciertos indicios aplicables a prueba objetiva que permiten concluir con la autoría del acusado.
Resumen: Considera el Tribunal que la declaración de los agentes de la Guardia Urbana en el juicio fue plenamente creíble y fiable, por su claridad, firmeza, coherencia y coincidencia, sin que existan motivos para suponer que ambos testigos se concertaron a fin de imputar falsamente un delito al apelante. Esas declaraciones testificales, unidas a los documentos corroboradores que obran en las actuaciones, son suficientes para tener por acreditado que el aquí apelante realizó la conducta que se le imputa. Por otra parte la defensa del acusado no impugnó la tasación de los objetos, ni pidió la comparecencia del perito en el juicio, por lo que mal puede pretender cuestionar esa tasación, que por lo demás no hay razones para desconfiar, no apreciándose defecto e incluso parece claro que se trata de objetos cuyo valor muy probablemente superará los 400 euros. Tampoco existe n razones para suponer que los objetos sustraídos estaban estropeados y que el agente mintió; es más, sería muy extraño que unas personas que están de vacaciones transporten aparatos electrónicos estropeados o inservibles, cuando lo lógico es que quien se desplaza a otro lugar lleve dispositivos electrónicos que funcionan. Solo la intervención de los agentes, que persiguieron al acusado, evitó la consumación del delito, que estuvo próxima a producirse, por lo que no hay razón para la rebaja en dos grados interesada pues lo correcto es hacerlo es la rebaja en un grado.
Resumen: La Audiencia Provincial había condenado al acusado como autor de un delito de lesiones dolosas. El acusado, policía que estaba fuera de servicio, al ver a un conductor que circulaba de manera irregular lo siguió, y le dijo que no se moviera del lugar. A fin de inmovilizarle lo sujetó del brazo izquierdo, torciéndoselo hacia atrás causándole un esguince en el codo. La valoración de la prueba corresponde al Tribunal de la instancia. En la alzada se alega la falta de dolo específico de lesionar, y que se trataría de una imprudencia o impericia profesional. Relación de causalidad entre la acción y el resultado producido. Quien conoce suficientemente el peligro concreto generado por su acción, que pone en riesgo específico a otro, y sin embargo actúa conscientemente, obra con dolo. Diferencia entre el dolo eventual y la culpa con previsión. Principio de in dubio pro reo. Invocación de la eximente de que la acción fue realizada en el cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, que se rechaza por el Tribunal.
Resumen: Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando: a) la resolución carezca de toda motivación sobre los elementos y razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos utilizados para la fundamentación de la decisión; y b) la motivación es solo aparente, es decir, que el razonamiento es arbitrario, irrazonable e incurre en error patente. La motivación debe extenderse en una triple dirección: 1. Fundamentación del relato fáctico, exponiendo las pruebas de las imputaciones contenidas, tanto de cargo como de descargo; 2. Fundamentación de la subsunción de los hechos declarados probados dentro del tipo penal correspondiente, analizando elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo, subjetivo y circunstancias modificativas de la responsabilidad penal; y 3. Fundamentación de las consecuencias punitivas y de responsabilidad civil. Esto comporta motivar la individualización de la pena, si bien la imposición de un mínimo no requiere una motivación especial ya que se trata de una ineludible consecuencia de la calificación jurídica de los hechos. La jurisprudencia admite la acreditación de la alcoholemia con la diligencia de signos externos. Tal influencia no tiene por qué exteriorizarse en una flagrante infracción de las normas de tráfico visible e inmediata (delito de peligro concreto), apreciada por el agente actuante, o en la producción de un resultado lesivo, sino basta el delito de peligro in abstracto.
Resumen: La racionalidad en la valoración de la prueba a los efectos de comprobar la posible concurrencia de un error, implica que se haya ponderado tanto la prueba incriminatoria para el acusado, como aquella que se ha practicado a instancias de su defensa, pero este derecho no implica ni conduce a acoger la tesis defensiva de esa parte. Si lo que se aprecia en la instancia es una agresión recíproca habiendo resultado con lesiones ambos contendientes, lesiones que no son compatibles solo con un mecanismo de defensa de la agresión por parte del otro, y con independencia de quien fuera el primero en realizar el primer golpe o acometimiento, lo cierto es que ese primer golpe o acometimiento fue respondido por el otro con intención no solo de defenderse, sino de atacar a su vez. Esta apreciación de hechos impide estimar la concurrencia de ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, ni como eximente ni como atenuante simple. Malos tratos de violencia de género y violencia doméstica.
Resumen: Desbordamiento por causa de fuertes lluvias de las balsas con aguas residuales pertenecientes a la planta de compostaje de una mercantil autorizada administrativamente para la gestión de residuos. Absolución al no considerarse probada la causación de daños o la potencialidad de causación de daños sustanciales al aire, el suelo o las aguas ni al equilibrio de lo sistemas naturales o la salud de las personas. El delito contra el medio ambiente es un delito de peligro hipotético o potencial en el que no basta la contravención de la normativa administrativa para poder aplicarlo, sino también que la conducta sea potencialmente peligrosa. Se desestima el recurso de apelación contra sentencia absolutoria recordando que el órgano judicial de apelación no puede realizar, en perjuicio de los acusados, una nueva apreciación de las pruebas que sustituya o suplante la llevada a cabo en la instancia, ya que no ha contado con la inmediación y contradicción procesales necesarias respecto de las mismas. Su función ha de limitarse a determinar si la valoración probatoria realizada en la instancia es claramente insuficiente o resulta arbitraria o ajena a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia y, consiguientemente, alejada del canon constitucional de valoración racional de la prueba.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez de Instrucción en que se condena a un denunciado por delito leve de usurpación de bien inmueble y le impone la obligación de desalojar el inmueble en plazo no superior a treinta días desde el requerimiento de cumplimiento. Análisis de la realidad social que rodea el fenómeno de la ocupación inconsentida de inmuebles ajenos. La ocupación no consentida ni tolerada no puede ser título de acceso a la posesión de una vivienda, ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Responde a la invocación del principio de intervención mínima del derecho penal, como principio dirigido esencialmente al legislador, que no puede ser una regla de aplicación del derecho penal en la medida en que ésta debe hacerse según el principio de legalidad. Elementos configuradores del tipo penal de usurpación de inmuebles. Conductas de ocupación que quedarían fuera del tipo penal. Ocupaciones transitorias u ocasionales. Estado de necesidad invocado como eximente completa que no se aprecia tampoco como eximente incompleta al no acreditarse la situación angustiosa e inminente de puesta en peligro de bienes jurídicos, ni tampoco se demuestra la imposibilidad de acudir a vías lícitas para superar esas eventuales necesidades vitales.
Resumen: Las autoridades reclamantes han aportado los datos suficientes para deducir que si los hechos hubieran tenido lugar en España, se hubiera acordado el procesamiento del reclamado. No se ha producido ninguna vulneración del principio de non bis in ídem, porque la conspiración es un delito autónomo, distinto y separado de aquél otro que se cometa en su seno, lo que permite castigarlos de forma independiente. Sólo procede la entrega del reclamado por los 5 cargos que figuran en la orden de detención, pues respecto a los demás hechos mencionados no se incorporan las evidencias necesarias.
Resumen: Al carecer el vehículo de motor, en principio, de la condición de domicilio o vivienda, no se precisa autorización judicial para realizar la diligencia de inspección ocular. El registro del vehículo solo podrá tener valor como prueba preconstituida si se practica judicialmente, es decir, bajo el formato de una inspección ocular realizada con todas las garantías, respetándose entonces el principio de contradicción mediante la asistencia a su práctica del imputado y de su letrado, si ello fuera posible. El registro no realizado en esas condiciones tiene naturaleza de acto de investigación policial que para tener naturaleza probatoria requiere que la policía judicial haya intervenido por estrictas razones de urgencia o de necesidad, pues no en vano la Policía judicial actúa en tales diligencias a prevención de la autoridad judicial. Que el detenido no estuviera presente en esa diligencia policial, es una mera irregularidad que no acarrea la nulidad de la misma y que cuyas limitantes probatorias pueden ser subsanadas mediante la declaración en el acto del plenario de los agentes que la practicaron. Elementos configuradores del subtipo atenuado del artículo 368, párrafo segundo.
Resumen: Revoca la sentencia de instancia y absuelve al acusado por el delito de quebrantamiento de medida cautelar. El acusado, pese a conocer la existencia y vigencia de la prohibición de comunicación con su expareja, llamó al móvil de ésta en tres ocasiones el mismo día, pero se considera que pudieron ser realizadas de forma accidental. El delito de quebrantamiento requiere: a) un elemento normativo, previa existencia de una condena, o imposición de una medida de seguridad previa, acordada judicialmente; b) un elemento objetivo, el quebrantar (incumplir, infringir, desobedecer o desatender la prohibición); y c) un elemento subjetivo, conocimiento de la vigencia de la prohibición y conciencia de su vulneración, siendo irrelevantes para el quebrantamiento punible los móviles o motivación que buscada por el quebrantador, móviles o motivación que podrá tener sus efectos en el campo de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Las llamadas perdidas y no atendidas constituyen un delito de quebrantamiento, pues el sujeto practica todos los actos que objetivamente debían permitir la comunicación, y si la llamada no fue respondida no fue por su desistimiento, sino porque la parte receptora no la atendió, por la razón que fuera, constituyendo la llamada un acto de comunicación consumado. La AP. entiende que a hipótesis de que pudiera haberlas efectuado accidentalmente, no es descartable o, al menos, no es menos probable que otras posibles y, ante la duda, absuelve.
