Resumen: Abuso sexual, relación de superioridad: el prevalimiento o abuso de superioridad se refiere a la ejecución del hecho y no al consentimiento de la víctima. La superioridad puede ser moral del mayor por la admiración y el respeto del menor al mayor. Es esa superioridad que coloca al acusado en el polo superior de una situación asimétrica con el niño. El prevalimiento tiene como fundamento agravatorio el abuso de superioridad que en el plano moral tiene una persona que pone a su servicio una condición o cualidad que instrumentaliza en su beneficio particular con finalidad delictiva para cohibir la resistencia de la víctima. Se configura genéricamente como un supuestos de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en las que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente (consentimiento viciado), y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea laboral, docente, familiar, económica, de edad o de otra índole, consciente de que la víctima no cuenta con libertad para decidir sobre una actividad sexual impuesta. Denegación de prueba: para que se considere vulnerado el derecho de defensa debe ser una prueba pertinente. Error de hecho: presupuestos; valor de documento a efectos casacionales. Dictámenes periciales: requisitos para ser considerados documentos a efectos casacionales.
Resumen: El tipo disciplinario aplicado es un tipo parcialmente en blanco, que debe ser completado. No obstante, la complementación aparece correctamente realizada y concretada, ya que el tipo aplicado se refiere a la negligencia o inexactitud en el cumplimiento de una orden, que, en el caso, era muy precisa, como era la de comunicar a la superioridad si las dependencias y vehículos oficiales habían sido desinfectadas -días después de haberse decretado el confinamiento por el Covid-19- de manera altruista por una empresa seria. La alegación del recurrente sobre la imprecisión de la orden en lo relativo a lo que debía entenderse por una empresa "seria" resulta forzada, pues ninguna duda tuvo, como comandante de puesto, para considerar que la empresa que se ofreció de modo altruista a realizar los trabajos de desinfección era una empresa seria, por lo que aceptó el ofrecimiento y se llevaron a efecto los referidos trabajos de desinfección. Una vez realizados los trabajos, nació la obligación de informar de ello a la superioridad, como estaba expresamente ordenado. No habiéndolo hecho, el incumplimiento resulta palmario, por lo que la concurrencia de los elementos del tipo leve apreciado es evidente.
Resumen: El tribunal de instancia dispuso de amplia prueba de cargo válidamente obtenida y regularmente practicada y que resultó valorada conforme a criterios lógicos y razonables para alcanzar la convicción de la certeza de los hechos que declaró probados. El informe médico en el que apoya el recurrente su motivo de casación por supuesto error de hecho en la valoración de la prueba no es literosuficiente. El invariable relato de hechos probados -conforme al cual, en síntesis, el condenado, en actitud agresiva, acometió a su superior, dándole reiterados empujones con las dos manos en el pecho- se incardina en el tipo penal apreciado, pues el maltrato consiste en toda agresión física susceptible de causar perturbación en la incolumidad o bienestar corporal de una persona, con o sin menoscabo de su integridad, salud o capacidad, de modo que abarca desde el simple acto de violencia física sin resultado lesivo hasta la producción de cualquier lesión. De la prueba pericial practicada a instancia del condenado no se desprende que en él concurriesen circunstancias psíquicas que le atribuyesen una especial sensibilidad hacia estresores externos que pudieran dar lugar a su súbita y agresiva reacción, sin que, en consecuencia, pueda considerarse probado que por las expresiones vertidas por su superior se hubiese podido sentir ofendido en su honor ni, por lo tanto, que concurriesen los requisitos de agresión ilegítima y provocación necesarios para apreciar la eximente de legítima defensa.
Resumen: No corresponde al Tribunal extradicional pronunciarse sobre la culpabilidad o la inocencia, ni valorar los indicios o pruebas que sustenten la imputación o acusación. La petición de asilo solo permite la suspensión de la entrega hasta su resolución. No se aprecia riesgo de vulneración de derechos fundamentales del reclamado. La residencia en España del reclamado no es motivo de denegación de la extradición.
Resumen: Del examen de la sentencia se desprende que el Juez a quo basa su pronunciamiento de condena en el sólo hecho de ser el acusado el titular de las cuenta a la que fueron a parar los dos ingresos realizados por el denunciante, considerando por el contrario la Sala que ello es de todo punto insuficiente y nada concluyente a los efectos de fundamentar tal pronunciamiento de condena, ya que consta en las actuaciones que el titular de la línea de teléfono móvil que se utilizó para contactar con el perjudicado y desde el que se llevó a cabo el engaño, no es el del acusado sino el de una mujer, sin que se haya acreditado ni la existencia de una relación entre ésta y el acusado ni el perjudicado haya identificado al denunciado como la persona que se puso en contacto con él ni que el recurrente tenga ninguna relación con la página web a través de la cual la víctima ponía a la venta sus artículos, por lo que la sentencia concluye que no se está en presencia de la autoría de un delito de estafa por parte del acusado, al no haber quedado acreditado que hubiera ejecutado los actos integrantes del tipo penal; y el beneficio que pudiera haber obtenido habría de subsumirse, en su caso, en otras figuras delictivas que contemplan la recepción de un bien ajeno a sabiendas de su procedencia de un ilícito penal, por lo que se revoca la sentencia y se absuelve al acusado..
Resumen: La cláusula de agravación del art. 327 CP contiene una fórmula de remisión con elementos de incongruencia, pero no parece dudoso que la vinculación entre las conductas del artículo 325 CP y las agravadas del art. 327 CP es producto de un expresa decisión político-criminal no solo del legislador histórico sino del legislador actual pues el precepto arranca precisando su ámbito aplicativo "a los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores", sin que dispongamos de ningún dato que nos permita dudar de la vigencia de esa fuerte conexión. Se confirma la responsabilidad penal de la persona jurídica; el gestor utilizó los bienes y la organización, para obtener ganancias económicas, lo que comporta un beneficio directo o indirecto para ésta. Cuando el gestor es, además, el partícipe mayoritario del patrimonio social se produce una situación en la que la actividad desarrollada por aquel, en el seno de la propia Sociedad y conforme a su objeto constitutivo, debe considerarse en beneficio de esta. No obstante, se advierte un riesgo de lesión del principio ne bis in ídem, ante el rechazo del tribunal de instancia de toda fórmula de cohonestación entre los expedientes administrativos sancionatorios y la sanción impuesta en la sentencia a la persona jurídica. Lo que, en el caso, no se traduce en dejar sin efecto la preferente sanción penal a la persona jurídica, sino en descontar de la sanción penal, la impuesta y ejecutada en el previo procedimiento administrativo.
Resumen: Aun cuando la circunstancia de aprovechamiento del lugar y tiempo en que se perpetró la acción podrían facilitar la comisión del hecho y lograr su impunidad, también anulaban la última posibilidad de defensa de la víctima y constituye el elemento central de la alevosía. Las condiciones de tiempo y lugar, de noche buscadas por el recurrente para la ejecución del plan, en el interior de un túnel escasamente iluminado y sin presencia de terceras personas, si bien propiciaban que no fuera reconocido por terceros e incluso por la propia víctima, no parece que fueran buscadas por el acusado, más allá de asegurar su ataque y de anular cualquier respuesta defensiva por parte de la víctima, con lo que lógicamente también facilitaba la ejecución del hecho. Con ello, eliminaba el riesgo de que otras personas pudieran acudir en auxilio de la víctima, anulando la última oportunidad de defensa y reforzando de esta forma el desvalimiento de la víctima, lo que constituye precisamente el elemento central de la alevosía. No parece pues que el escenario ideado por el acusado para perpetrar su acción fuera más allá o tuviese otra finalidad que la de asegurar el resultado perseguido sin riesgo para el mismo que pudiera provenir de la reacción de la víctima. Tampoco contiene el hecho probado referencia alguna a las posibilidades que brindaba el lugar elegido para facilitar la ejecución del hecho, más allá de las circunstancias tenidas en cuenta para apreciar la agravante de alevosía.
Resumen: Se dice por el tribunal que el Juez de Instrucción analiza acertadamente el principio de tipicidad que informa nuestro sistema punitivo y llega la conclusión de que no consta acreditada la comisión de un hecho que revista caracteres de delito argumentando que las partes efectuaron un contrato de venta de mobiliario, que la denunciante no estaba de acuerdo con los gastos de envío del producto y meses después solicitó la devolución del importe efectuado. No advierte en los denunciados el dolo específico del tipo penal de estafa, toda vez que los mismos manifiestan en el acto del juicio que aún siguen disponiendo del género solicitado en el almacén. La Sala entiende que tales hechos tienen una indudable naturaleza civil y, por ende, deben quedar extramuros del derecho penal, dado el principio de intervención mínima de esa rama del Derecho que por ser la más coactiva y la que más limitación de derechos del justiciable comporta, determina que únicamente pueda acudirse a ella cuando no existen otros mecanismos legales menos coercitivos para restablecer el orden jurídico supuestamente conculcado, como pueden ser las reclamaciones civiles, que son las procedentes en este supuesto; por lo que confirma la sentencia impugnada, haciendo expresa reserva de acciones civiles a quien se considere perjudicado, para que pueda ejercitarlas si así le conviniere en dicha vía jurisdiccional.
Resumen: El Tribunal considera que la conducta delictiva consiste en un comportamiento anómalo de hostigamiento al otro, por lo que no puede ser tolerada la persecución sistemática, pero en el caso que nos ocupa, circunscribiéndose los hechos a los cinco días siguientes a la sorpresiva ruptura de la relación por parte del denunciante, no puede tildarse de típica la acción del acusado al poder responder a otros fines ajenos a impedir la libertad de Abel. En efecto, el delito de acoso del art. 172.ter del C.P., ha sido definido de formas diversas por la doctrina científica, viniendo determinado por una conducta del sujeto activo reiterada e intencionada de persecución obsesiva respecto de una persona, en la que se incluyen diversos comportamientos; siendo el bien jurídico protegido la libertad de obrar del sujeto pasivo al afectar las acciones de acechamiento del acosador a la formación de su voluntad, viéndose obligado a cambiar sus hábitos de vida (sólo adquieren relevancia penal las conductas que limiten la libertad de obrar del sujeto pasivo, sin que la mera molestia sea punible). Consecuentemente, para culminar el tipo se exige no solo la prolongación en el tiempo de los mensajes o llamadas, sino la voluntad de perseverar en acciones intrusivas idóneas para alterar las costumbres cotidianas del sujeto pasivo y, aunque el tipo no exige planificación, debe darse una secuencia de acciones que obligan a la víctima, como única escapatoria, a variar sus hábitos cotidianos.
Resumen: Adjudicación fraudulenta de contratos públicos mediante una estructura comercial con red de contactos con funcionarios o empleados públicos que facilitaban la contratación, y con contabilidad paralela con facturación falsa para financiar el pago de dádivas a funcionarios o empleados públicos a fin de lograr la adjudicación de los contratos públicos. Establecimiento, en connivencia con el funcionario, de una concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas, que en realidad actuaban en unidad de dirección. Obtención de información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas. Manipulación en la valoración de los criterios subjetivos. Ofertas deliberadamente falsas sin voluntad de cumplir. Falsificación de las certificaciones por los trabajos realizados. Uso de empresas pantalla. Acuerdos para repartirse el mercado con empresas directamente competidoras. Fraude en la ejecución del contrato. Constitución de caja B para pagar comisiones a funcionarios. Legitimación activa de la Abogacía del Estado. Prescripción del delito de fraude a las administraciones públicas: legislación aplicable. Prescripción en delitos conexos. Delito de grupo criminal. Delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. Delitos continuados de cohecho activo cometido por particulares. Delito de fraude a la Administración.
