Resumen: Confirma parcialmente la sentencia del Juez Penal y en concreto mantiene la condena dispuesta por un delito de agresión sexual con agravante de parentesco, y también por los delitos de amenazas leves y coacciones leves cometidas dentro del domicilio común, y le absuelve del delito de maltrato en el ámbito doméstico. Acusado que, en represalia por la decisión de su esposa de poner fin a su relación de pareja, con ánimo de amedrentarla y tenerla sometida a su autoridad creando un clima de miedo y hostigamiento, comienza a ofenderla gravemente y a minar su moral, vejándola e insultándola de forma habitual, llegando en una ocasión a agarrarla con fuerza de la cara y del cuello, besándola y acariciándole los pechos. Facultades de revisión probatoria que corresponden al tribunal de apelación y ventajas que la inmediación de la prueba que concurren en el juez de primer grado. Valoración del testimonio de la víctima como prueba de cargo de los hechos por ella imputados. Delito de agresión sexual que exige cierta violencia como elemento del tipo, en este caso estaría precisamente integrada por agarrar de la cara y del cuello a su mujer para vencer su resistencia y conseguir besarla, por lo que se infringe el principio ne bis in ídem, cuando esa misma violencia es tomada para calificar al mismo tiempo como delito de maltrato en el ámbito de la pareja.
Resumen: Solicitada la extradición para enjuiciamiento de hechos calificables como abuso sexual, se cumple el requisito de la doble incriminación. No se considera necesario recabar información complementaria. No corresponde al tribunal de extradición comprobar como se llevó a cabo la investigación. El estado de las prisiones de Ecuador exige suspender la ejecución de la entrega hasta que se den garantías suficientes de haberse adoptado medidas concretas e inmediatas tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios.
Resumen: La sentencia mayoritaria desestima el recurso sobre la base de que la norma que se invoca como infringida, el art. 789.3 LECrim, es disposición procesal y no sustantiva. A tal fin, efectúa un pormenorizado análisis del alcance del nuevo recurso de casación, instaurado por la Ley 41/2015, en relación con sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, respecto del que sólo cabe interponerlo al amparo del art. 849.1 LECrim por infracción de precepto sustantivo. Examina, asimismo, la posibilidad de encauzar estos alegatos sobre infracción del principio acusatorio por vía del art. 852 LECrim y 5.4 de la LOPJ, lo que rechaza, toda vez que no se denuncian déficits de interpretación de normas penales, sino la vulneración de la legalidad procesal. Para corregir esas otras posibles fallas, hay que acudir a las vías clásicas y en este caso en concreto, directamente al recurso de amparo, como antes de la reforma de 2015, que no quiso incrustar un nuevo escalón antes del Tribunal Constitucional, sino abrir un espacio procesal para permitir al Tribunal de casación fijar doctrina sobre los tipos penales no graves. Por su parte, el voto particular considera que debió estimarse el recurso al ser claro que el juez de instancia, al castigar con pena más grave que la pretendida, reformulando para ello de oficio la calificación sostenida por la acusación, incumplió la regla de vinculación que debe ser observada para la aplicación de la ley penal.
Resumen: Se analiza un supuesto de conducción tras haber sido privado definitivamente el conductor del permiso por decisión judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2 CP. Se revoca la sentencia dictada en primera instancia que condenaba por delito continuado de quebrantamiento de condena y se condena en la alzada por delito contra la seguridad del tráfico por conducción sin la correspondiente licencia o permiso. La conducta del acusado, una vez que, careciendo de permiso por haber sido privado judicialmente de forma definitiva del mismo, conduce nuevamente un vehículo a motor, es la tipificada en el artículo 384 CP. Tras la incorporación de este tipo penal al código, mediante LO 15/2007 de 30 de noviembre, la conducta enjuiciada, que venía calificándose anteriormente como delito de quebrantamiento, pasó a tener sustantividad propia y autónoma en el citado artículo 384 CP. Este cambio de calificación en la alzada, sin que hubiese sido interesada por ninguna de las acusaciones, no supone vulneración del principio acusatorio. El artículo 384 CP resulta de aplicación a aquellos conductores que, pese a contar con un permiso de conducción emitido por otros países, conduzcan en España tras acordarse aquí la pérdida de vigencia o la privación del permiso.
Resumen: El Tribunal considera que cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se concreta en la verificación de si la prueba de cargo en base a la cual el Tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido y, por tanto: - en primer lugar, debe analizar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el Plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen dicho acto. Contradicción, inmediación, publicidad e igualdad. - en segundo lugar, se ha de verificar" el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia. - en tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, es decir si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia, ya que la actividad de enjuiciamiento es por un lado una actuación individualizadora no seriada, y por otra parte es una actividad razonable, por lo tanto, la exigencia de que sean conocidos los procesos intelectuales realizados por el Tribunal sentenciador.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de hurto en grado de tentativa con la agravante de reincidencia. Se cuestiona la prueba practicada respecto de que haya sido eliminado o neutralizado dispositivito de alarma o seguridad alguna, pues si bien el vigilante reconoció que el ordenador que pretendía sustraer el acusado tenía solo una "pegatina" como alarma, estima la defensa que tal pegatina no puede ser considerada como dispositivo de alarma o seguridad como exige y se refiere el tipo aplicado. Sin embargo la Sala descarta tal alegato al considerar que las etiquetas o las pegatinas que mediante sistemas generalmente de radiofrecuencia constituyen sistemas de alarma adheridos o adosados a los objetos, siendo hábiles para cumplir tales funciones. Además, los hechos y la existencia de la alarma misma que da acreditada por la declaración del vigilante de seguridad. Se afirma la correcta aplicación del subtipo agravado previsto en el art. 234.3 CP.
Resumen: Condena de varios cooperadores necesarios en delitos de prevaricación y falsedad documental en relación con varias adjudicaciones de contratos públicos por el Ayuntamiento de Jerez. La sentencia analiza varias cuestiones ya resueltas en la STS 507/2020, de 14 octubre (Gürtel-primera época), en particular, sobre la validez de las grabaciones subrepticias realizadas por particular, efectos de la nulidad de las intervenciones de las comunicaciones de los abogados defensores, infracción de las normas de reparto de la AN, tramitación en piezas separadas de causas complejas o el acceso a la documentación de la causa a través de la plataforma Alfresco. Analiza, asimismo, las conductas supuestamente prevaricadoras, y acuerda la absolución de los recurrentes al ceñirse su participación a actos de ejecución de los acuerdos prevaricadores. Por el contrario, se confirma su condena por los delitos de falsedad, al haber participado en la elaboración de documentos falsos para dar apariencia de legalidad a los acuerdos prevaricadores. Por último, se examina la posible prescripción de los hechos objeto de enjuiciamiento, el dies a quo de los mismos, con especial incidencia de los motivos aducidos por el Ministerio Fiscal en su recurso para defender la operatividad de la reforma del CO operada por la LO 15/2003.
Resumen: La Audiencia condena a dos de los acusados como autores de un delito continuado de estafa en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil, absolviendo a otros cinco acusados de los mismos hechos. Los acusados con el fin de defraudar a las compañías aseguradoras de vehículos con las que contrataban el oportuno seguro, procedieron a emitir partes de daños inexistentes respecto de un total de once vehículos que habían sufrido siniestros con anterioridad y que habían perdido su valor. Los acusados los adecentaban para engañar al perito de la compañía cuando se trataba de coches que estaban destinados al desguace y su venta en piezas. A partir de la prueba testifical de los antiguos propietarios de los vehículos y la pericial de los técnicos de las aseguradoras, la Audiencia llega a la convicción de la existencia de los hechos delictivos y la implicación de los dos acusados a los que condena, no así del resto de acusados a quienes no se considera implicados en los mismos. Se aprecia la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas dado el retraso en la instrucción.
Resumen: La Audiencia confirma la condena del acusado como autor de un delito de robo violento en grado de tentativa pero aprecia el subtipo de menor entidad, rebajando la extensión de la pena, y deja sin efecto la expulsión del territorio nacional acordada en sustitución de la pena de prisión impuesta. En el recurso se discute la suficiencia de la prueba a efectos de la existencia real de violencia cuando la sustracción se produce tras un forcejeo entablado por el autor con la víctima. La Audiencia, a partir de las declaraciones testificales realizadas en el acto de juicio considera que la prueba debe considerarse suficiente pues ha permitido llegar al juez a una conclusión cierta, sin atisbo de duda, tanto en lo relativo a la existencia del apoderamiento como al empleo de violencia pues el forcejeo con la víctima así debe ser considerado. En cuanto a la pena impuesta, se estudia su proporcionalidad dado el grado de desarrollo del delito y las circunstancias concurrentes, pero se reduce dado que se aprecia que la violencia debe considerarse de menor entidad, justificando el porqué de tal apreciación. Se impone la pena mínima que, por su extensión, impide sustitución por expulsión del territorio nacional.
Resumen: El Tribunal considera que el recurso de apelación queda limitado a examinar la regularidad y validez procesal y, en cuanto a la valoración, a verificar si las conclusiones que el juez ha obtenido resultan congruentes con sus resultados y se ajustan a los criterios generales del razonamiento lógico, según las reglas de la experiencia comúnmente admitidas, sin que se pueda llegar a sustituir sin más el criterio del Juez a quo. En suma, consecuentemente con lo manifestado, sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de Instancia en los siguientes casos: a) Cuando aquella apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador. En definitiva, cuando las pruebas no tengan carácter exclusivamente personal. b) Cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia. c) Cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia
