• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Cáceres
  • Ponente: JESUS PLATA GARCIA
  • Nº Recurso: 5/2022
  • Fecha: 11/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tratándose de sociedades gananciales, el Tribunal Supremo parte de ser precisa una liquidación de la sociedad con carácter previo a determinar si ha existido o no un acto de apropiación. La clave radica en si existe o no obligación de entregar o devolver determinadas cantidades de dinero que se han recibido para la sociedad de gananciales, cuando todavía no se ha liquidado la misma, simplemente cuando se ha disuelto. En el ámbito jurídico-penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del nuevo como si fuera su dueño prescindiendo con ello de las limitaciones ínsitas en el título de recepción, establecidas con garantía de los legítimos intereses de quienes lo entregaron. En lo que se refiere al dinero hace falta que se impida de forma definitiva (expropiación definitiva se dice en la Jurisprudencia) la posibilidad de entregarlo o devolverlo, llegando la conducta ilícita a un punto sin retorno que implica un incumplimiento definitivo de la obligación de dar a la cosa el destino pactado. La apreciación del error, en cualquiera de sus formas, vencible o invencible, vendrá determinada en atención a las circunstancias objetivas del hecho y subjetivas del autor sobre el caso concreto, pero no cabe invocar el error cuando el delito se comete mediante la ejecución de una conducta cuya ilicitud es de común conocimiento
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 1911/2020
  • Fecha: 10/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia objeto del recurso de casación es, la dictada en apelación y por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación. El auto inicial por el que se acuerdan las intervenciones telefónicas, debe valorarse a la vista de los elementos y datos disponibles en el momento de su adopción, sin que la insuficiencia de los resultados obtenidos o la existencia posterior de otras pruebas, afecten a la legitimidad inicial de la medida restrictiva del derecho fundamental. En los supuestos en que se investiga un delito concreto y por medio de las intervenciones telefónicas se descubre otro distinto, no puede renunciarse a investigar la "notitia criminis" incidentalmente descubierta en una intervención dirigida a otro fin, aunque ello pueda hacer precisa una nueva autorización judicial o una investigación diferente de la inicial. Lo verdaderamente importante, para no vulnerar el principio acusatorio, es que el relato fáctico de la acusación sea respetado en líneas esenciales, pero también se ha mantenido que, para ser respetuoso con el derecho a ser informado de la acusación y con el derecho de defensa, el relato fáctico de la calificación acusatoria debe ser completo y específico pero no exhaustivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 5299/2020
  • Fecha: 10/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza e interpreta el art. 307 ter 1 CP. El supuesto estudia la creación de empresas ficticias para el cobro de prestaciones por baja laboral. Con base en el derecho a la presunción de inocencia se concluye la valoración correcta por el Tribunal Superior de Justicia del proceso inferencial llevado a cabo por la Audiencia Provincial para fundamentar la autoría de la acusada.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FELIX ALFONSO GUEVARA MARCOS
  • Nº Recurso: 90/2022
  • Fecha: 09/03/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Detención realizada tras el abordaje de un barco en alta mar. La resolución recurrida contiene una motivación suficiente. El plazo máximo absoluto de la detención no tiene que coincidir necesariamente con el momento en el que el afectado se encuentre en las dependencias policiales. No procede la nulidad de la comparecencia de prisión, al haberse puesto a disposición de la autoridad judicial los detenidos dentro del plazo de las 72 horas mediante correo electrónico. La incomunicación acordada judicialmente no comprende el derecho de ser asistido por letrado de oficio, estableciéndose que a los detenidos en espacios marítimos les serán aplicados los derechos reconocidos en la medida que resulten compatibles con las medidas personales y materiales existentes a bordo. Al no existir sistema de videoconferencia , la puesta a disposición se realizó por comunicación satelital. La ausencia de designación de letrado de oficio por la policía durante el tiempo en que se produjo la detención gubernativa no supuso lesión del derecho a la libertad, no habiéndose practicado con los detenidos diligencia alguna de investigación. Se informó adecuadamente al detenido y a su letrado de los hechos que se le imputaban, así como del delito por el que había sido detenido, La prórroga de la incomunicación se realizó conforme a la ley.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Guadalajara
  • Ponente: ISABEL SERRANO FRIAS
  • Nº Recurso: 579/2021
  • Fecha: 09/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La acusada resulta condenada en la instancia por propinar un bofetón a su pareja, en presencia del hijo menor de edad. Valoración de la prueba personal: la segunda instancia no puede ser un nuevo juicio, en el que acometer de nuevo la valoración de la prueba. La apelación es un juicio revisorio y solo es posible modificar el relato de hechos probados en caso de que se sustente en un razonamiento absurdo, que no se hayan tenido en cuenta algunas pruebas, o que resulte de pruebas practicadas en segunda instancia. In dubio pro reo. Es necesaria la motivación de la pena, también de la accesoria, para imponerla en una extensión superior a la mínima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10511/2021
  • Fecha: 09/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Denegación de prueba correcta: el hecho de que las testigos protegidas se hubieran acogido a determinados beneficios previstos legalmente para personas que se encontraran en su situación personal, no impide valorar su testimonio. La fiabilidad del testimonio no se puede hacer depender de ese aspecto. Aun partiendo de que efectivamente hubieran obtenido beneficios, como ha manifestado alguna de ellas, sus declaraciones en la causa penal han de valorarse, como aquí se hace, dentro del conjunto del cuadro probatorio. Tampoco la existencia de cartas de invitación aparentemente suscritas por terceros impiden la participación de los recurrentes en los hechos, ofreciendo a las mujeres venir a España ilegalmente para explotarlas sexualmente, ya que los delitos de inmigración ilegal o de trata de seres humanos no se cometen solamente empleando esos medios. En el caso, la actuación conjunta y de mutuo acuerdo de los acusados resulta sin dificultad de las declaraciones de las víctimas. Igual ocurre respecto a la explotación de su dedicación a la prostitución, tras contactarlas en Venezuela, ofreciéndoles venir a España y acogiéndolas a su llegada, organizándoles el ejercicio de esa actividad. Es irrelevante que alguna víctima acudiese a ellos pidiendo ayuda. Tampoco puede operar el principio de intervención mínima, dirigido particularmente al legislador y que sólo mediatamente puede operar como criterio regulador de la interpretación de las normas penales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 73/2021
  • Fecha: 09/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras la reforma operada por el Código Penal mediante por Ley Orgánica 5/2010, el autoblanqueo es punible. La característica principal del blanqueo no reside en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, ni siquiera en darles "salida" para posibilitar de modo indirecto ese disfrute. La justificación de la sanción delictiva se concentra en el "retorno" del capital en cuanto eslabón necesario para que la riqueza así generada pueda ser introducida en el ciclo económico. En este caso, el precepto que sanciona el delito antecedente no puede comprender íntegramente el desvalor de las actividades posteriores de blanqueo. La finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo, constituye un elemento esencial integrante de todas las conductas previstas en el art. 301.1 del Código Penal. Finalidad u objeto de la conducta que debe encontrarse presente en todos los comportamientos descritos por el tipo. La motivación de la individualización punitiva puede deducirse del conjunto de la resolución, no siendo necesaria la vinculación formal a un apartado específico de la resolución. Lo relevante es que en la sentencia consten las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho que justifica la imposición de la pena en la extensión adecuada. Responsabilidad civil, la cuantía de la indemnización con carácter general corresponde su fijación al Tribunal de instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2291/2021
  • Fecha: 09/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las agravaciones comprendidas en el art. 153.3 CP contemplan situaciones que implican una mayor antijuridicidad de la acción. Entre ellas, el supuesto de que se quebrante una pena de las contempladas en art. 48 CP o una medida cautelar. Por ello, junto a la indemnidad y seguridad de la víctima, también se tutela el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. El bien jurídico del tipo penal previsto en el art. 468.2 CP es la efectividad y el acatamiento de las resoluciones judiciales, pero en el supuesto en el que se imputa el incumplimiento de medidas de prohibición de comunicación o de acercamiento, al mismo tiempo se están tutelando los intereses de la parte protegida. Existe cercanía entre los bienes jurídicos protegidos por ambos preceptos. Por ello, en el supuesto de que la agresión perpetrada por el acusado hubiera tenido lugar fuera del domicilio de la víctima y quebrantando la medida cautelar, concurriría unidad de acción tanto en su vertiente natural como en su vertiente jurídica. Si concurren varias de las circunstancias descritas de forma disyuntiva en el art. 153, bastará una de ellas para integra el subtipo y la otra (quebrantamiento de medida) se penará separadamente. Existe concurso de delitos en el caso de un supuesto del art. 153.1 CP donde concurre la vulneración de la prohibición de comunicación o la orden de alejamiento y, además, otra circunstancia del subtipo agravado del apartado 3º del art.153 CP.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 776/2021
  • Fecha: 09/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La orden recibida por el acusado, en tanto no tenía otro soporte normativo distinto de las prevenciones contenidas en el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, -prorrogado por el número 476/2020, de 27 de marzo-, declarado expresamente inconstitucional, resultaba manifiestamente opuesta al ordenamiento jurídico, en tanto vulneraba derechos fundamentales. El derecho fundamental a "elegir libremente la propia residencia" también contemplado en el art. 19.1, párrafo primero , aunque presenta perfiles propios, tiene una estrecha vinculación con el propio derecho a la libertad de circulación. Se ha de concluir que el acusado se hallaba, precisamente en el legítimo ejercicio de estos derechos fundamentales cuando los agentes, en cumplimiento de lo establecido en el mencionado Real Decreto, le ordenaron, de modo antijurídico, que cesara en el disfrute de aquéllos. Todo ello determina, como fácilmente podrá comprenderse, la estimación del presente recurso y el dictado de una segunda sentencia de sentido absolutorio del delito de desobediencia por el que había sido condenado. Estando vedada la sanción penal o administrativa por hechos que en el momento de su comisión no constituyan delito, falta o infracción administrativa, el mantenimiento de la sanción penal o administrativa que traiga causa de una disposición declarada nula vulneraría el derecho a la legalidad penal consagrado en el indicado precepto constitucional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1804/2020
  • Fecha: 09/03/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No puede alegarse como razón para la nulidad del juicio que el letrado asumió la defensa cuando ya había transcurrido el momento de presentación del escrito de defensa y que propuso más tarde y después del momento para hacerlo una prueba consistente en que de forma anticipada y urgente pericial consistente en que, con carácter previo a la vista del juicio oral, se emita informe por parte del médico forense, a los efectos de determinar y concretar las anomalías o alteraciones psíquicas que padecía el acusado; así como que se pronuncie sobre si el acusado podía ser imputado penalmente como consecuencia de dichos padecimientos. De la documentación presentada por el acusado, únicamente se infiere que el mismo es un consumidor de hachís, pero no consta que padezca una adicción grave o que su dependencia haya influido en su capacidad volitiva o cognitiva; más bien padece un trastorno de personalidad, como una forma de proceder impulsiva, con nula adherencia a las normas, conflictos sociales y familiares, comisión de delitos violentos en el ámbito de pareja, familiar. No cabe considerar que la detentación de una determinada cantidad de sustancia tóxica, evidencia sin más su destino al tráfico, pues se hace preciso comprobar en cada caso concreto las circunstancias concurrentes. Entre ellas, el lugar de la detención, la distribución de la sustancia, las pautas de consumo, a través de las cuales declarar razonable su destino al tráfico basado en la mera ocupación de la sustancia.

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