Resumen: Reiteración de la doctrina de la sala sobre el cártel de camiones. En concreto y entre otras, la de las SSTS 1040 y 1041/2024, de 22 de julio. La actividad probatoria desplegada por la parte demandante, presentación del informe pericial con la demanda, pese a que dicho informe no resulte convincente, en este caso puede ser considerada suficiente para descartar que la ausencia de prueba suficiente del importe del daño se deba a la inactividad del demandante. Y estando probada la existencia del daño, justifica que pueda hacerse uso de facultades estimativas para fijar la indemnización. La descripción en la Decisión de la conducta infractora es base suficiente para presumir la existencia del daño, dadas las características del cártel descrito (objeto, participantes, cuota de mercado, duración, extensión geográfica), mediante la aplicación de las reglas del raciocinio humano para deducir de esos datos la existencia del daño. Estas circunstancias descritas en la Decisión son también suficientes para entender que ese daño no fue insignificante o meramente testimonial. Lo que no ha resultado probado en este caso es que el importe de ese daño haya sido superior al 5% del precio del camión, considerado como importe mínimo del daño, atendidas las referidas circunstancias del cártel y los datos estadísticos sobre los porcentajes de sobreprecio que suelen causar los cárteles. Intereses legales desde la fecha de adquisición de los camiones.
Resumen: Acción de responsabilidad extracontractual reclamando la indemnización de los daños causados por la infracción del Derecho de la competencia (Cártel de los camiones). La demanda fue íntegramente estimada en segunda instancia y recurre la fabricante. Admisibilidad de los recursos. Valoración ilógica del informe pericial de los demandantes. Informe pericial bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño, pero inadecuado para establecer una concreta indemnización. La inidoneidad del mercado tomado como de referencia (el de camiones ligeros y como refuerzo el de furgonetas), la improcedencia de trasladar automáticamente la elevación de los precios brutos a los precios finales, la omisión de los datos correspondientes a 1997, las dudas sobre la selección de datos y las diferencias en las variables utilizadas en el modelo de regresión de camiones medianos y pesados y las utilizadas en los camiones ligeros, hacen que una valoración que acepte el valor probatorio del informe pericial para cuantificar el sobreprecio, aún con correcciones, sea ilógica. Asunción de la instancia. Presunción del daño con base en los hechos descritos en la Decisión de la Comisión que sancionó el cártel. Estimación judicial: no existiendo prueba de que ese daño supere el 5% del precio, procede fijar en esa magnitud la indemnización.
Resumen: Lo cierto es que el art. 59 Ley Cooperativas -al establecer una serie de reglas a las que se deberán sujetar los Estatutos en esta materia- contempla un criterio residual de imputación de pérdidas en su apartado 2 c). La norma legal se remite por tanto a una regla de proporcionalidad con relación a las operaciones, servicios o actividades, parámetro que en el caso de la Cooperativa demandada ha de establecerse necesariamente en función de cada camión, y no de cada socio, pues ese era el criterio para la distribución de la actividad cooperativizada entre todos los socios. El hecho de que para la adopción del acuerdo impugnado cada socio tuviera un solo voto por más que fuera titular de varios camiones no puede traducirse en una vulneración del principio de igualdad precisamente porque en el reparto de los servicios ese socio se ha visto beneficiado por la asignación de un mayor número de viajes, lo que correlativamente supone que la distribución de las pérdidas deba hacerse en atención a cada vehículo y no de cada socio. Como acertadamente resume la Juez de primera instancia, aquél que recibe más servicios de la cooperativa ha de contribuir en distinta proporción a aquel que no recibe tantos.
Resumen: La demanda de tutela civil en un supuesto de inclusión en fichero de solvencia patrimonial y de crédito se estimó al considerar el Juzgado que no se había dado cumplimiento a la normativa aplicable respecto del requerimiento de pago. La Sala describe dos situaciones, la de la aplicación del Real Decreto 1720/2007 y la derivada de la entrada en vigor de la Ley de Protección de datos que ahora permite que la información al deudor de que se pueden incluir los datos en los sistemas de información crediticia se puede hacer en el contrato o en el momento de requerir el pago. Indica la Sala que tanto la celebración del contrato como la inclusión en el registro de Asnef se produjeron con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica y no existía dicha alternativa, sino que la advertencia debería constar tanto en el contrato como en la comunicación. Valora la prueba practicada. Entiende insuficiente la advertencia que consta en la documental al no recoger en qué ficheros podría incluirse dicha deuda, lo que imposibilitaba que el deudor lo consultará o que pudiera interesar la cancelación de la inscripción. Considera igualmente insuficiente lo que reflejan las grabaciones aportadas. El propio requerimiento no recoge mención alguna a los ficheros en los que pudiera incluirse la deuda y la cantidad reclamada era superior a la que consta en el fichero. En cuanto a la indemnización, considera que 6.000 euros no es una cantidad excesiva vistas las circunstancias concurrentes.
Resumen: Esta Sala considera que la existencia de convenios puntuales con otras administraciones públicas no cambia el estado de la cuestión. La exoneración parcial resulta aplicable a las deudas para las cuya gestión recaudatoria resulte "competente" la AEAT, competencia que no se altera por la existencia de tales convenios. Los artículos 11 y 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) disponen que las encomiendas de gestión o la suscripción de convenios no suponen una cesión de la titularidad de competencias. Por su parte, el artículo el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), establece que es competencia de las entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que otorgar a favor de otras administraciones públicas.
Resumen: .La sentencia desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia , al apreciar que no concurren los presupuestos para el triunfo de la acción, en concreto la inexistencia de contienda, y que si existe requerimiento.
Resumen: Derecho al honor. Vulneración por indebida inclusión en fichero de morosos. La sentencia desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia , al apreciar que no concurren los presupuestos para el triunfo de la acción, en concreto la inexistencia de contienda, y que si existe requerimiento.
Resumen: La sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por la deudora y confirma la sentencia desestimatoria de instancia de la demanda al compartir el criterio el que la inscripción en el registro se ajusto a los presupuestos legales, tanto en relación con la deuda , como con la suficiencia del método elegido para efectuar el requerimiento previo.
Resumen: Para valorar la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar que haya sido atribuido en sentencia, hay que examinar cual fuera la causa de la atribución, si la necesidad del cónyuge a quien se le atribuye o si aquella se hizo como consecuencia de la atribución de la custodia de los hijos. En este caso, la atribución a la demandada del uso de la vivienda familiar que es propiedad exclusiva del esposo, se le hizo por razón de que se le había atribuido la custodia de las dos hijas, entonces menores. Las hijas ya son mayores de edad, por lo que si el derecho de uso se atribuyó por razón de la guarda de los hijos, el derecho se extingue por la finalización de la guarda. Además, en este caso se da la circunstancia de que el domicilio es de propiedad exclusiva del padre y que la necesidad de la madre no fue el motivo de la atribución. No cabe ahora modificar el título de atribución y cambiar el que inicialmente se decidió por el de la necesidad de la madre, habiendo transcurrido muchos años desde la inicial atribución y sin que tampoco se pueda en este procedimiento aprovechando la modificación de medidas, solicitar la atribución por la vía de los alimentos entre parientes, entre otras razones porque el ex esposo, una vez divorciado, ya no tiene esa obligación de alimentos respecto de su ex esposa, a diferencia de lo que sucedería en caso de separación judicial.
Resumen: Demanda en reclamación de régimen de visitas respecto de un menor. El juzgado rechaza la solicitud de exploración del menor, formulada por la demandada, fundamentándose en la edad del menor (8 años) y estima parcialmente la demanda. La AP descarta la alegación de nulidad del juicio por no haber sido oído el menor. Recurre en casación la demandada. La sala estima el recurso. Recuerda que el derecho del menor a ser oído y escuchado implica que debe tener la posibilidad de expresarse sobre las decisiones que le afectan y excluye que la mera presunción de una falta de madurez -especialmente en ausencia de datos objetivos concluyentes- justifique su exclusión. Considera que, en el caso, la decisión de la AP carece de la debida motivación y de una valoración objetiva de las circunstancias, al prescindir de la audiencia del menor sin haber constatado que este careciera de la madurez necesaria; y que tal proceder vulnera el derecho fundamental del menor a ser oído y contraviene la obligación del tribunal de actuar de oficio para garantizar la protección de sus derechos. La sala anula la sentencia recurrida con retroacción de las actuaciones para que el tribunal de segunda instancia haga efectivo el derecho del menor a ser oído sobre el régimen de visitas con la posibilidad de poder conocer de forma directa e inmediata sus opiniones y deseos al respecto. Además, dado el tiempo transcurrido, la sala también juzga procedente que el tribunal recabe informe de especialistas.
