Resumen: Demanda de tutela civil de derechos fundamentales al honor y a la propia imagen contra periódico por la publicación de imágenes del actor, boxeador amateur, que aparecen en un vídeo con el que se ilustra la noticia del asesinato de un recluso en un centro penitenciario cometido por otro boxeador. Desestimada la demanda, la Audiencia Provincial desestima la apelación y confirma la resolución impugnada. Recurre en casación la actora y la Sala estima el recurso. Considera la Sala que la sentencia de la Audiencia Provincial no se ajusta a su doctrina por la comunicación de la misma noticia pero por otros medios de información, por cuanto: i) la asociación del recurrente con el autor de los presuntos hechos delictivos es una consecuencia lógica e inmediata de la interacción directa que se produce entre la imagen reconocible de aquel y la voz emitida en el video; y ii) que en el presente caso, tal y como ha reiterado la Sala en casos semejantes, no se considera aplicable la doctrina del reportaje neutral. Al estimarse el recurso se casa la sentencia, y se estima parcialmente la apelación y la demanda, declarando la intromisión ilegítima en los derechos al honor y a la propia imagen del actor, con condena a una indemnización por daño moral -teniendo en cuenta el carácter local del medio que difundió la información y las pocas visualizaciones del video-, que queda fijada en la suma de 3.000 euros, con eliminación de las imágenes determinantes de la intromisión.
Resumen: La sentencia apelada desestimó las pretensiones de la actora sobre intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, en la que exponía que había tenido conocimiento de su inclusión en el fichero de insolvencia. La Sala confirma la resolución puesto que los documentos aportados, aún tratándose de correo ordinario, llevan a tener por probado que efectivamente existió el previo requerimiento y así como la advertencia de inclusión en ficheros de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, tal y como aparece en las misivas indicadas, al no existir motivo alguno para dudar de que la comunicación llegase efectivamente a su destinatario. Por ello han de tenerse por cumplimentados tales requisitos, aplicando la jurisprudencia vigente en la materia.
Resumen: No ha lugar a declarar invalidez de las capitulaciones matrimoniales al no concurrir supuesto de invalidez de los contratos puesto que se considera que no existe simulación absoluta en el otorgamiento de dicha escritura ya que no constan otros bienes que los consignados en la escritura y no constituye simulación la no consignación de determinada cantidad que fue reconocida por la parte que lo alega en la escritura, nada se dice hasta pasados diez años y ello aunque la parte que lo invocaba resulto perjudicada lo que le permitía pedir la rescisión por lesión pero no la nulidad porque no se alega vicio del consentimiento además de que concurre causa como es modificar el régimen económico de los cónyuge.
Resumen: Divorcio. La sala estima en parte el recurso de casación de la demandante. Aunque no concurren los requisitos exigidos para apreciar la existencia de error patente en la valoración de la prueba en lo referente a la determinación del nivel de ingresos del demandado y, por extensión, de la pensión compensatoria, considera que, en atención a los hechos declarados probados, la insuficiencia del importe fijado por la AP para compensar el desequilibrio económico sufrido por la recurrente a consecuencia del divorcio es patente, y notorio su desajuste con las circunstancias del caso. La sala también acoge el motivo referente a la atribución de la vivienda familiar y confirmar la sentencia del juzgado, que atribuyó a la demandante el uso de la vivienda familiar hasta su venta o liquidación como bien ganancial. Razona que la apreciación de la AP, que había establecido el uso alternativo de la vivienda al considerar que no había un interés más necesitado de protección, no es correcta, pues los hechos evidencian que sí existe un interés más necesitado de protección, el de la recurrente, ya que su situación económica, personal y familiar es precaria (no dispone de otra vivienda, no cuenta con ingresos propios, sus posibilidades de acceso al mercado laboral están muy limitadas, y en la vivienda convive con uno de sus hijos mayores y con su madre, que es una persona muy mayor y dependiente) y la del recurrido no (dispone de otras residencias y trabaja como funcionario).
Resumen: La sentencia impugnada estima que las afirmaciones e imputación de hechos contenidas en boletines informativos publicados y difundidos en formato papel por el sindicato demandado, y en su página web, y plataformas de Facebook y Twitter, constituyen una intromisión ilegítima de su derecho al honor y su propia imagen. La Sala confirma la sentencia en su integridad. Valora que en dichos boletines se contiene una clara imputación a la demandante de un delito de falso testimonio, que su redactor califica incluso de grave, achacando a la actora la imposición de una sanción a un trabajador, tras mentir en sede judicial, cuando la misma se aplicó por la empresa, y fue ratificada judicialmente en el proceso seguido en el Juzgado de lo Social, en el que se verificó la realidad de la infracción laboral cometida por el mismo, efectuando el autor de los artículos una valoración de los hechos enjuiciados ajena a la emitida por el órgano judicial, acompañada de frases vejatorias y descalificativas e innecesarias sobre su comportamiento profesional como inspectora de la empresa, que ponían en duda su probidad o ética en el desempeño de su actividad, y desvinculadas de cualquier finalidad informativa en el ámbito sindical de los trabajadores de la empresa, propagándose entre los afiliados al sindicato.
Resumen: La sentencia apelada declara la intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, y condena a la entidad demandada a abonar al actor la suma de 3.000 euros por daño moral. La Sala desestima el recurso. Respecto de la indemnización señalada, indica que para fijar la suma en que se concrete o valore el daño moral, ínsito o consecuente a la intromisión ilícita en el derecho al honor, y partiendo de la jurisprudencia al respecto, tanto en cuanto a que no pueden establecerse indemnizaciones meramente simbólicas, y que debe atenderse para ello a las concretas circunstancias de caso (tiempo de vigencia de la inscripción en el fichero, número de consultas por terceros, importe de la suma de la deuda inscrita, pérdida de otras posibilidades de crédito o de contratación por consecuencia de la inclusión...), en este caso considera acertada la fijación de 3.000 euros, por cuanto consta que se mantuvo la misma durante 4 meses en el fichero, siendo consultado por otra entidad, y deben ser también atendidas las numerosas gestiones e intentos de supresión de la inscripción que ha debido efectuar el actor.
Resumen: La sentencia apelada declara que la entidad demandada ha cometido una intromisión ilegitima en el derecho al honor del demandante por incluir y mantener sus datos registrados en fichero de morosos. La Sala estima el recurso interpuesto por la demandada y desestima la demanda. Valora al respecto que en el supuesto enjuiciado consta certificado en el que se indica que se generó la comunicación a nombre de l demandante, y se puso a disposición del Servicio de Correos para su ulterior distribución, un total de 1632 cartas ordinarias, dentro de las cuales se encontraba la comunicación de referencia, sin que se haya registrado comunicación alguna en el tratamiento de comunicaciones devueltas por el Servicio de Correos a su remitente. Por ello, como puede observarse, la carta fue enviada al domicilio del actor, que coincide con el que aparece en el contrato de préstamo, en el poder para pleitos y en los numerosos asientos de otras deudas en el fichero de que se trata. No consta cambio de domicilio ni incidencia alguna de que este no fuera el domicilio del deudor, por lo que considera acreditada la recepción del requerimiento.
Resumen: Se analiza la amplitud del BEPI respecto de los créditos de derecho público, ya que el art. 489.1.5º del TRLC en su redacción dada por Ley 16/2022 de 5 de septiembre dispone que esa exoneración no se extenderá a los créditos de derecho público, si bien añade que las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la AEAT, podrán exonerarse hasta el importe máximo de diez mil euros por deudor y en este supuesto se ha considerado aplicable este limite cuantitativo por existir un Convenio entre la AEAT y la Federación Española de Municipios y Provincias de 2019, si bien la Sala interpretando ese Convenio señala que no se extiende a todos los recursos de las Corporaciones locales y además sólo se contiene la gestión recaudatoria ejecutiva pero no la deuda que se encuentra en periodo voluntario y, en todo caso, aunque la deuda estuviera gestionada por la AEAT no sería de su competencia. Se señala que los artículos 489.3 y 489.1.5º del TRLC admiten una interpretación armónica, de tal forma que es exigible que sea la primera exoneración pero no excluye el resto de requisitos. Existe equiparación entre Haciendas Forales y AEAT, pero no se extiende al resto de administraciones públicas. La vulneración del principio de igualdad no permite inaplicar una ley. El TJUE ha admitido relación de categorías específicas susceptibles de exclusión del EPI, debiendo estar definidas y justificadas, como en este supuesto ocurre en el preámbulo de la ley 16/2022 que lo justifica.
Resumen: La sentencia apelada estimó la demanda y declaró la intromisión ilegitima de la demandada en el derecho al honor del actor, por incluir y mantener sus datos registrados en el fichero de morosos, condenándole a que rectifique y cancele dichos datos. La Sala confirma la resolución, por entender que no ha sido hecho el requerimiento previo a la anotación en el registro. Señala al respecto que lo trascendente, a efecto de cumplir dicho requisito, es si se entregó o el requerimiento, y cualquier otra incidencia, o sea, que fuera puesto en lista de espera, por no haber persona en el momento de ir el empleado de Correos, no fuera la actora a recogerla, se rechazara por la persona que estuviese en ese domicilio o se devolviese por ser desconocido, no acredita qué ocurrió como ese requerimiento. Además, en todos los supuestos, no se trata del envió de una sola carta, sino de envíos masivos, lo que no es óbice para cumplir ese requisito respecto de cada uno de ellos, es decir, para conocer la incidencia en cada caso.
Resumen: La demanda se desestimó en la instancia. La cuestión principal era la recepción del requerimiento de pago previo a la inclusión en el fichero. Dice la Sala que lo que hace la sentencia de instancia es dar por acreditada la recepción mediante una presunción a partir de los datos que constan acreditados en autos y argumenta la posibilidad de probar de esta manera la recepción con la cita de jurisprudencia que contempla casos similares. Una empresa proveedora de servicios postales certifica que depositó la carta en el servicio público de Correos, aporta un albarán de entrega en Correos de un envío de cartas por cuenta de su cliente y certifica, además, que en dicho envío se incluía la comunicación al recurrente, así como que no le ha sido devuelta por Correos, ni comunicado incidencia alguna. Todo ello sin concurrir otras circunstancias especiales. Y, citando la STS 601/2024, de 6 de mayo, como último hito de una serie de resoluciones, la Sala considera que la recepción del requerimiento de pago se puede considerar fijada a través de las presunciones, o acreditada por cualquier medio de prueba, lo que se produce cuando la comunicación depositada en el operador postal ha sido remitida al domicilio del deudor y no existen circunstancias (por ejemplo, la devolución de otras comunicaciones dirigidas a ese domicilio) que desvirtúen esta conclusión.
