Resumen: La declaración de autoría no exige necesariamente que cada autor, o coautor, ejecute por sí mismos los actos materiales que integran el núcleo del tipo, pues a la realización del mismo se llega, en caso de pluralidad de autores, por la agregación de diversas aportaciones de los coautores, integradas en un plan común, de manera que dentro de un codominio funcional del hecho cabe integrar en la coautoría, como organización conjunta del hecho, aportaciones ajenas al núcleo de tipo, como la de quienes planifican, organizan y dirigen a distancia la operación, sin intervenir directa y materialmente su ejecución. La participación en un delito no es solo causalidad. El inductor, por ejemplo, una vez que ha inducido ni ejecuta, ni domina el concreto hecho, y es partícipe. Pueden ser autores de un delito, caracterizado por una infracción del deber, sin realizar un aporte causal. A falta de un criterio legal, ha de aplicarse el criterio de incremento o el de temeridad, no siendo viable una condena en costas a quien ha planteado un recurso que ha sido estimado; en todo o en parte.
Resumen: Posible comisión por persona jurídica de hechos constitutivos de los delitos de falsedad en las cuentas anuales y otros estados financieros. Naturaleza del auto de transformación del procedimiento. Los hechos presuntamente delictivos que se atribuyen a la investigada presentan caracteres de delito. Conocimiento de prácticas empresariales presuntamente falsarias y perjudiciales para los accionistas del Banco Popular.
Resumen: Naturaleza del auto de procesamiento. La resolución combatida contiene una adecuada y suficiente descripción fáctica de los indicios de criminalidad existentes. Imposibilidad de que el Instructor pueda dictar un auto de sobreseimiento una vez que se ha transformado el procedimiento en sumario. La existencia de unos laudos arbitrales firmes de carácter civil-mercantil, o incluso administrativo, no pueden condicionar el desarrollo de una causa penal.
Resumen: Naturaleza del auto de transformación en procedimiento abreviado. Los hechos indiciariamente acreditados apuntan a una presunta falsedad de distintos documentos e informes económicos o financieros del Banco Popular merced a los cuales sus administradores, en responsabilidad compartida con los auditores, habrían proporcionado públicamente una imagen irreal de su situación financiera y patrimonial. Prescripción del delito de falseamiento de cuentas: el tiempo de prescripción comienza cuando se procedió por los inversores a suscribir las acciones y hacer efectivo su importe. Aplicación del plazo de prescripción del delito más grave en caso de infracciones conexas.
Resumen: Falta de legitimación de un coacusado para cuestionar aspectos que solo afectarían a otro coimputado, por lo que no debió admitirse la adhesión al recurso del Ministerio Fiscal. Falta de jurisdicción española para conocer los hechos imputados en relación a las personas físicas extranjeras: Los principios de extensión de la jurisdicción, principio de personalidad activa, principio real o de protección de intereses nacionales y jurisdicción universal no pueden ser interpretados extensivamente, sino de manera restringida, para armonizarla con la soberanía judicial de los Estados extranjeros, y menos aún respecto de unos sujetos para los cuales no estaba prevista su aplicación, como son las personas jurídicas, faltando por tanto una norma expresa de atribución jurisdiccional específica y predeterminada. Comisión de la mayor parte de los delitos en el extranjero: ninguno de los elementos relevantes de los posibles tipos aplicables, consta que se haya realizado en España. La teoría de la ubicuidad no resulta de aplicación, pues en ningún caso abarcaría delitos cometidos en el extranjero contra sociedades radicadas fuera aunque pudieran tener algún interés económico en las empresas españolas. El investigado ni es español, ni reside en España, ni las compañías que representa ostentan su sede ni domicilio social en nuestro país, por lo que el principio de personalidad activa resulta inaplicable. La conexidad delictiva no sirve como criterio determinante de la jurisdicción.
Resumen: Se trata de un delito de abuso sexual sin penetración, en tanto ésta ya se considera consentida, aunque de otra manera. Ese cambio en la forma, en un aspecto no cubierto por el consentimiento, no podría equipararse a la falta de consentimiento para la penetración. De esta manera la respuesta punitiva se revela como más proporcionada y se equipara al derecho comparado.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de un delito de formación de una asociación o acuerdo con vistas a preparar y facilitar la salida de personas del territorio marroquí de modo clandestino. Concurre el principio de doble incriminación, al deducirse que el destino de la embarcación utilizada era España. Conforme a nuestra legislación, los hechos constituirían delito de inmigración ilegal. La orden internacional de detención emitida por el Fiscal del Rey tiene el valor de una orden emitida por la autoridad judicial competente. VOTO PARTICULAR: considera que no concurre el requisito de la doble incriminación.
Resumen: Se confirma la absolución al encontrarnos ante un conflicto de naturaleza civil, dirigido a dilucidar si se han duplicados cargos en cada una de las facturas ya abonados por un tercero. No estamos ante un supuesto de simulación del documento para inducir a error sobre su autenticidad, sino en la elaboración de facturas que responden a unos negocios reales que han tenido lugar, en las cuales se modifica parcialmente datos relativos a quien supuestamente está obligada a su abono, lo que integraría, en el peor de los supuestos, una falsedad consistente en faltar a la verdad en la narración de los hechos que resulta atípica al ser cometida por un particular. La duplicidad de los cargos en facturas es una cuestión oponible en el procedimiento civil pero que no tiene recorrido en el derecho penal. Y debía ser en el pleito civil donde se oponga el pago a la factura presentada como impagada, pero no cabe llevarlo al proceso penal como así ha declarado el tribunal, ya que el principio de intervención mínima del derecho penal expulsa del mismo las cuestiones que tienen su oposición en el pleito civil, incluso con prueba pericial como destaca la AP. Ante las circunstancias previas, no parece que hubiese existido idoneidad del engaño. Dada la documental a aportada por ambas partes, la duplicidad de partidas no debería superar el normal control que ejerce el juez sobre los hechos y la documentación que se le presenta.
Resumen: Finalidad del sistema de plazos para la instrucción. Admisibilidad y validez de las diligencias de investigación acordadas durante los plazos procesales. No cabe admitir la petición de una nueva prórroga sobre la base de diligencias acerca de las cuales no se ofrece ninguna justificación. Petición de archivo de actuaciones que excede del objeto del recurso.
Resumen: Pertinencia de la prueba. Denegación de prueba motivada racionalmente. Sobreseimiento provisional por no resultar debidamente justificada la perpetración de la infracción penal. Falseamiento de información económico-financiera: ausencia de indicios suficientes de que las irregularidades contables han causado un perjuicio de notoria gravedad a los inversores. Del informe de los peritos del Banco de España no se deduce de forma suficiente la existencia de indicios de una manipulación de la situación contable y económica del Banco Popular para propiciar una imagen errónea de sus estados financieros a la que realmente tenían.
