Resumen: Se imputaba a los acusados la apropiación de un vehículo de motor de la denunciante y la falsificación del documento de transmisión del mismo a un tercero. La sentencia de instancia absuelve a los acusados de dichos delitos y el recurso de apelación deducido por la denunciante mantiene que se ha producido error en la valoración de la prueba, interesando la anulación de la sentencia por la insuficiencia de los hechos declarados probados y la ausencia de razonamiento en la misma. El Tribunal de apelación señala que la parte recurrente no interesa de manera subsidiaria la condena de los acusados absueltos y caso de haberlo solicitado, en nada hubiera variado el pronunciamiento, en razón a las limitaciones de valoración de la prueba cuando se trata de pruebas personales en sentencias absolutorias, sin que en la segunda instancia, si no se practican nuevas pruebas, pueda el órgano de apelación revisar la valoración de la practicada en la instancia, cuando, por la índole de la misma, resulta exigible la inmediación y la contradicción, como es el caso de la declaración del denunciante, del acusado, de testigos o peritos, ello no obstante, cuando el debate planteado en el recurso sea de naturaleza estrictamente jurídica o cuando la nueva valoración de la prueba se reduzca a la de naturaleza documental, si podrá valorarse nuevamente la prueba porque entonces no estaría en juego el principio de inmediación, lo que no sucede en este caso.
Resumen: Desestima la AP el recurso del condenado por el Juzgado de lo Penal contra la sentencia que le condenó como autor un delito de atentado agente de la autoridad en concurso con dos delitos de lesiones, uno de ellos leve. La presunción de inocencia del recurrente quedó plenamente destruida con la prueba de cargo practicada en el plenario, sin que ningún error se detecte en su valoración plasmada en la sentencia. Nada se ha alegado ni probado que demuestre error de la juzgadora en su relato de hechos ni en la calificación jurídica de los mismos. Conforme a los seis testigos presenciales el acusado, además, de increpar y amenazar a los agentes propinó patadas a los que acudieron al lugar de los hechos, abalanzándose posteriormente cuando se le iba a introducir los calabozos contra el que procedía a su cacheo conforme al protocolo de seguridad. Conducta esta patentemente encuadrable en el delito de atentado y no en el de resistencia. Tampoco se apreciaron en la valoración de la prueba en cuanto a la eximente incompleta apreciada ya que las pruebas practicadas no sostienen la eximente completa que se pretende. La indemnización establecida es proporcionada al tiempo de curación de las lesiones y a las secuelas.
Resumen: La AP desestima el recurso del condenado por el Juzgado de lo Penal como autor de un delito de resistencia agente de la autoridad y de dos delitos leve de lesiones. Carece de fundamento invocar la vulneración del derecho a ser informado de la acusación en relación con uno de los delitos leve de lesiones, puesto que la calificación acusatoria fue clara, precisa y terminante al describir los hechos de que se acusaba e incluir la calificación jurídica de los tres delitos por los que finalmente se condenó al apelante. No se vulneró el derecho de defensa del acusado al no poder interrogar por incomparecencia a la gente víctima de uno de los dos delitos leve de lesiones. Aparte de que no fue un testigo propuesto nominalmente por la defensa, la sentencia razona motivadamente la decisión de condena con base en las pruebas practicadas en el plenario.
Resumen: El condenado por el Juzgado de lo Penal como autor de un delito de resistencia grave agente de la autoridad apela la sentencia, desestimando la AP su recurso. Constata la Sala que la sentencia explicita con argumentos racionales la convicción de condena en forma adecuada al resultado de la prueba practicada en el plenario No implica vulneración de la presunción de inocencia del acusado otorgar mayor verosimilitud a unas declaraciones sobre otras, puesto que en eso consiste precisamente la función de juzgar.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito continuado de estafa pero rebaja la duración de la pena de prisión impuesta. Compra de ganado simulando una voluntad de pagar que no existe. Elementos del delito. Valor de la prueba indiciaria referida a la intención de no pagar derivada de la propia dinámica de los hechos y del actuar del acusado. Contratos criminalizados. Presunción de inocencia y valoración de la prueba. Ámbito objetivo del recurso de apelación. Continuidad delictiva y concreción de la pena a imponer. Costas de la acusación particular.
Resumen: La causa se siguió sólo a instancia de la acusación particular, por delito de prevaricación administrativa, un delito de falsedad y un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Alcance de la delimitación fáctica contenida en el auto de acomodación del procedimiento abreviado. Debe garantizar el dercho de la persona inculpada a conocer de qué y por qué, en su caso, puede ser acusado. Evitación de una acusación sorpresiva. Prevaricación. Se atribuye a los acusados una conducta omisiva de paralización de la aprobación definitiva del PERI (Plan Especial de Reforma Interior), por la no publicación del preceptivo informe de impacto ambiental, y la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, como instrumento básico de desarrollo urbanístico municipal, lo que considera la parte acusadora que ha implicado una incautación arbitraria e injusta de su patrimonio. El Tribunal considera que la omisión del trámite de publicación es una ilegalidad pero sin que conste la arbitrariedad, y que se actuara a sabiendas de su injusticia. Imposición de las costas a la acusación particular.
Resumen: Tras celebrar juicio oral la Audiencia dicta sentencia absolutoria. Aun cuando en lo que respecta al modo en que se desarrolló la intervención la Sala otorga plena fiabilidad a la versión de los agentes de la Policía local actuantes, las circunstancias en que tuvo lugar el acceso de los funcionarios a la vivienda que constituía el domicilio de los acusados, en la medida en que no permiten concluir que el consentimiento que estos prestaron lo fuera libremente, en las condiciones de serenidad y libertad necesarias y desprovisto de cualquier presión psicológica, cual se exige jurisprudencialmente, privan de validez a dicho acceso y, correlativamente, a las pruebas que se obtuvieron al entrar. De ahí que no existiendo ninguna otra prueba que incrimine a los acusados, proceda la libre absolución en aplicación del principio de presunción de inocencia. En este caso el presunto delito que pudiera estar cometiéndose en la vivienda no se descubrió antes de la entrada de los agentes. La versión de los funcionarios es que habida cuenta que un acusado se mostraba incapaz de encontrar la documentación del otro con las indicaciones que le daba desde el exterior, les hicieron saber tendría que irse con ellos a las dependencias policiales para su identificación, ante lo cual los acusados plantearon que, como quiera que no permitían que uno entrara solo a la vivienda, accediera acompañado de los agentes. La situación en que se encontraba el acusado privado de libertad vicia el consentimiento.
Resumen: El apelante fue condenado por el Juzgado de lo Penal como autor de un delito de atentado y otro de conducción bajo la influencia de consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. La AP desestima su recurso, que pretendía que la eximente incompleta por alteración mental apreciada en la sentencia en el delito de atentado fuera catalogada como eximente completa. La completa y detallada declaración prestada en fase de instrucción por el condenado no parece compatible con una absoluta alteración de las capacidades psicofísicas, no resultando creíble su afirmación en el plenario de que no recordaba nada de los hechos. No se aprecian paralizaciones en el procedimiento que justifiquen la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: La AP desestima el recurso del condenado por el Juzgado de lo Penal como autor de un delito de atentado agente de autoridad. La prueba de cargo practicada en el plenario fue de un signo claramente incriminatorio, exponiendo razonablemente la sentencia los motivos que la juzgadora tuvo para llegar una convicción condenatoria. Mayúscula inicial en particular, dispuso de los coincidentes testimonio de los agentes policiales y del ciudadano a cuyo requerimiento se personó la policía. No puede degradarse a mera resistencia la conducta del acusado puesto que se trató de algo más que una oposición al cumplimiento de órdenes: el puñetazo propinado a uno de los policías constituye de por sí un acto de acometimiento, al igual que las posteriores amenaza de muerte implican un acto de grave intimidación. Datos estos propios del delito de atentado.
Resumen: La AP estima parcialmente el recurso de la condenada por el Juzgado de lo Penal como autora de un delito de atentado a agente de la autoridad en concurso con un delito básico de lesiones. Se practicó prueba de cargo apta para destruir la interina presunción de inocencia de la recurrente, no incurriendo el juzgado en error valorativo de la prueba. El intenso estado de alteración de la acusada a consecuencia de la ingesta alcohólica justificaba la intervención a prevención del funcionario policial, fuera de servicio en el momento de los hechos y que se identificó correctamente antes de abordar a la apelante. Los puntos de aproximación constituyen tratamiento médico. Fue correctamente apreciada la agravante de reincidencia puesto que el antecedente no era cancelable. Aunque se consignó el importe íntegro de la indemnización, su importe no permite apreciar más que la atenuante simple de reparación del daño. Por el contrario, se estima probado que el estado de embriaguez que presentaba la apelante era de una intensidad tal que permite convertir la atenuante ordinaria en una eximente, si bien sólo incompleta.
