Resumen: El Tribunal dice que los hechos son constitutivos de un delito continuado y que si bien en un principio la Jurisprudencia mostró su reticencia en la aplicación en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de la continuidad delictiva, dado el carácter claramente personal del bien jurídico protegido, posteriormente ha ido evolucionando y considera aplicable el delito continuado contemplado en el artículo 74 del Código Penal "en supuestos de agresiones sexuales realizadas bajo una presión intimidativa en los casos en que se trate de ataques al mismo sujeto pasivo, que se ejecuten en el marco de una relación sexual de cierta duración, mantenida en el tiempo, que obedezca a un dolo único o unidad de propósito, o al aprovechamiento de similares ocasiones por parte del mismo sujeto activo"
Resumen: Confirma parcialmente la sentencia del Juez Penal en que se condena a dos acusados como coautores de dos delitos de defraudación a la Seguridad Social. Acusados como administradores de diversas mercantiles del mismo grupo empresarial que transfieren trabajadores de unas empresas a otras generando así deudas a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones total o parcialmente impagadas, presentando boletines de cotización mensual pero dejando de abonar totalmente cuotas obreras y patronales. Delito de fraude a la Seguridad Social. Elementos realizadores del tipo penal. No se criminaliza el mero impago de las cuotas a la Seguridad Social. El tipo exige una conducta defraudatoria, mendaz, de ocultación de las bases de cotización o de ficción sobre devoluciones o gastos deducibles. Tampoco la mera presentación de los documentos de cotización excluye la defraudación típica. Autoría. El empresario es el obligado al pago de las cuotas devengadas por los trabajadores.
Resumen: Recibida la causa en la AP y antes de constituirse el Jurado toda la parte comunicaron al magistrado presidente que se había alcanzado un acuerdo interesando el dictado de una sentencia de conformidad a no ser la pena superior a los seis años correspondiente al delito de allanamiento de morada. Se celebró una vista en la que el Fiscal modificó su conclusiones con base en tal acuerdo mostrando el acusado y su abogado defensor la completa conformidad con la acusación. Por ello, se dictó sentencia en los términos aceptados por todas las partes.
Resumen: El Juzgado de lo Penal condenó al acusado como autor de un delito de lesiones del artículo 147.1 CP. Apela la sentencia y la AP desestima su recurso. Se descarta el error en la valoración de la prueba denunciado con el recurso. Antes al contrario la sentencia contiene una valoración probatoria respetuosa con el resultado de la practicada en el plenario, en particular la declaración de la agredida y de testigos presenciales, inquiere no se perciben contradicciones sustanciales.
Resumen: DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: accidente laboral al meter el trabajador un pie en el hueco dejado alrededor de una máquina canteadora para evitar atascos, donde anteriormente había una rejilla. Los acusados son propietario y administrador y apoderada respectivamente, e impartían instrucciones a los trabajadores. INCONGRUENCIA: el contenido de la sentencia no tiene que ser copia de los escritos de las acusaciones, pudiendo incluir elementos nuevos siempre que las partes los conocieran y pudieran alegar frente a ellos. El principio acusatorio obliga a respetar las personas, los hechos objeto de acusación y la calificación jurídica con los límites de gravedad y homogeneidad. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA: lo trascendente es la obligación de mantener las medidas de seguridad y la responsabilidad de los acusados en ese campo, no quien ni por qué razones se retiró la rejilla. No hay duda sobre la función directiva de los acusados. Reinterpretar la prueba por la parte no lleva a apreciar el error. ERROR EN LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL: es ineficaz cuando opera al margen del hecho declarado probado, sino que s earticula sobre su modificación conforme a la pretensión de la parte.
Resumen: El acusado fue condenado por el Juzgado de lo Penal como autor un delito de atentado a agentes de la autoridad con empleo de instrumento peligroso. Apela el Fiscal discutiendo la individualización de la pena, y la AP estima el recurso. La pena impuesta (un año, nueve meses y un día de prisión) es incorrecta, puesto que, correspondiendo imponer la pena superior en grado al tratarse de un subtipo agravado y no concurriendo circunstancias, el barco punitivo o si daría entre los tres años y un día y los cuatro años y seis meses de prisión. La Sala impone la pena correspondiente en su mínima extensión
Resumen: Para apreciar la prescripción de manera anticipada no debe existir duda alguna sobre la concurrencia de sus presupuestos. Por ello, lo que exige un canon reforzado de motivación no es la decisión que en una fase inicial del procedimiento rechaza la aplicación de la prescripción, sino la contraria. Estando al inicio del procedimiento, en fase de investigación, en un asunto complejo, sin haberse dictado auto de procesamiento, resulta prematuro declarar la prescripción, que equivaldría a un sobreseimiento libre, decisión que corresponde a la Sección encargada del enjuiciamiento. Si no ha prescrito el delito en el momento en que tiene lugar la ampliación del plazo de prescripción, su aplicación retroactiva podría no suponer vulneración alguna del principio de irretroactividad desfavorable, aunque caben interpretaciones contrarias. .
Resumen: La falsedad documental que se comete por faltar a la verdad en la narración de los hechos solo cabe predicarla de aquellos enunciados que constituyen asertos o negaciones de hechos, siendo verdaderos cuando lo dicho y lo existente en la realidad coinciden, y falsos en caso contrario. También puede consistir en la omisión de determinados hechos siempre que lo que se omite, de haberse expresado, supondría una versión distinta de la situación respecto de la que el texto expreso sugiere por sí solo. La mendacidad, o inadecuación a la realidad, ha de considerarse desde una perspectiva objetiva y no desde la percepción del sujeto activo, sin perjuicio de que el error de éste tenga su traducción en lo que concierne al elemento subjetivo del tipo. El principio de intervención mínima del Derecho Penal, sin mayor concreción de la posible concurrencia o no de indicios, no ampara la resolución de inadmisión a trámite de la querella que, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solo puede hacerse por dos cuestiones: falta de competencia, o inexistencia de delito.
Resumen: La AP desestima el recurso de la acusada contra la sentencia del Juzgado de Instrucción que la condenó como autora de un delito leve de lesiones. Nada argumenta en el recurso la acusada que no hubiera alegado en el plenario, del que resultó probado su agresión a la perjudicada cuando ambas se hallaba en un establecimiento comercial causándole lesiones para cuya curación bat una primera asistencia.
Resumen: El Juzgado de lo Penal absolvió al acusado del delito de atentado por el que fue acusado por el Fiscal, que apela la sentencia. La AP estima el recurso y condena al acusado como autor de un delito de resistencia. Respetando el relato fáctico de la sentencia la Sala considera que los hechos allí reflejados sí constituyen un delito de resistencia pasiva grave a diferencia de lo mantenido en la sentencia. Aunque no llegó a acometer a los agentes, por lo que nos es apreciable el atentado, el apelado mantuvo una actitud de resistencia pasiva sin deponer su actitud que se estima grave puesto que llegó a esgrimir dos cuchillos dirigiéndose a los agentes así como a forcejear con ellos cuando iba a ser detenido. Comportamiento este que no puede ser considerado como delito leve. Que desistiera de acometer con los cuchillos a los agente no impide calificar los hechos cometidos como delito de resistencia.
