Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) infracción del art. 24.2 CE (tutela judicial efectiva); b) infracción del art. 24.2 CE, en relación con la LO 3/2007; y c) infracción del art. 25.1 CE, en relación con el art. 8.5 LO 12/2007. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del principio de legalidad, en su complemento de tipicidad (art. 25.1 CE) y jurisprudencia que lo desarrolla; b) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y del principio in dubio pro reo; y c) infracción de los arts. 19 LORDGC y 29 Ley 40/2015, sobre el principio de proporcionalidad. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La Administración impuso sanción en su modalidad de falta de respeto a la superioridad, excluyendo expresamente, por falta de prueba, la desobediencia grave. Sin embargo, sin práctica de prueba en vía jurisdiccional, el tribunal de instancia declaró probado un episodio de desobediencia protagonizado por el recurrente -que desatendió la orden recibida en cuanto a la vigilancia exterior de un complejo penitenciario en un determinado tramo horario-, sin ofrecer razón alguna de por qué se apartó de los términos del reproche disciplinario. No obstante, ninguna de las partes se refiere a este extremo, aviniéndose el recurrente a reconocer el incumplimiento de la orden, aunque solicita subsidiariamente su recalificación como infracción leve. Para el análisis de la alegada vulneración del principio de legalidad sancionadora, en el caso deben integrarse los hechos probados con otros acreditados en el expediente -declarados ante el instructor- y omitidos por el tribunal de instancia, integración admisible al amparo del art. 93 LJCA y de la que se deduce la menor gravedad de aquellos, pues el recurrente cumplió en los primeros tramos horarios y solo se retrasó en el último. Cabe la recalificación de los hechos como infracción leve del art. 9.3 LORDGC, habida cuenta de su homogeneidad con la insubordinación por desobediencia, la coincidencia de bien jurídico protegido y la ausencia de indefensión -pues se concede lo solicitado por el recurrente-, lo que permite rebajar la sanción.
Resumen: En el recurso de casación contencioso-administrativo no cabe plantear cuestiones fácticas, sino únicamente jurídicas, a salvo de lo dispuesto en el art. 93.3 LJCA, no aplicable al caso. Tampoco cabe en él una revaloración de la prueba, función propia del tribunal de enjuiciamiento. No obstante, en el caso medió prueba de cargo -parte disciplinario debidamente ratificado y corroborado por testifical y documental- válidamente obtenida y practicada, así como razonablemente apreciada, de la que se desprende que los mensajes recibidos en el correo electrónico corporativo del puesto del que era comandante el recurrente no llegaron a abrirse ni, en consecuencia, a ser atendidos. No resulta aplicable el principio in dubio pro reo, pues el tribunal de instancia no muestra duda alguna sobre cómo ocurrieron los hechos. La negligencia profesional es una falta de mera actividad y de riesgo, que se perfecciona con la realización de la conducta desprovista de los deberes de cuidado, atención y diligencia exigibles, sin necesidad de que la conducta ocasione resultado lesivo o dañoso, lo que sí puede ser valorado para graduar la responsabilidad disciplinaria. Asimismo, es un tipo disciplinario en blanco. En el caso, se cumplen los requisitos para apreciar la tipicidad de la conducta: se concreta el deber incumplido; el recurrente pudo actuar de modo distinto; y se identifica la norma infringida, concretamente, las Órdenes Generales 9/2012 y 14/2001.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del principio de legalidad sancionadora y su complemento de tipicidad (art. 25.1 CE) y jurisprudencia que lo desarrolla: b) vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y del principio in dubio pro reo y jurisprudencia que los desarrolla. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pueda extenderse a otras cuestiones que exija el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Los motivos invocados en el recurso, con clara desviación del objeto de la casación, constituyen mera repetición de las pretensiones articuladas en la instancia. El acuerdo de la autoridad sancionadora de devolver el expediente al instructor para que formule otra propuesta de resolución con diferente calificación no vulnera el derecho de defensa -si no se alteran los hechos imputados y se da traslado al expedientado para alegaciones- ni constituye juicio anticipado de culpabilidad que comprometa la imparcialidad y objetividad de aquella. No concurre la incongruencia omisiva denunciada, pues cuando la autoridad disciplinaria aprecia que las expresiones emitidas fueron constitutivas de grave desconsideración con el superior es porque estima que sobrepasaron los límites de la libertad de expresión, amén de que la sentencia recurrida dio concreta respuesta a la pretensión al afirmar que no vulnera el derecho a la libertad de expresión que se exija a un militar que para dirigirse a sus superiores exponga en forma respetuosa las objeciones que legítimamente pueda hacer a sus órdenes o requerimientos. La conducta del recurrente -que puso en cuestión por escrito la oportunidad y utilidad de los servicios ordenados por su superior, anunciándole abiertamente que no se acomodaría a lo ordenado- está adecuadamente subsumida en el tipo apreciado, que no solo acoge los malos modos, sino la inobservancia de la consideración debida al superior, con manifiesto desconocimiento de la disciplina
Resumen: El acuerdo del instructor del expediente disciplinario no vulneró el derecho de defensa, ya que motivó razonadamente el rechazo de las pruebas propuestas por el recurrente, amparándose en que los testigos propuestos no estuvieron presentes en el lugar de los hechos y en que el documento aportado no guardaba relación con el objeto de la investigación, centrado en si el incidente que dio origen a la apertura del expediente tuvo o no relación con el desempeño por parte del recurrente de sus funciones como guardia civil, o con ocasión de ellas, o sobre si su identificación como guardia civil pudo suponer o no un acto excesivo o impropio. Tampoco resultó vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la prueba de cargo regularmente practicada en el expediente -declaración del denunciante, corroborada por otras declaraciones- conducen al relato de hechos reflejado en la sentencia recurrida.
Resumen: En el escrito de preparación, la parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: 1) el art. 24.2 CE, en materia de motivación, congruencia, claridad y precisión; 2) el art. 24.2 CE, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia; 3) el art. 24.2 CE, por denegación inmotivada de medios de prueba en la instrucción del expediente disciplinario, decisiva en términos de su derecho a la defensa; y 4) el art. 25.1 CE y el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, por indebida aplicación del art. 8.6 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pueda extenderse a otras cuestiones que exija el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del derecho al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por infracción de los arts. 39.4, 52.3 y 56.1 LORDGC; y b) vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pueda extenderse a otras cuestiones que exija el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: (1) vulneración del art. 16 CE (derecho fundamental a la libertad religiosa); (2) vulneración del art. 20 CE (derecho fundamental a la libertad de expresión); y (3) vulneración del art. 25 CE (principio de legalidad en su vertiente de tipicidad). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, ello sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pueda extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
