Resumen: El actor que es titular de una beca para realizar practicas extracurriculares acciona por despido frente a la Resolución de la Universidad de dar por suspendida la formación que venían recibiendo. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda e interpuesto recurso de Suplicación por el demandante es estimado. La Sala analiza los requisitos que deben de concurrir para que se pueda entender que la prestación es de becario. Asi se señala que la clave para distinguir entre beca y contrato de trabajo , la finalidad perseguida por aquella es facilitar el estudio y la formación del becario y no la apropiación de los frutos del trabajo, sino que es una ayuda económica para hacer posible la formación del becario adecuada al titulo académico que ostenta. Por lo que las labores que se le encomienden deben de ser en relación con su formación de la que es titular. Concluye la Sala que la prestación de servicios debe de calificarse de laboral y su cese despido improcedente.
Resumen: La sentencia recurrida desestima la demanda sobre acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales presentada por la trabajado que consideraba venía siendo acosada por su empleadora. Se interpone recurso de Suplicación por la trabajadora que se desestima. En primer lugar la Sala desestima el motivo destinado a la revisión de hechos probados y entrando a conocer sobre los motivos de denuncia jurídica se desestiman. Se analiza por la Sala los requisitos que deben de concurrir para apreciar la existencia de acoso laboral. Entiende la Sala que en el presente supuesto no queda acreditado que la actora hubiera sido victima de acoso laboral. Y que la demandante no ha aportado indicio alguno de la vulneración del derechos fundamental alegado como infringido para que opere la inversión de la carga de la prueba
Resumen: No cabe aducir como causa de despido aquélla que deriva de la pandemia y es esencialmente temporal, en cuyo caso el empresario debe proceder a las suspensiones o /reducciones de jornada de carácter temporal. Sin embargo, aunque las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción estén relacionadas con el COVID -19, si se acredita que son objetivamente definitivas y que han adquirido una sustantividad propia incompatible con la temporalidad propia de los ERTE, en tal caso la empresa sí que podrá acordar el despido colectivo (u objetivo). El artículo 2 del RD-Ley 9/2020 no es de aplicación si la causa que sustenta la decisión del despido colectivo no tiene por causa directa la pérdida de actividad por consecuencia del COVID - 19.
Resumen: El actor presta servicios desde el 2-1-98. Al tiempo de interponer la papeleta de conciliación (4-2-20) se le adeudaban las nóminas de enero y febrero, que ya han sido abonadas, percibiendo en 2018 y 2019, el salario en dos mitades dentro del mes o de los dos siguientes al devengo, salvo agosto de 2018 y noviembre de 2019 cuyo segundo plazo se satisfizo en noviembre y febrero. El trabajador dimitió el 109-20, habiendo aceptado los trabajadores tras reuniones con el comité después ratificadas el pago fraccionado de las nóminas ante las dificultades económicas de la empresa. Falta de contracción por ser los retrasos en la sentencia de contraste superiores y diversos.
Resumen: Hay sucesión de empresa cuando concluida su vigencia, el uso y gestión del establecimiento y su equipamiento revirtieron en la demandada, que asumió, de este modo, la actividad que había contratado y, consiguientemente, la explotación del centro y su consiguiente clientela, lo cual supone un cambio de titularidad que habilita la subrogación en las relaciones laborales existentes, habida cuenta que tal concepto integra cualquier tipo de transmisión, siendo irrelevante la forma o título en virtud del cual se produce. Y ello aunque no haya puesto en funcionamiento el negocio, ya que lo decisivo, para que exista subrogación, no puede estar en que el titular continúe el servicio o actividad objeto de concesión administrativa, cosa que puede depender únicamente de su voluntad, sino en que tenga la posibilidad de hacerlo.
Resumen: Hay sucesión de empresa cuando concluida su vigencia, el uso y gestión del establecimiento y su equipamiento revirtieron en la demandada, que asumió, de este modo, la actividad que había contratado y, consiguientemente, la explotación del centro y su consiguiente clientela, lo cual supone un cambio de titularidad que habilita la subrogación en las relaciones laborales existentes, habida cuenta que tal concepto integra cualquier tipo de transmisión, siendo irrelevante la forma o título en virtud del cual se produce. Y ello aunque no haya puesto en funcionamiento el negocio, ya que lo decisivo, para que exista subrogación, no puede estar en que el titular continúe el servicio o actividad objeto de concesión administrativa, cosa que puede depender únicamente de su voluntad, sino en que tenga la posibilidad de hacerlo.
Resumen: La empresa solicitó ERTE por fuerza mayor el 17-3-20 y notificó a los trabajadores su tramitación. La AL solicitó informe a la ITSS el 23 de marzo, se recepcionó el 16 abril y dictó resolución el 19. El JS desestimó el recurso frente a la resolución de la CM, que no compareció, sin apreciar silencio positivo y considerando que la actividad no está incluida en el RD de alarma. El TSJ estimó el recurso de la empresa y la Sala IV remitiéndose al contenido del art. 3 RD 1483/12, repasa el contenido de la Ley 39/15, RD del estado de alarma y el RDL 8/20, entiende que la AL debía dictar la resolución en el plazo de cinco días que no queda automáticamente suspendido, por la petición de informe a la ITSS. Por ello, desestima el recurso interpuesto por la DGT.
Resumen: DESPIDO COLECTIVO:la Sala de lo Social del TSJ Galicia desestimó la demanda interpuesta contra la decisión de la empresa de despido colectivo por concurrir las causas objetivas alegadas en la carta (productivas y organizativas). Recurre en casación ordinaria el sindicato Confederación Intersindical Galega, que solicita la revisión de los hechos, y alega fraude de ley por diversas causas. La Sala de casación dicta sentencia de pleno por la que inadmite el recurso por ausencia de razonamiento y fundamentación de la infracción normativa alegada con relación al objeto concreto de debate.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si la cobertura mediante un concurso de traslado de la plaza que estaba ocupando un trabajador que era indefinido no fijo provoca que la extinción de esta relación laboral sea constitutiva de despido. La sentencia con remisión a la STS, Sala de lo social, 01/07/2022 (rec. 429/2019), considera que la extinción del contrato de trabajo indefinido no fijo cuando se produce la cobertura de la plaza mediante cualquiera de los procedimientos reglamentarios legalmente previstos al efecto es ajustada a derecho, sin perjuicio del reconocimiento en ese caso de una indemnización de 20 días por año de servicio, y a expensas de que no concurran circunstancias anómalas que pudieren considerarse como fraude de ley, o abuso de derecho por parte de la empleadora. No se puede admitir que las plazas que estén ocupando personal indefinido no fijo no puedan ser ofertadas internamente entre los trabajadores. Aunque, cuestión distinta, si bien no es la que se suscita, es que la parte actora pudiera cuestionar su no participación en el concurso de traslado en el que se convocó la plaza que ocupaba, con base en normas legales o colectivas y doctrina jurisprudencial que pudiera tomarse en consideración.
Resumen: Se impugna en la demanda rectora de las actuaciones el expediente de regulación temporal de empleo tramitado en Ilunion Seguridad SA en el que el periodo de consultas finalizó con acuerdo. Tal pretensión fue desestimada en la instancia. Formula recurso de casación común el sindicato CSIF. La sala IV, tras rechazar la inadmisibilidad del mismo por falta de fundamentación de los motivos planteados y reiterar la doctrina relativa a la imposibilidad de plantear cuestiones nuevas en fase de recurso, aborda el primer motivo relativo a la insuficiente aportación por la empresa de la documentación e información preceptiva en el periodo de consultas. Con remisión a la doctrina reiterada, se tiene en cuenta que tal periodo finalizó con acuerdo en el que la parte social negociadora consideró suficiente tal documentación, sin que pueda apreciarse abuso de derecho por parte de la empresa. Se desestima el segundo motivo, en el que se denuncia que la medida impugnada no constituye una MSCT, porque la parte recurrente no cuestiona la concurrencia de causa justificativa del ERTE, además de que, al haberse alcanzado acuerdo por los negociadores, se presume tal concurrencia. Se desestima el recurso.
