Resumen: Se cuestiona si un pacto de no competencia postcontractual debe desplegar sus efectos o no. La sentencia recurrida confirmó la sentencia de instancia, que había condenado a la empresa demandada a abonar al actor una cantidad en concepto de compensación por un pacto de no competencia postcontractual. En el recurso se invocan dos sentencias de contraste, pero un motivo de infracción legal, omitiendo respecto de la segunda sentencia referencial cualquier fundamentación de infracción legal, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos formales del recurso que impide entrar en su examen. Tampoco concurre el requisito de contradicción respecto de la segunda sentencia, porque en la recurrida, se pactó en la conciliación que la empresa abonaría a este trabajador una concreta cantidad en concepto de indemnización y otra en concepto de comisión más la liquidación que se realizaría más tarde y en la de contraste consta un pacto por el que el trabajador declara expresamente no tener nada más que pedir, ni reclamar, dando por extinguida, saldada y finiquitada a su entera satisfacción la relación laboral. Respecto de la primera sentencia de contraste con la recurrida, los pactos contractuales analizados son diversos. En la sentencia recurrida, el pacto permite a la empresa optar por exigir al trabajador que se abstenga de competir y en la referencial sucede lo contrario: como regla general sí que se aplica el pacto de no competencia pero la empresa puede optar por renunciar a él.
Resumen: AYUNTAMIENTO COLLADO VILLALBA. Despido. Impugnación individual de despido colectivo. Autorización administrativa de ERE anterior a la entrada en vigor del RD-Ley 3/2012. Inadecuación de procedimiento: Debió tramitarse por la vía de impugnación de actos administrativos (art. 151 LRJS). Nulidad de actuaciones y retroacción de las mismas al momento de admisión de la demanda. Acoge de oficio la inadecuación de procedimiento de despido, y desestima la demanda rectora de autos. Se suscitan tres cuestiones en torno a la impugnación individual de un despido colectivo y a la inadecuación de procedimiento declarada por la sentencia impugnada: la primer referida al incumplimiento de los requisitos formales de la carta de despido; la segunda en relación con las consecuencias de la declaración de esa inadecuación de procedimiento y la tercera por incongruencia omisiva. Por lo tanto, versa sobre el incumplimiento de los requisitos formales de la comunicación extintiva, sobre la incongruencia omisiva y sobre la falta de determinación de las consecuencias de la declaración de inadecuación de procedimiento. Se estima parcialmente el RCUD y se ordena la devolución de los autos al Juzgado y reponer las actuaciones al momento de presentación de la demanda, para que se de a la misma la tramitación procesal correspondiente a través del proceso de impugnación de actos administrativos
Resumen: El trabajador, conductor desde 2016 fue despedido el 25/01/17. La empleadora realiza para otra empresa transporte de mercancías mediante contrato de arrendamiento para el transporte de mercancías de sus clientes de determinadas zonas. El JS estimó en parte la demanda considerando la contrata como de propia actividad, declarando la improcedencia del despido y el abono de salarios impagados. El TSJ desestimó los recursos del actor y de la comitente que recurre en cud. La Sala IV analiza si la colaboración entre las empresas concierne a la propia actividad, y teniendo en cuenta el tipo de actividad de la auxiliar en beneficio de la principal, resuelve que el hecho de existir un contrato de transporte amparado en la Ley de ordenación de transporte terrestre no descarta el supuesto del art. 42 ET. La principal realiza actividad de intermediación con autorización administrativa, recepciona y distribuye mercancías y es operadora de transporte (art. 119 LOTT), lo que implica o realizarla por sí misma o acudir a empresas, por lo que considera que realiza labores inherentes al transporte, la actividad pertenece al círculo productivo de la comitente y debe aplicarse la responsabilidad solidaria del art. 42.2 ET respecto de las deudas de la contratista con los trabajadores adscritos a la contrata durante su realización. Desestima el recurso y confirma la recurrida.
Resumen: En el ámbito de un procedimiento por despido se discute cuál debe ser el convenio aplicable a la extinta relación laboral, si el Convenio Colectivo de Logística, Paquetería y Actividades anexas al transporte de la CAM (BOCM 24-3-18) --tesis del actor--, o el Convenio de Empresas de Mensajería (BOE 12-12-06), --tesis de las empresas demandadas--, habiendo optado la Sala de suplicación por el convenio interesado por la parte demandante, y en consecuencia calcular la indemnización de su despido con arreglo al mismo. Ante el TS las demandadas se alzaron en casación unificadora planteando un inicial motivo en relación con la inaplicación del citado convenio al faltar la autorización administrativa para actuar como empresa del ramo. Pero, la sentencia anotada no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción. Así, la recurrida aplica el Convenio de Logística, porque da como probado que no ha acreditado su dedicación a la mensajería y, sobre todo, que se desarrolla una actividad claramente subsumible en tal convenio colectivo. La sentencia de contraste no parte de esas premisas, sino tan solo de que se lleva a cabo una actividad sin estar en posesión de las licencias específicas para reparto de mercancías o mensajería. Tampoco la contradicción se declara existente en lo atañe al segundo motivo de contradicción, en el que incurre además la falta de contenido casacional al pretender las recurrentes revisar los hechos probados.
Resumen: La trabajadora fue despedida el 15/02/12 en el marco de un ERE anterior a la reforma de 2012. La instancia estimó su demanda de despido frente al Ayuntamiento, calificándolo como nulo al disfrutar de reducción de jornada por cuidado de familiar. El TSJ apreció la excepción de inadecuación de procedimiento, al deber aplicarse el art. 151 LRJS para al identificarse nominativamente al despedido y no el art. 124. La Sala IV entiende que el procedimiento debe tramitarse como impugnación de actos administrativos en todos los aspectos resueltos en la resolución administrativa conforme al art. 151.9c) LJRS siendo posible la anulación total o parcial del acto administrativo y sin resultar procedente resolver sobre los requisitos formales. Respecto de la incongruencia omisiva no estima que exista contradicción con la referencial porque en ella hubo omisión total de respuesta y en la recurrida sí se dio respuesta sobre los requisitos formales. Sobre las consecuencias de la inadecuación de procedimiento formulada como petición subsidiaria, acoge el principio pro actione, salva la continuidad del procedimiento por el cauce adecuado y retrotrae las actuaciones a la presentación de la demanda por el proceso de impugnación de actos administrativos.
Resumen: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO:(BBVA). La obligación asumida por parte de la empresa de abonar al trabajador unas concretas y periódicas cantidades durante el tiempo en que su contrato esté suspendido y como límite los 65 años, se extingue desde el momento en que el trabajador accede a la jubilación anticipada y comienza a percibir la pensión de jubilación. Reitera doctrina (STS 9 de marzo de 2022 (rec.1654/2020).
Resumen: Se suscita en la sentencia anotada si procede declarar extinguido el contrato de trabajo por incumplimiento empresarial consistente en la falta de pago o retraso continuado en el abono de salarios ex art. 50 ET. La sala IV desestima el recurso por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. En concreto, son dispares los hechos relativos al incumplimiento empresarial. En particular, son distintos los periodos durante los cuales se produjo el incumplimiento empresarial. Además, en el caso de autos el actor no percibió retribución alguna durante el periodo tenido en cuenta, mientras que tal dato no consta en el de contraste.
Resumen: Se plantean por el sindicato UGT en el recurso de casación unificadora dos materias. La primera, se refiere a la caducidad de la acción individual de impugnación de despido derivado de uno colectivo, que fue declarado ajustado a derecho tanto en la instancia como por la Sala IV del TS. La segundo, se refiere a la imposición de la condena en costas por la sentencia de suplicación al sindicato que compareció como recurrido. En cuanto a la caducidad de la acción, la sentencia comentada considera que no concurre la necesaria contradicción entre sentencias, pues mientras que en la recurrida la trabajadora planteó dos demandas por despido, la segunda tras dictarse sentencia firme en el proceso de impugnación del despido colectivo; dato inédito en la sentencia de contraste, en la que el actor no impugnó el despido hasta la resolución definitiva del proceso colectivo. En cuanto a la indebida imposición de costas en suplicación al sindicato, se aprecia la necesaria contradicción entre sentencias y se declara que, independientemente de que el Sindicato comparece como empleador en el proceso, en la fase de suplicación asumió la posición de parte recurrida y, conforme a lo recogido en el art. 235.1 de la LRJS sólo procede la imposición de costas a la parte recurrente cuya pretensión fue rechazada, pero nunca a la parte recurrida. Se estima el segundo motivo de recurso, revocando la condena a la imposición de costas al sindicato UGT.
Resumen: La sentencia comentada declara la competencia de los jueces y tribunales españoles para conocer de la impugnación de un despido por un ciudadano español contratado en España, que presta servicio en la Embajada de Turquía en España como administrativo, de acuerdo con la normativa y la doctrina que indica, y en particular, la LOPJ arts. 21 y 25, LO 16/2015, de 27-10 sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, y la STJUE 19/07/2012 (asunto C-154/11), cuya aplicación permite concluir que no es aplicable al caso la inmunidad de jurisdicción, pues el demandante realizaba funciones meramente de administración en la Embajada de Turquía en Madrid, sin que conste que el trabajo tuviera carácter confidencial y, menos aún, que afectara a la seguridad de Turquía y de su Embajada en España, correspondiéndole a esta última la carga de probar en el proceso dichas circunstancias. No se acredita que el proceso menoscabe intereses de seguridad del país extranjero. Aplica doctrina TJUE 19/07/2012 (C-154/11), y entre otras, SSTS/IV de 14/02/2020 (rcud. 82/2017) y 29/04/2021 (rcud. 2495/2019). Reitera STS 31/5/2022, rcud. 1450/2020, misma embajada y sentencia de contraste. Condena en Costas (1500€).
Resumen: Aunque la descentralización productiva es licita, solo si se demuestra que la utilización de la contrata es un medio hábil para asegurar la viabilidad de la empresa o su competitividad puede jugar como causa legitimadora de la decisión extintiva. La contratación de trabajadores temporales para cubrir tareas en un centro de trabajo o unidad productiva distinto a aquel en que estaba adscrito el trabajador despedido no afecta a la legalidad del despido objetivo ni significa que se desvirtúen las causas productivas u organizativas.
