Resumen: La sentencia comentada reitera la doctrina sobre la consideración de indefinido no fijo del contrato de interinidad por vacante de más de tres años de duración (Ayto Burgos), por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato, aun cuando cumpla los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998. Aplicación Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70/ CE. Incidencia STJUE de 3 de junio de 2021, C-726/19. Aplica STS, Sala de lo Social, Pleno, 28/06/2021, R. 3263/2019. Su extinción es conforme a derecho por cobertura de la plaza. Procede el pago de la indemnización de 20 días por año de servicio, de acuerdo con la STS, Sala de lo Social,28/03/2017 R.1664/2015. Precedentes similares; STS 09 de marzo de 2022 R.4178/2020 y STS 10 de mayo de 2022 R. 3953/2020
Resumen: Confirma la Sala Cuarta la sentencia recurrida que reconoció el derecho de la trabajadora a la indemnización de 20 días de salario por año de servicio por su cese tras la cobertura reglamentaria de la vacante que ocupaba, cuya duración excedía de los tres años (22-11-2010/15-3-2015). La trabajadora, como consecuencia de la duración del contrato, era indefinida no fija, de acuerdo con la doctrina del Pleno de la Sala de 28 de junio de 2021, rec.3263/2019 en relación con las SSTJUE de 21 de noviembre de 2018, C-619/17(Diego Porras II) y de 3 de junio de 2021, C-725/19, que interpretan el Anexo a la Directiva 1999/70/ CE y que esta sentencia acoge y reitera, pues la Administración durante el período de duración del contrato no procedió a ofertar la plaza para personal de nuevo ingreso sino solo en concursos de traslado entre el personal fijo. Por lo demás, reitera igualmente la adecuación del procedimiento ordinario para reclamar la indemnización, al no cuestionarse el importe de la misma ni los parámetros para fijarlo, sino únicamente si esta procede o no, sin que sea exigible el que la parte tenga que seguir la modalidad procesal de despido.
Resumen: La Sala Cuarta resuelve, de acuerdo con precedentes pronunciamientos suscitados por recursos de la misma empresa frente a las sentencias que declaran la existencia de sucesión entre las empresas contratistas, la nulidad del despido y la existencia de un fraude de ley, que, a pesar de concurrir la contradicción con la sentencia de contraste, el recurso debe ser desestimado por los defectos en los que incurre. Así, recoge los fundamentos de las SSTS, Sala de lo Social, 13-7-2020 (rec. 3552/2017) y 10-9-2020 (rec. 1684/2018) y entiende que concurre ausencia de fundamentación jurídica e incumplimiento de lo mandado por el art. 224.1.b y 2 LRJS, porque la censura jurídica se construye únicamente reproduciendo el voto particular de una sentencia y otra sentencia de la propia sala, y, además, no expresa separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción y por el orden señalado en el artículo 207 LRJS.
Resumen: La controversia litigiosa suscitada en la sentencia anotada radica en determinar si tiene derecho a vacaciones una trabajadora despedida en relación con el periodo de tiempo transcurrido desde la fecha del despido hasta la de su readmisión. La actora fue despedida con efectos del 6-9-2017. El despido se declaró nulo. Fue readmitida el día 9-5-2018. La empresa le abonó los salarios de tramitación. La trabajadora reclama 20 días de vacaciones devengados desde la fecha del despido hasta la de la readmisión, pretensión estimada por la sentencia recurrida en casación para la unificación de doctrina. La Sala Cuarta comparte tal parecer en aplicación del criterio sentado en anteriores resoluciones y a la luz de la doctrina del TJUE, razona que la extinción del contrato fue por causa ajena a la voluntad de la actora y que la sustanciación del proceso de despido hasta la readmisión ha de ser considerado como tiempo de trabajo, lo que determina que también tiene derecho al periodo de disfrute de vacaciones no disfrutadas como consecuencia del cese ilícitamente decidido por la empresa. Se desestima el recurso formulado por la mercantil demandada.
Resumen: Recurre el trabajador la sentencia de instancia que había declarado su despido disciplinario improcedente al no haberse probado por la empresa los hechos que se le imputaban en la carta de despido. Solicita el actor que se declare el despido nulo por vulneración del derecho a la garantía de indemnidad, y ello porque entiende que su despido trae causa en haber aceptado la reducción de jornada impuesta por la empresa. Considera la Sala que por la empresa no se han probado ninguno de los hechos imputados al trabajador en la carta de despido. Y por el trabajador se habrían aportado indicios para que opere la inversión en la carga de la prueba. Entendiendo la Sala que el despido del actor es una represalia por no aceptar la reducción de jornada impuesta por la empresa
Resumen: Incongruencia. No existe, la JS rechaza -acertadamente o no- la indemnización de daños y perjuicios porque no se alegan las bases y elementos clave de la postulada. Indemnización de daños y perjuicios por vulnerar la libertad sindical. La Sala afirma que de acuerdo con el TC y el TS la indemnización no es automática, pero se avala el criterio de utilizar el importe de las sanciones pecuniarias previstas en la LISOS para el cálculo de la indemnización y se deben valorar las circunstancias concurrentes en cada caso e indica que en la demanda se fijan las bases de la indemnización, se identifican los actos constitutivos de la lesión, la forma en que se vulnera, la gravedad de la conducta y las consecuencias que generó para su imagen y dignidad como candidato y para su cuantificación se sirvió de un criterio ya reseñado -sanciones LISOS- y finalmente, para fijar para fijar el importe de la indemnización parte: del art. 8.12 LISOS que califica la conducta como falta muy grave y el art. 39 LISOS que contempla tres grados -mínimo, medio y máximo-; que se imputó dos vulneraciones de derechos fundamentales y solo prosperó una y se imputaban infracciones ajenas a la lesión de derechos fundamentales; la ilícita reacción al ejercicio legítimo del actor de presentarse a las elecciones y; la dimensión de plantilla -7 empleados- y concluye que no procede el importe para las faltas muy graves en su grado máximo, resultando más proporcionado las del grado mínimo, y la fija en 13.756 euros
Resumen: Por AJS de 18.03.21 -confirma el de 9.12.20- se declaró la readmisión irregular y se ordena reponer al actor como conductor de VTC. Nulidad del AJS por al alterar el contenido de la SJS. La verificación del vehículo es necesaria y más al declarar SJS nulo el despido por lesionar libertad sindical. La SJS recoge que el actor trabajaba como conductor, sin aludir en el relato fáctico ni en los fundamentos jurídicos si se trataba de un VTC o un auto-taxi y como la empresa explota varias licencias de taxi y de VTC, es irrelevante que en el contrato se indicara que se aplicaba el convenio del sector de auto-taxi, que pudo obedecer a la falta de convenio para los otros vehículos y además para conducir un taxi en la CAM es precisa habilitación de la que el actor carecía antes de su despido, siendo preciso esclarecer en la ejecución el tipo de vehículo venía conduciendo el actor y poder determinar si la readmisión fue irregular -tutela judicial-. Condiciones de la readmisión. No hay datos fácticos que apoyen que el vehículo conducido antes del cese fuera un taxi y la empresa en lugar de reintegrar al actor en su puesto de conductor VTC, le exigió, como requisito previo a su readmisión, la habilitación para conducir un auto-taxi para asignarle un vehículo de esa clase, y concluye que la actuación es ilícita, al pretender obstaculizar injustificadamente la ejecución de la SJS y alterar las condiciones previas al despido, sin probar tampoco que no tuviera un puesto de conductor VHC.
Resumen: La sentencia recurrida declara el despido disciplinario improcedente. La trabajadora había solicitado una reducción de jornada por cuidado de hijo . La Sala de lo Social estima el recurso de la demandante y declara el despido nulo. Entiende la Sala que a actora ha aportado indicios suficientes para que opere la inversión en la carga de la prueba , de que su despido disciplinario, cuya causa no ha sido probada, ha sido una reacción a la pretensión de la trabajadora de solicitar una reducción de jornada por cuidado de hijo. Asi razona la Sala que la empresa tenía conocimiento , lo había comunicado a la Dirección de Recursos Humanos , además existiría una conexión temporal pues el despido de la trabajadora se produce al poco tiempo de su comunicar su intención de solicitar una reducción de jornada por cuidado de hijo . Entiende la Sala que al haberse vulnerado el derecho fundamental a no sufrir discriminación por razón de sexo procede una indemnización por daños morales que cuantifica en 25.000€ .
Resumen: La alteración del orden de intervención de las partes en las alegaciones prueba y conclusiones ordenada por el art. 105 LRJS es norma imperativa, pero su inobservancia únicamente produce la nulidad de actuaciones en el caso de que haya producido indefensión a la parte que la invoca. La jurisprudencia, en supuestos en que no exista convenio colectivo aplicable a la relación laboral, o este no contenga previsión en relación con el número de faltas de asistencia que pueden justificar un despido disciplinario, viene exigiendo un mínimo de tres.
Resumen: Aunque el ET no incluye entre las causas de despido disciplinario la infracción del deber de no competencia desleal, tiene cabida bajo el concepto de transgresión de la buena fe contractual, pues si un trabajador incurre en competencia desleal, incumple el deber básico relativo a la buena fe. Entre las actividades concurrentes que pueden determinar la competencia desleal se encuentran la de fundar o constituir sociedad competitivas, sin que sea necesario incluso que se haya materializado la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva empresa. En todo caso, es necesario que se trate de actividades que se desarrollen dentro del mismo plano en que efectúa las suyas la empresa principal, por incidir sobre un mismo mercado y sobre un mismo círculo potencial de clientes.
