Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda del trabajador declarando que la extinción de la relación laboral acordada por la empresa es ajustada a derecho, al haberse producido la finalización de la obra para la que el actor fue contratado. Interpone recuso de Suplicación el trabajador alegando en primer lugar que el despido debe de ser declarado nulo por discriminatorio, pues cuando se acordó la extinción de la relación laboral se encontraba de baja , subsidiariamente solicita la declaración de improcedencia. Ambas pretensiones son desestimadas . En cuanto a la primera de la pretensiones la desestima la Sala argumentando que no se puede equiparar enfermedad a discapacidad y que en todo caso tampoco se habría probado que es una enfermedad de larga duración. En segundo lugar se argumenta por la Sala que el contrato para obra o servicio determinado suscrito por las partes es ajustado a derecho porque responde a una causa, lo que se determina expresamente en el contrato suscrito y a la finalización de la obra se le comunicación la extinción de la relación laboral.
Resumen: no basta con la mera existencia de la transgresión o del abuso para declarar la procedencia del despido, sino que, como en los demás supuestos de incumplimientos contractuales, es igualmente necesario que pueda calificarse como un "incumplimiento grave y culpable del trabajador", por lo que, como regla, pueden ponderarse las circunstancias concurrentes para agravar o para atenuar la conducta del trabajador, las que tendrán mayor o menor incidencia en la referida calificación atendida la gravedad objetiva de la conducta constitutiva del incumplimiento.
Resumen: La trabajadora demandante que se encontraba con reducción de jornada por cuidado de hijo menor y embarazada impugna su despido objetivo por causas organizativas y productivas , demanda que es desestimada. Se interpone recurso de Suplicación por la trabajadora que se estima. Entiende la Sala que la trabajadora gozaría de una protección legal objetiva y por lo tanto es la empresa quien debe de probar que la elección de la trabajadora para ser despedida está justificada, además en la carta de despido debería consignarse las razones por las que debe ser despedida la trabajadora y no otra la persona a la que se le deba extinguir el contrato . Y así razona la Sala que si bien es cierto que concurre las causas que justificarían del despido objetivo no se habría justificado que sea la trabajadora quien deba ser despedida cuando la empresa tiene otras trabajadoras prestando sus servicios con contratos temporales.
Resumen: La Audiencia Nacional declaran nulos los despidos impugnados, al producirse un despido colectivo "de hecho" superándose los umbrales del art. 51 ET (44) , al conformar las sociedades codemandadas un grupo de empresas a efectos laborales articulado a través de contratos de franquicia en el que la matriz ejerce las potestades elementales y estructurales de llevanza de las sociedades, dejándose a las filiales aspectos residuales, lo que lleva a declarar la existencia de un uso abusivo de la personalidad que dirige la conclusión a la apreciación del grupo, aun cuando no concurran otros elementos definidores del mismo. Todas las sociedades que ejercen la función de franquiciadas fueron creadas por el propio franquiciador obedeciendo todos los despidos individuales a una única voluntad extintiva.
Resumen: Si la subrogación empresarial extinguió la relación laboral del actor, siendo la nueva concesionaria quien no contrató a aquél, las consecuencias de su actuación, calificada como despido improcedente, debe soportarlas la nueva concesionaria, que es la única responsable, y que se convirtió en empleadora del trabajador, no procediendo por tanto condenar a la anterior, ya que se trata de un supuesto distinto no comprendido en el art. 44-3 ET, que opera exclusivamente sobre las obligaciones nacidas con anterioridad a la transmisión, mientras que los efectos del despido tendrían lugar en este caso a raíz de dicha transmisión, como consecuencia de la misma.
Resumen: La negativa del trabajador a recibir la carta de despido, excusa a la empresa de intentar otro tipo de notificación
Resumen: La actora prestó servicios para la Consejería de Hacienda de Castilla La Mancha mediante sucesivos contratos temporales de interinidad y relevo siendo cesada sin percibir indemnización. El JS estimó la demanda sobre reclamación de cantidad y condenó al pago de 926 €. El TSJ de oficio declaró la irrecurribilidad de la sentencia de instancia. La Sala IV razona que es absolutamente notorio el muy elevado nivel de litigiosidad como consecuencia de la STJUE de 14 de septiembre de 2016, asunto C-596/14, Diego Porras I - en procesos en los que se reclaman indemnizaciones equivalentes a las del despido objetivo del art. 53 1 b ET-, por lo que a pesar de que la cuantía no supera los 3.000€, la sentencia del Juzgado sí era recurrible en suplicación (art. 191.3 b LRJS). Estima el recurso, casa y anula la sentencia recurrida declarando la competencia funcional de la sala de lo social del TSJ para que resuelva el recurso interpuesto.
Resumen: El salario que ha de regular las indemnizaciones por despido es el percibido en el último mes, prorrateado con las pagas extraordinarias, salvo que concurran retribuciones irregulares
Resumen: La sucesión de empresas contratistas de servicios generalmente no comporta la sucesión regulada en el art. 44 ET porque al carecer la contrata -por regla general- del adecuado soporte patrimonial, la sucesión de las mismas no tiene más alcance que el establecido en las correspondientes normas sectoriales. Ello es así, porque en las contratas sucesivas de servicios lo que se transmite no es una empresa ni una unidad productiva con autonomía funcional, sino de un servicio carente de tales características, y por lo mismo no opera, por este exclusivo hecho, la subrogación estatutaria sino que la misma se producirá -si no se trasmite la unidad productiva- tan sólo si lo determina la norma sectorial o lo prescribe el pliego de condiciones de la concesión. El carácter simulado y fraudulento del contrato de trabajo conlleva la nulidad radical y la ineficacia del contrato de trabajo. En cuanto que la conciliación en sede judicial está destinada a cumplir el mismo objetivo que persigue la que tiene lugar en vía administrativa, cualquier defecto u omisión que pudiera apreciarse en relación a ésta última quedó enervada por la correcta tramitación de la primera.
Resumen: Para que exista indefensión por vulneración del derecho de acceso a la prueba el recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas
