Resumen: Señala la Sala que para que proceda la exención por rendimientos de trabajo percibidos en el extranjero del artículo 7 LIRPF es necesario:primero que se trate de un rendimiento derivado de un trabajo realizado para una empresa no residente en España, es decir, que el destinatario o beneficiario del trabajo prestado por el trabajador desplazado sea la empresa no residente o un establecimiento permanente radicado en el extranjero. En segundo lugar, para entender que el trabajo se ha prestado de manera efectiva en el extranjero, se requiere tanto un desplazamiento del trabajador fuera del territorio español, como que el centro de trabajo se ubique, al menos de forma temporal, fuera de España. Y por último, cuando la prestación de servicios en el extranjero tiene lugar en el seno de un grupo de empresas, debe analizarse cada caso, atendiendo a sus concretas circunstancias para determinar si se trata de servicios que redundan en beneficio de todo el grupo de empresas, partiendo de la premisa de que los servicios generen un valor añadido a las entidades no residentes, a fin de considerar que se trata de trabajos prestados para la entidad no residente. Y concluye la Sala que para la aplicación de la exención de rendimientos del trabajo pretendida, el sujeto pasivo es el que debe acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para ello pues, al tratarse de un beneficio fiscal, sobre el mismo recae la carga de la prueba, según establece el art. 105 LGT.
Resumen: La Sala analiza si las ayudas previas a la jubilación ordinaria (prejubilación) concedidas en el seno de un despido colectivo, y percibidas de forma periódica, son susceptibles de acogerse a la exención del artículo 7 e) de la LIRPF en su redacción de 2009 y por ende si deben tener el carácter de renta exenta por la parte que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio para el despido improcedente fijados en el propio Estatuto de los Trabajadores. Se trata de decidir si aplicamos el art. 7 e) de la LIRPF, en su nueva redacción y la DT3 de la Ley 27/2009 al ERE que afecta al demandante es el de fecha 2006. La Sala señala que le aplicación del art 7e) no procede ya que expresamente la DT3 lo limita.En consecuencia las indemnizaciones satisfechas en los supuestos de extinción del contrato en los casos de despido colectivo regulado en el artículo 51 del ET gozarán de exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta el límite máximo de la indemnización establecida para estos casos en el apartado 8 del mencionado artículo (veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades), siendo correcto el cálculo efectuado.
Resumen: Aunque la finalidad del artículo 108 LMV sea evitar que se eluda la tributación de la transmisión de inmuebles mediante la interposición de sociedades, la ley en la redacción aplicable ratione temporis lo que hace es establecer de forma objetiva los supuestos en que debe apreciarse la elusión, de manera que basta que se den las circunstancias fácticas previstas en la norma para que nazca el hecho imponible, es decir, ese nuevo hecho imponible que según la jurisprudencia citada se compone de dos elementos, un negocio traslativo y la adquisición de control, circunstancias ambas que concurren en el supuesto enjuiciado. Con base a la anterior doctrina no se comparte la interpretación que se hace en la demanda del artículo 108 que sostiene que el número 2, letra a) del mismo establece una presunción iuris tantum de fraude que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario, dado el tenor literal del precepto aplicable vigente en el momento de la transmisión.
Resumen: Tras considerar la sentencia que los rendimientos irregulares son aquellos que se han ido generando y produciendo a lo largo de diversos periodos impositivos, pero que no fueron objeto de retribución en su momento, bien porque se trataba de rendimientos latentes o bien porque no eran líquidos o liquidables cuando se produjeron y sólo al final es posible su cuantificación y con ello, su retribución, declara que en este caso, no concurre ninguna de estas circunstancias, pues el rendimiento se genera en el momento en que se celebra el pacto, momento en el cual se fija la indemnización, que por tanto es líquida, sin que tenga la consideración de renta irregular por ninguna de las circunstancias previstas en el reglamento de la ley del IRPF, ni generada en un plazo superior a dos años.
Resumen: Tasa por prestación de servicios en galerías municipales. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales están obligados al pago de las tasas por el Ayuntamiento de Madrid por la prestación de servicios públicos tales como la vigilancia, conservación o reparación prestados en relación con galerías municipales y que afecten a los usuarios de las mismas.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en aclarar si la base de la sanción por dejar de ingresar la cuota tributaria está formada por la totalidad de la cuota correspondiente a la renta recalificada como gravada y no declarada o solo por el importe de la cuota diferencial que resulta de deducir la retención que fuera procedente sobre la renta recalificada.
Resumen: Distinción entre infracciones por objeto y por efecto. Determinación en este caso de la existencia de infracción por objeto (la acción tiene lugar mediante la mera concertación de las empresas para evitar la competencia, acto, por su naturaleza, antecedente a que la producción de efectos materialmente apreciables en el mercado). Irrelevancia, al tratarse de una conducta calificada como cártel, de la delimitación exacta del mercado relevante, y, más concretamente, del mercado geográfico, como elemento del tipo de la infracción tipificada para valorar la antijuricidad de la conducta infractora. Sin embargo no carece de relevancia la delimitación del mercado geográfico a efectos sancionadores. Consideración de la definición del mercado relevante como presupuesto del ejercicio de la potestad sancionadora por la autoridad de competencia.
Resumen: La Administración tributaria procedió a regularizar la situación de la entidad actora en relación a las retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo y actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas realizadas en los períodos objeto de liquidación, y ello respecto de las indemnizaciones por despidos improcedentes llevada a cabo por la sociedad recurrente. La sentencia, sobre la base fáctica que resulta acreditada en el expediente, señala que se puede afirmar, como regla general, que cuando las indemnizaciones abonadas no alcanzan el límite mínimo fijado por la normativa laboral, podrá existir una renta exenta, y ello lo ha corroborado la redacción del art.7.e del RDL 3/2004 de 5 de marzo, si bien esto no supone que deban considerarse exentas las indemnizaciones abonadas cuando ocultan en realidad, un acuerdo convencional entre las partes dentro de un proceso de extinción del contrato de trabajo. Y entiende que a esta conclusión ha de llegarse en el caso enjuiciado, en el que las indemnizaciones abonadas se encuentran bastante por debajo de la cantidad fijada estatutariamente, tal como ha reflejado el informe ampliatorio del actuario.
Resumen: La Administración tributaria procedió a regularizar la situación de la entidad actora en relación a las retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo y actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas realizadas en los períodos objeto de liquidación, y ello respecto de las indemnizaciones por despidos improcedentes llevada a cabo por la sociedad recurrente. La sentencia, sobre la base fáctica que resulta acreditada en el expediente, señala que se puede afirmar, como regla general, que cuando las indemnizaciones abonadas no alcanzan el límite mínimo fijado por la normativa laboral, podrá existir una renta exenta, y ello lo ha corroborado la redacción del art.7.e del RDL 3/2004 de 5 de marzo, si bien esto no supone que deban considerarse exentas las indemnizaciones abonadas cuando ocultan en realidad, un acuerdo convencional entre las partes dentro de un proceso de extinción del contrato de trabajo. Y entiende que a esta conclusión ha de llegarse en el caso enjuiciado, en el que las indemnizaciones abonadas se encuentran bastante por debajo de la cantidad fijada estatutariamente, tal como ha reflejado el informe ampliatorio del actuario.
Resumen: La Sala comienza recordando doctrina jurisprudencial pacífica que establece que para justificar la existencia de culpabilidad en el obligado tributario debe demostrar la Administración la concurrencia de una actuación dolosa o al menos negligente, requisito que se traduce en la necesidad de acreditar que el incumplimiento de la obligación tributaria del contribuyente obedece a una intención de defraudar o, al menos, a la omisión del cuidado y atención exigibles jurídicamente. Sentado ello, constata que en el acuerdo sancionador se reproducen los hechos que resultaron del procedimiento inspector seguido para regularizar el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ejercicios 2018 y 2019 y a continuación se subsumen esos hechos en la infracción declarada, pero la formula empleada por la Administración para motivar la sanción resulta insuficiente y no incide en la prueba de la culpabilidad del contribuyente, limitándose a presumirla del resultado de la regularización fiscal practicada, no desarrollando ni explicitando con claridad en qué consistió la supuesta "gestión deficiente" de la entidad a la que la actora le encargó la tramitación del IEDMT. Y a todo ello se une para estimar el recurso que la propia Sala en sentencia anterior había estimado parcialmente el recurso interpuesto contra la liquidación del IEDMT que dio lugar al dictado del acuerdo sancionador impugnado en el presente recurso.
