Resumen: El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que el artículo 24.2 CE no atribuye un ilimitado derecho de las partes a que se admitan y se practiquen todos los medios de prueba propuestos, sino sólo aquellos que, propuestos en tiempo y forma, sean lícitos y pertinentes. Como requisitos materiales, la prueba ha de ser pertinente, relevante, necesaria y posible. La concurrencia del riesgo personal que el tipo penal reclama, se entiende satisfecha desde su consideración hipotética o potencial, esto es, el delito de incendio del artículo 351 del Código Penal no contempla la existencia de una situación de peligro (abstracta o concreta), sino la idoneidad del comportamiento efectivamente realizado para generar dicho riesgo, aún cuando no llegue a producirse Es ataque alevoso el realizado por sorpresa, de modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino, ejecutado contra quien está confiado en que tal clase de ataque no se produzca. También reviste este carácter cuando, aun habiendo mediado un enfrentamiento, se produce, imprevisiblemente, un cambio cualitativo en la situación, de modo que esa última fase de la agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en modo alguno en función de las concretas circunstancias del hecho.
Resumen: Penalidad: compensación atenuantes y agravantes. No cabe una interpretación que, mediante la imposición de la pena final en el límite mínimo de la mitad superior, prácticamente prescinde de la concurrencia de una atenuante y que opera como si la reincidencia condujera de forma inevitable a la pena en su mitad superior. Es indudable que la corrección formal, en términos dosimétricos, de la pena resultante puede no llegar a ser suficiente cuando el Tribunal no explica las razones por las que se aleja el espacio de determinación que ofrece alternativas más beneficiosas para el reo. El Tribunal Superior de Justicia ha tratado de suplir en su sentencia el déficit de motivación del que adolece la dictada en primera instancia, cuestionando la intensidad de la atenuante de drogadicción. Pero lo cierto es que, más allá del cuestionable peso específico que esas razones encierran, se silencian otros aspectos reflejados en el factum como, por ejemplo, que el registro en el propio domicilio del recurrente fue consentido por el acusado, lugar en el que fue hallada una balanza de precisión. Y si bien ese dato y su actitud colaboradora con la policía no han sido suficientes para integrar la atenuante de confesión que reivindica la defensa, no pueden ser despreciados en el proceso de individualización de la pena.
Resumen: El delito de lesiones dolosas significa conocer y querer los elementos objetivos del tipo penal. Sólo en los supuestos en los que las dos víctimas, la potencial y la que sufre el resultado no se encontrarán en el campo visual podría discutirse la posibilidad de un concurso entre un delito doloso, intentado, y uno imprudente. La víctima se encontraba detrás de la persona que constituía el objetivo de la acusada, y por tanto era visible para ella, por lo que, si el golpe se dirigió hacia la persona con la que discutía, pero alcanzó al perjudicado, nos encontramos ante resultados típicos equivalentes, por lo que debe apreciarse un solo delito doloso consumado. Nos hallamos ante un supuesto dolo eventual. La acusada lanzó una copa balón de cristal, de forma violenta, hacia la cabeza de una persona que se encontraba cerca, totalmente desprevenida, sin posibilidad de intuir su acción, con la que únicamente se encontraba discutiendo de palabra, y por ello sin capacidad de reacción. Tal acción, no solo generó un elevado peligro de que se produjera el resultado concreto ocasionado, ya fuera en su persona, ya en la de otra de las muchas personas que se encontraban en el local, como así aconteció, configurándose por ello como probable, sino que impide aceptar el desconocimiento por la acusada de la alta probabilidad de un resultado semejante al producido y, en definitiva, acredita la asunción por ésta de las lesivas consecuencias de su acción.
Resumen: Se avalaba la apreciación del grave daño para la causa pública o para tercero que cimentan la aplicación del último inciso del art. 418 CP. Los hechos probados se contraen al diseño y ejecución de una trama encaminada a la difusión a cambio de precio, de datos personales y laborales alojados en la base de la SS, así como a la base de datos del SEPE, a las que el coacusado tenía acceso en su condición de Director de la oficina de empleo de la localidad de Bullas. A tal fin, se pondera: la entidad de los hechos, una sofisticada estrategia de divulgación dotada de permanencia; la afectación de los intereses de una pluralidad de ciudadanos, cuyos datos de carácter reservado fueron indebidamente divulgados y utilizados en finalidades distintas de aquellas que justificaron su obtención; la naturaleza de la información con la que se traficó, datos estrictamente personales unos, de carácter laboral otros, y algunos más de naturaleza económica y bancaria; y la ponderación del grave daño según el número total de afectados. En conclusión, la naturaleza y permanencia en el tiempo de la estrategia diseñada, el carácter de las informaciones reveladas y el número de personas afectadas, confieren un desvalor a los hechos que sobradamente soporta la calificación agravada que se aplica, en cuanto se vio gravemente comprometido el interés en la salvaguarda de secretos personales que incumbe a la Administración, y el particular de una pluralidad de personas.
Resumen: El local era un establecimiento abierto al público que no constituía domicilio de ninguno de los acusados ni de persona alguna. Se entiende como "domicilio" "cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, o lo que es lo mismo, que "sirva de habitación o morada a quien en él vive", estimándose que constituye domicilio o morada, cualquier lugar, cualquiera que sea su condición y característica, donde vive esa persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria, incluidas las chabolas, tiendas de campaña, roulotes, etc., comprendidas las habitaciones de un hotel en las que se viva. Los reservados de un establecimiento público destinados a la práctica de relaciones o actos sexuales deben estar excluídos del concepto de domicilio. La ausencia del secretario judicial en toda la diligencia o en parte de la misma no afecta al derecho a la inviolabilidad del domicilio, ni a la tutela judicial del mismo, aunque si afecta a la eficacia de la prueba preconstituida por la diligencia. El previo acto exhibicionista no era un "medio necesario" para cometer el de prostitución, fuera cual fuese la intención con que se cometió el primero. Estamos ante dos conductas de características diferentes, separadas por un hiato temporal y en cuya dinámica ejecutiva no cabe apreciar una progresión en la misma línea de ataque. El elemento subjetivo del tipo exige que el dolo del autor abarque el componente de la edad.
Resumen: Los razonamientos contenidos en los fundamentos de la convicción de la sentencia impugnada son fruto de la razón, la lógica y las máximas de la experiencia y ponen de manifiesto que el tribunal sentenciador dispuso de abundante prueba de cargo -testifical y documental-, que fue analizada razonablemente junto con la de descargo -declaración del recurrente y pericial psiquiátrica- para explicar, a través de un discurso lógico y coherente, las inferencias que le llevaron de las pruebas a los hechos que declaró probados, por lo que no se vio afectado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Los hechos declarados probados cumplen con los elementos del tipo apreciado. Concurre el dolo genérico que exige el tipo, ya que, conociendo el servicio de guardia de seguridad asignado y que no podía prestarlo con tasa de alcohol positiva en el cuerpo, ingirió voluntariamente unas horas antes una notable cantidad de bebidas alcohólicas, lo que provocó que se quedara dormido y llegara aproximadamente una hora tarde a la prestación del mismo. También concurre el elemento objetivo, ya que, además del incumplimiento de la obligación de acudir puntualmente y en condiciones de prestar el servicio, quedó acreditado el daño producido al servicio -al tener que ser relevado del mismo- y la relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado dañoso o lesivo para el servicio.
Resumen: No hay carencia de antijuricidad específicamente penal cuando el progenitor que retiene, sea custodio o no, incumple gravemente el deber de entrega establecido en una resolución judicial o administrativa. En el caso, se incumplieron tres decisiones judiciales, incluyendo dos de ellas, además, un directo requerimiento. No puede pretenderse que, mediante el recurso de casación, y por un motivo de infracción de ley penal sustantiva, se constituya, nada más y nada menos, que el estado civil de la menor, descartando la condición de progenitor del padre. Se trata de una sola infracción, aunque sean varios los menores sustraídos. El bien jurídico considerado es la paz en la convivencia familiar. El derecho de custodia quebrantado es el del progenitor, que es el instituto sobre el que se estructura la conducta típica. Ciertamente el progenitor víctima, soportaría mayor aflicción con la privación de su relación con dos hijos, que con uno solo y ello según los casos, podría ser ponderado en la individualización de la pena, por la mayor gravedad del hecho, pero la ruptura de la paz en las relaciones familiares, no conlleva modo significativo una diversa alteración, cuando el traslado o la retención se realiza por el progenitor en el mismo acto en relación a un hijo que con dos. Procede dejar sin efecto una de las condenas pronunciadas por el tribunal de instancia. El padre ha sufrido un significativo daño, de naturaleza moral. La fijación de 15.000 euros para resarcirlo es razonable.
Resumen: El recurso de casación tiene como objetivo rebatir las argumentaciones vertidas en la fiscalización realizada mediante la apelación; no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si no se hubiese resuelto ya una impugnación por un órgano judicial como es el Tribunal Superior de Justicia. El control de la racionalidad de la inferencia no conlleva la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional y tampoco por el del recurrente, sino únicamente comprobar que dicha inferencia responde a las reglas de la lógica y del criterio humano y que respeta la prohibición de la arbitrariedad. En el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo. Pero se ha admitido la necesidad de arbitrar un cauce absolutamente excepcional para aquellos casos en los que se alegue infracción de derechos fundamentales y aquellos otros en los que el planteamiento de la cuestión no suscitada en la instancia se construya sobre el propio contenido fáctico de la sentencia, pues en estos casos es la propia resolución judicial la que viene a permitir su análisis.
Resumen: El acusado golpea con su puño al perjudicado y le provoca la pérdida de un ojo, órgano principal. Se alega vulneración del derecho a la presunción. La sentencia concluye la existencia de prueba de cargo bastante. Se alega también vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por infracción del principio acusatorio. El principio acusatorio exige correlación entre la acusación y la sentencia, pero se pueden introducir variaciones no sustanciales. Introducir en el hecho probado que el puñetazo fue de tal intensidad que provocó la caída del perjudicado al suelo no ocasiona indefensión. Infracción de ley: se aplica el art. 149 del Código Penal. Se descarta la aplicación de un concurso ideal entre art. 147 y el art. 152.1 del Código Penal. Concurre dolo eventual. La sentencia concluye que el acusado tuvo necesariamente que representarse que su acción podía provocar la pérdida del ojo. No se pierde la condición de órgano principal para el sentido de la vista, aunque persista el otro ojo. Los órganos duales tienen funcionalidad propia e independiente.
Resumen: Unidad de acción y pluralidad de resultados. Condena por vía del art. 382 CP del delito del art. 379 con el art. 142 CP, apreciando un concurso real con las lesiones imprudentes del art. 152 CP. La cuestión atinente a distintos resultados con una misma acción en relación a actuación imprudente ha sido resuelta por la LO 2/2019, de 1 de marzo (aplicable para hechos ocurridos a partir del 2 de Marzo de 2019) en el nuevo art. 142 bis CP. En los casos de imprudencia grave en unidad de acción con varios resultados la regla a aplicar sería la de imponer pena superior en grado en ambos casos, pero con los requisitos de que en los casos del art. 142 bis CP. Cabe acudir al art. 142 bis CP, y no al art. 382 CP, en los casos de unidad de acción con varios resultados producidos, cuando se den determinadas circunstancias relacionadas con el número de sujetos pasivos afectados, que es la clave de la reforma en lo que afecta a aplicar el art. 382 CP, o los arts 142 bis o 152 bis CP. Para hechos anteriores a la reforma debe acudirse al art. 382 CP, dejando sin sanción el de lesión imprudente objeto de condena, ya que se trata de una sola acción con dos resultados, pero no concurriendo conducta dolosa, sino imprudente. Cuando a consecuencia de una infracción del deber de cuidado se producen diversos resultados, se considera como un conjunto unitario y en consecuencia existía un único delito en el que la pluralidad de resultados solo se tiene en cuenta para calcular la indemnización.
