Resumen: Resume la Jurisprudencia sobre la aplicación del subtipo atenuado del art. 368.2 del C. P. : 1. Escasa entidad objetiva del supuesto, considerado como el último escalón del tráfico. 2. El hecho que se atribuye al acusado puede consistir en una participación de escasa entidad en una actividad de tráfico más importante de un tercero. 3. Las circunstancias personales del culpable se refieren a situaciones que configuran su entorno social e individual. 4. Si la gravedad del injusto presenta una entidad nimia, la aplicación del subtipo atenuado está condicionada a la no concurrencia de circunstancia alguna desfavorable. 5. La agravante de reincidencia no constituye un obstáculo para su aplicación. 6. Cuando concurren otras condenas por la misma actividad delictiva de tráfico de estupefacientes, la acusada peligrosidad del culpable por su dedicación prolongada a dicha actividad, no justifica la aplicación del subtipo. En el caso analizado se aplica al tratarse de un acto de venta puntual, se actúa en el último escalón del tráfico, la sustancia arrojó un peso de 0,88 grs. de cocaína y el acusado carecía de antecedentes penales. Se afirma que la drogadicción del acusado no guarda relación con la actividad de venta, declarándose que los déficits probatorios no deben resolverse a favor del reo, sino en favor de la plena responsabilidad penal, pues para las eximentes o atenuantes no rige la presunción de inocencia ni el principio "in dubio pro reo".
Resumen: Presunción de inocencia. Cuestiones no suscitadas por la parte en el recurso de apelación previo. Artículo 180.1.4ª del Código Penal: prevalimiento de una situación de superioridad. Concurre en quien contacta con su víctima como oferente de empleo y, en esa calidad, la cita en el momento y lugar que considera apropiado para la realización de una entrevista. Diferencias entre el prevalimiento de una relación de superioridad y la agravante genérica de abuso de superioridad.
Resumen: Para que pueda prosperar un motivo por quebrantamiento de forma por incongruencia omisiva, es necesario que la omisión padecida venga referida a pretensiones jurídicas mantenidas, que no puedan razonablemente entenderse implícita o tácitamente desestimadas. Además, aun existiendo el defecto, es necesario que éste no pueda ser subsanado por la casación a través de la resolución de otros planteamientos de fondo aducidos en el recurso. Conlleva su denuncia en este control casacional, una exigencia procesal, acudir previamente en la instancia al trámite del artículo 267 de la LOPJ para solventar la incongruencia omisiva que ahora denuncia con la pretensión de devolver la causa al Tribunal de procedencia, con las consiguientes dilaciones. El tribunal ha apreciado el carácter no concluyente de las valoraciones periciales, y debe entenderse que en su inmediación le han sido evidentes las dudas expuestas al respecto y la ausencia de "conclusividad". La facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica, pero sin audiencia personal del reo, se concreta en la corrección de errores de subsunción a partir de los elementos fácticos reflejados en el relato de hechos probados. Las sentencias absolutorias no necesitan motivar la valoración de pruebas que enerven una presunción existente a favor del acusado, contraria a su culpabilidad.
Resumen: Condena al acusado como autor material de un delito de asesinato y otro de abusos sexual con acceso carnal por introducción de miembro corporal. Acusado que dentro de su domicilio y aprovechando el estado de somnolencia de la víctima la penetra vaginalmente y posteriormente acabó con su vida mediante asfixia mecánica colocando sus manos alrededor del cuello de la víctima. Tribunal de Jurado. Las conclusiones fácticas alcanzadas por el Jurado a través de su veredicto son aceptadas por el Magistrado Presidente que considera que derivan de una interpretación lógica y conforme a la experiencia común de las pruebas practicadas. Delito de abusos sexuales. Ausencia de consentimiento. Víctima que se halla en la imposibilidad de consentir libremente la relación sexual, lo que fue aprovechado por el acusado para mantener esa relación sexual con penetración vía vaginal. Delito de asesinato. Alevosía. Mayor antijuridicidad en la conducta derivada del modus operandi, pues la acción homicida se orienta a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquella. Agravante de parentesco. El acusado y su víctima habían mantenido una relación de pareja, análoga a la matrimonial, con convivencia durante varios años. Agravante de discriminación por razón de género que se aprecia exclusivamente en el delito de asesinato. Penalidad. Prisión permanente revisable.
Resumen: La situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia se produce cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de la supuesta víctima del delito. El riesgo se hace mayor si tal víctima es precisamente quien inició el proceso, mediante la correspondiente denuncia o querella, haciéndose aún más acentuado si ejerce la acusación, pues en tal caso se constituye en única prueba de la acusación, precisamente el propio acusador. Bastaría en muchos casos con formular la acusación y sostenerla personalmente en el juicio, para desplazar aparentemente la carga de la prueba sobre el acusado, obligándole a ser él quien demuestre su inocencia, frente a una prueba de cargo integrada únicamente por la palabra de quien le acusa. Todavía cabe alcanzar un supuesto más extremo, en aquellos casos en que la declaración del acusador no sólo es única prueba de la supuesta autoría del acusado sino también de la propia existencia del delito, del cual no existe acreditación alguna, fuera de las manifestaciones de quien efectúa la acusación; llegándose el grado máximo de indefensión para el acusado cuando la acusación, fundada exclusivamente en la palabra del acusador, es tan imprecisa en su circunstancia o en el tiempo que no hay prácticamente posibilidad alguna de practicar prueba en contrario. El Fiscal se adhiere al recurso y solicita la absolución.
Resumen: La dispensa del artículo 416 LECrim se aplica no sólo a los mayores de edad, sino también a los menores con suficiente madurez.
Resumen: El recurrente fue condenado como autor de un delito de falsedad, al presentar para su identificación unos documentos falsos. La Audiencia Provincial modificó los hechos probados, considerando que no quedó acreditado que la fotografía incorporada a los mismos fuera la del recurrente, lo que nos situaría en un delito de uso de documento falso. De esta manera, si el acusado tenía conocimiento de la falsedad de dichos documentos, incurriría en un delito del art. 392 CP; y si utilizó los mismos desconociendo su falsedad, los hechos se subsumirían en el art. 400 bis CP. Yerra la Audiencia Provincial al confirmar la condena, afirmando que la pena de ambos delitos es la misma. Por el contrario, la pena a imponer al recurrente no sería la del art. 392.1 CP, sino la del art. 392.2 CP -delito de falsedad de uso-, que prevé las penas de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 3 a 6 meses. Por lo dicho, no sería procedente la pena de 21 meses de prisión impuesta en la sentencia de instancia, ni, en su consecuencia, podría acordarse la expulsión de territorio nacional del art. 89 CP.
Resumen: Existe un procedimiento penal instaurado sobre los hechos denunciados de acuerdo con el derecho de Nueva Zelanda, en el que se ha dictado una orden de detención contra el reclamado. Los delitos no pueden considerarse prescritos. La mera negación de los hechos no es suficiente para denegar la extradición, como tampoco su cuestionamiento, sin que quepa al tribunal de extradición la verificación de la realidad de los mismos.
Resumen: Los hechos por los que se solicita la extradición constituirían en España un delito de falsificación de documento oficial, por lo que concurre el requisito de la doble incriminación. No puede hablarse aquí de cosa juzgada. Es de aplicación de causa potestativa de denegación de la extradición, al considerarla incompatible con consideraciones humanitarias, al tratarse de un hecho delictivo de escasa gravedad y apreciarse el interés superior de la menor hija de la reclamada.
Resumen: Doble nacionalidad española y brasileña del reclamado. La posibilidad facultativa de entrega de nacionales hay que ponerla en relación con el principio de reciprocidad, principio que significa que los Estados se obligan recíprocamente a llevar a cabo entregas extradicionales, y que un país no puede entregar en extradición a uno de sus nacionales si el país que lo reclama, en análoga situación, no entrega a los suyos. El reclamado ostenta la nacionalidad española de origen, por lo que al reclamarse la entrega de un ciudadano de nacionalidad española, y siendo así que en análoga situación el Estado requirente no hubiera optado por la procedencia de la entrega, en aplicación del principio de reciprocidad, debe desestimarse el recurso interpuesto y rechazar la procedencia de la entrega.
