• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 751/2019
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de prevaricación ambiental. Cuestión de competencia. En el caso concreto, la Audiencia Provincial abrió un incidente no previsto por la ley para determinar si era o no competente para el enjuiciamiento del delito por el que el MF y la acusación particular ejercieron acusación y denegó su competencia por diversos motivos. El TS afirma que el Juzgado de instrucción dictó auto de apertura de juicio oral, teniendo por formulada acusación contra los acusados en los términos interesados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, quienes habían calificado los hechos como delito continuado de prevaricación ambiental o, subsidiariamente, como delito de prevaricación administrativa, conforme a los artículos 329.1, 404 y 74 del Código Penal. Esa calificación permitiría imponer una pena de inhabilitación superior a los 10 años por lo que la competencia de enjuiciamiento correspondería a la Audiencia Provincial. Por tanto, atendiendo al ámbito objetivo y subjetivo definido en el auto de apertura del juicio oral, la competencia correspondía a la Audiencia Provincial. Añade que la pena abstracta del delito continuado es el referente para la determinación de la competencia de enjuiciamiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 764/2019
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es correcto el juicio de inferencia que realiza la Audiencia Provincial para concluir, a partir de los hechos acreditados, imputando a los acusados un acuerdo previo para alterar el cuentakilómetros (fueran ellos o un tercero por su encargo quienes materialmente efectuaran la manipulación). Que no exista prueba directa de que el acusado fuere quien modificó el cuentakilómetros no excluye su responsabilidad, cabe sostenerla por prueba indiciaria. Sin exponer período de paralización alguno, la duración global del procedimiento tampoco ampara la reclamada apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas. Ninguno de los documentos señalados demuestra la equivocación que se dice cometida por el Juzgador. La responsabilidad civil debe consistir en el abono de la diferencia del valor del vehículo, incrementado en la cantidad señalada en el informe pericial como consecuencia o en compensación de la "pérdida de oportunidad referida". La alteración del cuentakilómetros de un vehículo, expuesto para su venta en un establecimiento comercial abierto al público, no puede considerarse en absoluto como una suerte de engaño burdo, pedestre o elemental. No existe predeterminación del fallo por la incorporación de aspectos relacionados con el elemento subjetivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10115/2020
  • Fecha: 16/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem), sino un bis in altera, por lo que no impide la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal de los hechos referidos. El art. 140.1.1 del CP no agrava lo que ya ha sido objeto de agravación en el art. 139.1, esto es, la muerte de un menor, ejecutada con alevosía por desvalimiento. El legislador ha seleccionado, entre las distintas modalidades de asesinato en las que el autor se aprovecha de la natural incapacidad de reacción defensiva de la víctima, un grupo social muy singular, a saber, el de las personas más vulnerables y, precisamente por ello, más necesitadas de protección. La reforma derivada de la LO 1/2015, introduce varias hipercualificaciones en el asesinato, que se enumeran en el nuevo art. 140, siendo la primera de ellas, que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. El fundamento de la prisión permanente revisable radica en la especial protección de los menores de 16 años (o personas vulnerables) más que sancionar el mayor reproche derivado del aseguramiento buscado por el autor frente a posibles reacciones defensivas, que es el fundamento de la alevosía. Son dos bases diferentes para dos agravaciones diferentes: no hay bis in idem sino un legítimo bis in altera.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 10434/2020
  • Fecha: 16/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sola circunstancia de haber tenido contacto con la instrucción no es suficiente para generar sospechas de parcialidad, sino que hay que precisar si su actuación anterior es cuestión afectante a la existencia de indicios de culpabilidad del inculpado, como cuando el pronunciamiento es sobre la situación personal de prisión o es con ocasión del procesamiento o, en general, se realizan consideraciones que pudieran haber condicionado negativamente al inculpado, lo que no es del caso, pues la resolución que se invoca, como es el auto de transformación del procedimiento en sumario, es de un contenido básicamente procedimental, que no encierra decisión de fondo afectante a la culpabilidad. Por otra parte, mal puede prosperar una recusación planteada extemporáneamente, cuando, al menos desde el día 21 de mayo de 2019 la defensa conocía la composición del tribunal y hasta pasados cuatro meses después no presenta tal recusación, lo que, además de no respetar el plazo de diez días que establece el art. 223. LOPJ , no deja de ser una muestra de quien va contra sus propios actos, porque, dejar pasar el plazo, supone consentir una resolución, que luego se cuestiona. Es tan grande la diferencia que distancia la edad del acusado y la menor, no menos de 24 años, que, objetivamente considerado, no ya es que impida hablar de proximidad entre la edad de uno y otra, sino que es tanta su lejanía que hacen inviable apreciar el artículo 183 quáter del Código Penal como atenuante analaógica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 10403/2020
  • Fecha: 16/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS estima de forma parcial el recurso del Ministerio Fiscal y declara que, de conformidad con el factum de la sentencia, no contempla las bases fácticas para la aplicación de la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica. No obstante, afirma que el relato de hechos probados sí refleja circunstancias que afectan a la imputabilidad del acusado (trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivo y cierto desbordamiento en la llevanza de las obligaciones profesionales y familiares) y que recogen un presupuesto biológico y psíquico, con unas alteraciones que si no son graves, sí condicionan y afectan al presupuesto psicológico que el relato fáctico refiere como situación de desbordamiento y falta de control de la realidad cotidiana. Por ello, aplica la circunstancia analógica a la eximente incompleta declarada en la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA
  • Nº Recurso: 23/2020
  • Fecha: 16/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La falta de previsión en el ámbito castrense del derecho a la doble instancia penal no debe ser causa de indefensión del condenado si el recurso de casación penal es ampliamente entendido, como hace esta sala, permitiendo que en él no solo se aborden cuestiones de derecho sino que, cuando se invoque la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a obtener la tutela judicial efectiva, se permita la íntegra revisión de la sentencia condenatoria en cuanto a la culpabilidad y participación en los hechos del recurrente. Con independencia de lo reprochable de las expresiones vertidas por el recurrente en relación con un superior jerárquico -a quien se refirió como "el niño de la pringue", haciendo alusión a su orientación sexual y a que "perdía aceite"-, lo hizo en su ausencia, en una reunión informal entre compañeros de cuerpo, sin que el de mayor empleo que estaba presente en el incidente formulara parte de los hechos sino hasta pasados ocho días de los mismos y sin que exista versión unánime sobre lo ocurrido en las declaraciones de los intervinientes, como se desprende del expediente disciplinario y de los testimonios prestados en sede jurisdiccional penal. En consecuencia, no se considera que la conducta alcance el nivel de gravedad que exige el art. 43 CPM para que los hechos se incardinen adecuadamente en el tipo penal apreciado, correspondiendo más cabalmente al ámbito disciplinario por el que, precisamente, optó en un primer momento la Benemérita.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 794/2019
  • Fecha: 16/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Mantenimiento de relaciones sexuales consentidas por menor de dieciséis años. No es correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación. El recurso de casación debe buscar rebatir las argumentaciones vertidas en esa primera fiscalización realizada en la apelación. Se invoca la precocidad en el mantenimiento de relaciones sexuales en Sudamérica, de donde son originarios el acusado y la víctima. Acreditación de que el acusado tenía conocimiento de la edad real de la menor. Existencia de informes que acreditan la asimetría de edad y de desarrollo de acusado y víctima. Razonabilidad de los razonamientos que excluyen el error de tipo y de prohibición. Interpretación del artículo 184 quáter del Código Penal. Se apreció como atenuante analógica muy cualificada por el Tribunal Superior de Justicia. El órgano de apelación estimó que la diferencia de cinco años no impedía la aplicación del artículo 183 quáter del Código Penal. El órgano de instancia reconocía dos de los tres elementos propios del artículo 183 quáter del Código Penal, el consentimiento y la proximidad de edad, pero no el grado de madurez similar, aunque la diferencia no era tampoco extrema. Por eso, lo aplica como atenuante, pero se rebaja la pena en un solo grado. Se estima, sin embargo, que no hay ningún dato que apunte a que esa diferencia fuera muy intensa. Por eso, se estima el recurso parcialmente, disminuyendo la pena en dos grados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO PIGNATELLI MECA
  • Nº Recurso: 15/2020
  • Fecha: 15/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los hechos probados -que tuvieron lugar en fechas indeterminadas, pero en todo caso entre 2014 y 2016, y que se contraen a reiterados episodios en los que el acusado, contra la voluntad de la víctima, le dirigía frases y realizaba actos de marcado contenido sexual, masturbándose en su presencia, proponiéndole mantener relaciones sexuales, con veladas amenazas en caso de negativa, llegando a tocarle exteriormente en los genitales en alguna ocasión- constituyen un delito continuado, que se consuma cuando se ejecuta la última acción que configura el complejo delictivo, momento que determina la ley penal aplicable. Los hechos no son constitutivos de dos delitos -uno del art. 47, inciso primero, CPM y otro del art. 48 CPM-, sino de un solo delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante del art. 47, inciso primero, CPM, ya que el delito de acoso sexual del art. 48 CPM, por aplicación de la regla 3.ª del art. 8 CP, es absorbido por aquel, que tiene señalada pena mayor. El tocamiento no debió ser calificado como un delito del art. 47, inciso segundo, CPM, sino como un delito continuado de ese tipo delictivo en concurso ideal con un delito de abuso sexual sin acceso carnal del art. 181.1 CP -ya que el abuso no exige contacto físico, pudiendo haberse añadido a aquel los actos masturbatorios- y debió aplicarse la regla punitiva específica del art. 74.1 CP, decisión que no puede alterarse por el principio acusatorio y la prohibición de la reformatio in peius.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA
  • Nº Recurso: 40/2019
  • Fecha: 15/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La falta de previsión legislativa en el ámbito castrense del derecho a la doble instancia penal permite entender el recurso de casación penal en sentido amplio, de forma que la invocación de la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva permita una revisión íntegra de la sentencia condenatoria. Las pruebas personales en que se apoyan los invocados errores en la valoración de la prueba, aunque estén documentadas en la causa, no son documentos en los que pueda apoyarse la casación por error facti. El tribunal sentenciador no expresó duda alguna respecto de los hechos que declaró probados, por lo que no cabe aplicar el principio in dubio pro reo. Las conductas de ambos recurrentes integran el elemento subjetivo del tipo apreciado -dolo genérico o neutro-, pues ambos actuaron con conocimiento del empleo militar de su superior y con voluntad, uno de agredirle y otro de empujarle, incluso en el caso del segundo, que se encontraba en estado de embriaguez -lo que se tuvo en cuenta para que le fuera apreciada una atenuante analógica y para aplicarle la pena en su grado mínimo-. El inalterable relato de hechos probados impide considerar probadas las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal invocadas. El testimonio de la víctima goza de plena virtualidad para desvirtuar la presunción de inocencia, habida cuenta de su credibilidad subjetiva y objetiva -por su coherencia interna- y de la persistencia en la incriminación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 671/2019
  • Fecha: 15/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena con el texto de la reforma de 2010, como autor de: i) veinticinco delitos de corrupción de menores del art 187. 1 y 5 CP; ii) tres delitos de corrupción de menores de trece años del art. 187.1, 2 y 5 CP; iii) dos delitos continuados de corrupción de menores previstos en el art. 187. 1 y 5 CP; iv) dos delitos continuados de abuso sexual, sancionados en el art 181.1, 2 y 4; v) dos delitos de corrupción de menores del art 187. 1 y 5 CP; vi) dos delitos de abuso sexual del art 181.1, 2 y 4 CP; y vii) un delito de exhibicionismo y provocación sexual del art. del art. 185 CP (en definitiva 20 años en aplicación art. 76) Se plantea la nulidad de la prueba. Tras recibir una denuncia de que un usuario ofrecía sexo por dinero, carga los mensajes del servidor y emite denuncia escrita a la Guardia Civil, con acompañamiento de los mensajes descargados en un archivo Excel. La sentencia afirma su licitud, con base en el consentimiento que el acusado, como usuario de Tuenti, otorga en las condiciones de uso. El problema principal es el alcance del consentimiento desde la perspectiva de la intimidad y de la protección de datos, que no del secreto de las comunicaciones. Se analiza la presunción de inocencia, en especial sobre el conocimiento de la edad de las menores.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.