Resumen: El delito continuado se debe sancionar con la mitad superior de la pena que puede llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado con independencia de la clase de delito de que se trate, patrimonial o no. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica que debe ser incrementada con arreglo al art. 74.1 CP no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. Y, finalmente, la regla contenida en el art. 74.1 CP solo queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración, es decir, aquellos casos en los que la pena ya haya sido incrementada en atención al perjuicio total causado por tratarse de delito continuado. En el caso que nos ocupa es de aplicación la regla penológica del art. 74.1 CP. No hay doble valoración punitiva, pues en el relato de hechos ya consta que al menos dos de las disposiciones ilícitas lo fueron por importe de 10.000 euros cada una, por tanto, superiores a los 400 euros. Sentado lo anterior, a su vez hay que tener presente que la pena a tener en cuenta de cara a computar los plazos de prescripción es la pena en abstracto. Más en concreto, la pena en abstracto máxima posible legalmente. Tratándose de un delito continuado, la pena en abstracto, debe estimarse en toda su extensión y por tanto en su concepción de pena máxima que puede serle impuesta, siendo desde esta perspectiva que debe interpretarse el término "pena máxima" señalada al delito.
Resumen: Hay que revisar si la decisión de la Audiencia negando a los hechos relevancia penal (juicio jurídico) es acertada o no. Ese es el control en casación que desea implantar el legislador: comprobar a través del art. 849.1º LECrim la corrección del juicio de subsunción. No era viable -ni lo es ahora- una casación basada en el art. 849.2º. Tal norma está pensando en una valoración probatoria que no se ha producido aún. Sólo el sobreseimiento libre basado en los números 2 y 3º del art. 637 permite una revisión adecuada en casación a través del art. 849.1º LECrim. La lectura del auto permite concluir con rotundidad que no estamos ante un auto de sobreseimiento libre del art. 637.2º LECrim . En absoluto. La discrepancia de la Audiencia frente al entendimiento del Juzgado no es jurídica; sino puramente fáctica, de divergencia en la valoración de la calidad de los indicios que permiten atribuir al recurrido participación consciente en el delito. Ese tipo de razonamiento aboca a otro tipo de sobreseimiento: bien el libre del art. 637.1º (que tampoco sería susceptible de casación) bien el provisional del art. 641.1º LECrim. Si el Instructor aprecia la existencia de una causa de justificación o una excusa absolutoria, deberá denegar el procesamiento o la apertura del juicio oral por no existir indicios de "criminalidad". Materialmente estamos ante un sobreseimiento provisional. No estamos habilitados para la revisión contra reo de la valoración indiciaria.
Resumen: Incidencia de la drogadicción en la responsabilidad penal. Se aplica la eximente completa cuando anula totalmente la culpabilidad (bien porque el drogodependiente actúa bajo la influencia directa del alucinógeno, o bien cuando el drogodependiente actúa bajo la influencia de la droga dentro del ámbito del síndrome de abstinencia). Se aplica la eximente incompleta cuando hay disminución sensible de la capacidad culpabilística, pero el sujeto activo conserva la apreciación de la antijuricidad del hecho que ejecuta.La atenuante del art. 21.2 CP, se aplica solamente cuando exista una relación entre el delito cometido y la carencia de drogas. La atenuante por analogía del art. 27.1 CP se aplica cuando la incidencia de la adicción sobre el conocimiento y la voluntad del agente es más bien escasa, sea porque son sustancias de efectos menos devastadores, o por la menor antigüedad o intensidad de la adicción. La atenuante de arrebato, requiere: a) un estímulo de una alta intensidad, b) proporcionalidad entre el estímulo y la conducta, c) acomodación del estado pasional al ordenamiento jurídico, y d) proximidad temporal. Es decir, circunstancias que pueden generar un impulso en una personalidad normal.
Resumen: El propio autor del delito antecedente puede perpetrar el delito de blanqueo de capitales respecto de los bienes y recursos obtenidos con ocasión de la comisión de aquel (autoblanqueo). La labor que corresponde al Tribunal de apelación en la encomienda de supervisar la valoración de la prueba hecha por el juzgador de instancia, cuando se alega ante él la infracción del derecho a la presunción de inocencia, no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador a quo, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, sino verificar que, efectivamente, el Tribunal de instancia contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La sentencia debe anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión o también por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado. Para que pueda prosperar este motivo de casación, es necesario: a) que la contradicción sea manifiesta y absoluta; b) que sea insubsanable; c) que sea interna en el hecho probado y d) que resulte relevante para el sentido del fallo
Resumen: Se aprecia la concurrencia de la doble incriminación y el mínimo punitivo respecto al delito de uso fraudulento de un sistema de tratamiento de datos y hurto, que se corresponde con el delito continuado de estafa mediante empleo de tarjetas de crédito. No se aprecia la doble incriminación respecto a los hechos relativos al delito de violación grave de las normas de circulación. La nacionalidad francesa del reclamado no obsta a la extradición, al haberse ofrecido a las autoridades francesas la posibilidad de reclamarlo, lo que han declinado.
Resumen: La utilización de dispositivos de localización y seguimiento tiene una incidencia directa en el círculo de exclusión que cada ciudadano define frente a terceros y frente a los poderes públicos; la ley subordina la legitimidad del acto de intromisión a la previa autorización judicial. Como regla general, constituye una prueba de cargo válida la comparecencia en el juicio oral de quien ha realizado un reconocimiento fotográfico practicado con todas las garantías durante el sumario, y que ratifica en el juicio lo antes manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos, pudiendo ser sometido a interrogatorio cruzado de las partes. La identificación del sospechoso efectuada por agentes policiales a partir de videograbaciones de los autores recogidas durante la investigación, es insuficiente como prueba de cargo para acreditar la identidad de los autores, si no descansan en una prueba pericial fisionómica o antropomórfica. Se perfila como una actuación pericial la información que extraigan los agentes del material videográfico y que deseen aportar al Tribunal. Dado que el testigo declara sobre hechos pasados relacionados con el proceso y percibidos sensorialmente por él, el perito suministra al Juzgador una concreta información sobre aspectos trascendentes para el enjuiciamiento. La necesidad de contar con la confianza del acusado no permite al Letrado disponer a su antojo el desarrollo del proceso.
Resumen: No es función de un Tribunal de casación revalorar íntegramente una prueba personal no directamente presenciada. Se denuncia incongruencia omisiva. Estaría basada en no haberse dado contestación a la petición de que se reaperturase el procedimiento frente a la víctima para reiniciar la investigación y, en su caso, dictar auto de procesamiento del perjudicado por las lesiones causadas por el ahora recurrente. Tratándose de una sentencia cuyo objeto es enjuiciar los hechos respecto de los que se ha abierto el juicio oral no tiene por qué contestar peticiones de reapertura de otro objeto provisionalmente sobreseído, evacuadas en forma desubicada y sin fundamento. La predeterminación del fallo supone la utilización de expresiones con un contenido técnico jurídico específico que soslaya una narración de hechos despojada de valoraciones o "sobreentendidos" jurídicos. No significa que los hechos relatados hayan de ser penalmente "neutros". No debe anticiparse en los hechos probados la subsunción jurídico-penal con el nomen iuris de la infracción o con otros conceptos técnicos cuya concurrencia ha de analizarse en el plano de la argumentación penal. Pero el relato necesariamente ha de elaborarse con el claro objetivo de valorar penalmente la acción. Primero se fijan los hechos; luego se valoran penalmente.
Resumen: No consta circunstancia impeditiva que haya privado al recurrente de su legítimo derecho de defensa por la circunstancia de que la investigación policial se hay dilatado lo necesario para agrupar todo el material necesario que debía constar en el atestado. Esta Sala ha señalado la no afectación a la presunción de inocencia de la presencia mediática en los casos judiciales, además, de que no puede sustraerse a la opinión pública del conocimiento por parte de los medios de comunicación del desarrollo de una investigación policial en aquellos aspectos que sea posible, así como en el desarrollo del proceso judicial. Los testimonios de los menores son coincidentes en el modus operandi del acusado, y cada uno relata los actos de contenido sexual en los que aquel participó que además se corroboran por el testimonio de los otros integrantes de cada grupo. El acusado para conseguir ganarse la confianza de los menores y como instrumento de aproximación para conseguir su finalidad de tener contacto sexual con ellos, solía invitarlos a cenar y a bebidas en su establecimiento, incluidas bebidas alcohólicas. Existe un escenario de prevalerse de "instrumentos" y circunstancias que le permitían acceder a los actos sexuales. Sólo de forma excepcional, y por tanto motivada, podrá excluirse del pago de las costas de la acusación particular al condenado cuando la actuación de éste haya sido manifiestamente superflua o haya formulado peticiones claramente heterogéneas.
Resumen: Vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El el art. 307 del Código Penal exige no solo la elusión del pago, sino que ello se haga mediante defraudación. No puede entenderse que se persigue penalmente a quien no puede, temporal o definitivamente, pagar lo que le corresponde, o a quien simplemente ha decidido no pagar, aun cuando deba luego hacer frente a las correspondientes sanciones administrativas a causa del impago. Tampoco a quien no declarando correctamente, sin embargo paga lo que procede, si ello fuera posible. La conducta típica es "defraudar eludiendo". Se exige un componente intencional y una progresividad en la acción que se demuestra, en este caso, con la reiteración de la conducta. Debe concurrir una voluntad real de no pagar sus obligaciones con la Seguridad Social. El hecho se pude cometer por acción, a través de una declaración falsa; o por omisión, por no hacer la declaración debida. Infracción de ley. La cuantía defraudada es una condición objetiva de punibilidad y no debe ser abarcada por el dolo.
Resumen: Hay que examinar si el método valorativo empleado se ajusta a las exigencias constitucionales de completitud y de expresa identificación en la sentencia de los criterios de atribución de valor con relación, primero, a cada uno de los medios de prueba practicados y, segundo, al cuadro probatorio observado en su conjunto, tal como exige el Tribunal Constitucional La absolución no se deriva de la prueba de la inocencia sino de la frustrada prueba de la culpabilidad más allá de toda duda razonable. De ahí que una hipótesis exculpatoria mínimamente verosímil arruine la probabilidad concluyente -la conclusividad- que exige el mencionado estándar. La pericial psicológica, en los términos ordenados y practicados, no constituye, por sí, una prueba de (ni sobre) la credibilidad del testigo. La prueba pericial solo puede servir para aportar máximas de experiencia relativas a la constatación, o no, de elementos o datos que, desde la ciencia psicológica, permitan identificar dificultades narrativas, tendencia a la fabulación o a la deformación de la realidad de la persona sometida a examen. Una cosa es la no vinculación del juez a las conclusiones del perito y otra muy diferente es que el juez no esté obligado a explicar por qué descarta la atendibilidad de la información técnico-científica aportada. Omitir la valoración de las informaciones periciales u optar por unas frente a otras sin explicar la razón epistémica de la opción debilita el grado de conclusividad alcanzado.
