Resumen: La dimensión del bien jurídico, como elemento rector tanto para la interpretación de los elementos del tipo como para la medición de la antijuricidad exigida, justifica reajustar el contorno aplicativo del tipo del artículo 392 CP a aquellas falsedades de documentos mercantiles que puedan afectar potencialmente al valor de la seguridad de los intercambios mercantiles por el grado de confianza que genera para terceros el documento falseado en el tráfico jurídico. Por contra, la protección penal frente a la falsedad de otros tipos de documentos que, si bien plasman operaciones mercantiles o han sido confeccionados por empresarios o comerciantes, carecen de dicha relevancia lesiva colectiva -por ejemplo, contratos que recaen sobre negocios o relaciones jurídicas sin relevancia para terceros, tiques, albaranes, presupuestos, justificantes de pago, etc.- resultará suficiente mediante el tipo de falsedad de documento privado del artículo 395 CP. Los documentos manipulados por la acusada resultarían estar conformados por anotaciones informáticas expresivas de los arqueos realizados cada día, al margen de la contabilidad misma de la empresa, con la que aquellos se contrastaron. Esta carencia descriptiva parece conducir a que dichas anotaciones tenían una función o eficacia ad intra, destinadas al propio y exclusivo conocimiento de la empresa en la que se realizaban y sin efecto alguno con relación a terceros.
Resumen: Agresión sexual, empleo de medios de peligrosidad similar a las armas: en la equiparación entre las armas o instrumentos peligrosos y lo que constituyen formas agresivas peligrosas resulta más expresiva la dicción del art. 148.2; pero es claro, también en el ámbito del art. 180.1.5 (ó 242.3), que la agravación no se limita al objeto o artefacto usado; abarca también el método agresivo. Lo esencial no es la cuerda utilizada en el caso enjuiciado, sino el uso dado a la misma, como lazo de estrangulamiento. Lo esencial es la forma en que dicha cuerda se utilizó, rodeando y apretando una zona tan sensible como es el cuello de la víctima, por lo que constituye un medio peligroso susceptible de haber causado graves lesiones o incluso la muerte. Atenuante de confesión: una confesión que aflora en el acto del juicio oral como fruto principalmente de la resignación ante la abrumadora prueba, y tras haberse acogido el acusado -legítimamente, sin duda- a su derecho al silencio durante la tramitación de la causa (con excepción de la indagatoria), no puede ser equiparada a la confesión del art. 21.4 CP. En materia de cuota de multa no rige la presunción de inocencia. Hay que estar a la capacidad económica. Dilaciones indebidas: la irregularidad concretada en omitir una resolución para ampliar el plazo de instrucción (artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) no aboca a la atenuante del art. 21.6 CP si el plazo global de duración del proceso no sobrepasa lo razonable.
Resumen: No se considera delictiva toda relación sexual con personas que sufren trastorno mental (entre las que la doctrina ha incluido la debilidad mental), sino exclusivamente los supuestos de abuso. Y ese abuso puede afirmarse dado que el acusado abusó del retraso mental de la víctima para mantener actos de contenido sexual, consistentes en tocamientos en el pecho y en el sexo, en una ocasión le introdujo el dedo en la vagina, reiteradamente el pene en la boca e intentó la penetración vaginal y anal sin conseguirlo. No basta con el dato de que el sujeto pasivo padezca un trastorno mental: deberá además comprobarse que el sujeto activo ha abusado o se ha aprovechado de tal circunstancia para llevar a cabo el acto atentatorio a la libertad sexual. Hay diferencia de edad, y el acusado fue ganándose la voluntad de las víctimas manipulándolas con el señuelo del ofrecimiento y entrega de pequeñas cantidades de dinero, aprovechando su inmadurez psíquica que les impedía captar o discernir la significación y connotaciones sociales de las acciones de trato carnal por precio, en un caso, o de acceder por cantidades irrisorias a prestar el propio cuerpo para la elaboración de imágenes pornografías, a las que fueron empujados por el ahora recurrente. No se trataba de comprobar si los afectados habían hecho uso de su capacidad de decisión en lo sexual en otros momentos; sino si el acusado había obtenido su consentimiento para esas concretas prácticas abusando de su discapacidad.
Resumen: Se confirma la condena del recurrente -pareja de la madre de los niños-. En concreto, y sobre los déficits denunciados en relación con el testimonio de los menores, la Sala destaca que esto suele ser habitual en este tipo de sucesos en donde nos encontramos con un escenario de perversidad en el autor de los hechos sometiendo a un maltrato reiterado a modo de jerarquización de la violencia familiar y sometiendo a las víctimas a un estado de victimización permanente del que éstas no saben cuándo terminará. Asimismo, se confirma la condena de la recurrente; es obvio que si terceras personas extrañas a la familia advirtieron que los niños daban muestras de estar siendo maltratados, para la madre no podía pasar desapercibida semejante circunstancia. Lo que no integra ninguna suerte de cooperación necesaria por parte de ésta, ya que el acusado no precisaba de dicha cooperación para actuar como lo hizo; sino que su participación constituye un supuesto de comisión por omisión previsto en el art.11 CP. Por ello, se revoca la apreciación de la agravante de parentesco, pues se excluye la aplicación de la agravante de parentesco cuando se trata de un delito cometido por omisión, si ha sido esa relación de parentesco la que ha determinado la condena de la madre por revestir la "posición de garante" respecto de un hijo.
Resumen: Se analiza la denuncia sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la suficiencia de la prueba practicada para su condena como cómplice en u delito contra la salud pública. Se descarta la vulneración del principio "in dubio pro reo".
Resumen: Ámbito del recurso de casación de procedimiento que provienen en primera instancia de los Juzgados de lo Penal: Los recursos deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva. El art. 235.1.7 CP tipifica los hechos probados como delitos de hurto agravado con la pena de prisión de uno a tres años, exigiendo para su conformación la condena anterior por tres delitos de los comprendidos en este Título del Código Penal, siempre que sean de la misma naturaleza. El delito de hurto y el de robo con fuerza en las cosas aparecen tipificados en el mismo Título y son de la misma naturaleza en tanto que son conductas sustractivas de bienes muebles, de ajena pertenencia, en el que las modalidades comisivas se sitúan en progresión, pues junto a la sustracción típica del hurto, en el delito de robo con fuerza en las cosas, se emplean medios de fuerza, previstos en la tipicidad, para posibilitar la sustracción del bien mueble de ajena pertenencia. Individualización de la pena: se ha de tomar en consideración las circunstancias personales del condenado.
Resumen: En relación con esta circunstancia agravante recuerda que supone que el culpable ponga ese carácter público al servicio de sus propósitos criminales, de modo que, como tiene dicho gráficamente la jurisprudencia, en lugar de servir al cargo, el funcionario se sirve de él para delinquir. Se ha dicho que el plus de reproche que supone esta agravante y que justifica el plus de punibilidad se encuentra en las ventajas que el ejercicio de la función pública otorga para poder realizar el hecho delictivo, de suerte que, de alguna manera, se instrumentaliza el cargo para mejor ejecutar el delito. Pero, con independencia de esa perspectiva subjetiva como fundamento de la política criminal que lleva a establecer esa agravante, no puede olvidarse que del referido aprovechamiento deriva un indudable daño también para la función pública al instrumentalizarla para fines ajenos a los que la legitiman. En el caso concreto, el condenado, para la confección de un mandamiento judicial falso, se valió de una citación judicial válida, que había sido recibida en las dependencias de la Guardia Civil y del sello utilizado en las citadas dependencias (al que tuvo acceso en su condición de agente de la Guardia Civil). Por ello, el TS estima bien aplicada la circunstancia agravante de prevalimiento.
Resumen: La jurisprudencia se ha decantado por considerar que las exigencias del artículo 383 del Código Penal quedan colmadas con la negativa a la segunda medición prevista en la normativa administrativa; también cuando la primera arrojó un resultado positivo. Estamos ante una única prueba cuya fiabilidad plena (aspiración del proceso y de la justicia penal y no solo garantía del imputado) requiere dos mediciones con un intervalo de tiempo. Sin esas dos mediciones la prueba está incompleta reglamentariamente. La prueba reglamentada consta de dos mediciones con un intervalo de diez minutos. Si no se desarrolla así, no se respeta la legalidad reglamentaria. Cuando el artículo 383 del Código Penal está hablando de comprobación está pensando no en la averiguación de una supuesta infracción criminal concreta. Quiere describir en abstracto a qué pruebas se está refiriendo; esto es, a las establecidas en la ley para comprobar las tasas de alcoholemia. No es necesario que se trate de pruebas imprescindibles in casu. Sin duda la negativa radical a priori es muestra de una rebeldía mayor y podrá merecer una penalidad mayor. Pero esta apreciación no lleva a expulsar del tipo penal lo que también es una negativa en tanto la prueba no puede realizarse en su integridad cuando el sometido a ella se niega a su segunda fase. No es necesario que quien se niega lo haga con la finalidad de encubrir una infracción del artículo 379 del Código Penal.
Resumen: Al delito de abandono de familia por impago de pensiones, se le ha catalogado en ocasiones como delito de tracto sucesivo acumulativo, planteándose también la conveniencia de reputarlo como un delito permanente, que, ciertamente, excluiría los supuestos de continuidad delictiva. Prescripción civil y prescripción penal son instituciones distintas y disciplinadas por regímenes diferenciados (significativo es por ej., que la prescripción civil solo es apreciable a instancia de parte, y la penal puede y debe decretarse de oficio) aunque tengan en último término una raíz común...ni toda la responsabilidad civil nacida de un delito se ejercita en el proceso penal (responsabilidad contable, supuestos de rebeldía o de reserva por el perjudicado, denegación de un suplicatorio, o fallecimiento del acusado); ni -y esto es lo relevante en este caso- todas las acciones civiles que pueden ejercitarse en el proceso penal constituyen responsabilidad civil ex delicto. El dato del marco procesal en que se ejercitan unas y otras no varía ni su naturaleza ni su régimen sustantivo, aunque pueda incidir indirectamente en algunas cuestiones. La responsabilidad civil nacida de delito, aunque se ejercite en un proceso civil, no pierde su específico régimen, lo que significa, entre otras cosas, que su plazo de prescripción no será de un año, sino de cinco. El abono de las cuantías adeudadas no constituye responsabilidad civil derivada del delito, sino presupuesto de la conducta delictiva.
Resumen: La sentencia recurrida contiene una minuciosa exposición tanto de los hechos que declara probados como de los fundamentos de convicción sobre su certeza, sin incurrir en contradicciones, confusiones u omisiones que impidan la correcta comprensión de la conducta atribuida al condenado. El tribunal sentenciador dispuso de abundante prueba de cargo, legalmente obtenida, válidamente practicada y valorada de manera razonable, lógica y no arbitraria. El informe médico del que pretende servirse el recurrente no reúne los requisitos jurisprudencialmente exigidos para poder modificar el relato de hechos probados, pues no es el único ni inequívoco medio de prueba de que se sirvió el tribunal sentenciador, además de que de su contenido tampoco se desprende que, como consecuencia de su enfermedad, el paciente debiera ser eximido de residir en su domicilio habitual en su unidad. Del inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente estuvo ausente del domicilio habitual en su unidad militar en el que se le había autorizado su residencia durante el periodo de su baja laboral- se desprende la concurrencia de todos los elementos del tipo, al incumplirse los deberes de disponibilidad y sometimiento al control de los mandos, cuya observancia constituye el interés protegido por la norma. El tribunal sentenciador razonó adecuadamente tanto la conclusión de no entender concurrente la circunstancia de anomalía o alteración psíquica, como la extensión de la pena impuesta.
