Resumen: El recurrente no cita una sola expresión o concepto de los hechos probados que implique predeterminación del fallo. El tribunal de instancia contó con suficiente prueba de cargo -declaración del testigo víctima con aptitud suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y declaración de dos testigos presenciales que corroboran la versión de aquel-, válidamente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada, y expresó de forma lógica el nexo entre aquella y los hechos que de ella extrae. El recurrente no expresa cuál es el supuesto error facti, basado en auténtica prueba documental, en el que incurre el relato de hechos probados ni propone redacción alternativa alguna, sino que se limita a exponer su propia valoración de la prueba. El inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el cabo recurrente increpó a la víctima, de su mismo empleo militar, lanzándole diversos insultos, acercándose a él en actitud amenazante hasta que llegaron a tocarse las caras y señalándole con el dedo, de forma que consiguió hacerle retroceder, amenazándole con que le iba a "escachar" la cabeza y retándole para que se vieran fuera del cuartel- se subsume adecuadamente en el tipo penal del delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los militares, en su modalidad de amenazas e injurias graves de un militar hacia otro de su mismo empleo en dependencias de las FF.AA. o en acto de servicio.
Resumen: En la medida en que la sentencia de apelación refrenda errores de la sentencia de instancia también el recurso de casación viene a fiscalizar ésta, aunque sea con el filtro de un pronunciamiento de apelación. No cabrá invocar motivos distintos a los previstos para la casación. Pero sí es viable reproducir la queja que ya fue rechazada en apelación si tiene cabida en uno de los motivos tasados de casación (arts. 849 a 852 LECrim) en la medida en que su convalidación por el Tribunal Superior de Justicia perpetua el defecto. Cuando se pone en duda la presunción de inocencia, este Tribunal ha de comprobar tres únicos aspectos: que el Tribunal juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba. Cuando se denuncia la ruptura de la cadena de custodia, ha de aportarse los datos objetivos que racionalmente puedan llevar a esa convicción, argumentando con datos que fundamenten la denuncia. Para apreciar la atenuante de drogadicción, no es suficiente con probar un consumo habitual. Tiene que estar afectada la imputabilidad.
Resumen: La presunción de inocencia además de ser criterio informador del ordenamiento procesal penal, es un derecho fundamental en cuya virtud el acusado de un delito no puede ser considerado culpable hasta que así se declare en una Sentencia condenatoria que solo será legítima si viene precedida de una actividad probatoria que, practicada con la observancia de las garantías procesales y libremente valorada por el Tribunal penal, pueda entenderse de cargo y soporte suficiente de la convicción. Para valorar la intensidad de la atenuante se debe conjugar tanto el examen del total de duración del proceso, como la pluralidad de los periodos de ralentización. Su análisis revela: a) El periodo total invertido en el enjuiciamiento ha sido desmesurado; b) En una pluralidad de momentos se han producido paralizaciones o ralentizaciones relevantes; c) Esos retrasos no venían in casu motivados por la complejidad de la investigación.
Resumen: El artículo 849.1 LECrim que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. En cuanto a la alevosía, el TS viene aplicándola a todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato, (art. 139.1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1), radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada. La esencia de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes. En el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo. El derecho de defensa del acusado absuelto impide realizar con ocasión del recurso un nuevo juicio de culpabilidad si aquél no es oído con inmediación por el Tribunal que conoce del recurso, como ocurre con el recurso de casación.
Resumen: Sin perjuicio de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, el deber constitucional de protección de la presunción de inocencia impone diferentes planos de intervención que van desde la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas; la consistencia de las informaciones aportadas para considerar suficientemente acreditados más allá de toda duda razonable los hechos sobre los que se funda la declaración de existencia del delito y de participación del recurrente; hasta la propia evaluación del proceso valorativo del tribunal de instancia. La acusación delimita el objeto del proceso y, con él, los límites del poder de decantación fáctica y normativa del tribunal que viene, por ello, constitucionalmente impedido a condenar por cosa distinta. Entendiéndose por tal, no solo un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos pues el debate contradictorio recae "no solo sobre los hechos sino también sobre su calificación jurídica". Una de las consecuencias que se derivan del principio acusatorio, como eje rector de nuestro modelo procesal, es que la persona investigada o acusada, ya desde los primeros momentos de su imputación, debe ser ilustrada expresa y detalladamente del hecho punible en su doble dimensión fáctica y normativa relativa al derecho al a información en los procesos penales.
Resumen: En los casos de deficitaria grabación del juicio oral, son dos las circunstancias a tener en cuenta, fundamentalmente, para llegar a unas consecuencias tan traumáticas como es la repetición del juicio, máxime si tenemos en cuenta el principio de conservación de los actos judiciales; bien, que tal déficit haya ocasionado indefensión material, real y efectiva a alguna de las partes, bien, que sea imprescindible acudir a lo videograbado para resolver el recurso, ninguna de cuyas dos circunstancias se dan en el presente caso. Al concurrir la circunstancia 1ª con la 6ª del art. 250 CP vigente en la fecha de los hechos, la pena imponible oscila entre cuatro y ocho años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses, la misma que lo sería de estar a la reforma habida tras la LO 5/2010, partiendo siempre de la inamovilidad de los hechos probados, que concretan en 60.000 euros la cantidad indebidamente apropiada, y así es, si tenemos en cuenta que la circunstancia del número 1º (vivienda) no varía, y que, al margen la de especial gravedad, se introdujo una (la del número 5º), relativa a que el valor de la defraudación supere los 50.000 €, que, si concurren ambas, como sucede en el caso presente, llevan a la agravación indicada. En las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio.
Resumen: El artículo 874 LECRIM exige una exposición ordenada, individualizada, concisa y clara de los motivos del recurso, lo que desde luego conlleva la prohibición de que se aleguen de forma conjunta, amalgamada y genérica las infracciones imputadas a la sentencia. La sentencia debe anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión o también por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo que el tribunal declara efectivamente probado. El principio in dubio pro reo solo entra en juego cuando el Tribunal albergue duda respecto de la responsabilidad del acusado, sin que pueda revisarse en casación, salvo en aquellos supuestos en los que el Tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y las haya resuelto en contra del acusado. En lo tocante a la declaración de la víctima, la jurisprudencia de este Tribunal y la doctrina del Tribunal Constitucional, entienden que puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible, lo que es frecuente que suceda en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada
Resumen: No existe problema para admitir una atenuante analógica si concurren iguales presupuestos basados en fundamentos de política criminal que los que informan la eximente. La Jurisprudencia respecto de la trascendencia de los trastornos de la personalidad en la imputabilidad pivota sobre dos presupuestos: por un lado, que no todo trastorno de este tipo, manifestado a través de desviaciones sexuales, debe llevar aparejado, sistemáticamente, una exención y/o atenuación de la responsabilidad penal; y, por otro, consecuencia de lo anterior, que habrá que estar a las circunstancias del caso concreto para determinar su incidencia. La atenuante de confesión opera "como premio a la facilitación de la investigación criminal". No hay lugar a una atenuante analógica de confesión, por faltar el requisito de temporalidad establecido en la norma, pero no existe inconveniente, sin embargo, para conceder una atenuante analógica cuando la colaboración ha existido.
Resumen: Delito de abuso sexual. Se acusa y condena a los dos padres biológicos de una menor. Al padre por abusos sexuales y a la madre por consentirlos y no adoptar medidas para su prevención. Presunción de inocencia. Contenido del derecho a la presunción de inocencia, en su análisis cuando se invoca en el recurso de casación. Validez de la declaración de la victima como prueba de cargo bastante. La credibilidad del testimonio de la víctima, como la de otro testigo, le compete en principio al órgano de enjuiciamiento, mientras que al de casación le corresponde el control de la valoración. Parámetros para la valoración de la declaración de la víctima. La gravedad del hecho de que la víctima sea menor de edad no justifica la disminución de las garantías procesales. Posición de garante de la madre: existencia de prueba de cargo bastante, suficiente para inferir con arreglo a lógica que tenía conocimiento de las agresiones sexuales del padre biológico a la menor y de que las toleró. Se discute si la desatención de la madre fue determinante o no en la comisión de los abusos y agresiones sexuales. Deber de los progenitores de velar por sus hijos, de forma que responden como garantes, cuando no evitan pudiendo hacerlo un mal o perjuicio, como lo son las agresiones sexuales perpetradas contra ellos. Dilaciones indebidas: se solicita su apreciación como muy cualificada. No procede. Correcta individualización de la pena en atención a la gravedad de los hechos declarados probados.
Resumen: Delito de abuso sexual a menor de dieciséis años. Derecho a la presunción de inocencia: marco cuando ha existido un previo recurso de apelación y, por lo tanto, se ha dado cumplimiento a la exigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En estos casos, se ha de atender a cuatro aspectos fundamentales: a) si el Tribunal Superior de Justicia se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponde; b) si el Tribunal Superior ha aplicado correctamente la doctrina de la Sala IIª y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba; c) si ha respetado tal doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas; y d) si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional. Improcedencia del planteamiento de cuestiones per saltum. Es preceptivo que la cuestión formulada en casación lo haya sido antes en apelación. Existencia de prueba de cargo bastante. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo aunque sea única y aunque provenga de un menor de edad. Se plantea impropiamente infracción de ley por error en la apreciación de la prueba. Requisitos de esta vía de casación. Parámetros para su valoración. Relevancia del informe pericial psicológico, especialmente en el caso de menores. Aspectos que aborda el informe pericial psicológico.
