Resumen: Cuando las expresiones cuestionadas, denotan datos fácticos, de modo que incluso permiten predicar su verdad o falsedad, característica propia de su naturaleza descriptiva, el quebrantamiento de forma resulta inentendible. El empleo de un medio "un vehículo de una potencial peligrosidad tremenda embistiendo o arremetiendo contra una persona que no tiene otra protección frente al coche que su propio cuerpo, a una velocidad elevada y suficiente para dejar una frenada significativa", lleva al Jurado a la conclusión de su empleo como medio destinado a producir el resultado sin riesgo del autor y asegurando el resultado. La concurrencia en los medios o formas en la ejecución del delito, presupuesto de la alevosía, se declara desde la sorpresa del ataque a una persona con sus potencias psíquicas disminuidas por la ingesta alcohólica. La justificación del incremento de pena por la agravante de parentesco se encuentra en el plus de culpabilidad que supone la ejecución del hecho delictivo contra las personas unidas por esa relación de parentesco o afectividad que el agresor desprecia. Las circunstancias psicofísicas del acusado, enturbiadas por la ingesta alcohólica, no se vieron muy mermadas como resulta de la destreza en la conducción del vehículo que lo dirige contar su padre, produciendo el fallecimiento, y lo frena, posteriormente, para evitar la colisión con la fachada, lo que evidencia el dominio del medio empleado para el ataque.
Resumen: En cuanto a qué se consideran bienes que integran el patrimonio histórico y que por lo tanto deben ser merecedores de especial protección no es necesario que los mismos estén inventariados como tales, sin perjuicio de que el inventario hace que los bienes tengan mayor nivel de protección, ni siquiera la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio condiciona la pertenencia al patrimonio histórico a que estén inventariados considerando ello sólo necesario para los que sean más relevantes. Una efectiva protección del patrimonio cultural exige que esta protección se produzca con independencia de la declaración formal del mismo realizada por los órganos administrativos o por la Ley. Consecuentemente y en definitiva, el elemento típico bienes de valor histórico, artístico, científico o cultural o monumental, integra un elemento normativo de naturaleza cultural a valorar judicialmente. En autos, no obran especiales esfuerzos por parte del autor, pero sí, al menos numéricamente, la efectiva restitución de una parte significativa de los efectos sustraídos, en virtud de entrega voluntaria por parte del acusado, cuando ya había cesado como párroco. Consecuentemente, dado el criterio objetivo de la atenuante, que no requiere contrición, sino efectiva reparación, que tampoco precisa que sea total, declarada la restitución de una significativa parte del número de los objetos sustraídos incluso con anterioridad al inicio del procedimiento, el motivo se estima.
Resumen: El Presidente/a puede dirigir a los testigos preguntas, y fiscalizar la intervención de las partes atendidas las características de cada caso, realizando preguntas complementarias de las ya formuladas por las partes. No puede admitirse que la intervención del juez en este caso fuera una especie de inquisición judicial encubierta que determinara una parcialidad causante de indefensión material a la parte. No es válido apelar a que la culpable era la víctima que quería utilizar el mundo digital y que era ella la que tenía interés en ello, cuando el que participaba en los hechos era él y el que lo instaba con posiciones sexuales y fotografías de alto contenido pornográfico. La precaria situación económica de la familia de la víctima es un factor, que facilitaba claramente, al procesado, una situación de prevalencia. El auto de procedimiento abreviado no preconstituye los términos de la acusación. Delimita el marco fáctico-normativo posible en el que esta puede formularse sin comportar cargas de de vinculación estrictas para las partes con relación a los concretos tipos inculpatorios. Al igual que el auto de procesamiento en el procedimiento ordinario, delimita el objeto procesal a partir de los hechos justiciables que han sido objeto de investigación e imputación en la fase previa. Es solo la renuncia del perjudicado la que extingue la acción civil, que, desde ese momento, no podía ya ser ejercida en su nombre por el Ministerio Fiscal. No ha habido renuncia expresa.
Resumen: Todas las circunstancias del relato fáctico fueron puestas de manifiesto por las acusaciones. Lo esencial en el alzamiento de bienes es que la actuación del deudor mediante la ocultación de su patrimonio sea un obstáculo para que el acreedor pueda hacer efectivo su crédito, persiguiendo con su actuar defraudar las legítimas expectativas de los acreedores. No es necesario que quede en situación de insolvencia total. La responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes no se configura a través de la condena al reintegro de la cuantía de la deuda eventualmente defraudada, sino mediante la anulación/invalidación de aquellos negocios jurídicos fraudulentos en base a los cuales se frustran las legítimas expectativas de cobro de los acreedores a fin de obtener la reintegración al patrimonio del acusado de aquellos bienes que escaparon a la acción de los acreedores. Y solo en el caso de que aquellos bienes resulten irreivindicables, procederá valorar el resarcimiento económico de los acreedores que vendrá limitado por el propio valor de los bienes sustraídos a la acción de éstos. Se trata de bienes en situación irreivindicable en la actualidad, bien por la propia naturaleza del bien, en lo que se refiere a la chatarra, o bien por el destino, en lo que se refiere a la maquinaria vendida a una empresa extranjera hace ya más de ocho años. La falta de grabación de parte del informe del letrado que ostentaba la defensa de la recurrente no le ocasiona indefensión.
Resumen: Las consideraciones realizadas por el tribunal sentenciador ponen de manifiesto que la convicción sobre cómo ocurrieron los hechos y la participación que en ellos tuvo el acusado se obtuvo de suficiente prueba de cargo -relato de la víctima corroborado periféricamente por diversos testimonios, periciales y mensajes de WhatsApp-, lícitamente obtenida, regularmente practicada y valorada razonablemente, por lo que no resultó vulnerada la presunción de inocencia. No puede prosperar el motivo de error facti: en cuanto a los dos informes periciales, porque fueron ponderados de forma racional por el órgano a quo; en cuanto a las testificales, por no constituir documentos a efectos casacionales. El relato de hechos probados se incardina adecuadamente en la previsión típica del abuso de autoridad, habida cuenta de la condición militar del sujeto activo y de la víctima, la relación jerárquica de subordinación existente entre ellos y los actos de abuso sexual ejercitados por el superior sobre la inferior, con vulneración de dos bienes jurídicos, la disciplina y la libertad o indemnidad sexual de la víctima. También se incardinan en el delito de abuso sexual, al concurrir el elemento objetivo del contacto corporal o tocamiento impúdico con significación sexual y el subjetivo relativo al propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro. En consecuencia, se produce un concurso ideal heterogéneo de ambos delitos, con aplicación de la regla penológica del art. 77.2 CP.
Resumen: El Tribunal motiva adecuadamente que se le sanciona como particular en su conducta aunque con el prevalimiento del cargo público, ya que no comete el delito en su condición de funcionario, sino aprovechando el cargo que tenía en ese momento, ya que no es su función corregir exámenes, pero se alteran aprovechando su condición. Para el Derecho Penal el concepto de funcionario público es más amplio que el del administrativo, ya que no sólo merece tal consideración el que la adquiere por disposición de ley, sino que, también, se puede alcanzar la misma por otros dos títulos distintos, como son la elección y el nombramiento. Lo decisivo será el uso del cargo para facilitar la conducta delictiva. La conformidad de varios de los acusados al inicio de la vista oral del juicio no genera por sí indefensión para los restantes, ni en el ámbito probatorio, ni en el penal sustantivo. Se trataba de conformidades parciales en que los conformes no abandonaron el juicio oral, pudiendo ser preguntados por las restantes defensas. No era una conformidad. Se trató de la celebración de un juicio con parte de los acusados que se conformaban, lo que es muy distinto. La participación del recurrente en la alteración fue decisiva a la hora de coadyuvar a la alteración de las respuestas, y para ello no es preciso que se haya localizado al autor de la alteración, ya que consta esta llevada a cabo y la colaboración en ello del autor.
Resumen: Los márgenes de nuestra facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica, pero sin audiencia personal del reo, se concretan en la corrección de errores de subsunción a partir de los elementos fácticos reflejados en el relato de hechos probados, sin verificar ninguna nueva valoración de la prueba practicada en la instancia. Lo que ha declarado el Tribunal de apelación, debidamente motivado, es que, con la prueba practicada, no se puede alcanzar una certeza de la culpabilidad del acusado, debido a que la estructura del discurso valorativo del Tribunal de instancia no es racional, pues el testimonio de la persona cuyo relato sirve para fundamentar su condena (la víctima del delito) no reúne los requisitos exigidos por la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para poder ser considerada como prueba de cargo. Los informes periciales no resultan vinculantes para el órgano de enjuiciamiento. El perito es un auxiliar del ejercicio de la función jurisdiccional, pero no es alguien cuyo criterio deba imponerse a quienes asumen la tarea decisoria. No cabe partir de los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial, cuando el Tribunal Superior, en su sentencia de apelación, los ha negado por falta de pruebas de cargo suficientes para enervar la presunción de inocencia que asistía al acusado.
Resumen: Sólo cabría la apropiación indebida si hubiese existido una aportación de materiales por parte del principal o dueño de la obra; pero que no es viable conformar la apropiación indebida cuando es el contratista quien está encargado por su cuenta y riesgo de acopiar los materiales. En este último supuesto, el dueño se obliga a entregar el precio global pactado, y el contratista a efectuar la obra y a aportar para ello todo lo que sea necesario para culminarla, de modo que la pérdida fortuita de los materiales, su obtención a precio más o menos alto en relación a lo presupuestado o previsto, o cualquier otra incidencia que pueda suceder durante la ejecución de su contraprestación, por más que pueda llegar a tener repercusión en los efectos del contrato, carecerá de consecuencia en el precio convenido. La no devolución de un préstamo recibido comporta el incumplimiento de una obligación contractual que, aunque pudiera integrar una estafa si la subscripción del préstamo iba precedida del engaño de hacer creer falsamente al prestamista que se devolvería el objeto del anticipo, en ningún caso puede determinar un delito de apropiación indebida de lo ajeno. Los títulos a que se refiere la apropiación indebida, tienen en común el transferir la posesión de la cosa, pero no su propiedad y, por lo tanto, quedan excluidos del ámbito del tipo delictivo los contratos en los que se adquiere el dominio por parte del que recibe el dinero, siendo uno de esos casos el del prestatario.
Resumen: La recurrente se limita a señalar que ha sido condenada por un delito continuado de estafa del art. 249 CP, artículo que establece que para la fijación de la pena se tendrán en cuenta una serie de circunstancias para valorar la gravedad de la infracción, entre las que se recoge las relaciones entre el perjudicado y el defraudador. Estima que esas relaciones se refieren precisamente a la confianza que puede darse entre empleador/a y empleado/a. Y, como ha sido condenada por ejecutar los actos defraudatorios abusando de la relación confianza que le mantiene su empleadora, que tal circunstancia se ha tenido en cuenta doblemente, como agravación específica del art. 249 y la sexta del art. 22 CP. Esta cuestión ha sido resuelta de forma extensa y detallada por la Audiencia Provincial, que ha comprobado que la circunstancia de abuso de confianza únicamente ha sido tomada en consideración para aplicar la agravante de abuso de confianza prevista en el art. 22.6ª CP, no habiendo sido valorada para la individualización de la pena a imponer a la recurrente para lo que se ha atendido al importe de lo defraudado, a los perjuicios económicos ocasionados y a las circunstancias personales de la acusada. Además, no se justifica el interés casacional del recurso.
Resumen: Las diligencias sumariales, también las personales, siempre que hayan sido debatidas en el juicio oral son prueba utilizable. Ese criterio impera igualmente en el procedimiento del Jurado con alguna peculiaridad (aportación del testimonio de la declaración sumarial en el momento del acto del juicio oral). La mera adicción a sustancias estupefacientes no se convierte automáticamente en atenuante. Es necesario como expresa el art. 21.2 CP que la adicción sea grave y, además, que sea instrumental respecto del delito. Alevosía frustrada: En nuestro ordenamiento lo más lógico y coherente es excluir sin más la alevosía en tanto no se ha producido plenamente. No caben agravaciones parciales o incompletas. Eso no empece a valorar ese componente inicial alevoso a través del art. 66 CP. En el caso de autos el Tribunal Supremo sustituye la alevosía por la agravante de abuso de superioridad (art. 22.2º) que llevará los hechos al homicidio y determinará una rebaja penológica.
