Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda en la que se impugna el procedimiento para la asignación de vacaciones en Iberia y considera que el mismo se ajusta a derecho, pues teniendo en cuenta que los trabajadores con sus contratos suspendidos por ERTE sólo tienen derecho a vacaciones por el tiempo proporcional de servicios prestados, se estima adecuada la decisión empresarial de establecer un criterio en proporción a los días de vacaciones efectivamente disfrutadas en 2021 para establecer los puntos que asignan derechos de preferencia para elegir periodo vacacional en 2022.
Resumen: El actor trabaja como escolta privado, subrogándose OMBUDS de SEGUR IBERICA -SI- el 1-08-17, y TRANSPORTES BLINDADOS el 1-02-18. La SJS nº 16 de 21-06-18 reconoció al actor el derecho a percibir el complemento de asignación diaria y condenó a SI a su abono. La Sala afirma que el hecho de que el actor tuviera que reclamar a SI el reconocimiento que ahora pretende evidencia que éste no formaba parte de su patrimonio e indica que los anteriores pactos de empresa de naturaleza extraestatutaria de contenido obligacional no gozan del efecto de las cláusulas normativas de los convenios colectivos ni generan condiciones más beneficiosas en los términos del art 41 ET, quedando limitada su eficacia a las partes que los han suscrito y en los términos que ellas han fijado y aunque el art 14 del Convenio Nacional impone a la nueva adjudicataria respetar los derechos laborales reconocidos en la anterior, exige que éstos provengan de pactos o acuerdos lícitos puestos en conocimiento de la nueva junto con la documentación pertinente o que el trabajador pueda demostrar y tras la subrogación en OMBUDS ésta satisface al actor los derechos que tenía reconocidos en SI, al momento temporal de esa subrogación y no se había dictado la SJS mencionada ni consta que SI hubiera comunicado esos datos y concluye afirmando que la alegación de cosa juzgada se debió articular al amparo del art 193 a) LRJS -es una institución procesal- y que las STSJ no son hábiles para sustentar un recurso de suplicación.
Resumen: La Sala indica que en la demanda se impugna la decisión empresarial que deja sin efecto el pago del complemento de IT en la forma en que se venía haciendo, dándose el requisito subjetivo -afecta a un grupo colectivo y genérico de trabajadores, los adscritos al servicio de limpieza de Metro de Madrid en las Líneas 8 y 10 de Metro de Madrid- y el objetivo -carácter general del interés, estando aquí todos ellos afectados por una decisión de la empresa que les ocasionará una merma de ingresos cuando se encuentren en IT- y al versar el procedimiento sobre la aplicación e interpretación de pactos o acuerdos de empresa y de una decisión empresarial respecto de los mismos, de carácter colectivo por invocar la parte actora una serie de pactos de eficacia colectiva han de tomarse en consideración y comprobar su eficacia y si de los mismos deriva o no una obligación que ha dado lugar a unas condiciones, habiendo negado la SJS su eficacia sin proceder a una interpretación de los mismos en su integridad, conforme a lo dispuesto en los arts. 1281 y siguientes del Código Civil, limitándose a referirse en el relato fáctico a los acuerdos de homogeneización correspondientes a 2008 y 2011, sin examinar los demás pactos a los que se alude -Acuerdo Carta de Derechos de 1990 y sucesivos-, por lo que el procedimiento de conflicto colectivo es el adecuado, no existe caducidad de la acción y la SJS adolece de nulidad.
Resumen: Conflicto Colectivo. Se discute si la empresa a través de la inclusión en los contratos de trabajo del colectivo afectado de la cláusula en virtud de la cual, dichos trabajadores asumían voluntariamente la obligación de prestar servicios de guardia durante toda la vida del contrato vulnera el derecho a la libertad a la libertad sindical de las actoras, como por ellas se sostiene, o, si por el contrario, resulta una cláusula lícita y amparada por los sucesivos Convenios de aplicación. La sentencia estima parcialmente la demanda porque considera que esa práctica no puede, sin vulneración del derecho a la negociación colectiva, modificar el contenido de lo pactado en el Convenio colectivo aplicable, declarando la nulidad de la cláusula contractual que impone a los trabajadores/as la obligatoriedad de la realización del servicio de guardias y que tal vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva comporta la condena a la empresa al abono a cada una de las organizaciones sindicales actoras de una indemnización de 3.126 euros por el daño moral producido.
Resumen: La presidenta del comité de empresa recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que desestima su demanda de conflicto colectivo, por entender que no se había producido exceso de jornada durante el año de 2020 en la plantilla afectada por un ERTE de suspensión por COVID-19, que se prolongó durante 11 días efectivos de trabajo (88 horas). La Sala de lo Social desestima el recurso pues si bien se debe descontar de la jornada anual de 1.772 horas, las 88 horas del ERTE, no es posible partir de los 365 días del año como laborales, sino solamente 217, pero hay que sumarle un día, no generado de vacaciones, y por lo tanto laborable, lo que justifica el umbral superior de los 1.692 y no 1.684 horas.
Resumen: Se cuestiona si es ajustado a derecho tener al actor por desistido tras un archivo provisional por acuerdo entre las partes hasta una determinada fecha; acordándose que llegada dicha fecha la parte actora había de solicitar la prórroga de la suspensión o la continuación de la tramitación del procedimiento, dándose la circunstancia de que ninguna de las partes realizó actuación alguna. Por decreto se tuvo por desistido de su demanda al actor, declarándose terminado el proceso y acordando el archivo de las actuaciones. La sala de suplicación argumentó que cuando una conducta es susceptible de producir efectos jurídicos ya sea por acción u omisión, una vez causados no pueden quedar abolidos por quien los ha originado porque, entre otras cosas, no se aviene con la seguridad jurídica que el citado principio general del derecho pretende garantizar, lo que impide estimar el recurso formulado. En el recurso de casación para la unificación de doctrina no concurre entre las sentencias comparadas la contradicción exigida por el artículo 219 de la LRJS. La diferencia radica en que en la sentencia de contraste la Sala aprecia que concurre litispendencia, ya que existe un procedimiento de conflicto colectivo promovido por los Sindicatos, y mientras en la sentencia de contraste consta acreditado que subsiste la causa que dio lugar a la suspensión del procedimiento -la litispendencia-, en la sentencia recurrida no consta que la causa perdure.
Resumen: La sentencia recurrida declara el despido disciplinario de la actora nulo por vulneración del derecho a la garantía de indemnidad. La empresa había despedido a la trabajadora se le imputaba ofensas verbales al empresario. Interpone recurso de Suplicación la empresa , que es estimado en parte y se declara el despido improcedente. Se argumenta por la Sala que la decisión de la empresa de despedir a la trabajadora fue en fecha anterior a que la demandante presentara demanda por reclamación de derecho y cantidad por lo tanto mal se puede entender que el despido se hubiera producido como una reacción a la reclamación efectuada por la trabajadora.
Resumen: El Tribunal desestima el recurso de la demandante contra la sentencia que estima en parte su demanda y considera improcedente el despido disciplinario del que fue objeto, asumiendo que la demandante disfrutó de las vacaciones que la empresa sostuvo en juicio y sin realizar horas extraordinarias, asumiendo el salario regulador del despido indicado por la demandada, que ya en la carta de despido por transgresión de la buena fe contractual y disminución voluntaria y continuada del rendimiento había asumido su condición de improcedente. En primer lugar, la Sala desecha cinco reformas fácticas por diversas causas y luego de explicar los requisitos que la Ley impone al efecto y ello ya lleva directamente a considerar que ni se hicieron horas extraordinarias ni que la demandante disfrutase de menos vacaciones de las que señaló la demandada, lo que incide en la desestimación del recurso en cuanto a las mayores cantidades que, por tales conceptos, se pretendían con respecto a la indemnización por despido improcedente. En cuanto a la calificación del despido, rechaza la Sala que se pueda considerar la existencia de discriminación por discapacidad, puesto que ni la enfermedad que produjo la situación de incapacidad temporal era generadora de secuelas permanentes, ni siquiera consta que fuese de larga duración, puesto que la duración estimada de la misma era de corta, de menos de un mes, sin que, por tanto, proceda indemnización adicional alguna por vulnerar derechos fundamentales.
Resumen: Recurre el trabajador la procedencia de la extinción acordada por causas económico-productivas; que la Sala examina desde la condicionante dimensión que ofrece un irrevisado relato del que resulta (frente a su pretendida nulidad) que las extinciones computables son 5 y no 13/15, como pretende respecto al período de referencia (90 días). Siendo aplicable al caso una consolidada jurisprudencia según la cual las extinciones de contratos para obra o servicio determinado no computan salvo que se acreditase que la obra, no había finalizado. Y si bien habrá de imputarse el despido disciplinario la suma resultante no supera el número de extinciones computables a efectos de la obligada tramitación de un despido colectivo. En respuesta a la justificación de la causa alegada se pone de relieve el concurso de la productiva que se invoca ante la acreditada reducción significativa (en su facturación global) de la fabricación de marcas, así como reducción de facturación e ingresos en 3 trimestres consecutivos; siendo así que las contrataciones temporales se justifican por razones ajenas a la mencionada circunstancia productiva y descenso de facturación global; mientras que la existencia de una relación laboral antigua se asocia a una actividad concreta no identificada con el servicio prestado por la actora. Se concluye en favor de la proporcionalidad de la medida en función del ámbito empresarial a considerar; sin que la norma imponga la obligación de agotar una posible recolocación.
Resumen: Se recurre por el trabajador la sentencia de instancia que había declarado su despido objetivo por ineptitud sobrevenida improcedente alegando que debe ser declarado nulo por vulneración del derecho a la garantía de indemnidad. La Sala de lo Social estima el recurso pues entiende que el despido del actor debe declarase nulo por vulneración del derecho a la garantía de indemnidad y ello porque aquel se produce como una represalia al haber presentado el trabajador una reclamación solicitando salario, vacaciones y el reconocimiento de la condición de fijo. Previamente la Sala analiza si se han aportado indicios suficiente para que opere la inversión en la carga de la prueba, entendiendo que si, llega a la conclusión antes señalada pues por la empresa no se habría acreditado que el despido del actor esta justificado o que no es una represalia por sus reclamaciones. Condena también a la empresa a una indemnización por daños morales y la reclamación de cantidad por diferencias salariales.
