Resumen: RCUD. La cuestión a resolver es la de establecer la fecha en la que deben fijarse los efectos económicos derivados del procedimiento judicial de determinación de contingencia de la prestación de incapacidad temporal, reconocida en vía administrativa por enfermedad común y calificada como derivada de accidente de trabajo en el proceso judicial. Esto es, si han de retrotraerse la fecha del hecho causante y reconocimiento de la incapacidad temporal, o ha de ser la de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de determinación de contingencia. La Sala IV, tras admitir la recurribilidad de la sentencia y la competencia funcional según STS 22/2021 de 13 enero (rcud. 2245/2019), sostiene, en interpretación del art 53.1 LGSS y del art 6 RD 1430/06, y conforme a sentencia previa que, dado que la trabajadora presenta la solicitud de determinación de la contingencia una vez transcurrido el plazo de tres meses desde el hecho causante, ello obliga a limitar los efectos económicos derivados del reconocimiento de esta pretensión a los tres meses anteriores a la fecha de dicha solicitud. Reitera Doctrina de SSTS 7 julio 2015 (rcud. 703/2014) y 22/2021.
Resumen: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE DESPIDO: la notificación del acto de despido por la administración o una entidad pública, sin indicar vía y plazo de impugnación, mantiene suspendido el plazo de caducidad hasta que la persona trabajadora la impugne por la vía procedente. Reitera doctrina SSTS de 24 de julio de 2020 (rcud 1338/2018); de 14 de abril de 2021 (rcud 3663/2018); de 10 de diciembre de 2021 (rcud 947/2019); de 27 de enero de 2022 (rcud 4282/2019); de 8 de marzo de 2022 (rcud 4874/2019); de 9 de marzo de 2022 (rcud 2372/2020) y de 10 de junio de 2022 (rcud 1358/2021), entre otras.
Resumen: RCUD. Vigilante de seguridad de PROSEGUR que reclama 2228,36€ por diferencias salariales derivadas de la indebida exclusión de los complementos de trabajo previstos en el art. 66.2 del referido convenio, respecto de las vacaciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Se cuestiona cuál es el dies a quo a efectos de determinar si están parcialmente prescritas las cantidades reclamadas por el actor en ejecución de sentencia colectiva previa, dictada en impugnación del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada (2012-2014 (7) ), para la declaración de nulidad del art. 45.2 relativo a vacaciones. NO cabe recurso de suplicación y tampoco de casación para la unificación. Falta de competencia funcional de la Sala. Irrecurribilidad por razón de cuantía y falta de afectación generalizada. Nulidad de lo actuado.
Resumen: Se cuestiona si el INSS tiene que iniciar un expediente sancionador para suspender una prestación de IT o de maternidad conforme a la LISOS, en el supuesto de que el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena durante su percepción. Se desestima el motivo primero en el que se denuncia incongruencia omisiva porque sí se da respuesta al motivo 4 del recurso de suplicación. Los motivos 2 y 3 también se desestiman por falta de contradicción. En la sentencia recurrida la actora inició un proceso de incapacidad temporal por amenaza de aborto solicitando la prestación por maternidad más subsidio por parto múltiple hasta su reincorporación al trabajo y consta acreditado que desde el mismo momento en que inició el periodo de incapacidad temporal trabajó en un centro médico privado, por lo que la sala entiende que se vacía de contenido la finalidad protectora del embarazo y revela que el riesgo no existía desde el principio. Estas circunstancias, de gravedad en la obtención fraudulenta del subsidio y la ejecución de un trabajo de forma continua no concurren en la referencial en la que el trabajador, tras ser despedido, estando en situación de incapacidad temporal prestó servicios de forma esporádica durante dos días. Asimismo, en la sentencia recurrida se inició un procedimiento para la declaración y reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas habiéndose seguido el trámite de audiencia al interesado. Esta circunstancia no concurre en la referencial.
Resumen: PROCEDIMIENTO DE OFICIO:a través de la cuestión que sustenta el recurso de casación presentado por la TGSS se pretende revocar la sentencia de suplicación con el objeto de que se declare que la relación que mantienen los odontólogos con la empresa demandada bajo la marca comercial de Vitaldent, es laboral. La Sala de unificación desestima el recurso por FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: SANCIÓN ADMINISTRATIVA: cuestiones procesales. Incongruencia omisiva por acoger únicamente lo establecido en el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y no contestar las cuestiones que planteó en su demanda la empresa. La incongruencia omisiva se produce frente a la falta de respuesta de las pretensiones, no frente a las alegaciones o argumentos, por lo que si el órgano judicial pudiere no haber examinado pormenorizadamente y de manera exhaustiva todo y cada uno de los argumentos ofrecidos en defensa de su pretensión no significa que la sentencia haya incurrido en el tipo de incongruencia denunciada.Falta de contradicción.
Resumen: Se discute sobre el derecho a devengar el complemento previsto en el Convenio sectorial de Hostelería para quienes hayan prestado servicios como auxiliares de limpieza durante más de diez años. La actora presta servicios como ayudante de limpieza en las cafeterías de RTVE desde abril de 2006. La empresa adjudicataria lo fue hasta octubre de 2014 en que la asumió otra mercantil, ahora demandada. La sentencia del Juzgado advirtió que el asunto poseía un contenido de generalidad no cuestionado por las partes. El núcleo litigioso se centra en que no se ha acreditado que durante 10 años la trabajadora tuviera la misma categoría, así como que es necesario esa antigüedad en la misma empresa. La Sala examina si las sentencias opuestas son contradictorias y concluye que no concurre la similitud exigida por el artículo 219.1 porque la sentencia recurrida parte de que la trabajadora ha desempeñado durante diez años la misma actividad y ostentado idéntica categoría profesional, con independencia de que las empresas concesionarias hayan sido varias, pero en la sentencia de ha quedado sin acreditar que la trabajadora haya tenido durante diez años la misma categoría profesional. La sentencia concluye que aunque se aceptara que no es necesario haber prestado la actividad para la misma empresa (dando validez al tiempo transcurrido antes de la subrogación) no sería posible estimar la demanda interpuesta, al no resultar del relato fáctico que tuviera la misma categoría desde hacía 10 años.
Resumen: SUBSIDIO DE DESEMPLEO MAYORES 52 AÑOS: limite de rentas. Rescate de plan de pensiones. Únicamente se computaran el incremento de patrimonio y no el suma total recibida. Incumplimiento requisitos formales, se inadmite recurso actora y se rechaza el del SEPE por falta de contradicción.
Resumen: Se reitera doctrina y se estima recurso de Telefónica de España, SAU, que propugnaba la falta de competencia funcional de la sala de suplicación para conocer del recurso por razón de la cuantía. No se infiere la afectación general de la existencia de dos sentencias contradictorias ni de la formalización de recursos de casación para la unificación de doctrina en conflictos similares porque la sala de suplicación dedujo la misma, no de la litigiosidad, sino de la existencia de procesos de conflicto colectivo y la Sala IV advierte que lo reclamado es la cuantificación del derecho que se cuestionaba en dichos procesos, en particular la prescripción, en íntima conexión con la materia objeto de los mismos y con los momentos temporales en que en cada supuesto individualizado tiene lugar la reclamación, y sobre ese debate no consta litigiosidad que merezca calificarla de generalizada. Sin que afecte a dicha conclusión, de un lado, la conformidad de las partes respecto de la existencia de afectación general, pues el acceso al recurso es una cuestión de orden público, no disponible y por tanto, es necesario que la afectación general sea objetivamente evidente. Y de otro, la decena de sentencias dictadas en casación unificadora que declaran la irrecurribilidad de la de instancia, porque la cuestión litigiosa no es extrapolable a otro colectivo de trabajadores fuera de la empresa recurrente, y ese número de procesos es manifiestamente insuficiente.
Resumen: La cuestión planteada en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la sentencia de instancia, en la que se declaró el derecho de los trabajadores a percibir el plus sustitutorio de penosidad, peligrosidad y toxicidad en mataderos regulado en el artículo 20.3 del Convenio Colectivo del sector de Limpieza de Edificios y Locales de Navarra para los años 2015 a 2018, condenando a la empresa a abonar a cada uno de ellos 1.855,20 euros brutos así como 150 euros en concepto de diferencias en el pago de las horas extras, era recurrible en suplicación. La sentencia de instancia dio acceso al recurso de suplicación porque la cuestión afectaba a todos los trabajadores de la empresa pero la sala de suplicación y la sentencia ahora comentada resuelven la falta de competencia funcional porque ni existe cuantía mínima ni afectación general. Por lo tanto, la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación y se declara la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación de ésta.
