• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 1144/2020
  • Fecha: 21/07/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Incidente de nulidad. Estimación del incidente y admisión. Becas. Universidades privadas. Exclusión. Discriminación. Valencia. Asunto repetitivo. Legitimación. Igualdad. Posible incidencia de recientes STC 191/2020, 17 de diciembre, y STC 6/2021, 25 enero (entre otras). Asuntos admitidos (RRCA 3773/2020 y 1639/2020).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 3677/2019
  • Fecha: 21/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las cuestiones que el recurso plantea han sido abordadas y resueltas por la sentencia de 18 de mayo de 2020 (RCA/5665/2018), a la que la Sala se remite por elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica. Según dicha sentencia, carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) posteriores, como la que constituye el acto enjuiciado en este proceso, a la decisión anterior, adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos formales de la ponencia de valores. Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa ponencia determine en el recurso dirigido frente a la misma si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o no de aquellos defectos formales. Por tanto, no es posible anular la liquidación del IBI por defectos de la ponencia de valores -constatados en procesos referidos a otros contribuyentes- cuando, como sucede en este caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a Derecho dicha ponencia en sentencia firme. Por tanto, se estima el presente recurso de casación y, correlativamente, se desestima el recurso contencioso-administrativo, pues el Ayuntamiento de El Campello, no estaba obligado -como sostiene el juez a quo- a considerar nula la ponencia de valores.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 2855/2016
  • Fecha: 21/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra auto que desestima incidente de ejecución de sentencia que estima el recurso deducido por el ahora recurrente en casación y declara la disconformidad a derecho del punto A7 del Baremo de Méritos para la autorización de nuevas oficinas de farmacia, y declara la disconformidad a Derecho de las resoluciones que convocan el concurso de méritos para la adjudicación de sendas oficinas de farmacia en las zonas farmacéuticas en las islas de Mallorca e Ibiza. Los motivos de casación encajan en uno de los motivos contemplados en el artículo 87.1.c) LJCA. El recurrente ostenta legitimación, pues la estimación de la pretensión deducida en el recurso conllevaría una ventaja y un beneficio para sus intereses, sin que la colegiación oficial ni el ejercicio o no de la profesión de farmacéutico sea un presupuesto para la concurrencia de un interés legítimo. El recurso de casación es un recurso extraordinario en el que no se contempla la práctica de prueba. Se estima el recurso de casación, pues ni la derogación formal del apartado A.7 del Anexo II del Decreto 25/1999, ni la resolución que declara inaplicable el precepto reglamentario (subapartado A7) son suficientes para considerar correctamente ejecutada la sentencia, que conlleva la nulidad de las convocatorias de los concurso de méritos objeto de impugnación, sin quepa mantener la validez de los actuado al amparo de la convocatoria anulada al socaire del principio de conservación de los actos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MERCEDES GALOTTO LOPEZ
  • Nº Recurso: 182/2019
  • Fecha: 20/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia de la instancia por la que se desestimó, a su vez, el recurso interpuesto confirmando la resolución administrativa impugnada desestimatoria de la solicitud de residencia temporal y trabajo por cuenta propia 1º renovación. Se sustenta el recurso de apelación interpuesto en el error en la valoración de la prueba practicada en la instancia y ello,según refiere la parte apelante, al haber aportado documentación acreditativa de la continuidad de la actividad laboral habiendo cotizado durante 7 meses el primer año, aportando documentación acreditativa de la escolarización de sus hijos y de su integración en la sociedad. Y ello,frente a los razonamientos de la sentencia apelada,desestimando el recurso al apreciar que durante un total de 5 meses el recurrente estuvo sin actividad laboral. Se confirma la sentencia apelada al quedar debidamente acreditado,a la vista de la prueba practicada,que el recurrente, en el período correspondiente a la autorización concedida no estuvo de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante un periodo de 5 meses, de lo que se desprende que únicamente consta dado de alta un total de 3 meses. Se coincide con la valoración de la prueba en la instancia no quedando acreditada la continuidad en la actividad laboral exigida en el precepto para la concesión de la renovación, sin perjuicio de que inste una nueva solicitud si se cumplen los requisitos.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA JESUS VEGAS TORRES
  • Nº Recurso: 136/2017
  • Fecha: 20/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Colegio de Abogados de Guadalajara recurre la resolución de la CNMC por la cual le impuso una sanción al advertir la comisión de una falta del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en recomendaciones de precios mediante la elaboración, publicación y difusión de baremos de honorarios por parte del referido Colegio. Tras rechazar la caducidad del procedimiento que el Colegio recurrente aduce como primer motivo de impugnación, la sentencia analiza el carácter de las prácticas prohibidas que la CNMC imputa al Colegio, consistentes en el establecimiento y difusión de baremos orientativas de honorarios profesionales y, a la vista de la prueba obrante en los autos, concluye que dicha práctica ha sido suficientemente acreditada, y que integra una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que confirma la sanción, cuya cuantía considera además que ha sido suficientemente motivada.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FELISA ATIENZA RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 829/2018
  • Fecha: 20/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Adquisición nacionalidad española por residencia. Proceso de lesividad. Buena conducta cívica. Dictada resolución, concediendo la nacionalidad, se constata la existencia de una Orden Internacional de Detención, expedida en Marruecos. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre el proceso de Lesividad. Examen del requisito de buena conducta cívica, doctrina y jurisprudencia. Artículo 107 de la Ley 39/2015. En las actuaciones se constata que la administración desconocìa, al momento de conceder la nacionalidad, la existencia de la Orden de Detención, por presunto delito de tráfico de drogas, lo que originó un proceso de extradiciòn, que culmina con la decisión de entrega del solicitante a Marruecos. En todo caso los hechos son anteriores a la decisión de concesión, siendo claro que se conculca el artículo 22 del Código Civil, máxime si tenemos en cuenta que el solicitante está ingresado en prisión en Francia, desconociéndose los motivos.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS
  • Nº Recurso: 209/2018
  • Fecha: 20/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Colegio de Abogados de Barcelona recurre la resolución de la CNMC por la cual le impuso una sanción al advertir la comisión de una falta del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en recomendaciones de precios mediante la elaboración, publicación y difusión de baremos de honorarios por parte del referido Colegio. Como primer motivo, aduce la entidad recurrente que la competencia para conocer del procedimiento sancionador correspondería, no a la CNMC, sino al órgano autonómico de competencia. Y la sentencia avala esta interpretación al entender que las actuaciones de los Colegios Profesionales, también las que pudieran ser constitutivas de infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia, tienen por definición legal un alcance territorial limitado al del Colegio Profesional que las lleva a cabo y, en consecuencia, y por aplicación del artículo 1.3 de la Ley 1/2002, debiera conocer de las mismas la autoridad autonómica de competencia en aquellas Comunidades en las que exista.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA JESUS VEGAS TORRES
  • Nº Recurso: 710/2015
  • Fecha: 20/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Colegio de Abogados de Las Palmas recurre la resolución de la CNMC por la cual le impuso una sanción al advertir la comisión de una falta del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en recomendaciones de precios mediante la elaboración, publicación y difusión de baremos de honorarios por parte del referido Colegio. Tras rechazar la caducidad del procedimiento que el Colegio recurrente aduce como primer motivo de impugnación, la sentencia analiza el carácter de las prácticas prohibidas que la CNMC imputa al Colegio, consistentes en el establecimiento y difusión de baremos orientativas de honorarios profesionales y, a la vista de la prueba obrante en los autos, concluye que dicha práctica ha sido suficientemente acreditada, y que integra una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que confirma la sanción, cuya cuantía considera además que ha sido suficientemente motivada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 8/2020
  • Fecha: 20/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS acoge la doctrina fijada en la STS de 10 de junio de 2020 (recurso 271/2019), confirmando la legislación aplicable. Respecto la legitimación de los partidos políticos señala, que la naturaleza imperativa del efecto extrapenal de la sentencia condenatoria, al erigir en causa de inelegibilidad la condena por sentencia penal, aun no firme, conduce a reconocer la condición de titulares de intereses legítimos a los partidos políticos que instaron la actuación de la Administración Electoral. Confirma la actuación de la JEP de Barcelona y la funcional de la JEC, en virtud del art. 21 de la LOREG, que permite recurrir ante la Junta Electoral de superior categoría, cualquier decisión de una Junta Electoral inferior, a no ser que exista un procedimiento específico de revisión, lo que no sucede en el presente caso ya que estos procedimientos se ciñen a las reclamaciones en materia censal (art. 40 de la LOREG), a los acuerdos sobre proclamación de candidaturas (art. 49 de la LOREG) y al recurso contencioso-electoral (art. 109 y ss. de la LOREG); se concluye que las causas de abstención y recusación se regulan en el art. 23.2 de la Ley 40/2015, y no en la LOPJ, y sobre la reclamada abstención de una vocal de la JEC por participar en una causa especial, ni el recurrente fue parte en la misma, ni existe vínculo con el acto de la JEC aquí recurrido; y, remite a la STS de 28-4-21 sobre la competencia de la JEC sobre el efecto extrapenal de la sentencia aunque no sea firme,.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: JULIO CESAR DIAZ CASALES
  • Nº Recurso: 4070/2021
  • Fecha: 20/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de los de Pontevedra, por la que se estimó el recurso contra la resolución del Ayuntamiento que reconoció una subvención al recurrente por importe de 52.657,44 € en atención a los daños padecidos en su vivienda a consecuencia de una explosión. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios: Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. El presente recurso se centra en la ayuda solicitada, y lo que ha de verificarse es si los parámetros de cuantificación han sido correctamente aplicados en su caso. La controversia no se refiere a la aplicabilidad de la cifra de 153.812,52 euros como límite máximo de la subvención, sino a otro de los parámetros de cuantificación establecidos en el artículo 13, que establece que el importe de la ayuda no puede superar el precio de venta de una vivienda protegida de régimen general en Tui. La interpretación que realiza la sentencia recurrida y la parte apelada conducen a incumplir las normas rectoras de la fijación del precio de la vivienda protegida, al computar superficies de anexos-garaje-trastero por encima del máximo computable según la normativa rectora de la fijación del precio de la vivienda

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