Resumen: La sentencia señala que ha lugar al recurso de casación interpuesto contra el auto que tuvo debidamente ejecutada la sentencia estimatoria que declaró apto al aspirante en la prueba de entrevista personal y ordenó continuar el proceso selectivo en el Cuerpo Nacional de Policía, precisando que la nota de corte a aplicar para poder superar la siguiente prueba psicotécnica a realizar tendría que ser la fijada en el proceso selectivo del que fue indebidamente excluido. La jurisprudencia que ha dicho que la nota de corte de referencia en estos casos no debe ser esa, sino la fijada para la convocatoria en que tiene lugar dicha prueba, no puede aplicarse en el presente supuesto, pues a diferencia de los recursos en que dicha doctrina se estableció, la recurrente no impugnó la sentencia estimatoria que así lo declaró. Procede, por tanto, la repetición del test psicotécnico a fin de garantizar que el realizado en ejecución de sentencia tenga la misma o parecida dificultad y características que los test que efectuó la promoción de origen.
Resumen: Anulada la expulsión por el Juzgado de instancia, la Sala valora las circunstancias de peligrosidad y confirma la Sentencia, indica que la condena fue por un mordisco en la oreja, hecho aislado del que se arrepintió y pagó sus consecuencias civiles. Los hechos fueron realizados en el 2016, y ha pasado suficiente tiempo, como para considerar la falta de peligrosidad. Lleva desde 2003 en España, con arraigo y las detenciones citadas por la defensa de la Administración del Estado no han dado lugar a condenas.
Resumen: La sentencia señala que ha lugar al recurso de casación interpuesto contra el auto que tuvo debidamente ejecutada la sentencia estimatoria que declaró apto al aspirante en la prueba de entrevista personal y ordenó continuar el proceso selectivo en el Cuerpo Nacional de Policía, precisando que la nota de corte a aplicar para poder superar la siguiente prueba psicotécnica a realizar tendría que ser la fijada en el proceso selectivo del que fue indebidamente excluido. La jurisprudencia que ha dicho que la nota de corte de referencia en estos casos no debe ser esa, sino la fijada para la convocatoria en que tiene lugar dicha prueba, no puede aplicarse en el presente supuesto, pues a diferencia de los recursos en que dicha doctrina se estableció, la recurrente no impugnó la sentencia estimatoria que así lo declaró. Procede, por tanto, la repetición del test psicotécnico a fin de garantizar que el realizado en ejecución de sentencia tenga la misma o parecida dificultad y características que los test que efectuó la promoción de origen.
Resumen: Se deniega porque la empresa no acredita que garantice una ocupación regular y estable por la que el trabajador debe percibir como mínimo el salario mínimo interprofesional en cómputo anual, ni la disposición de medios económicos. La Sala indica que la prueba aportada no permite constatar la disponibilidad de medios económicos del empleador. Se presenta una declaración del ejercicio 2019 de IRPF, en la que consta como rendimiento neto de las actividades en estimación directa 21.981,12 euros y una declaración de cultivos, lo que no permite deducir el rendimiento de la explotación, apareciendo en la consulta al SIL a junio de 2023, 4 trabajadores de alta con contrato 300, fijo discontinuo. Por otra parte el apelado manifiesta que el coste del trabajador ascendería a 18.000 euros al año, por lo que no se desprende de la documentación aportada y por ello el acto administrativo que deniega la solicitud debe apreciarse conforme a derecho y en consecuencia procede con estimación del recurso de apelación, revocar la sentencia dictada en la instancia y desestimar el recurso contencioso administrativo.
Resumen: Adquisición nacionalidad española por residencia. Requisitos. Buena conducta cívica. La decisión judicial debe centrarse, en exclusiva en los motivos de denegación. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre los requisitos para la adquisición de la nacionalidad. Concepto jurídico indeterminado, única solución justa. La adquisición de la nacionalidad no es derecho subjetivo, sino manifestación de soberanía del estado. Especial referencia jurisprudencial al requisito de buena conducta cívica. Estándar medio de conducta. Constatación de condena penal por falsificación de documentos públicos.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, conforme a la normativa existente contenida en el artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, la Disposición Final 4.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los representantes sindicales tienen derecho a acceder a la información pública relativa a las cantidades que perciba cada funcionario en concepto de complemento de productividad.
Resumen: El sindicato demandante impugna las bases de la convocatoria para la contratación de un trabajador para el puesto de trabajo de oficial de obras y mantenimiento del puerto de Maó mediante concurso de méritos, al considerar que las mismas vulneran los principios de mérito y capacidad porque no consta en el proceso selectivo ninguna fase que evalúe conocimientos. No existe en este sentido, prueba alguna que permita al candidato acreditar el grado de conocimientos técnicos sobre la base de un temario que refiera a las funciones que se establecen en el propio anexo I que, a la postre, deberá ejercitar y desarrollar en el ejercicio de sus funciones. Se rechaza este motivo de impugnación por la sencilla razón de que el procedimiento de selección lo es por concurso de méritos, no por oposición o concurso oposición. El primero tiene por objeto valorar la experiencia y formación del aspirante mientras que en los otros sí deben realizarse pruebas para evaluar los conocimientos de los mismos. No se aprecia desigualdad de trato en la distinta valoración de la experiencia profesional porque el principio de igualdad no impide un tratamiento diferenciado cuando se fundamenta en una justificación objetiva y razonable. Y está justificado que en la valoración de los méritos para acceder a un concreto puesto de trabajo se valore con mayor preponderancia la experiencia más directamente relacionada con las tareas a desesmpeñar. Se rechazan por carecer de base alguna las otras valoraciones.
Resumen: la recurrente interpuso recurso contra la resolución de la Directora Gerente del SESCAM, por la que se inadmitió la petición de revisión de oficio formulada en relación con la resolución de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos del SESCAM, que convocó el proceso selectivo para el ingreso por los sistemas de acceso libre y promoción interna en la categoría del Grupo Administrativo de la Función Administrativa. la Sala considera que el recurso planteado no puede ser estimado. La existencia de un supuesto práctico en el turno libre, que no existe en el de promoción interna, no vulnera el principio de igualdad ni, por tanto, hace nula la convocatoria. Es razonable que a quien ingresa desde fuera de la función pública del SESCAM se le exija demostrar su capacidad práctica mediante una prueba de tal clase, y que no se exija a quien ya ha adquirido y demostrado su capacidad práctica en el trabajo diario.
Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se desestima el recurso de alzada dirigido contra acuerdo del tribunal calificador del proceso selectivo convocado por acuerdo de 8 de febrero de 2023, de dicha Comisión Permanente, para la provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en materias propias de los órganos del orden civil, del orden penal o de los órganos con jurisdicción compartida, para el acceso a la carrera judicial por la categoría de magistrado/a, por el que se aprueba la relación de personas convocadas a la realización del dictamen. Se argumenta en la sentencia que la falta de valoración de méritos que alega el recurrente no se puede reprochar al tribunal calificador, sino que se produjo tanto por la no aportación del libro cuya valoración se pretendía, como por una indebida o incorrecta asignación, por parte del recurrente, de los méritos en los apartados a los que debía incluir dichos méritos.
Resumen: Se archiva la solicitud por no haber aportado el certificado de antecedentes penales. La cuestión que se plantea hace referencia a la corrección del requerimiento de aportación de dicha documentación y la Sala concluye que debe entenderse incorrectamente practicada la notificación del requerimiento, pues no se ajustó ni a las previsiones de los artículos 42 LPACAP y también 42 del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998 del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales ni a las exigencias de la Jurisprudencia y ello puesto que el intento ha de repetirse en los tres días siguientes, mientras que el intento de notificación aquí examinado, como hemos notado, la repetición del intento se llevó a cabo el mismo día que el primero. Se acuerda retroacción para la correcta notificación del requerimiento.
