Resumen: Se discute el complemento de localización objeto de modificación en la relación de puestos de trabajo impugnada de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Toda la documentación previa obrante en el expediente administrativo y las propuestas sometidas a la mesa de negociación lo han sido, respecto de este complemento, vinculado a los municipios. Cuyo objetivo es «contribuir a la estrategia global del Gobierno en materia de despoblamiento y reto demográfico», siendo lógico que vaya referido a una entidad objetiva como es la establecida
No concurre la nulidad del acto administrativo por infracción del principio de igualdad o discriminación al establecerse un término de referencia único y neutral como es la del ente territorial en que se localiza un puesto, éste sí con mayor riesgo de alteraciones.
La interpretación que se propone por la parte recurrente choca con el texto literal de la normativa, en cuanto la distancia lo es al "municipio", cumpliendo igualmente con la finalidad teleológicamente que se deduce de su implantación. No hay que olvidar que, en materia funcionarial, la residencia habitual y las cuestiones relativas a la localización están íntimamente ligadas con el municipio en que se ubica el puesto de trabajo.
Resumen: Sostiene esta sentencia que el complemento para la reducción de la brecha de género previsto en nuestro legislación nacional debe ser interpretada conforme a la jurisprudencia del Derecho de la Unión Europea que establece la prohibición de discriminación. Por tanto los varones, si se dan las circunstancias y requisitos necesarios, también deben ser acreedores al complemento para la reducción de la brecha de género en el supuesto de dedicación a la familia.
Resumen: Sostiene esta sentencia que el complemento para la reducción de la brecha de género previsto en nuestro legislación nacional debe ser interpretada conforme a la jurisprudencia del Derecho de la Unión Europea que establece la prohibición de discriminación. Por tanto los varones, si se dan las circunstancias y requisitos necesarios, también deben ser acreedores al complemento para la reducción de la brecha de género en el supuesto de dedicación a la familia.
Resumen: Tras exponer la normativa que rige esta clase de peticiones, la sentencia concluye que la demanda formulada no se basa en una persecución derivada de motivos políticos, religiosos, étnicos, u otros incluidos en el art.3 y 7 de la Ley 12/2009. De lo que consta en el expediente, se trata de amenazas que derivan de una organización de extorsionadores, que no se halla vinculada al Estado colombiano ni venezolano. En la demanda se cambia el relato y se alude a un acoso sexual así como que también ha sido perseguida en Colombia. ACNUR ha informado en sentido contrario a la pretensión de la parte recurrente.
Tampoco se ha justificado la concurrencia de razones que justifiquen la protección subsidiaria conforme al art.4 y 10 de la Ley 12/2009 y tampoco razones humanitarias que no se invocan.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión. En el caso que decide considera que no existen datos negativos que avalen la expulsión.
Resumen: Se confirma por esta sentencia el Auto del Juzgado de la instancia que acuerda denegar la medida cautelar de suspensión de la orden de expulsión adoptada por la Administración y ello al entender que no se acredita de forma adecuada la existencia de perjuicios para el recurrente que pudieran derivarse de la ejecución del acto impugnado, fijándose especialmente en el eventual arraigo que pudiere tener el recurrente en nuestro país, y ello considerando que el mismo no existe al no acreditar el arraigo que invoca.
Resumen: Se estima el recurso de apelación contra el auto que autorizaba la entrada en domicilio para ejecutar resolución firme de desahucio dictada por el Instituto Municipal de la Vivienda. El TSJ de Andalucía recuerda que la autorización judicial prevista en el art. 100.3 de la Ley 39/2015 y art. 8.6 LJCA no es automática, sino que exige ponderación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) frente a la ejecución administrativa. El control judicial debe verificar la legalidad aparente del acto, la necesidad de la entrada y la proporcionalidad, adoptando las cautelas menos restrictivas posibles. En supuestos con menores o personas vulnerables, la Administración debe acreditar medidas previas para su protección. En el caso, pese a alegaciones sobre precariedad y cuatro hijos menores, la Administración no analizó la situación socioeconómica ni ofreció alternativas habitacionales, limitándose a negar la vulnerabilidad sin motivación suficiente. Se revoca la autorización por falta de ponderación y medidas protectoras, sin imposición de costas.
Resumen: La Sala declara que:
1. La regulación de la reserva de los contratos públicos o de algún lote de los mismos a favor de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social recogida en la disposición adicional cuarta y en la disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no vulnera el principio de igualdad de trato ni el principio de proporcionalidad que se enumeran en el artículo 18, apartado primero, de la Directiva 2014/2024/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, como principios generales de la contratación pública.
2. No es arbitraria ni carece de justificación la opción del legislador nacional recogida en la disposición adicional cuarta y en la disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que ha excluido de la reserva de los contratos públicos a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial.
3. La reserva de los contratos públicos a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social se ha establecido para alcanzar una finalidad que es legítima atendiendo a los principios recogidos tanto en el artículo 49 de la Constitución como en la Directiva 2014/2024/UE, como es la integración social y laboral de las personas con discapacidad que puede obtenerse de manera más eficiente y beneficiosa para ese colectivo atendiendo exclusivamente a criterios plenamente objetivos como son las características específicas que tienen los centros especiales de empleo de iniciativa social, en cuanto que, se comprometen a reinvertir todos los beneficios obtenidos de su actividad económica en los citados centros para la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social.
Resumen: Admitido el recurso de casación, la Sala se remite a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, para concluir que los hijos de quienes hubiesen nacido en el Sáhara Occidental durante la etapa en que este se hallaba bajo autoridad española no pueden acogerse a la autorización de residencia temporal por razones de arraigo familiar prevista en el artículo 124.3.c) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (anterior apartado b)), considerando que la sentencia de apelación, recurrida en casación, se aparta de una doctrina, la emanada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que en materia de nacionalidad, es la competente para resolver, y su criterio vincula la jurisprudencia que emana del orden contencioso-administrativo cuando resuelva litigios en los que deba tenerse en cuenta la nacionalidad de una persona. Véase como precedente jurisprudencial la Sentencia de Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 207/2020, de 29 de mayo de 2020 (Rec. 3226/2017).
Resumen: Recurso contra el Real Decreto 100/2025, de 18 de febrero, por el que se desarrollan la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y los informes de evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por posible vulneración de derechos fundamentales por su artículo 10.2 que establecía que "Tendrán representación en la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social las organizaciones sindicales que tengan la condición de más representativas a nivel estatal en el año anterior a su designación". La Sala declara la desaparición sobrevenida de su objeto porque el Real Decreto 561/2025, de 1 de julio, por el que se modifica el citado artículo 10.2 del Real Decreto 100/2025, que queda redactado así: "Tendrán representación en la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social las organizaciones sindicales de mayor implantación en el año anterior a su designación".
Para la Sala es patente que los extremos discutidos por la parte actora han sido derogados por el Real Decreto 561/2025, razón por la que considera que debe reconocerse la pérdida sobrevenida del objeto del recurso examinado, sin que, por otra parte, la recurrente haya invocado ninguna circunstancia que pudiera justificar la continuidad del proceso, sino que, antes al contrario, ha anunciado la presentación de un nuevo recurso contra el Real Decreto 561/2025.
