Resumen: Por el Juzgado de 1ª instancia se dicta sentencia estimando la acción de repetición o regreso ejercitada por la Aseguradora contra el médico internista Don Luciano, el cirujano Don Mariano y la "CLÍNICA ESPERANZA DE TRIANA, S.A.", como entidad gestora del centro sanitario Hospital Infanta Luisa de Sevilla, tras pago, a los herederos de Don Romeo, de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la prestación medica que le correspondía como afiliado del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, organismo con el que la Aseguradora actora tenía acordado convenio, por el que se obligaba a prestar la asistencia sanitaria a dicho afiliado, en determinados centros médicos y por determinados facultativos. Recurrida en apelación sólo por la "CLÍNICA ESPERANZA DE TRIANA, S.A.", por el Tribunal se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida, rechazando la impugnación planteada por un codemandado, porque si bien cumple el requisito de impugnarse la sentencia en lo que le es perjudicial, no cumple el requisito, que el recurso se interponga frente a la parte apelante; desestimándose el motivo de recurso sobre la prescripción, porque las diligencias preliminares dirigidas a identificar con claridad tanto la acción que se pretendía conservar, como frente a las personas que se pretende hacer valer, la interrumpen; no existir infracción de la carga de la prueba en la sentencia recurrida, ni tampoco error en la valoración de la prueba, por valorar más a una pericial.
Resumen: Se plantean acciones de nulidad e infracción de marca por ambas partes en litigio y, a su vez comportamientos desleales. La sentencia admite la existencia de actos de engaño por lo que condena a la remoción de aquellos comportamientos concretos que hagan aparecer el producto de la demandada como relacionado con el de la actora. No hay, sin embargo acto de confusión (sí de engaño) puesto que la publicidad de la demandada pretende diferenciarse de los productos de la actora, presentando una nueva imagen, pero en un contexto continuista (engaño). No existe acto de imitación de productos, pues existen suficientes diferencias para no apreciar imitación de creaciones materiales. Sin prueba precisa sobre los perjuicios no procede conceder indemnización. Se mantiene la nulidad de la marca por inscripción de mala fe (sin la intención de ser usada), pues quien así la registró ni ha probado la especial relación con la contraria que habilitara la licitud de dicha inscripción (por ejemplo, contrato de distribución).
Resumen: Solicitud de declaración del error judicial con respecto a distintas resoluciones judiciales encadenadas (providencia no admitiendo incidente de nulidad contra auto y contra esta misma resolución). La declaración de error judicial requiere que se haya dictado una decisión que manifiestamente carezca de justificación, es decir, que sea ostensiblemente contraria al ordenamiento jurídico, constituyendo un error craso o patente, o que se dicte al margen de los hechos del pleito, aplique normas derogadas, inexistentes o interpretadas fuera de toda lógica o razón, alcance conclusiones fácticas o jurídicas irracionales o ilógicas, generadoras de una resolución esperpéntica, que rompa por absurda la armonía jurídica, o, en definitiva, que se la pueda calificar de arbitraria. El auto cuestionado declaró la nulidad de otro auto que estimó una petición de aclaración de sentencia totalmente improcedente, dado que esta se pronunció a favor de la legitimación pasiva de la aseguradora demandada y lo que se pidió por esta excedía de los límites de ese remedio procesal. En puridad, no se quería aclarar un error sino mostrar discrepancia respecto de la falta de valoración de un documento que obraba en autos. No se trataba de una simple corrección de un error material, sino de abordar una nueva valoración probatoria. En consecuencia, ni el auto declarando nulo el que estimó esa aclaración improcedente ni la providencia inadmitiendo la nulidad de aquel incurrieron en error judicial.
Resumen: La responsabilidad de los liquidadores de las sociedades de capital no son iguales que las de los administradores sociales, puesto que su función es diferente. Los requisitos para declarar su responsabilidad son: a) incumplimiento de sus obligaciones con dolo o culpa, sin que precise que sea grave; b) daño o perjuicio y c) nexo causal. Entre sus obligaciones están: formular inventario y balance a la fecha de la disolución; velar por la integridad del patrimonio social; percibir créditos y pagar deudas e informar a socios y acreedores del estado de la liquidación. En este caso no realizó el inventario ni el balance inicial, no consta cómo liquidó determinados activos, lo que ha llevado a la imposibilidad de pagar al acreedor demandante su crédito: Por lo que se dan los requisitos de responsabilidad frente a dicho acreedor.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada y se confirma la sentencia apelada, que estima la demanda y declara la nulidad del contrato de tarjeta "revolving", viniendo obligada la actora en los términos que en esa misma resolución se fijan; se imponen a la demandada las costas de ambas instancias. En dicha sentencia apelada se consideraban usurarios los intereses, conforme a la jurisprudencia entonces existente, por ser el tipo aplicado notablemente superior al normal del dinero, habiendo una diferencia manifiestamente desproporcionada entre el tipo de interés fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha de la contratación (9'823%). Recoge y aplica la Sala la jurisprudencia sobre los requisitos para que una operación crediticia pueda considerarse usuraria. El porcentaje a tomar en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero es la TAE. Señala que aunque no puede apreciarse que el interés fijado en el caso del pago aplazado sea un interés notablemente superior al normal del dinero y que, por tanto, deba reputarse usurario, no puede decirse lo mismo en relación con el tipo de interés establecido para las disposiciones de efectivo cuando nos encontramos ante un incremento para dicha modalidad superior en más de 6 puntos respecto del tipo medio a considerar, por lo que tal interés es usurario y nulo el contrato. Sí entiende superado el control de incorporación.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada, imponiéndole las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, que estima en parte la demanda, desestima la reconvención y condena a la demandada a abonar el importe que en concreto se fija, más intereses procesales. Reconoce la Sala la legitimación activa de la cesionaria del crédito, indicando que en el testimonio notarial aportado se hace constar que el crédito cedido deriva del contrato suscrito por la demandada con la cedente, contrato que se identifica en dicha cesión; y respecto de esta última, la demandada admitió su existencia y la condición de la actora de parte en él, al reclamar extrajudicialmente a esta. Se examina el carácter usurario de los intereses remuneratorios, se señala que los pactados eran del 21% TAE, y se aplica la jurisprudencia sobre la materia, concluyendo que, al tiempo de la firma del contrato (2016), el tipo de interés que el Banco de España tenía aprobado para tarjetas de crédito ascendía a 20,84%, siendo así mínima la diferencia, sin que se aprecie que sea notablemente superior al fijado oficialmente para operaciones como las analizadas, requisito preciso para considerarlo usurario. Respecto a la fijación cuantitativa de la deuda reputa acertado partir del extracto de cuentas aportado por la actora para establecer la cantidad que tiene derecho a percibir, aun cuando se realizara por la cedente del crédito, deduciéndose los importes de partidas declaradas improcedentes en el monitorio previo.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que declaró nulas las cláusulas de contrato de tarjeta de crédito referidas a intereses y comisiones por falta de transparencia, condenando a la demandada a restituir las cantidades obtenidas por tales conceptos. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto por la entidad financiera y confirmó la sentencia. La cuestión controvertida en el recurso se refiere a la carga de la prueba, al no constar el soporte documental del contrato. El tribunal afirma que ninguna de las partes ha cuestionado que el contrato existiera, y atribuye a la entidad financiera la carga de presentarlo por su deber de conservación de la documentación. Así, el tribunal entiende que las cláusulas impugnadas no superan el control de transparencia porque no consta que se haya dado cumplimiento por parte de la entidad bancaria al requisito de incorporación, acreditando que el consumidor tuvo conocimiento cabal de las condiciones esenciales del contrato al momento de su suscripción, y que las hubiera aceptó, al no constar el mismo, ni tampoco que hubiere sido previamente informado de sus términos.
Resumen: Demanda de nulidad de dos contratos de swap por error en el consentimiento; la sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la audiencia la revocó al apreciar que la acción había caducado. Recurre en casación la parte demandante y la sala estima su recurso. La sala aplica su doctrina reciente, según la cual, en los contratos de swap no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato; ello en atención a que en estos contratos no existen prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno u otro contratante en cada momento en función de la evolución de los tipos de interés; de esta doctrina no resulta que el cómputo del plazo de ejercicio de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo, lo que iría contra el tenor literal del art. 1301.IV CC, que dice que el tiempo para el ejercicio de la acción empieza a correr "desde la consumación del contrato". En el presente caso, en los contratos impugnados la fecha de vencimiento era en 2018 y en 2015, respectivamente, por lo que cuando se interpuso la demanda en 2016 no había transcurrido el plazo de cuatro años desde su consumación. Se confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada y se confirma la sentencia apelada, que declara nulo el contrato por usurario y condena a la primera a devolver a la actora las cantidades cobradas en exceso respecto del capital por esta dispuesto, con el interés legal correspondiente a la fecha de cada cobro; las costas de ambas instancias se imponen a la demandada. Recuerda la Sala las características del contrato de tarjeta de crédito de autos y destaca que, para el supuesto de que el acreditado decidiera la modalidad de pago aplazado, el contrato fija unos intereses remuneratorios sobre la suma aplazada del 27,24% TAE. Aplica la doctrina jurisprudencial -que reseña- sobre los términos de comparación de la cuantía de intereses para determinar la existencia o no de usura, siendo, de un lado, la TAE y, de otro, para el "interés normal del dinero", debe acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas y, en concreto, el tipo medio de interés al tiempo de celebrar el contrato de la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. En el caso, reputa desproporcionado el interés fijado en el contrato (pues en el año 2016 la TAE fluctuaba entre el 19,71% y 21,43%). No hay infracción de la doctrina de los actos propios; no se aprecia en el actor retraso malicioso o desleal.
Resumen: Se estima el recurso de la entidad financiera demandada y se revoca la sentencia apelada, desestimando la demanda, sin imponer costas en ambas instancias. Indica la Sala que el término de comparación para determinar si el interés pactado (21% TIN; 23,14% TAE) resulta usuario no es el tipo de interés de las operaciones de crédito al consumo en la fecha de celebración del contrato y menos aún medias obtenidas de diversas anualidades, sino el más específico de las tarjetas de crédito y "revolving", término con el que deben compararse los intereses pactados para determinar si estos son notablemente superiores al normal del dinero y manifiestamente desproporcionados con las circunstancias del caso. Las estadísticas del Banco de España ya ofrecían datos sobre los tipos de interés aplicables a las tarjetas de crédito y revolving con relación al tiempo de celebración del contrato -2015- (21,13%), por lo que, siendo escasa la diferencia con el antes citado (23,14%), no aprecia la existencia de usura. Rechaza también las alegaciones de la actora sobre la falta de transparencia y abusividad, por entender que el contrato establece con claridad el interés remuneratorio (TIN y TAE), con aplazamiento de las cantidades dispuestas con sus intereses, pudiendo conocer la actora la carga económica real de la tarjeta. Sobre costas, aprecia dudas de derecho por la clarificación de la jurisprudencia sobre la materia realizada en la STS 4 marzo 2020 (rec.4813/2019), posterior a la demanda.
