Resumen: Se desestima el recurso de los demandados, imponiéndoles las costas, y se confirma la sentencia apelada, que estima la demanda y condena a dicha parte a abonar a la actora el importe que se fija, así como al pago de las costas de primera instancia. Ratifica la Sala el criterio de la instancia sobre la carencia de la condición de consumidora de la parte demandada; el préstamo se concede a una persona jurídica en el ámbito de su actividad empresarial, y el fiador, codemandado, es el administrador de la sociedad. Respecto de dicho fiador, no cabe considerarlo consumidor, además de por no haberse justificado, por la existencia de una vinculación funcional con la sociedad prestataria, máxime cuando no parece actuar en un ámbito ajeno a su actividad profesional o empresarial. Añade el Tribunal que la cláusula de afianzamiento supera el control de inclusión, recogiendo términos claros, sencillos y conformes al contenido del Código Civil, más no procede realizar un control de transparencia al tratarse de un contrato celebrado entre profesionales. También la cláusula de vencimiento anticipado supera el control de inclusión, apareciendo redactada de manera clara y comprensible.
Resumen: Desestimación del recurso de casación. La acción reivindicatoria de una patente presupone que el demandante se arroga la condición de titular legítimo de la invención patentada, por lo que debe acreditar ese título legítimo sobre esa misma invención patentada. Y el juicio sobre su procedencia conlleva que deba analizarse la invención tal y como ha sido patentada, con todas sus características técnicas, no sólo los elementos caracterizadores, ni mucho menos sólo las características que se pudieran considerar más novedosas; en este caso no ha quedado constatado dicho presupuesto. En relación a la revelación de secretos (no es de aplicación por razones temporales la Ley 1/2019), si no consta acreditado que el demandado hubiera divulgado o explotado el secreto industrial que consistía en el resultado de los trabajos de investigación, al participar en la elaboración del prototipo de bomba de calor geotérmica comercializada por la demandada, tampoco cabe apreciar el tipo previsto en el art. 14.2 LCD. Por último, en relación al aprovechamiento del esfuerzo ajeno, teniendo en cuenta la conducta denunciada en la demanda y al resultado apreciado en la instancia a partir de los informes periciales, la conducta de las demandadas no habría incurrido en ese ilícito concurrencial, pues no habría habido una apropiación indebida del esfuerzo ajeno, y sí un aprovechamiento lícito de la formación adquirida por la participación en el grupo de investigación.
Resumen: Formulada demanda contra la aseguradora de la responsabilidad civil de una CP en reclamación de indemnización por las lesiones sufridas por el actor al caer por la escalera de acceso a los trasteros del inmueble, la sentencia de primer grado la desestima al considerar que el siniestro estaba fuera de cobertura en virtud de la clausula que establece la exclusión de los siniestros causados por "defecto propio" en los bienes objeto de seguro. La sentencia de segundo grado, que desestima el recurso del demandante, considera que dicha clausula es delimitadora del objeto del contrato y oponible al tercero perjudicado, pero que no es aplicación al caso por no derivar el riesgo de defectos existentes en los elementos de acceso a los trasteros sino de su configuración - puerta de altura reducida que obliga a agacharse, escalones irregulares y de altura superior a la habitual en una escalera, inexistencia de barandilla y la distancia al interruptor de la luz-, a continuación recuerda que la inversión de carga de la prueba no es de aplicación con carácter general, resume la jurisprudencia sobre caídas y tras reseñar que las condiciones de acceso a los trasteros no son las ideales que señala que no cabe apreciar un riesgo extraordinario ni que la Comunidad hubiera incurrido en negligencia determinante de la caída, que el actor como vecino de la comunidad conocía las características de entrada a los trasteros debió adoptar las precauciones necesarias a las circunstancias.
Resumen: Se analiza la existencia de lucro cesante partiendo de la relación de causalidad entre el acto ilícito y el beneficio dejado de percibir, sin que se exija una prueba rigurosa de que la paralización de un vehículo ha dejado de producir las ganancias que se reclaman. Respecto de la estancia en el taller, se hace preciso acreditar por la actora la necesidad de estancia de 37 días naturales, cuando la mano de obra de reparación es de 16 horas y aunque la lista de espera, necesidad de recambios u otras incidencias pueden alargar el tiempo, debe ser justificado, cuando además usando talleres propios, existe facilidad probatoria, por lo que se reduce la indemnización, prudencialmente. En cuanto a la ganancia dejada de obtener, la facturación promedio que se atribuye a ese vehículo que se dedica al arrendamiento con conductor, debe ser valorada a efectos de indemnización.
Resumen: Se plantea si un copropietario está facultado para prohibir al otro el uso constitutivo de la marca registrada también a su nombre, si bien en este caso consta que se transmitieron al codemandado, por lo que su utilización es legítima y, en todo caso, un cotitular puede usar la marca siempre que no impida el uso a los demás. Respecto de la caducidad por tolerancia, se precisan dos requisitos, una conducta pasiva de tolerancia del titular de la marca anterior durante cinco años consecutivos y una conducta activa del titular de la marca registrada posterior de uso de su marca en el tráfico económico que permita su conocimiento por el titular anterior y se exige que el registro de la marca posterior no hubiera sido de mala fe y aquí se solicitó nulidad de la marca una vez transcurridos cinco años, por lo que no puede prosperar.
Resumen: Se estima el recurso de casación frente a una sentencia dictada en un procedimiento en el que se ejercitaban acciones de infracción sobre los derechos de una variedad vegetal recocida por la Oficina Europea. La sentencia recurrida desestimó la excepción de prescripción porque los actos de infracción se habían reiterado y aún no habían cesado. En la deliberación, la Sala decidió plantear cuestión prejudicial acerca de la interpretación del art. 96 del Reglamento 2100/94, sobre el plazo de 3 años de prescripción. El TJUE dictó sentencia el 14/10/2021 y concluyó que el plazo de prescripción comienza a correr, con independencia de que el acto infractor continúe y de la fecha en que ese acto haya cesado, en la fecha en que, por una parte, se haya concedido la protección comunitaria de obtención vegetal y, por otra, el titular de la protección comunitaria haya tenido conocimiento de la existencia del acto y de la identidad de su autor. Además, el TJUE señala que se ha de tomar en consideración cada acto individual de infracción. La eventual responsabilidad del demandado que plantó los árboles por las cosechas de las mandarinas precisaría de dos condiciones: que se hubiera obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad y que el titular no hubiera tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos sobre dichos componentes. En el caso, la apreciación de la prescripción pone en evidencia que el titular pudo ejercitar estos derechos y no lo hizo.
Resumen: Se desestima el recurso de la entidad actora, imponiéndole las costas, y se confirma el Auto apelado, que inadmite a trámite la petición inicial de proceso monitorio al entender que el interés remuneratorio fijado en el contrato -tarjeta de crédito revolving- es usurario, en aplicación de la sentencia que reseña (el tipo medio de interés para realizar la comparación, ronda el 20 % para estas operaciones y que el pactado del 26,82 % era abusivo por usurario, declarando abusiva y nula la cláusula y, con ello, el contrato suscrito por las partes). La parte apelante alega que la documentación que aportó es la requerida por el art. 812 LEC, siendo válida a efectos de la liquidación unilateral, que el interés remuneratorio y el TAE aplicado es un elemento esencial del contrato que no permite un control de abusividad, sino de transparencia (que afirma se cumple) y que la comparación con el pactado debe hacerse con el interés del Banco de España para este tipo de contratos, sin que el tipo de interés fijado se aparte mucho de dichos tipos, instando la admisión a trámite de la petición inicial. Examina la Sala las condiciones estipuladas en el contrato para determinar si es o no usurario el interés pactado (26,82% TAE). Concluye que se estuvieron devengando intereses pactados situados permanentemente casi 6 puntos por encima de la media en operaciones de igual naturaleza, y mantiene el carácter usurario y la nulidad del contrato, ratificando los efectos establecidos en la instancia.
Resumen: El recurso de casación tiene por objeto determinar si el ejercicio del derecho de separación fundado en un primer acuerdo que negaba la distribución de dividendos, posteriormente revocado por otro acuerdo que accedía a dicha distribución, antes de que el socio haya ejercitado el derecho de separación, puede resultar abusivo, tal y como habían declarado la sentencia recurrida. Se desestima el recurso del socio. Con carácter general, si los administradores convocan nueva junta general, con la propuesta de distribuir dividendos en los términos legales, antes de que el socio haya ejercitado el derecho de separación, el posterior ejercicio de este derecho puede resultar abusivo. En este caso, la actuación puso de manifiesto que su intención real no era obtener el dividendo, sino separarse de la sociedad en cualquier caso, pues habiendo podido obtener con escaso margen temporal lo que supuestamente pretendía -el beneficio repartible-, se negó a recibirlo. No hay inconveniente en que una junta general deje sin efecto lo acordado en otra junta general previa, aunque, con carácter general, el acuerdo posterior solo tiene eficacia desde que se adopta y no elimina los efectos ya producidos por el anterior, especialmente cuando ha generado derechos a favor de terceros de buena fe. Pero, en este caso, el ejercicio del derecho con fundamento en el primer acuerdo, posteriormente revocado, fue abusivo.
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se dicta sentencia estimando la acción de indemnización de daños y perjuicios contra BANCO DE SANTANDER , por incumplimiento de las obligaciones legales establecidas por la Ley de Mercado de Valores, como consecuencia de haber adquirido la actora acciones del BANCO POPULAR en el mercado secundario. Recurrida en apelación por la entidad demandada, se estima el recurso y se revoca la sentencia desestimando la demanda, porque la adquisición se hizo en el mercado secundario y no directamente del BANCO POPULAR, careciendo de legitimación pasiva, para soportar la acción contractual de nulidad del contrato por consecuencia de error-vicio, toda vez que la entidad predecesora de la demandada no fue la transmitente de las acciones y no fue parte en el contrato; ni tampoco cabe la acción de daños y perjuicios ya que, cuando el FROB, dicta una resolución que conlleva se amorticen las acciones del Banco Popular a valor cero y seguidamente decreta su venta a Banco Santander por un euro, la reclamación de la indemnización por los adquirentes de acciones solamente es posible si tienen la consideración de terceros, ya que en otro caso, les seria de aplicación lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, siendo la limitación legal para reclamar de dicho artículo muy clara, por lo que el titular de la acción adquirida en el mercado secundario no tiene derecho de crédito alguno que se pueda derivar de su amortización.
Resumen: La sentencia sigue la doctrina ya consagrada según la cual la ausencia de presentación de las cuentas anuales al Registro Mercantil supone un grave incumplimiento de las obligaciones de toda sociedad. Sin embargo, eso no supone por sí mismo causa de responsabilidad del administrador social por las deudas de la sociedad. Lo que sí sucede es que esa falta de presentación provoca una oscuridad sobre la situación económica y financiera de la sociedad que invierte la carga de la prueba sobre esa situación cuando no han existido activos suficientes para satisfacer las deudas sociales. Y el incumplimiento de esa prueba sí que puede constituir causa de responsabilidad del administrador social.
