• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 1170/2019
  • Fecha: 15/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ley 57/1968. Cooperativa de viviendas y aval colectivo. Los dos recursos, por infracción procesal y de casación, se centran en impugnar la condena de la entidad demandada hoy recurrente a pagar los Intereses del art. 20 LCS. Se estiman, porque no procede la imposición de dichos intereses a la entidad avalista. La Sala Primera nunca ha declarado la procedencia de los intereses del art. 20 LCS en contra del avalista, y tampoco procede declararla ahora, al ser dicho art. 20 una norma específica de la LCS que no se puede extender en contra del avalista, de modo que la Audiencia Provincial, al imponer de oficio dichos intereses a la entidad avalista demandada como si se tratara de una compañía de seguros, incurrió en incongruencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO GARCIA MARTINEZ
  • Nº Recurso: 747/2019
  • Fecha: 14/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: no se ha vulnerado el principio pendente apellatione, nihil innovetur, ni la sentencia ha incurrido en incongruencia extra petita (habiendo aplicado la sentencia primera instancia una cláusula opuesta por la demandada en la contestación, puede impugnarse en el recurso de apelación sin que esto suponga alteración de los términos del debate); incongruencia y falta de motivación (son dos cuestiones distintas); deber de motivación de la sentencia; planteamiento de cuestiones relativas a la valoración de la prueba; valoración de la prueba testifical. La efectividad de la cláusula de exclusión por "enfermedades preexistentes" no puede desvincularse de la efectividad del cuestionario de salud. Cuestionario de salud: debe ser entendido como un deber de contestación o respuesta a lo que pregunte el asegurador, sobre el que además recaen las consecuencias que derivan de su no presentación; deber de declaración del riesgo; cuando el cuestionario es rellenado por los empleados de la aseguradora sin que se haya recabado del tomador del seguro la contestación de las preguntas, por mucho que aparezca su firma al final del cuestionario, no habrá habido infracción del deber de declarar aquella circunstancia relevante para la determinación del riesgo, porque de hecho no habrá sido preguntado por ella. En el caso: al tomador no se presentó cuestionario de salud y por lo que no es posible la aplicación de la cláusula de exclusión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1066/2019
  • Fecha: 09/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sucesivos swaps, sin que en dos de ellos se hubiera suministrado por el banco la debida información previa ni cumplimentado los test. Acción de anulabilidad por error vicio en el consentimiento y restitución de prestaciones. En las dos instancias se confirmó la caducidad de la acción respecto de las cuatro primeras operaciones y en cuanto a las dos últimas, aunque no consta acreditado el deber de información precontractual del banco siendo el cliente un inversor minorista, se concluye que no existió error, pues quien contrató por la demandada era conocedora del producto y sus riesgos. Contratos suscritos post MiFID: la asimetría impone a las entidades prestadoras de servicios financieros un deber de información precontractual sobre características del producto y sus riesgos. Aunque por sí mismo el incumplimiento de esos deberes de información no conlleva apreciación de error vicio, es un dato que incide en la apreciación del error. En este caso no consta que el banco calificara al cliente como inversor profesional, por lo que era minorista, y por ello el banco estaba obligado a suministrar con carácter previo una información clara y comprensible al cliente (TAFECSA) que permitiera conocer los riesgos concretos de estos productos, y realizar los correspondientes test de conveniencia o de idoneidad, en su caso, lo que no hizo. Opera la presunción de error vicio. No siempre la previa contratación de swaps implica conocimiento del producto y sus riesgos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 448/2019
  • Fecha: 08/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad, anulabilidad y resolución contractual y de responsabilidad por incumplimiento contractual, respecto de un producto financiero estructurado suscrito con una entidad bancaria La demanda se dirigió contra la sociedad matriz de la que figura en el contrato. La sentencia recurrida apreció la falta de legitimación pasiva de la entidad bancaria demandada, dado que dicha entidad no fue parte en el contrato de compraventa del producto. Recurso extraordinario por infracción procesal: el principio de congruencia de las sentencias se proyecta sobre las pretensiones no sobre los argumentos como hace el recurrente. La legitimación procesal es susceptible de examen por el cauce del recurso extraordinario por infracción procesal y por la vía del recurso de casación. El recurso de casación se desestima con expresión de la jurisprudencia sobre el principio de relatividad de los contratos. En el caso, el respeto a la personalidad jurídica de las sociedades de capital excluye la legitimación de la demandada por el hecho de ser la sociedad matriz del grupo en el que se integra la entidad contratante. Circunstancias diversas a las de la STS 769/2014. La respuesta a las reclamaciones previas del cliente no es un acto propio que necesariamente suponga el reconocimiento de la legitimación pasiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 5574/2018
  • Fecha: 07/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación frente a una sentencia que condenó a la entidad demandada (avalista colectivo) al abono de las cantidades entregadas a cuenta por considerar aplicable la Ley 57/68 a un acuerdo entre las partes en el que expresamente se pactaba someterse a las garantías de esa ley. La ley 57/68 no es aplicable a quien adquiere la vivienda con fines no residenciales, ni, por tanto, al comprador de un apartamento turístico destinado, como el conjunto en el que se integra (Hacienda Casares) a una finalidad y explotación hotelera. El pacto entre las partes, compradora y vendedora, para aplicar dicha ley no vincula al banco. Aunque el comprador no consumidor y el vendedor puedan pactar en el contrato de compraventa la obligación del vendedor de garantizar la devolución de los anticipos y la sujeción de la garantía a lo establecido en la Ley 57/1968, esta sujeción provendrá de lo pactado entre las partes, no de la propia ley ni de su interpretación jurisprudencial. De forma que este acuerdo se regirá por lo pactado y no por el régimen tuitivo de la Ley 57/1968 y su jurisprudencia, lo que implica que no sea aplicable al comprador inversor la doctrina jurisprudencial sobre la efectividad de las pólizas colectivas en ausencia de aval individual. En consecuencia, no puede aplicarse en contra del banco la doctrina jurisprudencial existente sobre la eficacia de los avales colectivos en favor de los compradores sí amparados por la Ley 57/1968.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2960/2018
  • Fecha: 07/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación frente a una sentencia que condenó a la entidad demandada (avalista colectivo) al abono de las cantidades entregadas a cuenta por considerar aplicable la Ley 57/68 a un acuerdo entre las partes en el que expresamente se pactaba someterse a las garantías de esa ley. La ley 57/68 no es aplicable a quien adquiere la vivienda con fines no residenciales, ni, por tanto, al comprador de un apartamento turístico destinado, como el conjunto en el que se integra (Hacienda Casares) a una finalidad y explotación hotelera. El pacto entre las partes, compradora y vendedora, para aplicar dicha ley no vincula al banco. Aunque el comprador no consumidor y el vendedor puedan pactar en el contrato de compraventa la obligación del vendedor de garantizar la devolución de los anticipos y la sujeción de la garantía a lo establecido en la Ley 57/1968, esta sujeción provendrá de lo pactado entre las partes, no de la propia ley ni de su interpretación jurisprudencial. De forma que este acuerdo se regirá por lo pactado y no por el régimen tuitivo de la Ley 57/1968 y su jurisprudencia, lo que implica que no sea aplicable al comprador inversor la doctrina jurisprudencial sobre la efectividad de las pólizas colectivas en ausencia de aval individual. En consecuencia, no puede aplicarse en contra del banco la doctrina jurisprudencial de esta sala sobre la eficacia de los avales colectivos en favor de los compradores sí amparados por la Ley 57/1968.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 680/2019
  • Fecha: 07/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación admisible: fundado en el interés casacional por oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, se citan e identifican las sentencias que lo pondrían de manifiesto. Como regla, la contradicción entre condiciones particulares y condiciones generales debe resolverse a favor de las primeras, salvo que las generales resulten más favorables para el adherente. En el caso, no hay contradicción, puesto que al hablar la póliza de invalidez por cualquier causa se refiere a cualquier posible origen de la invalidez (accidente, enfermedad, etc.), mientras que cuando define la invalidez incapacitante se está refiriendo a un tipo concreto -la absoluta- dentro de las posibles. Definición de riesgo establecida en la póliza: se indica que la incapacidad debe ser absoluta, esto es para mantener cualquier relación laboral o actividad profesional; cláusula delimitadora del riesgo en cuanto que concretan el objeto del contrato y fija qué riesgos, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro; no es una cláusula que limite o modifique el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido. Interpretación contra proferentem: cláusulas que no son oscuras ni inteligibles, sino claras, incluso didácticas, que tampoco vulneran protección la normativa sobre consumidores y condiciones generales de la contratación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 805/2019
  • Fecha: 07/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Apartamento turístico tipo suite en construcción, destinado, como el conjunto en el que se integraba, a una finalidad y explotación hotelera, no residencial. Inaplicabilidad de la Ley 57/1968 por la finalidad no residencial de la compraventa. La Ley 57/1968 no ampara a los compradores de vivienda que adquieren para un uso. no residencial propio, sino negocial. No puede aplicarse en contra del banco la doctrina jurisprudencial sobre la eficacia de los avales colectivos en favor de los compradores que sí están amparados por la Ley 57/1968. El pacto entre las partes para aplicar dicha Ley no vincula al banco. Aunque la sentencia 857/2021 se refirió también a la ausencia de pacto entre promotor y banco para avalar a todos los compradores del mismo complejo hotelero y a la falta de compromiso del banco para avalar al comprador, se trata de meras consideraciones añadidas a la verdadera razón decisoria, que es la improcedencia de imponer al banco demandado derechos irrenunciables del comprador cuando resulta que la razón de ser de esa imperatividad de la Ley 57/1968 no es otra que el destino residencial de la vivienda y no, por tanto, el fin negocial o de explotación existente en estos casos. La inaplicabilidad de la Ley 57/1968 debería haber supuesto que tampoco se declarase responsable al banco depositario, pero ese pronunciamiento condenatorio de la sentencia recurrida ha quedado firme, al no haber sido recurrida por el banco demandado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 279/2019
  • Fecha: 07/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: inexistencia de error notorio en la valoración de las pruebas testificales de los empleados del banco demandado; principio de facilidad probatoria (corresponde a la demandante acreditar que su asesor financiero carecía de cualificación para superar el pretendido déficit informativo); inexistencia de error en la valoración de la prueba pericial. Ni la falta de acreditación de la información que con carácter previo a la contratación del producto debe proporcionar la entidad financiera, ni la ausencia del test de conveniencia o, en su caso, el de idoneidad, determinan por sí la existencia de error vicio, sino que permiten presumirlo, lo que no impide que pudiera acreditarse que a pesar de la falta de constancia de la información precontractual y del preceptivo test, el cliente contrató con conocimiento de las características del producto y de sus riesgos. La ausencia de información escrita precontractual por parte del banco no generó perjuicio alguno en la parte demandante (calificable como cliente profesional) dado que conocía a través de su asesor financiero las características del producto que adquiría, sus riesgos y las consecuencias de su cancelación, a lo que se une que la cancelación fue negociada también con el debido asesoramiento de su asesor financiero.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Santander
  • Ponente: MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 262/2021
  • Fecha: 04/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La audiencia resuelve la acción social de responsabilidad del administrador por los daños causados que se concretaron en el precio que hubiera supuesto el alquiler de la vivienda en la que reside, que forma parte del patrimonio de la sociedad y es su domicilio social y a seguir pagando la misma cantidad mensual hasta que la desaloje, así como al abandono de la vivienda. Considera que el comportamiento del administrador fue desleal. El disfrute personal de un activo de la sociedad, sin pago de contraprestación alguna, cuyo destino, además, pudiera ser su explotación, no es conforme con el respeto del deber de lealtad. Por lo que confirma la sentencia que condena al administrador social; después de analizar las concretas circunstancias personales del caso en cuestión.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.