Resumen: Compraventa de vivienda para uso residencial: Ley 57/1968. Acción contra aseguradora en reclamación de las cantidades entregadas a cuenta. El plazo de prescripción de la acción contra la aseguradora de la devolución de los anticipos es el general del art. 1964 CC y no el de dos años del art. 23 LCS, tal y como se estableció en la STS Pleno 320/2019. En el presente caso el plazo de quince años, aplicable por razones temporales, no había transcurrido ni tan siquiera desde la fecha contractualmente establecida para la entrega de la vivienda -30 de abril de 2010 - hasta la fecha de interposición de la demanda -29 de julio de 2016.
Resumen: La Audiencia estudia la responsabilidad de los administradores sociales de la promotora con la que contrataron los compradores de las viviendas y que no fueron entregadas. Condenadas las promotoras, la responsabilidad del administrador social se deriva a sus herederos. La responsabilidad de aquél no se extrae de la ausencia de presentación de las cuentas anuales, sino de la inversión de la carga de la prueba derivada de esa no presentación. Que obliga al administrador incumplidor a demostrar la situación económica y financiera de la sociedad; pues de lo contrario se presume que aquélla estaba en causa de disolución y que ni se procedió a disolver ni a liquidar ordenadamente. Reitera que los herederos del administrador sí son responsables de su deuda o responsabilidad por deuda ajena, puesto que la misma no se califica como sanción. También estudia la figura de la intervención provocada y sus consecuencias en materia de condena en costas.
Resumen: La responsabilidad de los administradores sociales por deudas es una responsabilidad ex lege. No es una sanción, sino una garantía del cumplimiento de las obligaciones sociales. Los requisitos de esa responsabilidad son:1) la concurrencia de algunas causas legales; 2) omisión por los administradores de convocatoria de junta de disolución, remoción de la causa o concurso; 3) transcurso de más de 2 meses desde surgimiento de la causa y la convocatoria de junta; 4) inexistencia de causa justificativa de ese comportamiento. Las deudas han de ser posteriores al nacimiento de la causa de disolución. No se exige nexo causal ni comportamiento doloso. Esto afecta a administradores de derecho y de hecho. No cuando el hecho surge después del cese del administrador, se hubiera inscrito o no. La ausencia de presentación de las cuentas anuales no es por sí causa de responsabilidad del administrador socia, pero sí invierte la carga de la prueba sobre la situación patrimonial de la sociedad.
Resumen: Acción de defensa de la competencia por práctica colusoria de fijación de precios y por abuso de posición dominante en la modalidad de trato discriminatorio en la que interesaba la nulidad del contrato de arrendamiento de industria y exclusiva de suministro y subsidiariamente, la condena a cesar en las conductas abusivas y desleales y a abstenerse de practicarlas en el futuro, a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios y a la publicación de la sentencia. Por vía de reconvención, interesó para el caso de estimarse la pretensión de nulidad del contrato de arrendamiento, la restitución de la posesión de la estación de servicio arrendada. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y desestimó la reconvención. En apelación se dictó sentencia que estimó el recurso y desestimó la impugnación y, en consecuencia, desestimó la demanda y la reconvención. Consideró que por parte de la demandada no existía conducta discriminatoria respecto de la demandante en relación con su competidora, porque las relaciones jurídicas mantenidas con ambas estaciones de servicio eran diferentes y justificaban la existencia de distintos márgenes de beneficio. Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal porque no hay omisión de pronunciamiento respecto a la supuesta imposición de precios. Desestimación de recurso de casación: inexistencia de abuso de posición de dominio y de discriminación de precios, en atención a la diferencia de situaciones y circunstancias.
Resumen: Se desestiman los recursos interpuestos frente a una sentencia que desestimó una pretensión de indemnización de daños personales con ocasión de un accidente de circulación. La sentencia recurrida no cuestiona la responsabilidad en el siniestro (una colisión muy leve) pero niega la relación causal con apoyo en dos informes periciales (uno biomecánico y otro médico) que descartan el nexo causal entre el siniestro y las lesiones y argumenta que la actora no ha acreditado de modo concluyente que concurran los criterios de exclusión e intensidad que justifiquen dicho nexo de causalidad. Recurso extraordinario por infracción procesal: se acumulan las infracciones de carga de la prueba y error probatorio. En cualquier caso, no se niega que la prueba del nexo causal corresponda a la actora y la denuncia de vulneración de la prueba de presunciones judiciales, derivada de la evidencia del siniestro y las lesiones reclamadas, no desvirtúa la valoración de la Audiencia, que no incurre en error patente, acerca de que existe otro origen previo de las lesiones que se reclaman. La sala reitera su criterio acerca de que las normas generales sobre el vencimiento en materia de costas no son susceptibles del recurso extraordinario por infracción procesal. Planteamiento defectuoso del recurso de casación al acumular modalidades de interés casacional incompatibles y no explicar cómo, cuándo y en qué se ha vulnerado la jurisprudencia. Carencia de efecto útil del recurso.
Resumen: Estimación del recurso de casación en un supuesto en el que la cuestión jurídica que se plantea es la determinación del día inicial para el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento en la contratación de obligaciones subordinadas. Tanto el sentencia de primera como de segunda instancia consideraron respecto del contrato de adquisición de obligaciones subordinadas que la acción no estaba caducada. La sala reitera la jurisprudencia que establece que el comienzo del plazo de ejercicio de la acción de anulación por vicio en el consentimiento en contratos bancarios debe computarse desde que los clientes estuvieron en disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la operación, que en este caso consistían en la inexistencia de un mercado efectivo de reventa de los títulos y en la práctica imposibilidad de recuperación de la inversión, por la falta de solvencia de la entidad emisora de las subordinadas. En casos similares, esta fecha se ha referenciado al momento en que la entidad emisora tuvo que ser intervenida por el FROB, que en el caso que nos ocupa fue el 30 de septiembre de 2011. La resolución del FROB que impuso la recompra vinculante de las subordinadas fue de 7 de junio de 2013 (BOE 11 de junio de 2013). La demanda se presentó el 10 de julio de 2017, por lo que resulta patente que la acción de anulación por error vicio del consentimiento estaba caducada, por transcurso de cuatro años ( art. 1301 C.Civil ).
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de cláusula suelo establecida en contrato de préstamo hipotecario con condena a su eliminación y a la devolución de las cantidades que se hubieran cobrado en su aplicación y sus intereses. En primera instancia se estimó sustancialmente la demanda y declaró la nulidad por falta de transparencia de la cláusula suelo con la obligación de restituir las cantidades cobradas en virtud de la condición declarada nula y sus intereses desde la fecha de la STS de 9 de mayo de 2013. Recurrida en apelación por ambas partes, se desestimó el recurso del banco y estimó el de los demandantes a los efectos de ordenar la restitución de las cantidades cobradas desde la celebración del contrato. Recurrida en casación por el banco insiste en que los prestatarios novaron en dos ocasiones el contrato de préstamo hipotecario y que en la segunda de tales novaciones se modificó la cláusula suelo, lo que demuestra que hubo una negociación específica al efecto y que, al ser una cláusula negociada, no puede ser objeto del control de transparencia. La sala desestima el recurso ya que partiendo de la premisa (presunción iuris tantum) de que los contratos bancarios son contratos predispuestos con condiciones generales de la contratación corresponde al banco como predisponente la carga de probar que ha existido negociación individual. En el presente caso, no cabe presumir que hubo negociación individual sino precisamente lo contrario.
Resumen: Swap celebrado el 17-3-2006 para dar cobertura a una póliza de crédito, con vencimiento el 29-10-2010, que dio lugar en esa fecha a una liquidación negativa, cuyo importe es reclamado por el banco demandante. El cliente demandado formuló reconvención y solicitó la nulidad del swap por error en el consentimiento. En primera y en segunda instancia se declaró la nulidad. En el recurso de casación, la entidad bancaria sostiene la caducidad de la acción de nulidad por el transcurso de más de cuatro años desde el vencimiento. Se desestima el recurso. A efectos del plazo de ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento del contrato. En el presente caso, está probado que el cliente no tuvo conocimiento de la liquidación negativa hasta el 14-9-2014, cuando conoció la deuda a través de un registro de morosos. Por ello, el cliente fue consciente del error padecido cuando conoció la liquidación negativa de intereses practicada por el banco, cuatro años después de la fecha contractualmente establecida para la extinción del contrato, pues no consta que en el año 2010 se le notificase la liquidación negativa ni que tuviera conocimiento de ella, ya que la cuenta bancaria asociada se había cancelado. Por tanto, el contrato no se había consumado, en tanto que continuaba produciendo efectos, al no estar cumplidas las obligaciones pactadas, y la acción no estaba caducada.
Resumen: Resolución de contrato de compraventa de bienes inmuebles. Indemnización de daños y perjuicios. Efectos legales inherentes a dicha resolución. Incongruencia: la sentencia recurrida realiza un pronunciamiento que no se corresponde con las pretensiones de las partes en el procedimiento, declarando como efecto inherente de la resolución contractual la restitución de la cantidad percibida por la parte vendedora pero excluyendo en dicha restitución a una de las cuatro personas físicas que integran esa parte vendedora. La congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes, oportunamente deducidos, y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir. Inexistencia de incongruencia. La parte demandante reclama los daños y perjuicios sufridos por los tres demandantes, como así resulta de los distintos escritos procesales obrantes en autos. Es más, el cuarto de los vendedores manifiesta que no sufrió perjuicio alguno. La sentencia recurrida resuelve una cuestión que no es ajena al proceso, sino expresamente opuesta por el demandado y a la que se refiere la parte actora en su escrito de apelación, por lo que la sentencia no es incongruente. Es perfectamente factible resolver un contrato y acordar que la devolución del precio sea restituida por los vendedores que lo percibieron, con exclusión de aquel que no cobró cantidad alguna por tal concepto, lo que no es cuestionado por la parte compradora que es a quien corresponde la restitución.
Resumen: Acción de reclamación de cantidad del asegurado contra su aseguradora por siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza que no habían sido indemnizados. La aseguradora opuso el incumplimiento del asegurado/tomador, ya que no había declarado debidamente el riesgo asegurado, así como que la póliza había sido previamente rescindida conforme a Derecho. Subsidiariamente adujo que solo debía hacerse cargo de los siniestros ocurridos antes de la rescisión, y en su caso, que debía apreciarse la regla de la proporcionalidad. La demanda fue estimada en ambas instancias al considerarse, en esencia, que la rescisión no era válida, inexistencia de dolo o culpa grave en la declaración del riesgo e improcedencia de la regla de la proporcionalidad. Como han quedado firmes las conclusiones de la sentencia recurrida de que la rescisión intentada por Generali no fue válida y de que no hubo dolo o culpa grave por parte del tomador en las inexactitudes en la declaración del riesgo, la compañía de seguros no puede exonerarse de su obligación de indemnizar, conforme al último inciso del párrafo tercero del art. 10 LCS (51) , a sensu contrario. Pero también ha quedado firme la conclusión de que hubo tales inexactitudes en dicha declaración -aunque no mediara dolo o culpa grave-, por lo que el riesgo declarado no se compadecía con el contratado, de manera que resulta aplicable la regla de proporcionalidad. Asunción de la instancia. Exención de los intereses.
