Resumen: Acción de responsabilidad extracontractual reclamando la indemnización de los daños causados por la infracción del Derecho de la competencia (Cártel de los camiones). La demanda fue parcialmente estimada en las instancias y recurre la fabricante (la demandante desistió del su recurso de casación). Admisibilidad del recurso. Aplicación del art. 1902 CC a las acciones de daños consecutivas a una infracción de las normas de la competencia dado que los hechos son anteriores a la Directiva 2014/104/CE. Sobre la prueba del daño y su cuantificación a través de la estimación judicial. Presunción del daño con base en los hechos descritos en la Decisión de la Comisión que sancionó el cártel. Estimación judicial: no existiendo prueba de que ese daño supere el 5% del precio, procede fijar en esa magnitud la indemnización. Devengo de intereses desde la fecha de adquisición.
Resumen: Cártel de los camiones. La Sala estima el recurso por infracción procesal por valoración ilógica del informe pericial del demandante. En concreto, la Sala declara que el informe, en sus conclusiones, no se ajusta a ninguno de los criterios recomendados en la Guía Práctica y tampoco ofrece una ecuación econométrica valida, sino que, descartando esos criterios con razones que tampoco resultan convincentes, se limita a ofrecer un promedio derivado de estudios realizados sobre cárteles en multitud de mercados distintos y ajenos al que es objeto de controversia. La estimación del recurso conlleva el dictado de nueva sentencia. De esta forma, la Sala asume la presunción del daño con base en los hechos descritos en la Decisión de la Comisión que sancionó el cártel, y aprecia la suficiencia del esfuerzo probatorio que permite fijar la indemnización con criterios estimativos, que no resultan desvirtuados de contrario. La Sala, finalmente, concluye, con inclusión de los camiones adquiridos mediante leasing también afectados, que el daño no fue insignificante ni testimonial, por lo que no existiendo prueba de que ese daño supere el 5% del precio, procede fijar en ese importe la indemnización, con los intereses legales desde la fecha de adquisición de los camiones.
Resumen: Efecto vinculante de las decisiones de la Comisión sobre prácticas infractoras de las normas de la competencia. Acción follow-on de indemnización de daños y perjuicios que ha de partir necesariamente del examen de la Decisión. Contenido y alcance de la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016. Existencia del daño y relación de causalidad. Presunción del daño. No es una presunción legal, ni tampoco iuris et de iure, por lo que admite prueba en contrario. Estimación judicial del daño que permite superar las dificultades propias de la valoración del daño en este campo. Valoración del esfuerzo probatorio del perjudicado. Diligencias de acceso a las fuentes de prueba. En el caso, no se ha acreditado que el perjuicio sea superior al 5% del precio, por ello, la demandante no puede pretender una indemnización superior a ese porcentaje. Por tal razón ha de estimarse en parte el recurso de casación y reducir la indemnización acordada en la sentencia a un 5% del precio pagado por la compra de los camiones objeto del litigio, con los intereses legales desde la fecha de adquisición.
Resumen: Cártel de los camiones. Daños derivados de infracción de Derecho de la competencia. Reiteración de la doctrina de la sala. Conducta infractora anterior a la Directiva 2014/104/UE. Aplicación e interpretación del art. 1902 CC. Esfuerzo probatorio suficiente de la parte demandante sobre la existencia del daño que permite fijar la indemnización con criterios estimativos, aunque se haya considerado inadecuado el informe pericial para la cuantificación del sobrecoste. Alcance de la Decisión de la Comisión Europea. Presunción del daño. Las circunstancias descritas en la Decisión son también suficientes para entender que ese daño no fue insignificante o meramente testimonial, habiendo fijado la sala el daño mínimo en casos semejantes en un 5% del precio de adquisición. En este caso, la AP ha estimado el daño en un 8% del precio de cada uno de los camiones. La sala, con la estimación del recurso de casación a estos solos efectos, corrige la estimación judicial realizada por la Audiencia y concluye que el importe de la indemnización será el equivalente al 5% del precio de adquisición de los camiones objeto de litigio, con los intereses legales desde la fecha de adquisición, en la medida en que se ha concedido un porcentaje superior sin que se constate alguna razón propia (específica) del caso enjuiciado que justifique su separación de la regla general.
Resumen: Como consecuencia de las desavenencias de los dos socios de la mercantil respecto al destino de los resultados positivos de la sociedad, la demandante, socia minoritaria, ejercita el derecho de separación por la reiterada aprobación del destino total de los beneficios a reservas, sin repartir dividendos. En ele ejercicio 2020 hubo pérdidas que acordó compensar con beneficios de años futuros; pero se aprobó también el reparto de dividendos con las reservas de 2012 a 2018. Aun así la socia insistió en ejercer su derecho de separación. Se cumplían todos los requisitos del art 348 bis vigente entonces para el ejercicio del derecho de separación (no reparto de dividendos con beneficios en los últimos 3 ejercicios y protesta del socio). Protesta que sí se hizo, aunque al inicio de la Junta. Lo que no la inhabilita. El hecho de que votara a favor del no reparto en ejercicios anteriores no supone un acto propio que le impida ejercitar ahora el derecho de separación. Las circunstancias actuales no son las de los ejercicios anteriores. El derecho de separación no tiene que ver con el porcentaje del socio que lo ejercita, sino con la decisión de la Junta de no repartir dividendos. Lo que supone que ese socio ha perdido la votación frente al resto. Derecho de separación compatible con la litigiosidad sobre el contenido del porcentaje del capital social. Aquí el derecho de separación fue anterior al nuevo acuerdo de reparto. Por lo que no lo impide.
Resumen: En la demanda se impugnan los acuerdos adoptados por la sociedad relativos a la aprobación del aumento de capital social y consecuentemente modificación de los estatutos sociales. En caso que no ocupa, ya hemos visto que el inmueble fue objeto de obras de reparación y acondicionamiento, sin que resulte desvirtuada la apreciación judicial de que se trataba de obras necesarias y cuanto menos - añadimos nosotros- adecuadas para dar valor al inmueble y hacerlo más rentable. Otra cosa es la gestión del mismo, como hemos aclarado. Y para financiar esa inversión el que se acuda a una ampliación de capital resulta razonable, sin que el que pudiera haber otras alternativas, como propone el recurrente, resulta bastante para negar que la razonabilidad de la operación societaria impugnada, según la doctrina jurisprudencial apuntada. Ello es así porque (i) la forma específica societaria de incrementar sus recursos la sociedad es recurrir al aumento de capital; (ii) lo que el precepto impone es que lo acordado responda a una necesidad razonable, no que esa decisión sea la única o la mejor de todas las posibles para atender esa necesidad. Esa elección entre las distintas alternativas es decisión soberana de la mayoría social, limitándose el control judicial a verificar si la solución adoptada es una respuesta razonable a esa necesidad social. Ello es así porque (i) la forma específica societaria de incrementar sus recursos la sociedad es recurrir al aumento de capital; (ii) lo que e
Resumen: Se descarta la nulidad de actuaciones. La falta del preceptivo acto de la audiencia previa no es motivo de nulidad en un supuesto en el que no se ha causado indefensión y las partes se limitan a proponer como prueba documental la ya aportada. La cláusula suelo es nula por abusiva y por falta de transparencia. La jurisprudencia ha declarado de forma reiterada la nulidad por falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato. La cláusula suelo ha sido eliminada del contrato por voluntad de las partes, debiéndose estar a lo acordado válidamente por las mismas en el contrato privado de novación. Ello, no obstante, no es óbice a la devolución a la actora de las cantidades abonadas de más como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo (nula), desde la fecha de inicio del préstamo hipotecario hasta la fecha en que se eliminó del contrato la referida estipulación por acuerdo novatorio. No es válida la renuncia al ejercicio de acciones. Se estima el recurso en parte porque se condena al pago de un importe concreto y no se justifican las bases para realizar el cálculo. Para no mermar los derechos de las partes en el proceso se deja para el trámite de ejecución de sentencia la determinación de la cuantía a restituir.
Resumen: El demandante pretendía de Banco Santander que le rindiera cuentas respecto de un contra de cuenta bancaria mediante la entrega de determinada documentación. El Juzgado desestimó la demanda por entender que la demandada había cumplido con lo que le era exigible y el actor recurrió su sentencia. La Sala examina la obligación de información de las entidades en relación con los servicios bancarios. Examina el supuesto de hecho: existencia del contrato, reclamación extrajudicial y su contestación por la demandada. Tras analizar la naturaleza del contrato de cuenta corriente bancaria desde el punto de vista jurisprudencial y la normativa aplicable, la Sala afirma que no alberga duda sobre el reconocimiento del derecho del actor a recibir la información solicitada como resultado general de las consecuencias que se derivan de la buena fe, el uso y la propia ley. Lo hace citando su propia doctrina. Rechaza que sea el actor quien cargue con la prueba tratándose de un deber procesal omitido por la demandada. Indica que ésta no ha sido capaz de justificar el cono cimiento por el actor de la información que reclamaba. Y termina señalando que la Sala no puede negar que la pretensión ejercitada carezca de contenido propio cuando la parte contraria, conociendo previamente su interés o intención, rehúsa cumplir su obligación. Estima el recurso.
Resumen: La demanda de juicio cambiario se sustenta en tres pagarés vencidos que habían sido emitidos con la cláusula "no a la orden", y está promovida por una cesionaria de los títulos que afirma haber comunicado la cesión a la obligada cambiaria, la cual respondió a las comunicaciones que se le dirigieron con la expresión "OK Correcto". La firmante demandada opone la extinción de la obligación subyacente. El pagaré emitido "no a la orden" solo es transmisible en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria; la notificación y el consentimiento del deudor cedido neutraliza la posibilidad de que pueda este oponer al cesionario y tenedor de los efectos la compensación que podría oponer al primitivo acreedor. La Audiencia Provincial considera que la conformidad expresada por el deudor cedido con la expresión "OK.Correcto" implica consentirla de manera pura e incondicionada, por lo que no puede posteriormente introducir motivos de oposición al respecto.
Resumen: Crédito revolving y falta de aportación del contrato. No hay usura, el tipo efectivamente aplicado no supera al de mercado en más de 6 puntos porcentuales. Sobre las cláusulas referentes al interés remuneratorio y comisión por impago, por falta de transparencia, se valora la falta de aportación del contrato. No obra prueba que permita identificar el contrato y conocer sus cláusulas contractuales particulares, a excepción del interés remuneratorio, por lo que, aun cuando se tenga por acreditado la existencia del contrato y el año de su celebración, no es posible el pronunciamiento sobre el carácter nulo de unas cláusulas que se desconocen al tiempo de su celebración, ni hacer el control de transparencia. Es relevante que la actora reclamó a la entidad demandada extrajudicialmente, con carácter previo a la interposición de la demanda, la aportación del contrato, haciendo caso omiso la entidad bancaria a dicho requerimiento, sin que dicho documento haya sido nuevamente solicitado por el trámite oportuno de diligencias preliminares. Es una obligación imperativa del demandante la de aportar con la demanda los documentos esenciales en que se fundamenta su pretensión y no puede desplazarse dicha obligación a la parte contraria cuando la actora pudo utilizar el procedimiento de diligencias preliminares que le ofrece la ley para recabar la documentación esencial antes de la demanda y no lo hizo. Se desestima la pretensión de nulidad.
