Resumen: Se desestima el recurso de la demandada y se confirma la sentencia apelada, que declara nulo el contrato por usurario y condena a la primera a devolver a la actora las cantidades cobradas en exceso respecto del capital por esta dispuesto, con el interés legal correspondiente a la fecha de cada cobro; las costas de ambas instancias se imponen a la demandada. Recuerda la Sala las características del contrato de tarjeta de crédito de autos y destaca que, para el supuesto de que el acreditado decidiera la modalidad de pago aplazado, el contrato fija unos intereses remuneratorios sobre la suma aplazada del 27,24% TAE. Aplica la doctrina jurisprudencial -que reseña- sobre los términos de comparación de la cuantía de intereses para determinar la existencia o no de usura, siendo, de un lado, la TAE y, de otro, para el "interés normal del dinero", debe acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas y, en concreto, el tipo medio de interés al tiempo de celebrar el contrato de la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. En el caso, reputa desproporcionado el interés fijado en el contrato (pues en el año 2016 la TAE fluctuaba entre el 19,71% y 21,43%). No hay infracción de la doctrina de los actos propios; no se aprecia en el actor retraso malicioso o desleal.
Resumen: Se estima el recurso de la entidad financiera demandada y se revoca la sentencia apelada, desestimando la demanda, sin imponer costas en ambas instancias. Indica la Sala que el término de comparación para determinar si el interés pactado (21% TIN; 23,14% TAE) resulta usuario no es el tipo de interés de las operaciones de crédito al consumo en la fecha de celebración del contrato y menos aún medias obtenidas de diversas anualidades, sino el más específico de las tarjetas de crédito y "revolving", término con el que deben compararse los intereses pactados para determinar si estos son notablemente superiores al normal del dinero y manifiestamente desproporcionados con las circunstancias del caso. Las estadísticas del Banco de España ya ofrecían datos sobre los tipos de interés aplicables a las tarjetas de crédito y revolving con relación al tiempo de celebración del contrato -2015- (21,13%), por lo que, siendo escasa la diferencia con el antes citado (23,14%), no aprecia la existencia de usura. Rechaza también las alegaciones de la actora sobre la falta de transparencia y abusividad, por entender que el contrato establece con claridad el interés remuneratorio (TIN y TAE), con aplazamiento de las cantidades dispuestas con sus intereses, pudiendo conocer la actora la carga económica real de la tarjeta. Sobre costas, aprecia dudas de derecho por la clarificación de la jurisprudencia sobre la materia realizada en la STS 4 marzo 2020 (rec.4813/2019), posterior a la demanda.
Resumen: Cuando existe un previo procedimiento por el que se condena a la sociedad al pago de la deuda, no cabe reproducir la cuestión, es decir, la existencia y cuantía de la deuda en el procedimiento en el que se exige responsabilidad al administrador, pues constituye presupuesto de la acción con eficacia de cosa juzgada, salvo que no hubiera tenido conocimiento del pleito precedente ni posibilidad de defenderse. Se reseña la jurisprudencia que así lo establece.
Resumen: Formación de inventario en proceso de liquidación de sociedad de gananciales. La parte apelante se opone a que se incluya en el mismo el negocio de laboratorio y una cuenta bancaria por tener carácter privativo pues fue heredado y explotó y consolidó el apelante antes de contraer matrimonio. Además se trata de una actividad profesional, es personal, atendiendo a su titulación. Es un laboratorio de protésico dental. No está abierto al público ni atiende a pacientes. Y la cuenta citada es la que utiliza en el negocio. La AP estima que el negocio se constituyó vigente el matrimonio y que es ganancial y que los beneficios del mismo también lo son. Pero al profesional le corresponde una remuneración por su actuación desde que se disolvió la sociedad de gananciales.
Resumen: Formulada demanda en la que se ejercita acción directa contra aseguradora de responsabilidad civil del servicio de salud de una Comunidad, en reclamación de indemnización por daños causados por demora en el diagnostico e incumplimiento de lex artis ad hoc, la sentencia de primer grado la desestima al constar solicitud anterior de declaración de responsabilidad patrimonial ante el Servicio de Salud, que finalizó con resolución desestimatoria, contra la que se formulo recurso administrativo, inadmitido por extemporáneo. La sentencia de segundo grado, que desestima el recurso, recuerda que la acción directa es autónoma e independiente de la que pueda tener el perjudicado frente al asegurado, al nacer por disposición legal de un contrato de seguro y que para ejercitarla no es preciso que se sustancie antes la reclamación en vía administrativa contra el responsable, tampoco que se reclame conjuntamente a la aseguradora y que tiene carácter accesorio, de modo que no prosperará si no se acredita la responsabilidad del asegurado, de lo que es conclusión obligada la declaración previa de responsabilidad de la administración, que puede recaer en vía administrativa previa y en la contencioso adva o ser apreciada en el proceso civil a efectos prejudiciales, pero si el perjudicado ha acudido a la vía administrativa y ha recaído resolución firme, la resolución es vinculante de modo que el tribunal civil no puede declarar responsabilidad de la Administración ni estimar la acción directa.
Resumen: Demanda de reclamación de cantidad por responsabilidad extracontractual derivada de accidente de tráfico por las lesiones sufridas por la nieta de la demandante, declarada civilmente incapaz. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda; rechazó las cantidades solicitadas por gran invalidez, por apreciar cosa juzgada; reconoció las nuevas secuelas y la agravación de las ya reconocidas, pero desestimó la indemnización al entender que el baremo no lo permite; y estimó las pretensiones relativas a la adecuación de la vivienda. La audiencia confirmó la sentencia. Recurre en casación y extraordinario por infracción procesal la demandante y la sala estima en parte el primer recurso. En el recurso extraordinario por infracción procesal, la sala declara que la parte demandante no puede en el presente procedimiento incluir conceptos que debió reclamar en el primer procedimiento, dado que entonces ya se conocían las consecuencias lesivas que determinaban la situación de gran invalidez. Respecto del recurso de casación, la sala declara que han concurrido nuevas secuelas que, valoradas conjuntamente, suponen 173 puntos del baremo, por lo que, al haberse reconocido 76 puntos en el procedimiento anterior, procede indemnizar a la parte recurrente y demandante los 24 puntos correspondientes a nuevas secuelas sicofísicas que no fueron evaluadas en el anterior procedimiento y que no exceden del límite de los 100 puntos, lo que se cuantificará en ejecución de sentencia.
Resumen: Se estima en parte el recurso de la actora, sin costas de la alzada, y se revoca la sentencia apelada, estimando parcialmente la demanda y declarando que el interés remuneratorio del contrato de tarjeta revolving es usurario, declarando, por ello, la nulidad del mismo y condenando a la parte demandada a reintegrar a la actora las cantidades abonadas durante la vida del crédito que excedan de la cantidad dispuesta, a determinar en ejecución de sentencia de acuerdo con las bases que en concreto se fijan; no se hace especial imposición de las costas de primera instancia. Recuerda la Sala el criterio jurisprudencial sobre el control de transparencia y sobre los requisitos para determinar la existencia de condiciones generales de la contratación. Señala que, en el caso, la cláusula cuestionada -interés remuneratorio- debe ser calificada como condición general de contratación, al tratarse de un contrato modelo confeccionado por la propia entidad financiera para ser firmado por sus clientes, sin que quepa introducir corrección o modificación alguna en sus términos esenciales. Entiende que las cláusulas cuestionadas son susceptibles de control de abusividad y concluye que superan el doble control de transparencia, rechazando el recurso en este extremo. Examina el carácter usurario de los intereses aplicados al contrato de tarjeta y señala que fueron desproporcionados, comparados con los medios de esas entidades en operaciones análogas, siendo usurarios.
Resumen: Se estima en parte el recurso de la entidad financiera actora y se revoca la sentencia apelada (que desestimaba la demanda), condenando a la demandada a abonar la suma que se fija, sin costas en ambas instancias. Coincide la Sala con la sentencia apelada en que la actora no ha probado la aceptación del condicionado del préstamo, sin que tampoco conste que hubiera entregado a la demandada consumidora un ejemplar del contrato, precisando que la firma no es un requisito necesario de validez del contrato al no imponerla el Derecho español. No obstante, concluye que lo anterior no implica la inexistencia del préstamo, ni que la prestataria quede exonerada de restituir los fondos recibidos (consta la transferencia a su cuenta del principal del préstamo). Entiende probada la relación de préstamo, frente a la negativa injustificada de la prestataria. Efectúa de oficio el control de transparencia y considera que la actora no ha demostrado haber cumplido el deber de información precontractual, ni la aceptación por la demandada del condicionado del préstamo, manteniendo en el caso la eficacia del contrato e integrándolo conforme a la legislación tuitiva de consumidores y usuarios. Estableciendo la obligación de la demandada de pagar solo el nominal del crédito a la finalización del contrato, ya vencido al tiempo de resolverse el recurso, por lo que es exigible toda la deuda, con los intereses legales correspondientes. Siendo parcial la estimación, no impone costas.
Resumen: Considera la Audiencia que se acredita la existencia de una deuda derivada del impago por parte de la demandante de las cuotas del préstamo. La deuda es inequívoca e indudable. Cualquier oposición al pago de una deuda no supone que la deuda sea dudosa. Se aplica la doctrina jurisprudencia del Tribunal Supremo y se considera que la inclusión de datos personales en dos ficheros de morosos no supone intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante.
Resumen: Se declara la nulidad del contrato por usura y falta de transparencia. Sobre el interés remuneratorio el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. Se considera además que no cumple con el control de transparencia. En el crédito revolving tan relevante como la TAE o el TIN, es la forma en que se procede a su amortización. La cláusula es abusiva porque provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor a quien no le ha sido posible hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá este contrato.
