• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: ANA CALADO OREJAS
  • Nº Recurso: 497/2021
  • Fecha: 15/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se ejercita acción de retracto arrendaticio urbano. Desestimada la demanda por falta de legitimación activa ad causam recurre el actor. Alegan previamente los apelados la caducidad de la acción, lo que se rechaza pues el actor no tuvo conocimiento completo de la compraventa hasta el día 29-6-2018 presentando la demanda el 18-7-2018, y por tanto dentro del plazo legal. En cuanto al fondo alega el apelante que el mismo regenta un bar restaurante (chiringuito) en régimen de alquiler, ubicado cerca de la playa que tiene su propio número de finca catastral urbana, si bien no consta en el Registro como finca separada sino que forma parte de una registral mayor y que formalmente es propiedad de una compañía de mera tenencia de bienes. Alega que la verdadera titular del chiringuito era una señora, también demandada, que poseía una serie de participaciones de dicha sociedad y que para vender el chiringuito, en lugar de hacerlo directamente, lo hizo a través de la venta de sus participaciones a un tercero, vulnerando así los derechos del retrayente. Se rechaza tal alegación pues dicha señora nunca fue propietaria del chiringuito, sino de un derecho de explotación de la concesión administrativa del chiringuito, que fue lo que arrendó a actor, siendo independiente de la titularidad del local y de las participaciones sociales. No puede entenderse que la venta de las participaciones encubriera la venta del chiringuito o del local y terreno del mismo, por lo que no procede el retracto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 110/2019
  • Fecha: 15/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión debatida es si la demandante perjudicada debía promover la demanda frente a la aseguradora durante la sustanciación del proceso penal previo, relativo a los mismos hechos objeto de cobertura, para evitar que la acción derivada del contrato de seguro hubiera prescrito. El sistema no tolera la pluralidad de procedimientos con un objeto total o parcialmente idéntico y reacciona mediante instituciones como la litispendencia, la cosa juzgada y la prejudicialidad, a fin de evitar sobrecostes y una indeseable duplicidad de decisiones eventualmente contradictorias. Carácter exclusivo y excluyente de la jurisdicción penal respecto de cualquier otro órgano judicial y prevalencia de la decisión de la cuestión penal. La interrupción de la prescripción no tiene lugar automáticamente por la mera existencia de un procedimiento penal, sino que se requiere que verse sobre el hecho presuntamente delictivo y que la calificación sea indispensable para el procedimiento civil. Finalizado el proceso penal, el perjudicado cuenta con los datos fácticos y jurídicos precisos para entablar la acción civil y a partir de ese momento se cuenta el plazo para ejercitarla. Aplicación por los tribunales cautelosa y restrictiva. Función informadora del principio general de buena fe. Estimación del recurso de casación: inexistencia de prescripción; devolución al tribunal de apelación para que, teniéndose por interpuesta la demanda en tiempo, se resuelva sobre la cuestión de fondo. Voto particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 563/2019
  • Fecha: 15/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es objeto del presente proceso, la demanda formulada por los actores en reclamación de la indemnización de daños y perjuicios, derivados de una alegada mala praxis médica en la atención del parto del hijo de los litigantes, consecuencia del cual sufrió una encefalopatía hipóxico isquémica de origen perinatal que supone en la actualidad una minusvalía del 89%. La demanda se interpuso contra la entidad que cubría los riesgos de la asistencia sanitaria dispensada en el hospital del servicio público murciano de salud, en ejercicio de la acción directa del art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro. Previamente, la actora, en representación de su hijo menor, había formulado reclamación administrativa de declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración que fue desestimada al considerar que había prescrito y, en cuanto al fondo, que no concurría responsabilidad de la Administración sanitaria por la atención recibida en el parto. En vía civil se desestimó la demanda por prescripción de la acción y falta de legitimación pasiva de la aseguradora, al quedar extinguida la obligación indemnizatoria por no existir responsabilidad por parte de los servicios sanitarios. Interpuesto recurso de casación se desestima, ya que existe una sentencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, que proclama mediante pronunciamiento firme, en proceso seguido contra la compañía como codemandada, que no existe responsabilidad patrimonial de la administración asegurada.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Toledo
  • Ponente: AMAYA GALAN PEREZ
  • Nº Recurso: 274/2020
  • Fecha: 15/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El contrato se suscribió en enero de 2013, y no ha resultado controvertido que el tipo de interés es del 24,51% TAE, tipo que se ha de tomar en cuenta para la comparación exigida. El segundo término de la comparación es el tipo normal de los créditos revolving. Comprobados los datos publicados por el Banco de España, el tipo del que hay que partir es el 20,68% correspondiente a 2013, según consta publicado por el Banco de España, siendo el mismo TEDR, esto es, el TAE sin incluir comisiones, pero que no cabe elevar ante la falta de prueba del importe que resultaría de aplicar las comisiones establecidas a dicho tipo. La diferencia es, pues, de 3,83%. Y, teniendo en cuenta que se parte ya de un interés excesivamente alto, en comparación con el interés medio del resto de préstamos al consumo, esa diferencia debe considerarse que excede de lo que se ha de considerar interés notablemente superior al normal del dinero y nulo por usurario.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 2670/2017
  • Fecha: 15/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nulidad de cláusula IRPH y de interés de demora en préstamo hipotecario concertado con prestatario no consumidor. Carácter de condición general de una cláusula que recae sobre el objeto principal del contrato. Improcedencia de aplicar los controles de transparencia material y de la normativa protectora de consumidores. No cabe equiparar la protección del adherente profesional o empresario a la del adherente consumidor, por ser diferente el nivel de protección otorgado a unos y otros respecto de las cláusulas no negociadas. El control de incorporación es el único que puede ser aplicado a las condiciones generales en contratos celebrados entre empresarios Se trata de un control de cognoscibilidad que requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal. En el caso de la cláusula que establece el índice de referencia en un préstamo hipotecario a interés variable, salvo prueba en contrario, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o, en su caso, por los contratantes suele satisfacer ambos aspectos, puesto que su claridad semántica es suficiente. En el caso no existen datos que permitan afirmar un abuso de posición dominante ni una actuación contraria a la buena fe de la entidad financiera.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 1170/2019
  • Fecha: 15/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ley 57/1968. Cooperativa de viviendas y aval colectivo. Los dos recursos, por infracción procesal y de casación, se centran en impugnar la condena de la entidad demandada hoy recurrente a pagar los Intereses del art. 20 LCS. Se estiman, porque no procede la imposición de dichos intereses a la entidad avalista. La Sala Primera nunca ha declarado la procedencia de los intereses del art. 20 LCS en contra del avalista, y tampoco procede declararla ahora, al ser dicho art. 20 una norma específica de la LCS que no se puede extender en contra del avalista, de modo que la Audiencia Provincial, al imponer de oficio dichos intereses a la entidad avalista demandada como si se tratara de una compañía de seguros, incurrió en incongruencia.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MIGUEL ANGEL LARROSA AMANTE
  • Nº Recurso: 931/2021
  • Fecha: 14/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de la actora, imponiéndole las costas de la alzada, y se confirma la sentencia apelada, desestimatoria tanto de la demanda como de la reconvención. El recurso se limita exclusivamente a la desestimación de la demanda, al haberse aquietado la demandada, actora reconvencional, a la desestimación de la reconvención por ella formulada. La parte actora reclama el pago de un préstamo concedido a una entidad en cuya posición de deudora se habría subrogado la mercantil demandada, habiendo asumido el demandado persona física la condición de fiador solidario. El objeto de la demanda y del recurso es la existencia de la deuda reclamada. La sentencia recurrida concluye que no hay prueba de tal existencia; y el punto central del debate es la validez que deba darse al documento Ñ aportado al contestar a la demanda. La Sala se muestra conforme con la valoración jurídica y fáctica de la sentencia apelada, que considera probada la condición de apoderado y, por extensión, la validez del citado documento y la vinculación de la empresa actora a lo dicho en el mismo. No aprecia el Tribunal la falsedad civil invocada respecto de dicho documento y destaca que la parte actora no ha logrado probar que el mismo adoleciese de algún vicio que le privase de fuerza probatoria, de modo que ha de entenderse que el préstamo reclamado en la demanda estaba extinguido por acuerdo de ambas partes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO GARCIA MARTINEZ
  • Nº Recurso: 747/2019
  • Fecha: 14/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: no se ha vulnerado el principio pendente apellatione, nihil innovetur, ni la sentencia ha incurrido en incongruencia extra petita (habiendo aplicado la sentencia primera instancia una cláusula opuesta por la demandada en la contestación, puede impugnarse en el recurso de apelación sin que esto suponga alteración de los términos del debate); incongruencia y falta de motivación (son dos cuestiones distintas); deber de motivación de la sentencia; planteamiento de cuestiones relativas a la valoración de la prueba; valoración de la prueba testifical. La efectividad de la cláusula de exclusión por "enfermedades preexistentes" no puede desvincularse de la efectividad del cuestionario de salud. Cuestionario de salud: debe ser entendido como un deber de contestación o respuesta a lo que pregunte el asegurador, sobre el que además recaen las consecuencias que derivan de su no presentación; deber de declaración del riesgo; cuando el cuestionario es rellenado por los empleados de la aseguradora sin que se haya recabado del tomador del seguro la contestación de las preguntas, por mucho que aparezca su firma al final del cuestionario, no habrá habido infracción del deber de declarar aquella circunstancia relevante para la determinación del riesgo, porque de hecho no habrá sido preguntado por ella. En el caso: al tomador no se presentó cuestionario de salud y por lo que no es posible la aplicación de la cláusula de exclusión.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: MIGUEL ANGEL LARROSA AMANTE
  • Nº Recurso: 961/2021
  • Fecha: 14/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación a entidad bancaria de las cantidades entregadas a cuenta a promotor en compraventa de vivienda en construcción e ingresadas en cuenta (Ley 7/1968). Desestimada la demanda por considerar que existe una finalidad inversora en los actores al reservar tres viviendas recurren los mismos. Es conocida que la aplicación de la Ley 57/1968 depende, no de la condición de consumidor del comprador, sino de que la vivienda de que se trata esté destinada a domicilio o residencia familiar, no aplicándose a quienes la adquieran con un fin especulativo no residencial, sean o no profesionales. En el presente supuesto se trata de la adquisición de tres viviendas por dos personas, existiendo una falta de justificación de la finalidad de la adquisición, siendo los compradores a su vez titulares de otras viviendas, lo que permite deducir, valorando conjuntamente las citadas circunstancias, la intención o finalidad inversora de la compra. Partiendo de la cobertura de sus necesidades residenciales y de que tampoco se han aportado datos que justifiquen que las nuevas viviendas que iban a construirse mejoraban en las condiciones de urbanización o de superficie o calidades con relación a las residencias que ya tenían los actores, no se justifica la reserva de tres viviendas pues claramente es un número superior a las propias necesidades de cada uno de los dos actores. No se hace imposición a los actores de las costas de la instancia por entender que existen serias dudas de hecho.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: MIGUEL JULIAN COLLADO NUÑO
  • Nº Recurso: 115/2019
  • Fecha: 14/02/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Formulada demanda por la aseguradora de un remolque, en la que ejercita acción subrogatoria contra la aseguradora de la responsabilidad civil (seguro obligatorio) de la cabeza tractora, en reclamación de la indemnización abonada por los daños causados en el remolque y en la mercancía transportada en accidente de tráfico y otros perjuicios, la sentencia de primer grado la estima. La sentencia de segundo grado, que estima el recurso de la aseguradora, señala que la cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanza a los daños sufridos por el vehículo asegurado, ni por las cosas en él transportadas, que el contrato de seguro concertado por la actora y la propietaria de la cabeza tractora determina que no están aseguradas las obligaciones derivas de daños a las cosas transportadas, por lo que la únicamente cabría estimar la acción si se entendiera que el remolque es un tercer vehículo respecto a la cabeza tractora y que las mercancías transportadas en el remolque no se incluirían entre las aseguradas por la cabeza tractora, pero que legalmente la cabeza tractora y un semirremolque constituyen una unidad funcional y sobre la cuestión referente a la carga, tras la resolución de la petición prejudicial, el criterio del TS es la no inclusión en la cobertura del seguro obligatorio del semirremolque ni la de la carga transportada en su interior al formar continente y contenido una sola cosa al efecto del seguro, carga transportada.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.