• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN ROYO JIMENEZ
  • Nº Recurso: 663/2021
  • Fecha: 26/01/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se desestima el recurso de la entidad actora, imponiéndole las costas, y se confirma el Auto apelado, que inadmite a trámite la petición inicial de proceso monitorio al entender que el interés remuneratorio fijado en el contrato -tarjeta de crédito revolving- es usurario, en aplicación de la sentencia que reseña (el tipo medio de interés para realizar la comparación, ronda el 20 % para estas operaciones y que el pactado del 26,82 % era abusivo por usurario, declarando abusiva y nula la cláusula y, con ello, el contrato suscrito por las partes). La parte apelante alega que la documentación que aportó es la requerida por el art. 812 LEC, siendo válida a efectos de la liquidación unilateral, que el interés remuneratorio y el TAE aplicado es un elemento esencial del contrato que no permite un control de abusividad, sino de transparencia (que afirma se cumple) y que la comparación con el pactado debe hacerse con el interés del Banco de España para este tipo de contratos, sin que el tipo de interés fijado se aparte mucho de dichos tipos, instando la admisión a trámite de la petición inicial. Examina la Sala las condiciones estipuladas en el contrato para determinar si es o no usurario el interés pactado (26,82% TAE). Concluye que se estuvieron devengando intereses pactados situados permanentemente casi 6 puntos por encima de la media en operaciones de igual naturaleza, y mantiene el carácter usurario y la nulidad del contrato, ratificando los efectos establecidos en la instancia.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Málaga
  • Ponente: JAIME NOGUES GARCIA
  • Nº Recurso: 816/2020
  • Fecha: 26/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación a entidad bancaria de las cantidades entregadas a cuenta para la adquisición de vivienda amparadas por la Ley 57/1968. Estimada la demanda recurre la demandada, alegando que la vivienda fue construida, existiendo la preceptiva licencia de ocupación, y que el demandante se negó a aceptar la entrega. Se rechaza tal alegación, pues la licencia de ocupación se otorgó 2 años y 9 meses después de la fecha pactada para su entrega no constando tampoco que se requiriese al comprador para el otorgamiento de escritura. Se alega asimismo la condición de inversionista del comprador, y la no aplicación de la Ley 57/1968, desplazando al mismo la carga de probar que cumple los requisitos exigidos por dicha normativa. La Sala indica que si existen datos (número de viviendas adquiridas, disponibilidad previa de otras viviendas por el comprador, naturaleza del inmueble predeterminante de su destino a la utilización por terceros, etc) que constituyan indicios opuestos a la finalidad prevista en la ley (residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, accidental o circunstancial), se impone al comprador la carga de alegar y probar dicho destino. En el presente supuesto la vivienda está destinada a uso como hotel-apartamento, haciendo referencia el contrato a ese modo de exploración, por lo cual y ante la ausencia de otros datos, se estima no aplicable la normativa protectora de la referida ley.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Sevilla
  • Ponente: JOSE MARIA FRAGOSO BRAVO
  • Nº Recurso: 6937/2021
  • Fecha: 26/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se estima íntegramente la demanda interpuesta por una aseguradora ejercitando la acción de repetición de lo pagado a una perjudicada, frente a la empresa titular del vehículo asegurador por ella y frente al conductor, que conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Recurrida en apelación por el tribunal se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida, porque partiendo de la deplorable técnica jurídica del recurso en que no se especifica que es lo que se solicita en su suplico, haciéndolo por remisión, parece que a pesar de recurrir ambos demandados el primer motivo va dirigido a absolver a la empresa titular del vehículo y no al su empleado, pues el accidente se produce fuera de horas laborales, motivo que es desestimado, porque si el conductor empleado usaba el vehículo era porque se lo permitía la empresa; rechazándose también el motivo relativo a la prescripción de la acción, pues en ningún caso la Aseguradora hizo dejación de su acción frente al causante directo como a la responsable solidaria. Por otro lado, como quiera que no se discute en la Alzada la aplicación del art. 10 .a de la LRCSCVM, no puede aplicarse al caso el criterio consolidado de este Tribunal en supuestos idénticos se establece la cobertura del seguro voluntario cuando no existe una cláusula de exclusión.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: ANA CALADO OREJAS
  • Nº Recurso: 437/2021
  • Fecha: 25/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para ejercitar acción de saneamiento por vicios ocultos (quanti minoris). El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. Expone el tribunal la jurisprudencia establecida en relación con las acciones de saneamiento por vicios ocultos (acción redhibitoria, quanti minoris y de responsabilidad por dolo), especificando los presupuestos de la acción ejercitada. En particular, analiza si concurre el vicio en el que se funda la acción ejercitada, y considera que no se acredita su preexistencia: el comprador pudo probar la embarcación y el motor en alta mar, y firmó cláusula de reconocimiento del buen estado del motor y de la inexistencia de vicio oculto, lo que confirma que la parte compradora había realizado todas las pruebas que había estimado pertinentes, tanto en seco como en el mar, antes de formalizar el contrato de compraventa, y por ello declaró conocer y aceptar el estado de la embarcación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1195/2019
  • Fecha: 25/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de casación tiene por objeto determinar si el ejercicio del derecho de separación fundado en un primer acuerdo que negaba la distribución de dividendos, posteriormente revocado por otro acuerdo que accedía a dicha distribución, antes de que el socio haya ejercitado el derecho de separación, puede resultar abusivo, tal y como habían declarado la sentencia recurrida. Se desestima el recurso del socio. Con carácter general, si los administradores convocan nueva junta general, con la propuesta de distribuir dividendos en los términos legales, antes de que el socio haya ejercitado el derecho de separación, el posterior ejercicio de este derecho puede resultar abusivo. En este caso, la actuación puso de manifiesto que su intención real no era obtener el dividendo, sino separarse de la sociedad en cualquier caso, pues habiendo podido obtener con escaso margen temporal lo que supuestamente pretendía -el beneficio repartible-, se negó a recibirlo. No hay inconveniente en que una junta general deje sin efecto lo acordado en otra junta general previa, aunque, con carácter general, el acuerdo posterior solo tiene eficacia desde que se adopta y no elimina los efectos ya producidos por el anterior, especialmente cuando ha generado derechos a favor de terceros de buena fe. Pero, en este caso, el ejercicio del derecho con fundamento en el primer acuerdo, posteriormente revocado, fue abusivo.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Sevilla
  • Ponente: JOSE MARIA FRAGOSO BRAVO
  • Nº Recurso: 6877/2021
  • Fecha: 25/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se dicta sentencia estimando la acción de indemnización de daños y perjuicios contra BANCO DE SANTANDER , por incumplimiento de las obligaciones legales establecidas por la Ley de Mercado de Valores, como consecuencia de haber adquirido la actora acciones del BANCO POPULAR en el mercado secundario. Recurrida en apelación por la entidad demandada, se estima el recurso y se revoca la sentencia desestimando la demanda, porque la adquisición se hizo en el mercado secundario y no directamente del BANCO POPULAR, careciendo de legitimación pasiva, para soportar la acción contractual de nulidad del contrato por consecuencia de error-vicio, toda vez que la entidad predecesora de la demandada no fue la transmitente de las acciones y no fue parte en el contrato; ni tampoco cabe la acción de daños y perjuicios ya que, cuando el FROB, dicta una resolución que conlleva se amorticen las acciones del Banco Popular a valor cero y seguidamente decreta su venta a Banco Santander por un euro, la reclamación de la indemnización por los adquirentes de acciones solamente es posible si tienen la consideración de terceros, ya que en otro caso, les seria de aplicación lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, siendo la limitación legal para reclamar de dicho artículo muy clara, por lo que el titular de la acción adquirida en el mercado secundario no tiene derecho de crédito alguno que se pueda derivar de su amortización.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: ROSA MARIA ANDRES CUENCA
  • Nº Recurso: 1096/2021
  • Fecha: 25/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia sigue la doctrina ya consagrada según la cual la ausencia de presentación de las cuentas anuales al Registro Mercantil supone un grave incumplimiento de las obligaciones de toda sociedad. Sin embargo, eso no supone por sí mismo causa de responsabilidad del administrador social por las deudas de la sociedad. Lo que sí sucede es que esa falta de presentación provoca una oscuridad sobre la situación económica y financiera de la sociedad que invierte la carga de la prueba sobre esa situación cuando no han existido activos suficientes para satisfacer las deudas sociales. Y el incumplimiento de esa prueba sí que puede constituir causa de responsabilidad del administrador social.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Sevilla
  • Ponente: JOSE MARIA FRAGOSO BRAVO
  • Nº Recurso: 6642/2021
  • Fecha: 25/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el Juzgado de 1ª instancia se dicta sentencia estimando la acción de repetición o regreso ejercitada por la Aseguradora contra el médico internista Don Luciano, el cirujano Don Mariano y la "CLÍNICA ESPERANZA DE TRIANA, S.A.", como entidad gestora del centro sanitario Hospital Infanta Luisa de Sevilla, tras pago, a los herederos de Don Romeo, de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la prestación medica que le correspondía como afiliado del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, organismo con el que la Aseguradora actora tenía acordado convenio, por el que se obligaba a prestar la asistencia sanitaria a dicho afiliado, en determinados centros médicos y por determinados facultativos. Recurrida en apelación sólo por la "CLÍNICA ESPERANZA DE TRIANA, S.A.", por el Tribunal se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida, rechazando la impugnación planteada por un codemandado, porque si bien cumple el requisito de impugnarse la sentencia en lo que le es perjudicial, no cumple el requisito, que el recurso se interponga frente a la parte apelante; desestimándose el motivo de recurso sobre la prescripción, porque las diligencias preliminares dirigidas a identificar con claridad tanto la acción que se pretendía conservar, como frente a las personas que se pretende hacer valer, la interrumpen; no existir infracción de la carga de la prueba en la sentencia recurrida, ni tampoco error en la valoración de la prueba, por valorar más a una pericial.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO CABALLERO GARCIA
  • Nº Recurso: 918/2020
  • Fecha: 24/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se plantean acciones de nulidad e infracción de marca por ambas partes en litigio y, a su vez comportamientos desleales. La sentencia admite la existencia de actos de engaño por lo que condena a la remoción de aquellos comportamientos concretos que hagan aparecer el producto de la demandada como relacionado con el de la actora. No hay, sin embargo acto de confusión (sí de engaño) puesto que la publicidad de la demandada pretende diferenciarse de los productos de la actora, presentando una nueva imagen, pero en un contexto continuista (engaño). No existe acto de imitación de productos, pues existen suficientes diferencias para no apreciar imitación de creaciones materiales. Sin prueba precisa sobre los perjuicios no procede conceder indemnización. Se mantiene la nulidad de la marca por inscripción de mala fe (sin la intención de ser usada), pues quien así la registró ni ha probado la especial relación con la contraria que habilitara la licitud de dicha inscripción (por ejemplo, contrato de distribución).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 19/2020
  • Fecha: 24/01/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Solicitud de declaración del error judicial con respecto a distintas resoluciones judiciales encadenadas (providencia no admitiendo incidente de nulidad contra auto y contra esta misma resolución). La declaración de error judicial requiere que se haya dictado una decisión que manifiestamente carezca de justificación, es decir, que sea ostensiblemente contraria al ordenamiento jurídico, constituyendo un error craso o patente, o que se dicte al margen de los hechos del pleito, aplique normas derogadas, inexistentes o interpretadas fuera de toda lógica o razón, alcance conclusiones fácticas o jurídicas irracionales o ilógicas, generadoras de una resolución esperpéntica, que rompa por absurda la armonía jurídica, o, en definitiva, que se la pueda calificar de arbitraria. El auto cuestionado declaró la nulidad de otro auto que estimó una petición de aclaración de sentencia totalmente improcedente, dado que esta se pronunció a favor de la legitimación pasiva de la aseguradora demandada y lo que se pidió por esta excedía de los límites de ese remedio procesal. En puridad, no se quería aclarar un error sino mostrar discrepancia respecto de la falta de valoración de un documento que obraba en autos. No se trataba de una simple corrección de un error material, sino de abordar una nueva valoración probatoria. En consecuencia, ni el auto declarando nulo el que estimó esa aclaración improcedente ni la providencia inadmitiendo la nulidad de aquel incurrieron en error judicial.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.