Resumen: Reclamación de cantidad a entidad bancaria para la devolución de cantidades entregadas a cuenta en la adquisición de vivienda en construcción. Desestimada la demanda al entender que no es aplicable la Ley 57/1968 a los que compran con finalidad no residencial, recurren los actores. Es jurisprudencia constante que la Ley 57/1968 no es aplicable a quienes adquieran la vivienda con finalidad no residencial, sean o no profesionales, sin que a ello sea óbice la expresión "toda clase de viviendas" empleada en la DA1.ª de la LOEF, y que ha de entenderse en el sentido de que elimina cualesquiera dudas que pudieran reducir el nivel de protección de los compradores por razón de la forma de promoción o del régimen de la vivienda que compren, pero no puede equipararse a "toda clase de compradores" para, así, extender la protección a los profesionales del sector inmobiliario o a los compradores especuladores. Todo ello aunque se admita que el comprador no consumidor y el vendedor puedan pactar en el contrato de compraventa la obligación del vendedor de garantizar la devolución de las cantidades anticipadas y la sujeción de la garantía a lo establecido en la Ley 57/1968, porque en tal caso, la sujeción del aval al régimen de la Ley 57/1968 provendrá de lo pactado entre las partes, no de la propia ley ni de su interpretación jurisprudencial. En el presente supuesto tratándose de la venta de 3 viviendas y abonadas por una sola persona, la Sala entiende que no se trata de consumidor.
Resumen: Se estima en parte el recurso del demandado y se revoca en igual forma la sentencia apelada, estimando parcialmente la demanda y condenando al demandado a pagar el principal adeudado e intereses remuneratorios devengados correspondientes a las cuotas vencidas e impagadas al tiempo de interponer la demanda, cuya liquidación se ha de hacer teniendo en cuenta la exclusión de cláusulas abusivas ya declaradas en la instancia así como los pagos extrajudiciales hechos por dicho demandado, sin imponer costas en ninguna de las instancias. Recuerda la Sala la jurisprudencia y su propio criterio sobre la cuestión de la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado en contratos de préstamo personal. Señala que la jurisprudencia no niega validez a dicha cláusula, siempre que se determine claramente en el contrato en qué supuestos se podría dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pueda quedar al arbitrio del prestamista infringiendo lo dispuesto en el art. 1256 CC; por ello, la posible abusividad puede provenir de los términos en que la condición general predispuesta permita el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de este, que no es, per se, ilícita. Y concluye que la cláusula de vencimiento anticipado inserta en el préstamo litigioso es nula por abusiva. Sobre las consecuencias jurídicas derivadas de dicha nulidad, aplica la jurisprudencia que reseña, y concluye en los términos anteriormente indicados.
Resumen: Reclamación de cantidad a entidad bancaria por las cantidades abonadas a cuenta a promotor en la adquisición de vivienda en construcción. Estimada la demanda recurre el demandado, alegando que las cantidades abonadas por los actores habían sido abonadas en virtud de un fraude convenido con la promotora, al aceptar un sobreprecio por encima del máximo oficial previsto al tratarse de un compra de viviendas protegidas, contraviniendo el articulo 6.3 de la Ley 13/2005 de medidas para la Vivienda Protegida y Suelo de la Comunidad Andaluza. Es doctrina reiterada que los contratos de compraventa de Viviendas de Protección Oficial, en los que las partes fijan libremente un precio superior al oficial no son nulos, puesto que tal sanción de nulidad, no aparece prevista en la legislación específica de este tipo de viviendas, siendo la existencia de sobreprecio, únicamente determinante de sanciones administrativas y pérdida de beneficios, no pudiendo sostener tampoco la nulidad parcial de la cláusula, puesto que el precio pactado fue el decisivo para el acuerdo de voluntades. En el caso de autos se firmó el contrato de compraventa en fecha 11-8-2004, fecha en que todavía no había entrado en vigor la Ley 13/2005, por lo que se aplica la anterior doctrina, y si bien el 22-3-2007 se firma un Anexo modificando la parcela donde se construirá la vivienda, la Sala considera que se trata de una novación meramente modificativa, pues los datos esenciales eran los del contrato previo del 11-8-2004.
Resumen: La propietaria de un camión adquirido en concesionario de la filial que comercializa en exclusiva en España los camiones fabricados por una de las mercantiles sancionadas por la Comisión por pertenencia al "cartel de los camiones", formula demanda contra la comercializadora, en la que ejercita acción de consecutiva de responsabilidad por infracción de normas de la competencia y reclama daños y perjuicios, que se desestima en primer grado. La sentencia de apelación, que desestima el recurso, rechaza la falta de legitimación de la demandada, con base en la comunicación de responsabilidad entre empresas del mismo grupo por infracciones sobre competencia; considera de aplicación el CC (culpa extracontractual) razón de la fecha del hecho y no el texto vigente de la LDC, interpretado conforme a la jurisprudencia TS sobre daños por infracción de las normas de la competencia y la anterior jurisprudencia TJUE; en cuanto a la existencia y prueba de la extensión del daño, tras advertir que de la Decisión de la Comisión se infiere que la infracción tenía efectos sobre los precios, señala que de la conclusión inespecífica de producción de daño no se deduce la del caso concreto, que requiere la aportación de los elementos de juicio necesarios para determinar su magnitud con arreglo a un estándar de prueba que permita apreciarlo con un mínimo de objetividad para no abrir la puerta a reclamaciones de cualquier cifra sin consideración a las consecuencias concretas, no aportada.
Resumen: La sentencia aborda la decisión sobre la restitución a la cooperativista que se da de baja de las cantidades aportadas a la cooperativa. Parte de la condición de la cooperativa como una sociedad de "puertas abiertas", donde la baja es voluntaria. Puede ser justificada o no justificada. Ahora bien la baja voluntaria lleva aparejadas una serie de consecuencias y puede estar sometida a determinas condiciones, según se considere baja justificada o injustificada. Ahora bien, la Cooperativa ha de contestar al socio en un plazo determinado si la baja es o no justificada. En caso de silencio de la sociedad, ha de considerarse como justificada. Y ello porque la comunicación de la baja, que se entiende recepticia, es necesaria para permitir al cooperativista la impugnación de esa calificación. En cuanto a los reembolsos, es preciso distinguir las cooperativas de las sociedades. No tiene derecho al "valor razonable" de sus participación, sino al reembolso de sus aportaciones según el valor dado en el último balance, que tendrá en cuenta las pérdidas imputables al socio. Lo que unido a los 5 años que hay para devolver, evitan la despatrimonialización de la cooperativa.
Resumen: Reclamación a entidad bancaria de las cantidades anticipadas a promotor para la construcción y venta de viviendas conforme a la ley 57/68. Desestimada la demanda recurre la actora, alegando que la misma no tiene el carácter de inversora, insistiendo en que el carácter de "suite" del inmueble adquirido no excluye la protección de la Ley 57/68. La Sala hace referencia a la jurisprudencia general, indicando que es una constante que la interpretación de las distintas normas de la Ley 57/1968 debe tener como base o punto de partida su finalidad protectora o tuitiva de los compradores de viviendas en construcción para un fin residencial. Se excluyen del ámbito de protección de la Ley 57/1968 a quienes son profesionales del sector inmobiliario, y también a quienes invierten en la compra de viviendas en construcción para revenderlas. Esta interpretación no debe quedar alterada por la referencia a "toda clase de viviendas" de la DA 1.ª de la LOEF, pues esta referencia ha de entenderse hecha tanto a las formas de promoción, como al régimen de las viviendas. En el presente supuesto ha quedado acreditada la finalidad inversora de la actora, quien en el propio contrato se compromete a mantener todas las instalaciones y servicios para mantener la categoría de apartamentos turísticos. Dicha naturaleza del inmueble nos lleva a concluir que la compra se realizó con la única finalidad de obtener un rendimiento económico de la explotación del inmueble, quedando excluida del régimen citado.
Resumen: Que la cláusula de vencimiento anticipado fuese declarada abusiva en procedimiento anterior, es irrelevante para resolver la pretensión de la demanda, por cuanto la acción ejercitada no se sustentaba en la cláusula de vencimiento anticipado, sino en el ejercicio de las acciones legales por el incumplimiento grave y esencial de los deudores en la amortización del préstamo concedido. Situación de vulnerabilidad de los demandados. Esas circunstancias familiares y económicas no pueden ser tenidas en consideración para resolver el objeto de la controversia, sin perjuicio de que puedan ser opuestas, en su caso, y a propósito de una ejecución forzosa que pudiera traer causa de la presente el resolución ya que nos encontramos en un procedimiento declarativo.
Resumen: El actor propietario de dos camiones adquiridos en concesionario de la filial que comercializa en exclusiva en España los fabricados por una de las mercantiles sancionadas por la Comisión por pertenencia al "cartel de los camiones", formula demanda contra la comercializadora, en ejercicio de acción de consecutiva de responsabilidad por infracción de normas de la competencia y reclama daños y perjuicios, que se desestima en primer grado. La sentencia de apelación, rechaza la falta de legitimación de la demandada, con base en la comunicación de responsabilidad entre empresas del mismo grupo por infracciones sobre competencia cuando constituyen una unidad económica; en cuanto a la existencia del daño, tras advertir que de la Decisión de la Comisión se infiere que la infracción tenía efectos sobre los precios, de lo que se presume la existencia de sobreprecio que pudo enervar la demandada que por su proximidad a las fuentes de prueba tenía posibilidad de aportar una pericial partiendo de los datos reales para acreditar la inexistencia de sobreprecio real en el caso; en cuanto a la cuantificación del sobreprecio considera que la dificultad de cuantificación del daño, de existencia segura, por carecer de datos reales se justifica la determinación estimativa y no posibilitando ninguno de los informes periciales una cuantificación de acuerdo con los criterios contenidos la Guía Práctica publicada por la Comisión Europea, ponderados los criterios de otras Audiencias, los fija en el 5%
Resumen: Se desestima el recurso de los demandados, imponiéndoles las costas, y se confirma la sentencia apelada, que estima la demanda y condena a dicha parte a abonar a la actora el importe que se fija, así como al pago de las costas de primera instancia. Ratifica la Sala el criterio de la instancia sobre la carencia de la condición de consumidora de la parte demandada; el préstamo se concede a una persona jurídica en el ámbito de su actividad empresarial, y el fiador, codemandado, es el administrador de la sociedad. Respecto de dicho fiador, no cabe considerarlo consumidor, además de por no haberse justificado, por la existencia de una vinculación funcional con la sociedad prestataria, máxime cuando no parece actuar en un ámbito ajeno a su actividad profesional o empresarial. Añade el Tribunal que la cláusula de afianzamiento supera el control de inclusión, recogiendo términos claros, sencillos y conformes al contenido del Código Civil, más no procede realizar un control de transparencia al tratarse de un contrato celebrado entre profesionales. También la cláusula de vencimiento anticipado supera el control de inclusión, apareciendo redactada de manera clara y comprensible.
Resumen: Desestimación del recurso de casación. La acción reivindicatoria de una patente presupone que el demandante se arroga la condición de titular legítimo de la invención patentada, por lo que debe acreditar ese título legítimo sobre esa misma invención patentada. Y el juicio sobre su procedencia conlleva que deba analizarse la invención tal y como ha sido patentada, con todas sus características técnicas, no sólo los elementos caracterizadores, ni mucho menos sólo las características que se pudieran considerar más novedosas; en este caso no ha quedado constatado dicho presupuesto. En relación a la revelación de secretos (no es de aplicación por razones temporales la Ley 1/2019), si no consta acreditado que el demandado hubiera divulgado o explotado el secreto industrial que consistía en el resultado de los trabajos de investigación, al participar en la elaboración del prototipo de bomba de calor geotérmica comercializada por la demandada, tampoco cabe apreciar el tipo previsto en el art. 14.2 LCD. Por último, en relación al aprovechamiento del esfuerzo ajeno, teniendo en cuenta la conducta denunciada en la demanda y al resultado apreciado en la instancia a partir de los informes periciales, la conducta de las demandadas no habría incurrido en ese ilícito concurrencial, pues no habría habido una apropiación indebida del esfuerzo ajeno, y sí un aprovechamiento lícito de la formación adquirida por la participación en el grupo de investigación.
