• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO GARCIA MARTINEZ
  • Nº Recurso: 3857/2018
  • Fecha: 06/09/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de reclamación de cantidad a aseguradora derivada de la negligencia profesional de abogado. En primera y segunda instancia se estimó en parte la demanda, pero no se impusieron los intereses del art. 20 LCS, pretensión única sobre la que gira el recurso de casación interpuesto por el demandante. La sala estima el recurso de casación al entender que no resulta coherente sostener que por la simple interpretación de la póliza que realiza la aseguradora, en el sentido de entender que la misma no garantizaba el supuesto del procedimiento, estemos ante un caso en que se pueda apreciar causa justificada para no satisfacer la indemnización, habiéndose acreditado, así mismo, que los servicios del abogado eran de asesoría jurídica de fondo, por lo que no cabe hablar de duda racional y razonable. Acreditado que la falta de satisfacción de la indemnización no estuvo fundada en causa justificada, la sala asume la instancia y, en aplicación de la doctrina de la sala sobre interpretación de las cláusulas "claim made", declara que los intereses del art. 20 LCS han de ser impuestos desde la fecha del siniestro acaecida el 11 de noviembre de 2005, no aceptando las alegaciones de la aseguradora respecto de la falta de conocimiento del siniestro, respecto de la falta de actividad del asegurado durante largo tiempo o respecto a la necesidad de que la cuantía indemnizatoria fuera fijada judicialmente. Se estima la casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3217/2018
  • Fecha: 28/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por el franquiciador, únicamente respecto de las consecuencias de la nulidad del contrato de franquicia por la fijación unilateral por dicho franquiciador de los precios de los productos, sin garantizar el margen comercial de la franquiciada. Si en un contrato de franquicia hay imposición de precios, dicha conducta se considera restrictiva de la competencia. Para que pueda operar la exención, debe tratarse únicamente de recomendación o imposición de un precio máximo, pero no cuando hay fijación de precios en sentido estricto, como es el caso. En estos supuestos, no es aplicable el art. 1306.2 CC, sino el art. 1303 CC. Ni la causa de nulidad apreciada tiene la condición de torpe, en su sentido estricto de inmoral, ni ha existido un propósito dañino o malicioso por parte de la franquiciante, por lo que la aplicación del art. 1306, con el efecto de "dejar las cosas como están", sería claramente injusta. Así, la franquiciada consintió al suscribir el contrato y durante la vigencia de la relación contractual la fijación de precios y nada opuso sobre dicha cuestión hasta que sus discrepancias económicas con el franquiciador dieron lugar a la ruptura de dicha relación. Al asumir la instancia, se ordena la restitución recíproca de las prestaciones, conforme al art. 1303 CC, por lo que las partes deberán devolverse mutuamente las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos, y el precio con los intereses desde su pago.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 5322/2018
  • Fecha: 27/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Compraventa de participaciones por cumplimiento de la condición resolutoria pactada. Jurisdicción competente: admisibilidad del motivo. Competencia de los tribunales españoles. Los contratos litigiosos tenían cláusula de sumisión expresa a estos. Las objeciones a su validez carecen de fundamento. Ley aplicable a la controversia: admisibilidad del motivo. Alegación y prueba del derecho extranjero: debe ser probado su contenido y vigencia. La decisión al respecto del tribunal sentenciador no es revisable en casación. No es admisible que mediante la aportación de prueba sobre el Derecho extranjero en los recursos, se alteren los términos en que el debate fijado. Lo que ha de ser objeto de prueba, en su caso, es el contenido y vigencia del Derecho extranjero, no las normas de conflicto aplicables. Validez del pacto de elección de la ley aplicable: según Roma I, el contrato se rige en primer lugar por la ley elegida por las partes, sin perjuicio de normas imperativas. En este caso, dicha elección no infringió las normas de conflicto españolas ni las imperativas chinas respecto de la resolución de los contratos. Incumplimiento del contrato con eficacia resolutoria. Doctrina de los actos propios y el abuso de derecho: exige no actuar contra la confianza suscitada en la contraparte. No aplicación de dicha doctrina al caso por no concurrir los requisitos exigidos por la jurisprudencia
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 5378/2018
  • Fecha: 27/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de nulidad de la ejecución de la prenda de acciones, por no haber vencido el préstamo garantizado, y alternativamente, por incumplimiento de los requisitos de la ejecución. La demanda fue desestimada en ambas instancias. Aplicación del art. 135 LC a los garantes reales no deudores. El ámbito subjetivo de eficacia del convenio de acreedores resulta también aplicable, además de a los obligados solidariamente con el concursado y a sus fiadores o avalistas, mencionados expresamente en el precepto, a los terceros que hayan constituido garantías reales. Si el legislador prevé la posibilidad de excluir los efectos del convenio respecto a los fiadores, avalistas u obligados solidarios de carácter personal, porque estas garantías aparecen concebidas precisamente para asegurar el pago ante la insolvencia del deudor, con mayor razón ha de admitirse la no vinculación del convenio respecto a las garantías reales sobre bienes no pertenecientes al concursado, atendida la posición de privilegio de la que parte la ley concursal respecto a los acreedores con garantía real. Que el acreedor, que no votó a favor del convenio, después de su aprobación judicial, elija una de las opciones ofrecidas para el pago no equivale a su adhesión al convenio y no excluye la aplicación del art. 135 LC. Procedimiento especial del art. 322 CCom: carácter dispositivo de la regla que fija un plazo de tres días para la ejecución desde el vencimiento del préstamo. No perjuicio por renuncia al plazo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 3921/2018
  • Fecha: 26/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el presente litigio el comprador de dos viviendas en construcción de la misma urbanización reclama de la avalista colectiva las cantidades entregadas en su día a la promotora a cuenta del precio, centrándose la controversia en casación, como en los casos de las sentencias 623/2020, de 19 de noviembre y 385/2021, de 7 de junio, en determinar si es o no aplicable al comprador-recurrente el régimen de garantías de la Ley 57/1968 y, en caso de serlo, si dicha entidad avalista debe responder de las cantidades que se reclaman, abonadas en efectivo pero no ingresadas en ninguna cuenta de la promotora. En primera instancia se desestimó la demanda pues consideró no aplicable la ley 57/68 al constar que el comprador compró las viviendas con finalidad inversora. Interpuesto recurso de apelación por el actor, se desestimó razonando que no era revante para el caso si el comprador tiene o no la condición de consumidor a los efectos de la protección de la ley sino el hecho de que las cantidades entregadas a cuenta las garantizaba en este caso la promotora y ello fue aceptado por el comprador sin exigir el aval previsto en dicha ley, que la entrega de dinero se hizo en metálico sin la intervención del banco sino directamente a la vendedora y que no se ingresaron en ninguna cuenta de la promotora en dicha entidad, por lo que esta carecía de control. La Sala rechaza el error en la valoración de la prueba y la aplicabilidad al caso de la Ley 57/68 por la finalidad especulativa de la compra.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 5867/2018
  • Fecha: 26/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es objeto del proceso la determinación de la indemnización procedente, por un siniestro cubierto por la garantía de robo, de la póliza suscrita entre las partes, en el que se había seguido el procedimiento del art. 38 LCS. Se postula la nulidad del informe elaborado por el tercer perito, designado en procedimiento de jurisdicción voluntaria, en tanto en cuanto se le reprochaba, que había sido elaborado de forma unilateral y no de forma conjunta con los otros dos peritos de asegurador y de asegurada, lo que determinaba su ineficacia. La demandada opuso caducidad de la acción de nulidad del procedimiento por el transcurso del plazo de 30 días y formuló demanda reconvencional, en la que interesó la condena de la aseguradora a indemnizar, por los robos sufridos, la cantidad fijada por el tercer perito. En la instancia se desestimó la demanda al apreciar caducidad y estimó parcialmente la reconvención tras analizar los límites de la cobertura suscrita según las condiciones de la póliza. En segunda instancia se desestimó el recurso tras el rechazo de la incongruencia interna denunciada. Interpuestos recursos extraordinario por infracción procesal y de casación se desestiman. El dictamen pericial por defectos en el procedimiento no puede ser impugnado al haber caducado la acción, pero ello no impide que sea cuestionado desde el punto de vista de la interpretación del contrato y de los ámbitos de la cobertura pactada según las condiciones particulares y generales de la póliza.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 4890/2018
  • Fecha: 26/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Consignación para recurrir: antecedentes normativos; constitucionalidad; en el caso, no procede (demanda de cumplimiento del contrato de seguro, no de resarcimiento de perjuicios contra la aseguradora de un vehículo causante del daño). Motivo de casación inadmisible (no se indica la jurisprudencia que acreditaría el interés casacional). Motivo de casación admisible (se indica la norma infringida y la jurisprudencia que acredita el interés casacional; delimitación suficiente del problema jurídico). Cláusulas limitativas y cláusulas delimitadoras: son delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, y concretan qué riesgos constituyen dicho objeto, en qué cuantía, durante qué plazo y en que ámbito temporal o espacial; las limitativas restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a la indemnización, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. En el caso, cláusula delimitadora del riesgo. Intereses del art. 20 LCS: carácter sancionador; causa justificada que excluye la mora (existe cuando la resolución judicial deviene imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura); una petición económica exagerada no significa que la compañía tenga que someterse a las pretensiones resarcitorias del perjudicado para evitar incurrir en mora, aunque tampoco le libera de la obligación de ofertar la cantidad que se considere adecuada a la realidad del daño asegurado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 4882/2018
  • Fecha: 26/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso por infracción procesal, dado que la sentencia recurrida incurre en incongruencia ultra petita al haber concedido más de lo pedido, pues en la demanda se postularon los intereses desde las respectivas fechas de enajenación de los valores, mientras que la sentencia concede los intereses legales de las cantidades invertidas desde la fecha de suscripción, sin estar ante una acción de nulidad. En cuanto al recurso de casación, se considera acreditado que la entidad financiera incumplió con el deber de informar, por lo que se desestima el motivo referido al cumplimiento del referido deber. Sí se estima el motivo del recurso referido a la determinación del daño, en la medida en que para la determinación del perjuicio y, en su caso, cálculo de la indemnización, era necesario descontar correctamente los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio. Por ello, se casa la sentencia, se asume la instancia y se deja sin efecto el pronunciamiento del Juzgado, así como el de la Audiencia, que incluso lo agrava, relativo a la condena al abono de los intereses legales por las cantidades invertidas desde la fecha de adquisición de los productos o desde la fecha de la enajenación. En la acción ejercitada (de indemnización de daños y perjuicios) los intereses solo podrían devengarse con respecto al saldo resultante entre la pérdida y ganancia a partir de su reclamación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 2917/2016
  • Fecha: 23/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestiman los recursos de Novo Banco contra la sentencia que apreció que dicha entidad estaba legitimada pasivamente para soportar la acción de nulidad ejercitada por quien había contratado con Banco Espirito Santo -BES- la adquisición de unas participaciones preferentes de un banco islandés. La situación de insolvencia del BES motivó que el Banco de Portugal iniciara un proceso de reestructuración y resolución mediante decisiones de agosto de 2014 que definían lo transmitido a Novo Banco, banco puente al que se transmitió parcialmente el negocio de BES. En 2015, el Banco de Portugal adoptó una serie de acuerdos que modificaban o aclaraban las decisiones anteriores. En este caso, la demanda era anterior a las Decisiones de 2015. El TJUE resolvió en sentencia de 29-4-2021 una cuestión prejudicial planteada por la Sala 1ª en este mismo asunto. En aplicación de la jurisprudencia del TJUE, se resuelve que la aplicación en un proceso en curso de las Decisiones del Banco de Portugal de 2015, con la consiguiente re-trasnsmisión del pasivo desde Novo Banco a BES, es contraria a los principios de seguridad jurídica y al derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, Novo Banco responde frente a la clientela de BES por la falta de información del propio BES, sin que pueda ampararse en una limitación o exoneración de su responsabilidad acordada por la autoridad bancaria portuguesa cuando el litigio ya estaba en curso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 5213/2018
  • Fecha: 22/07/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se ejercita la acción directa del art. 76 LCS y se reclaman diversas cantidades por el fallecimiento de los familiares de la demandante, acaecidos en el accidente aéreo del avión de Spanair el 20 de agosto de 2008. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al entender caducada la acción, pero la audiencia la revocó, condenando a la demandada. Recurrida la sentencia en casación y en extraordinario por infracción procesal, la sala rechaza ambos recursos. El recurso extraordinario se desestima por no apreciarse que exista ilógica valoración de la prueba y por no haberse vulnerado la doctrina sobre la "ficta admissio". Respecto del recurso de casación, la sala considera que no había transcurrido el plazo de ejercicio de la acción, pues la demandante no fue informada de la finalización del proceso penal; en segundo lugar, considera de aplicación el art. 20 LCS respecto de los intereses de demora y no el Convenio de Montreal, como pretendía la demandante, pues el régimen de aplicación de ambas normas es diferente; en tercer lugar, considera que se devengan los intereses de dicho precepto pues la aseguradora demandada fue conocedora (dada su trascendencia pública) del siniestro y del fallecimiento de muchas personas en el mismo, sin que dicha aseguradora cumpliera su obligación de indemnizar en el plazo fijado en el precepto; por último, se desestima el cuarto motivo de casación al incurrir en causa de inadmisión. Se confirma la sentencia recurrida.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.