• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA RUFZ REY
  • Nº Recurso: 379/2020
  • Fecha: 16/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El demandante insta la nulidad del acuerdo sancionador por falta de motivación y por falta del elemento objetivo derivado de la estimación parcial de sus alegaciones acordada por el TEARM que evidencia su falta de culpabilidad, pues finalmente se ha admitido la deducción de unos gastos inicialmente descartados. La Administración sancionó porque el interesado presentó una declaración inexacta en la que aplicó un tipo impositivo al que no tenía derecho y dedujo una serie de gastos que no cumplen con los requisitos de deducibilidad, y concluye la Administración que hubo negligencia en la actuación del contribuyente. Pues bien, la Sala no comparte las conclusiones del TEARM pues y procede a anular el acuerdo sancionador porque la anulación parcial de la liquidación incide directamente en la base objetiva de la sanción. En consecuencia, es obligada la anulación del acuerdo sancionador al verse afectada su fundamentación fáctica, sin que proceda entrar en el análisis de los motivos de fondo planteados en el escrito de demanda, al tratarse de un acto administrativo ya anulado por el TEARM por la causa expuesta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE IGNACIO ZARZALEJOS BURGUILLO
  • Nº Recurso: 478/2020
  • Fecha: 16/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El debate se centra exclusivamente en determinar si para el cálculo de la exención prevista en el art. 4.Ocho de la Ley del Impuesto sobre el patrimonio deben incluirse o no los activos afectos a la actividad económica de la sociedad ( en concreto los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros). La Sala señala que el hecho de que una parte del valor de la entidad esté constituido por la cesión de capitales a terceros no es obstáculo para aplicar la exención del art. 4.Ocho de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio , siempre que se acredite la afectación a los fines de la actividad económica de la sociedad, en concreto a las necesidades de capitalización, solvencia, liquidez o acceso al crédito.No se trata de atribuir la carga de la prueba de la afectación al obligado tributario, sino que corresponde a la Inspección acreditar que no existe tal afectación o que alguna parte de dichas inversiones son superiores a las necesidades de circulante, que se trataba de elementos patrimoniales ociosos o no necesarios para el desarrollo de la actividad. En otras palabras, no puede quedar fuera de la consideración de elemento patrimonial afecto a una actividad económica todo bien o derecho del que quepa acreditar que cumple en la empresa una función económica, aunque sea con fines de liquidez, solvencia, tesorería, acceso al crédito, etc.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: NATALIA DE LA IGLESIA VICENTE
  • Nº Recurso: 577/2020
  • Fecha: 16/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Administración sin analizar fechas, ya directamente niega la posibilidad de caducidad por el axioma de que al ser un procedimiento iniciado a instancia de parte no puede caducar. La Sala lo rechaza. El procedimiento de TPC tiene su origen con la solicitud por el obligado tributario y culmina con una nueva liquidación conforme a la valoración que se ha determinado en el procedimiento de tasación que cierra el procedimiento e impide una nueva comprobación de valor por la Administración tributaria sobre los mismos bienes o derechos.El corolario de lo anterior, en un procedimiento de aplicación de los tributos como es el caso, es que la Administración tiene la obligación de resolver todas las cuestiones que se planteen, y que la TPC no es un procedimiento de impugnación de actos en el sentido del artículo 104.3 y le resulta aplicable el plazo máximo de resolución de 6 meses del artículo 104.1 LGT. No obstante el incumplimiento de este plazo no determina el silencio positivo, ni que se acepte la valoración propuesta por el perito del obligado tributario, porque el cometido de la solicitud de TPC no es el de que prevalezca la valoración del perito del obligado tributario, por más que pueda ser el resultado de la misma, sino el de corregir, discutir o combatir la tasación del perito de la Administración.En el caso existe caducidad y un procedimiento caducado y que queda sin efecto no puede producir efectos interruptivos en otro procedimiento: la Sala aprecia prescricpión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 89/2018
  • Fecha: 16/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Operaciones complejas declaradas en fraude de ley en relación con el impuesto sobre sociedades, iniciadas antes de la entrada en vigor de la Ley 58/2003, con la extinción de un grupo fiscal, seguida de la constitución de otro grupo fiscal. Obligación de seguir el procedimiento del art. 15 de la LGT 58/2003. Fecha de inicio de procedimiento inspector. Alcance en el conocimiento de cuestiones por la sección de enjuiciamiento. Comprobación de ejercicios prescritos. Determinación de la fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable. Regularización de operaciones entre empresas españolas y francesas, mediante la aplicación del artículo 9.1 del Convenio entre el Reino de España y la República Francesa. Operaciones concatenadas para la reestructuración internacional empresarial. Análisis global de las operaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA RUFZ REY
  • Nº Recurso: 374/2020
  • Fecha: 16/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Respecto a la prueba señala la Sala que la carga corresponde al demandante que no ha desplegado prueba alguna que acredite el valor de mercado de las participaciones.Esto no obstante, el método de valoración empleado por la Administración merece una consideración distinta. La Agencia tributaria tuvo en cuenta los datos declarados y, de conformidad con la normativa aplicable, se partió del patrimonio neto de la entidad según el balance. Ahora bien, antes de calcular el porcentaje correspondiente a las participaciones de la contribuyente, se detrajo una cantidad euros que le fue entregada en concepto de reparto de dividendos. Esta operación sería correcta si se hubiera disminuido el patrimonio neto en la suma correspondiente a la totalidad de los dividendos repartidos, pues al existir cinco socios es evidente que todos ellos han de recibir los dividendos correspondientes a sus respectivas participaciones. Como nada consta sobre la cantidad total objeto de reparto, los dividendos satisfechos a la interesada han de detraerse de sus participaciones, disminuyendo su valor, no del patrimonio neto de la sociedad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 7938/2020
  • Fecha: 16/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia declara que, sobre la base de la doctrina expresada, entre otras, en la sentencia núm. 588/2020 de 28 de mayo, rca. 4740/2017, la alteración de descripción catastral, adoptada en un procedimiento de subsanación de discrepancias y de rectificación del art. 18.1 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario se proyecta sobre situaciones y hechos anteriores al acto que le pone fin, careciendo, en consecuencia, de efecto retroactivo, al margen de las circunstancias concurrentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 7987/2020
  • Fecha: 16/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: A fin de determinar cómo ha de cuantificarse la base imponible del impuesto sobre actos jurídicos documentados en la celebración de una escritura pública en la que se ejerce el derecho de opción de compra, previsto en el contrato, que comporte la cancelación anticipada de un contrato de arrendamiento financiero, viene constituida por el valor declarado, coincidente con el precio previsto en el contrato para el ejercicio de la opción de compra. A tal efecto, la base imponible ha de tomar en consideración no solo el valor residual del bien transmitido, sino las cuotas pendientes de amortizar
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 484/2022
  • Fecha: 16/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS interpreta las disposiciones adicionales tercera y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 estableciendo que, aunque la regla general sea la procedencia de suspender los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos iniciados, esto no significa que esté vedada toda posibilidad de actuación administrativa mientras dure la vigencia del estado de alarma o de sus prórrogas. De esta forma, la notificación de una resolución sancionadora dictada con anterioridad a la declaración del estado de alarma, y practicada durante la vigencia de éste, debe reputarse -en principio- válida, sin perjuicio de que su eficacia quede demorada hasta el momento de la cesación del estado de alarma o de sus prórrogas, a partir del cual se reanudará el cómputo de los plazos. Asimismo, durante el periodo de vigencia del estado de alarma o de sus prórrogas quedará en suspenso el plazo de caducidad de cualesquiera acciones o derechos y, por tanto, también de aquéllos a los que se refería la notificación antes indicada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: RAFAEL PEREZ NIETO
  • Nº Recurso: 370/2022
  • Fecha: 16/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: A la vista de los libros registro de facturas recibidas, la Administración actuante había minorado las cuotas del IVA soportado en el primer trimestre de 2017 por detectarse diferencias entre el importe declarado en la autoliquidación trimestral y lo comprobado. No obstante, en el juicio se cuestionaban únicamente los acuerdos sancionadores, sobre los que se aducía que no se encontraban suficientemente motivados sino, en esencia, faltos de acreditación de la culpabilidad. La sentencia señala que ni de las alegaciones de la contribuyente del caso ni tampoco del conjunto de las de las actuaciones se extraía que la palmaria discordancia entre los datos consignados en los libros de registro, por un lado, y las autoliquidaciones, por el otro, hubiera acaso respondido a una razonable discrepancia jurídica o a extremos probatorios. Así pues, la sentencia concluye indicando que se observaba el inadecuado reflejo de datos con relevancia tributaria en dichas autoliquidaciones, por lo que la explicación que la Administración había ofrecido sobre la culpabilidad de la sancionada, la cual atendía a la modalidad negligente de conducta, en definitiva, debía ser considerada como correcta además de suficiente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: RAFAEL PEREZ NIETO
  • Nº Recurso: 469/2022
  • Fecha: 16/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Incumbe a la Administración actuante ofrecer la motivación o explicación suficiente de por qué la persona sancionada es culpable, esto es, de por qué su conducta tributaria resulta reprochable por actuar con conciencia y voluntad de infringir la ley o bien por desatender negligentemente los deberes normativos que le incumbían. Pues bien, en este caso la Administración actuante basó la sanción en que, de haberse obrado con la diligencia debida, el contribuyente hubiera conocido cuál era exactamente la base para calcular el pago fraccionado, según la autoliquidación del IS del ejercicio 2018. Al respecto, la sentencia señala que que la explicación de la Administración actuante relativa a la culpabilidad, que concluía con el reproche de una conducta negligente, debía reputarse correcta además de suficiente. Considera para ello la sentencia que la explicación de la Administración actuante había partido de las circunstancias determinantes de la deuda tributaria, la cual había sido desatendida inexplicablemente y con desidia. Y a todo lo anterior la sentencia suma que el contribuyente no ofrecía tampoco base del descargo.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.