Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si se puede dirigir el procedimiento de apremio contra el adquirente para el pago de las cuotas de urbanización no satisfechas por el transmitente -al que se notificó la liquidación- en período voluntario, o si es necesario que al adquirente se le notifique previamente la liquidación en cuestión a efectos de su abono en período voluntario.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR que desestimaba la reclamación económico administrativa contra la liquidación sobre Impuesto de Sociedades, que se gira por aumentar la base imponible del cálculo del impuesto al no considerar deducibles parte de los gastos de personal de la empresa. En concreto la administración tributaria se elimina como gastos fiscalmente deducibles los gastos del personal autónomo que presta servicios para la empresa. La Sala tras recoger la normativa y jurisprudencia aplicable distingue respecto de las deducciones por las retribuciones a los dos administradores que en cuanto a la deducibilidad de la retribución de los administradores, se debe de estar a la regla general exigida para la deducción del cualquier gasto, la adecuada contabilización y justificación del mismo y en este caso conforme a los Estatutos de la Sociedad, que establecen el carácter gratuito del cargo de administrador, la parte demandante no invoca ni acredita la existencia de tal autorización mediante acuerdo de la Junta General de establecer una retribución, ni se justifica la efectiva existencia y realización del gasto mediante la aportación de los contratos de trabajo o de las facturas de servicios y en cuanto a los otros dos trabajadores, la parte actora no acredita la concurrencia de una auténtica relación laboral caracterizada por las notas de ajenidad, dependencia y onerosidad entre la sociedad y las dos hijas de los socios administradores.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional que estima parcialmente las reclamaciones económico-administrativas acumuladas referidas a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se cuestiona la procedencia de la actuación de la administración en cuanto a la regularización de lo que entiende fueron beneficios que obtuvo el obligado tributario como consecuencia de la transmisión que hizo de las participaciones de que era titular de la empresa no cotizada, pero la Sala considera que en principio, es adecuado a la ley el criterio aplicado por la resolución impugnada, salvo que la parte demandante acreditara, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, que el importe efectivamente satisfecho se corresponde con el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado, sin que hubiera propuesto ninguna prueba que justifique que el valor afirmado de venta es el que se corresponde con el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado, por lo que se confirma la liquidación pero se estima el recurso respecto de la sanción ya que no se colman las exigencias doctrinales en cuanto no se razona debidamente la existencia de la culpabilidad, ya que se hace derivar la culpa del hecho de no declarar la cantidad adeudada.
Resumen: No hay, claramente, en este asunto, causa de nulidad de pleno derecho de clase alguna. La Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sitúa el expresado vicio radical en el hecho de que las liquidaciones giradas a la interesada han infringido un plazo esencial, lo que, aun siendo cierto, conduciría a la anulabilidad del acto, en el seno de una impugnación contra éste, pero no a la nulidad radical. Por lo demás, la causa prevista en la letra g) del propio artículo 217.1 LGT tampoco sería procedente, pues haría falta que la Ley de Aguas previera de modo específico, para una infracción determinada del ordenamiento jurídico, la nulidad de pleno derecho como efecto de la vulneración, previsión que no se da en el presente caso. Habría, pues, solo anulabilidad, esto es, susceptibilidad de que un acto administrativo sea invalidado, por contrario al ordenamiento jurídico, con ocasión de los recursos pertinentes, en este caso no ejercitados.
Resumen: La demandante impugna la resolución del TEAR desestimatoria del acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria de la deuda tributaria alegando la falta de los presupuestos subjetivos y objetivos, así como la prescripción para derivar la responsabilidad solidaria. En la sentencia de apelación, se aprecia que hay una actuación inexplicable del marido de la recurrente, a quien se le atribuye en la liquidación de los gananciales lo que prácticamente había aportado a la sociedad el mismo día de la disolución, a lo que se añade la valoración que se hace de las participaciones adjudicadas con un valor desproporcionado e inexplicable, con lo que se concluye que se ha producido una utilización abusiva de la aportación de bienes y liquidación de la sociedad de gananciales para eludir obligaciones fiscales de personas familiares que conocen la situación del cónyuge, en este caso mediante la adjudicación de los bienes a la esposa declarada responsable solidaria por su conocimiento de los hechos y colaboración esencial en los mismos. En cuanto a la alegación de prescripción, se concluye que no ha prescrito el derecho de la Administración a dirigirse contra la responsable solidaria, al existir actuaciones para el pago voluntario de las deudas y también dentro del procedimiento de apremio seguidas frente al deudor principal que sirvieron para interrumpir la prescripción de la acción frente a la responsable solidaria, por lo que se desestima el recurso.
Resumen: Se reitera la doctrina ya fijada en la STS de 12 de julio de 2021 (rec. 4066/2020) y confirmada en posteriores: la rectificación de una autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos indebidos- sí es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea. Aplicando la anterior doctrina, se estima el recurso de casación y se ordena la retroacción de las actuaciones a fin de que la Sala de instancia examine en la sentencia, con sometimiento a la ley y al Derecho, la procedencia o no de la solicitud formulada de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos en materia del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial.
Resumen: La sentencia analiza un supuesto en el que la resolución económico-administrativa ha estimado la reclamación por alguno de los motivos de impugnación, pero al tiempo analiza y rechaza otros de los que fueron suscitados por la reclamante, y, además, posibilita una retroacción de actuaciones en las que la Administración podrá dictar un nuevo acto de liquidación. Contra dicha resolución se interpone recurso contencioso-administrativo que es inadmitido por el Tribunal a quo al considerar que se trata de un acto no susceptible de impugnación (art, 69.c) LJCA). La sentencia reitera la doctrina ya fijada en la STS de 19 de mayo de 2020 (rec. 6242/2020) en virtud de la cual "en aquellos supuestos en los que se produzca la estimación parcial de reclamaciones económico-administrativas instadas contra liquidaciones o/y sanciones, las pretensiones y alegaciones sustanciales que la vertebran sobre tales actos rechazadas por los tribunales económico-administrativos pueden ser objeto de revisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que sea preciso ni pertinente que el interesado o la interesada espere a que se practiquen unas nuevas liquidaciones o/y sanciones por parte de los órganos de la Administración tributaria en sustitución de las parcialmente anuladas".
Resumen: Las Sala estima el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias de 14 de mayo de 2021 sobre acuerdo de los servicios tributarios del Principado de Asturias por el que se aprobó la liquidación relativa al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, dimanante de procedimiento de comprobación de valores relativos a la adquisición de vivienda. Se declara la invalidez de la liquidación recurrida con el consiguiente derecho a la devolución de lo pagado con los intereses legales. Señala la Sala que formalmente existe motivación del acuerdo impugnado pues se ha exteriorizado el fundamento de la valoración y este es objetivo. Cosa distinta es que el mismo deba considerarse equivalente o ajustado al valor real. Y añade que no existe inconveniente en que un informe emitido por técnico, aunque sea por acuerdo de la entidad bancaria y del contribuyente cara a la formalización del crédito hipotecario, sea asumido como motivación por la resolución que dispone la liquidación con nueva valoración, lo que guarda armonía con la validez general de motivación, de ahí que la carga de singularización y justificación del valor depende del contenido y características de ese informe de tasación, que no se alza en criterio monolítico e intangible, sino en una valoración técnica que asume la labor estimativa referida a la finca concreta, ya que no hay precepto legal que imponga a la Administración tributaria la carga de emitir informes.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia estimatoria parcial del recurso contra desestimación de pago de los intereses de demora devengados por el retraso en el pago del principal de ciertas facturas por determinados servicios. Estimación del recurso de casación. El criterio de la Sala es el de considerar procedente incluir la cuota del IVA en la base para el cálculo de los intereses de demora, en el pago de facturas derivadas de contratos administrativos, pero también es criterio jurisprudencial la improcedencia de la inclusión del IVA en la base del cálculo de los intereses de demora cuando el pago del impuesto no ha quedado acreditado. Y, en este caso, no ha quedado acreditado el pago del IVA. Reiteración del criterio jurisprudencial que determina la falta de valor jurídico probatorio del certificado genérico de cumplimiento de obligaciones tributarias para acreditar el pago del IVA.
Resumen: Se plantea en casación si ha de incluirse la cuota del IVA en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la administración en el pago de las facturas de un contrato administrativo, si para atender dicho pago ha de acreditarse que ha realizado el pago o ingreso y si puede darse por probado que el IVA ya está ingresado en virtud de las declaraciones de IVA aportadas. Se cuestiona igualmente el dies a quo para calcular los intereses de demora, si es desde el ingreso efectivo del IVA o desde el plazo de 60 días desde la presentación de la factura. La Sala confirma el criterio de precedentes anteriores (RCA 7382/2018, 6689/2019, 4188/2020, 1540/2020, y 83/2020), estimando que se incluye el IVA en la base de cálculo de los intereses, siendo necesario que se acredite el abono del impuesto, en este caso mediante las declaraciones trimestrales.
