Resumen: Procedencia de rectificación de autoliquidación cuando el obligado considere que la norma reguladora del tributo es contraria al Derecho de la Unión o inconstitucional. Devolución de ingresos indebidos. Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial. Remisión al Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia núm. 1008/2021, de 12 de julio, rca. 4066/2020.
Resumen: Ante el incumplimiento por el sujeto pasivo del procedimiento ordinario de rectificación y regularización de las cuotas repercutidos en exceso, nada impide reconocer al particular cedente de un terreno en el marco de un contrato de permuta que termina por ser resuelto, y que ha soportado la repercusión de cuotas por IVA por la entrega anticipada, la facultad de instar el correspondiente procedimiento de rectificación de la autoliquidación, así como el derecho, de cumplirse todos los requisitos para, una vez determinado el importe en que hubiera ser rectificada la autoliquidación, y acredita la reducción de la base imponible del IVA, y consecuentemente el exceso en las cuotas repercutidas, obtener la devolución de este exceso como ingreso tributario indebido.
Resumen: Procedencia de rectificación de autoliquidación cuando el obligado considere que la norma reguladora del tributo es contraria al Derecho de la Unión o inconstitucional. Devolución de ingresos indebidos. Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial. Remisión al Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia núm. 1008/2021, de 12 de julio, rca. 4066/2020.
Resumen: La Sala fija la siguiente doctrina: en aquellos supuestos en los que la resolución económico administrativa a ejecutar consiste en la anulación, por motivos de fondo, del acuerdo de liquidación en un procedimiento inspector, para dictar nueva liquidación conforme a lo resuelto por el órgano económico administrativo, así como la anulación de sendas resoluciones sancionadoras para adecuar el importe de la sanción a la nueva base determinada en el acuerdo de liquidación, el órgano administrativo debe notificar los correspondientes acuerdos de ejecución en el plazo de un mes previsto en el artículo 239.3 LGT, y art. 66.2 del Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa, a contar desde el día en que la resolución del tribunal económico-administrativo tenga entrada en el registro de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, incluido el registro de la Oficina de Relaciones con los Tribunales; y que la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento del plazo de un mes previsto en el referido precepto, al tratarse de una irregularidad no invalidante sin efectos prescriptivos, es la no exigencia de intereses de demora desde que la Administración incumpla el referido plazo. Se formula voto particular.
Resumen: La Sala, comienza acotando temporalmente el conflicto, con lo que el análisis de la imputación/culpabilidad debe circunscribirse a lo ocurrido entre las fechas que señala. La conclusión es que la actora debe acreditar cuál o cuáles de las causas que, a su juicio, han justificado el retraso, tienen su plasmación fáctica a partir de febrero de 2021, de tal forma que sea contraria a derecho, y a los pliegos, la decisión de ampliar el plazo con penalizaciones. En realidad, para la Sala lo meridianamente acreditado es que, en la fecha indicada, hubo una falta de medios personales en la obra que hubiera permitido un avance satisfactorio para la terminación de los trabajos. Tampoco ha sido capaz de concretar la falta de suministro alguno en el periodo determinado. Respecto de la indefinición de varias unidades de obra como justificación de no haber podido terminar la obra a fecha 28/02/2021, la actora sólo puede concretar, mediante el correo electrónico de fecha 10/03/2021, la falta de determinación del precio de la pintura y la necesidad de que el remate del canto del forjado debe realizarse una vez instalado el falso techo. Finalmente, respecto de que se ejecutaron numerosas unidades de obra que no se encontraban previstas en el proyecto, tampoco existe determinación alguna de cuáles provocaron que se acordaran las dos últimas ampliaciones de plazo con penalización, lo que por sí sólo impide estimar el argumento.
Resumen: Simulación. No puede ser controvertida su calificación por la Sala de instancia en un recurso de casación. Interpretación del artículo 16.3 LGT. La expresión en su caso no significa que la sanción sea automática o necesaria, pero sí incompatible, en principio, con la apreciación de una interpretación razonable de la norma, pues ambas nociones jurídicas son antagónicas: la simulación requiere el dolo, dada su mecánica operativa, mientras que la interpretación razonable, excluyente de la culpabilidad, lo descarta. Tampoco es posible compatibilizar la conducta simulada con la alegación de la existencia de un error invencible de prohibición, dadas las características de la simulación y la necesaria presencia en la conducta simulada del dolo.
Resumen: La respuesta que ha de darse a la cuestión con interés casacional planteada en el auto de admisión es positiva, esto es, la rectificación de una autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos indebidos- sí es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea.
Resumen: No resulta posible aplicar la conocida doctrina de la Sala, contraria a la previsión de un tipo de gravamen único del 5 % con independencia de la intensidad del uso del dominio público local, básicamente porque, en el presente caso, no cabe asumir como presupuesto de partida que la ordenanza municipal o el informe-técnico económico ("ITE") incorporen un tipo de gravamen único del 5 %, con independencia de que exista un uso privativo o un aprovechamiento especial, circunstancia que, además, niega el Ayuntamiento.
Resumen: En el caso presente, el sujeto pasivo, que en este caso lo es por obligación real (artículo 7 de la Ley 29/1987), al ser no residente en España. Segun la jurisprudencia ha de regir, a los efectos del impuesto, la estricta igualdad, o neutralidad de la partición, cualesquiera que sean las particiones y adjudicaciones que los interesados hagan. La sujeción al impuesto por obligación personal o real constituye un prius, y las reglas para la determinación de la base imponible (generales y especiales) se aplican por igual en ambos casos, en relación con los bienes transmitidos que estén sometidos a gravamen, ya sean todos, o únicamente los ubicados o que puedan ejercitarse en España, respectivamente. En virtud del artículo 7, al que se aferra la demanda, se establece el título por el cual se es sujeto pasivo del tributo (obligación real), que nadie ha discutido, pero de su aplicación no resulta norma alguna de cuantificación de la base imponible del mismo, ni contradice la aplicabilidad del artículo 27.1 de la Ley.
Resumen: En el acuerdo sancionador se aseguraba que la conducta del obligado tributario fue voluntaria, en concreto al haber consignado un determinado deterioro en su declaración, lo que fue entendido como un acto voluntario y positivo, del que habría sido plenamente consciente y respecto del cual le incumbiría un deber de acreditación y prueba. Además, la Administración actuante tuvo en cuenta que el obligado tributario había prescindido total y absolutamente de la normativa contable y fiscal que le exigía determinar -y acreditar- no solo un valor razonable sino también un valor en uso. Sin embargo, la sentencia, ante la dificultad que encierra la interpretación de la normativa de carácter eminentemente técnico, considera que sí que permite entender que la entidad contribuyente del caso actuó amparada por una interpretación razonable de la norma, lo que excluye el elemento culpabilístico de su conducta. Si bien la fundamentación en la que se apoyó la entidad contribuyente para pretender la anulación de la liquidación practicada era jurídicamente inadmisible, ello no la convierte en merecedora de una sanción administrativa. La entidad contribuyente del caso consignó una pérdida por deterioro en base a un informe pericial que determinaba un valor en el que no se consignaban todos los parámetros delimitados por la normativa contable, pero ello no convierte su conducta en culpable, dada la dificultad que entraña la proyección al caso concreto de todos los criterios técnicos que recoge
