Resumen: Las normas de aplicación al caso permitían despejar la incógnita respecto a la posible prescripción aducida por el contribuyente en el sentido de que no la había ganado. A partir de ahí, la sentencia recuerda que la estanqueidad tributaria, esto es, la autonomía jurídica de cada tributo, impide en ocasiones que los actos de valoración realizados para determinar la deuda tributaria en alguno de ellos pueda trasladarse a otra figura impositiva, y, por el contrario, existen situaciones en las que debe prevalecer el principio de unidad o unicidad fiscal. A efectos del impuesto del caso, el valor de adquisición del inmueble lo marca el importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado, más el coste de las inversiones y mejoras efectuadas y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, en tanto que el valor comprobado en el impuesto al que el contribuyente aludía era el valor real o de mercado de la transmisión, de manera que podía apreciarse una diferente previsión normativa en lo que se refiere a la valoración de la operación. Esta disparidad de criterios legales para determinar el valor de un bien es acorde a la finalidad diversa de ambos tributos y responde a la estanqueidad tributaria prevista en la normativa de cada tributo. De ahí que la sentencia concluya que era correcto el cálculo de la Administración del valor de adquisición a efectos de calcular la ganancia patrimonial realizado por la e conformidad a la específica normativa del impuesto del caso.
Resumen: Se impugna la revocación de la inscripción en el Registro Territorial de la Oficina Gestora de los Impuestos Especiales de Alicante de una supuesta fábrica de labores de tabaco. Que el interesado había adquirido gran cantidad de hojas de tabaco al amparo de su CAE de fabricante: 50.975 Kg. Netos según diligencia de Inspeccion y que sin embargo solo había autoliquidado la cuantía correspondiente a 9 Kg de picadura en todo el tiempo de su actividad. Asi pues, la principal condición para operar como fabricante de las labores ha sido radicalmente incumplida. No solo incumple las condiciones de fabricante autorizadas, sino que asume voluntariamente una actividad ilegal que ha determinado su imputación en el ámbito penal. Lo cierto es que lejos de transformar el producto adquirido, hojas de tabaco para picar. El recurrente lo que hacía era usar su almacen para adquirír hojas de tabaco que directamente vendía al por menor para autoconsumo, algo redicalmente prohibido. En conclusión, la revocación tiene como motivo el que su actividad no se ajusto a lo autorizado y para la estaba registrado, fabricar labor de picadura para liar, por lo que ante tal realidad, se procedió a tras el procedimiento correspondiente, darle de baja en el Registro.
Resumen: La sentencia conoce de un supuesto en el que el recurso de reposición previo se interpuso el día 11 del mes correlativo a pesar que la notificación de la liquidación provisional se efectuó el día 10 del mes anterior. Por ello, el recurso de reposición se interpuso de manera extemporánea, computado de fecha a fecha y conforme establece la ley del procedimiento administrativo común, lo que provoca que la reclamación económico-administrativa sea inadmisible. Anula sin embargo la sanción, cuyo recurso sí que fue interpuesto temporaneamente, pues el acto sancionador quiere identificar el elemento de la culpabilidad de forma apodíctica, como consecuencia automática de la existencia de la deuda tributaria, sin que constituya suficiente motivación de la culpabilidad los genéricos términos en los que viene expuesta, que no hace explícito ningún otro razonamiento ligado al caso concreto.
Resumen: Reducción en la base imposible del IRPF por el pago de pensiones compensatorias. Inclusión de los supuestos de fijación mediante un convenio regulador formalizado ante el letrado de la Administración de Justicia o el notario, en virtud del régimen de separación o divorcio de mutuo acuerdo. Remisión a la sentencia núm. 444/2021, de 25 de marzo, rec. 1212/2020.
Resumen: La sentencia comienza señalando que la conducta del sancionado tenía visos de realidad, tal como se desprendía del expediente administrativo y por la conformidad dada por dicho contribuyente en el acta del procedimiento inspector. Como quiera que la norma dispone que los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de la inspección se presumen ciertos y solo pueden rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho, la sentencia advierte que en el caso tan sólo se había alegado por el contribuyente sancionada su disconformidad con la tipicidad y con la motivación de la sanción y su culpabilidad, sin cuestionar los hechos y, consiguientemente, la conducta antijurídica que implicaban. Sólo cuando la Administración ha razonado, en términos precisos y suficientes, en qué extremos basa la existencia de culpabilidad, procede exigir al acusado que pruebe la existencia de una causa excluyente de la responsabilidad. Pues bien, en el caso el obligado tributario presentó una declaración en la que obtuvo improcedentemente una devolución tributaria, toda vez que en las cuentas bancarias cuya titularidad le correspondían, se habían producido, durante el ejercicio objeto de comprobación, entradas de dinero que fueron calificadas como ganancias patrimoniales no justificadas.
Resumen: Se impugna la resolución del TEAR sobre la reclamación interpuesta contra la liquidación IRPF 2013 y sanción, anulando esta ultima y confirmando la liquidación tributaria constituyendo el debate jurídico la consideración de perdida patrimonial de la diferencia de valor de adquisición y transmisión de varios inmuebles donados por el recurrente y su esposa a sus hijos. El artículo 33.5.c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicable al caso, prevé que no se computarán como pérdidas patrimoniales las debidas a transmisiones lucrativas por actos inter vivos o a liberalidades. Entiende la sentencia, que la interpretación sistemática y lógica del referido precepto es concluir, que la LIRPF excluye del concepto de perdida patrimonial la mera alteración patrimonial, pues toda transmisión lucrativa lo es, siendo sin embargo perdida patrimonial la alteración de valor que el patrimonio hubiera sufrido durante la permanencia de los bienes donados en el patrimonio del donante y que aflora cuando los mismos salen del patrimonio, de forma que cuando en unidad de acto se transmite unos bienes, a titulo oneroso o gratuito, a efectos del IRPF deberá calcularse la variación que ha sufrido el patrimonio del transmitente, tanto si se ha producido una ganancia como una pérdida.
Resumen: Se impugnan liquidaciones por el concepto tributario de Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2011. Se cuestionaba la deducibilidad de los gastos de reparación de un vehículo. Los gastos correspondientes a dotación por amortización de seis coches, al no haberse presentado las facturas de adquisición y no haberse probado su vinculación con la actividad, y los gastos de seguro, reparación y conservación de los elementos de transporte anteriores. La Ley 37/1992 contempla una presunción iuris tantum de afectación del vehículo al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50%, lo que significa que para poder admitir la deducción en otro porcentaje es preciso acreditar por el interesado, si este es superior al 50%, o por la Administración si fuera inferior. La ley aplicable no determina a priori la deducción que corresponde por las cuotas soportadas en relación con estos vehículos, sino que condiciona el quantum de esa deducción a la completa acreditación del uso efectivo del vehículo en la actividad del profesional. Como no se ha acreditado la afección que se consigna en la deducción, las liquidaciones son correctas.
Resumen: Declara la sentencia a la vista de la Disposición Transitoria 2ª de la ley del IRPF que si toda la prestación por jubilación proviene de aportaciones que sí pudieron ser minoradas o reducidas en la base imponible del impuesto, la prestación se integra en su totalidad en la base imponible como rendimientos del trabajo; mientras que si la prestación por jubilación trae causa tanto de aportaciones que fueron reducidas o minoradas como de otras que no lo fueron, la integración se efectúa en la medida en que la prestación exceda de las aportaciones no minoradas, es decir, hay reducción de la integración de la prestación en la parte que se corresponde con cuotas que no fueron minoradas o reducidas, justamente porque éstas ya tributaron; por el contrario, si toda la prestación se corresponde con aportaciones que no pudieron ser minoradas ni reducidas en la base imponible, no procede la integración de la prestación en la base imponible del impuesto como rendimientos del trabajo. En el caso, la Administración tributaria no ha indagado si las cuotas satisfechas por el mutualista ea o no fiscalmente deducibles.
Resumen: La Sala comienza declarando que no puede tener efectos interruptivos una diligencia de embargo de bien inmueble cuya inscripción en el registro de la propiedad a nombre del deudor principal era muy anterior a la declaración de fallido del año 2012. La falta de diligencia a la hora de hacer esa declaración, sin tener en cuenta la existencia del bien inmueble, conforme al principio de que la Administración no puede salir beneficiada de su propia torpeza. Y respecto del conocimiento, a posteriori de la primera declaración de fallido, del crédito por la venta de un bien inmueble a la empresa HIDRODES IBÉRICA SL, la propia aplicación de la teoría de la actio nata hubiera impuesto que la Administración solicitara información de la operación de compraventa un tiempo prudencial después de realizarse, y no esperar prácticamente dos años para emitir diligencia de embargo del crédito generado, lo que le hubiera permitido tener conocimiento a mediados de 2012 que la deuda estaba ya pagada con anterioridad a esa primera declaración, con lo que la rehabilitación por solvencia sobrevenida del 03/03/2014 carecía de justificación, lo que conlleva que también estaba injustificada la nueva declaración de fallido de fecha 27/07/2016, que es la que determina el dies a quo conforme al planteamiento de la Abogacía del Estado, cuya idea/fuerza no comparte.
Resumen: Remisión a la sentencia de 8 de febrero de 2021 (rec. 3071/2019) que fija la siguiente doctrina: a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica, con el limite y alcance derivados del el principio de inscripción contable.
