Resumen: El escrito de interposición introduce el argumento de que el tipo de gravamen no distingue la utilización privativa o el aprovechamiento especial, trayendo a colación nuestra doctrina. Sin embargo, para poder aplicar la referida jurisprudencia, previamente deberíamos indagar si la Ordenanza fiscal establece o no un tipo único del 5%, a cuyo efecto habría que interpretar si allí donde el informe técnico económico habla del CPA (coeficiente para determinar el precio del alquiler), en realidad se estaría refiriendo al tipo de gravamen y, en fin, si lo hace, además, con independencia de la intensidad de uso. La Sala entiende que todo este análisis desborda claramente la controversia identificada como de interés casacional, por lo que procede declarar no haber lugar al recurso de casación.
Resumen: 1.- Las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se imputarán atendiendo a su finalidad, conforme a las normas contables, aplicables a las sociedades y, por reenvío de las normas de estas, a los empresarios individuales que deben tributar por el IRPF. 2.- En caso de que las subvenciones de capital se hayan concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se aplica la regla prevista en relación con los activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias, esto es, se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 3.- La opción tributaria que el contribuyente haya ejercitado por el criterio de caja no impide la aplicación de la regla anterior, dada su especialidad y la remisión que la Ley del IRPF de 2006, aplicable al caso, efectúa a la normativa específica del impuesto sobre sociedades y ésta, a su vez, al resultado contable. 4.- No hay infracción del artículo 119.3 de la LGT por el hecho de que, quien haya optado por el criterio de cobro o caja aplique la regla especial contenida en la Norma de valoración núm.18 del PGC, pues tal decisión no supone una revocación de la opción, sino la selección preferente de una lex specialis.
Resumen: La Ordenanza Fiscal -en los casos en que coincidan aprovechamiento especial y uso privativo- deberá justificar la intensidad o relevancia de cada uno de ellos a la hora de cuantificar la tasa conforme a la legislación vigente, especialmente teniendo en cuenta el artículo 64 de Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público ". Esta doctrina proyectada al caso que nos ocupa conlleva que se deba acoger la pretensión de la parte recurrente anulando la ordenanza por fijar un tipo de gravamen anual único del 5 por 100 sin distinguir el tipo de aprovechamiento del demanio efectuado por el contribuyente
Resumen: Señala la Sala que el Ayuntamiento no estaba obligado a notificar las liquidaciones a SAREB, aunque ésta sí habría tenido derecho a exigir conocerlas, como titular de interés legítimo. El Ayuntamiento optó por emitirle una comunicación a fin de propiciar su pago, y bajo el supuesto de que SAREB asumiría el pago de estas liquidaciones si eran debidas. Esta comunicación supone, por parte del Ayuntamiento, asumir que SAREB ignoraba tales liquidaciones, y tenía la finalidad de que las conociera. Es principio de buena Administración, el de procurar facilitar a los particulares el ejercicio de sus derechos, reflejado por ejemplo en el art. 35.i de la LPA. Puesto que el Ayuntamiento puso en conocimiento de SAREB las liquidaciones, habría sido más correcto indicarle si eran firmes y su estado de procedimiento.No habiéndolo hecho, la Sala entiende que el Ayuntamiento no debe beneficiarse de esta omisión, sino que no corresponde considerar extemporáneo el recurso, interpuesto en el plazo de un mes desde que la interesada recibió la comunicación del Ayuntamiento.
Resumen: Señala la Sala que fuese debida superior cuota tributaria no implica que el contribuyente cometiese infracción, sino que, para ello, además debe demostrarse con hechos, no solo que incurrió en conducta sancionable, sino también que concurrió dolo o culpa en tal conducta. En el presente caso, la resolución sancionadora no precisa más hechos ni razonamientos, que los relativos a ser debida la deuda, y a no considerar razonable la discrepancia que sostenía la heredera contribuyente. Esto resulta insuficiente para justificar la culpabilidad. Aunque el contribuyente no tuviese una discrepancia razonable en qué fundarse, ello no basta para demostrar que incurriese en dolo o culpa. La defensa de la Administración alude ahora en sede judicial a los hechos en que se fundaría la responsabilidad de la contribuyente, pero, por exigencias de los derechos fundamentales afectados al sancionar, art. 24.2 de la CE dichos hechos deben precisarse en la resolución sancionadora y, si no se hizo así, esta omisión no puede subsanarse en sede judicial.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR que estimaba parcialmente la reclamación económica formulada contra la liquidación y sanción por el IRPF, se invoca la falta de la debida motivación de las actuaciones que determinan la deuda tributaria, en cuanto se considera que no se han cumplido las exigencias que al efecto se establecen en la normativa aplicable para efectuar la exigencia del pago de la cantidad, pero la Sala concluye que tanto la liquidación de la Administración Tributaria, como el Tribunal Económico Administrativo Regional, han explicitado la razón de ser de sus actuaciones y resoluciones, al exponer los argumentos por los que llegaron a una determinada conclusión cual es que el valor de las participaciones sociales enajenadas no era el indicado en la escritura de venta, sino el que se determinaba de acuerdo con las reglas de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que existe motivación, como lo evidencia que este extremo haya sido cuestionado por el recurrente y si bien de la prueba practicada pudiera resultar que el valor declarado respecto de las participaciones sociales que fueron objeto de venta en el ejercicio fiscal cuestionado es el declarado, no se admite dicha prueba al basarse en datos parciales, sin examen de la contabilidad de la empresa, no existiendo duda respecto de los intereses en cuanto el dies a quo y el dies ad quem.
Resumen: Impuesto sobre sobre sociedades, ejercicios 2006 a 2008. Deducción para evitar la doble imposición internacional jurídica (impuesto soportado por el sujeto pasivo). Artículo 31 del TRLIS/2004. Se cuestiona (1) cómo debe calcularse el límite de la deducción previsto en el artículo 31.1.b) del TRLIS/2004 y (2) si no ha resultado posible la práctica de la deducción, si cabe considerar el impuesto pagado en el extranjero como gasto deducible revirtiendo, de este modo, el ajuste positivo de la base imponible previsto en el artículo 31.2 TRLIS/2004. La sentencia fija los siguientes criterios en respuesta a las anteriores cuestiones: (1) procede tomar el resultado de explotación de la entidad como referencia para el cálculo de la deducción por doble imposición internacional en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades; (2) cuando el impuesto satisfecho en el extranjero no haya dado lugar a la práctica de la deducción por doble imposición internacional, sí cabe revertir el ajuste positivo efectuado en la base imponible, lo que equivale a la posibilidad de deducir como gasto el impuesto satisfecho en el extranjero.
Resumen: La doctrina legal que fija la sentencia es la siguiente: el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido por los servicios prestados por los administradores concursales se produce al finalizar cada una de las fases del proceso concursal.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, ejercicios 2010 a 2013. Liquidación provisional. La imposibilidad de comprobar con carácter definitivo elementos de la obligación tributaria, causa que habilita el dictado de una liquidación provisional, ha de ser una imposibilidad objetiva, desvinculada de cualquier idea de culpabilidad y realmente concurrente como tal. Abierto un periodo de interrupción justificada por la Inspección, al amparo del art. 103.a) del RGIT, por la petición de información dirigida a las autoridades fiscales de otro Estado, no puede la Inspección, sin haber agotado el plazo máximo de 12 meses que contempla el citado precepto, dictar una liquidación provisional, toda vez que no concurre el presupuesto de que la «comprobación con carácter definitivo no hubiere sido posible» que prevén los artículos 101.4.a) LGT y 190.3.b) RGIT.
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR que desestimó la reclamación económico-administrativa planteada contra el acuerdo por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra liquidación provisional por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se plantea que está acreditada la correlación de los gastos con la actividad económica y que debe considerarse como gasto deducible las cuotas soportadas consecuencia de impuestos en el extranjero, cuando el sujeto pasivo ya no tenía posibilidad alguna, consecuencia del agotamiento de plazos, de solicitar posibles compensaciones, así como se invoca la falta de competencia de los órganos de gestión tributaria para la aplicación de regímenes especiales, sobre esto último la Sala recuerda los precedentes de la misma y que el defecto de competencia objetiva se proyecta sobre la totalidad del procedimiento de comprobación limitada seguido por la oficina gestora, que la base imponible y la liquidación provisional practicada es única y el procedimiento también es único, no siendo posible a estos efectos discernir entre competencia e incompetencia según los elementos comprobados, por lo que procede declarar la nulidad, ya que el objeto de la controversia con la Administración tributaria giró precisamente sobre el régimen tributario especial.
