Resumen: El tribunal, tras remitirse a otra sentencia anterior relacionada con la aquí recurrente recordó que la propuesta de liquidación sobre la existencia de simulación negocial en la adquisición de determinados créditos incobrables o de dudoso cobro y en la deducción de las correspondientes pérdidas, ingresos financieros y retenciones a efectos del impuesto sobre sociedades, fue objeto de traslado al Ministerio Fiscal al estimar que podría concurrir delito contra la Hacienda Pública. Por ello planteó la tesis a las partes concluyendo que tras el dictado de la sentencia del juzgado de lo penal, la AEAT debió acordar la suspensión del procedimiento inspector de los ejercicios 2015 y 2016 por causa de prejudicialidad penal, en lo que hace a parte de la regularización tributaria, pues es evidente que existía el riesgo de que los mismos hechos fueran declarados existentes o no, de forma contradictoria, en las dos jurisdicciones implicadas. Anula pues la liquidación y sanción.
Resumen: La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, para calcular el porcentaje de reducción previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley del IRPF respecto de prestaciones de jubilación satisfechas por un fondo de pensiones de empleo que integran aportaciones realizadas a una mutualidad de previsión social con anterioridad a 1 de enero de 1999, el período de referencia ha de ser el total de días/años efectivamente cotizados por el contribuyente o únicamente el período mínimo necesario para causar el 100% de la pensión conforme a la normativa de Seguridad Social.
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto contra la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Belchite, reguladora de la "Tasa por utilización por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros del sector eléctrico, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos", publicada en el BOP de Zaragoza núm. 55, en fecha 10 de marzo de 2025, que declara nula, por no ser conforme a derecho. Señala la Sala que la propia representación del Ayuntamiento demandado manifiesta que la Ordenanza Fiscal objeto del presente recurso fue aprobada provisionalmente el 5 de julio de 2024, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de 27 de agosto de 2024 el acuerdo definitivo de modificación, sin incorporar el anexo de tarifas, y que dado que la Ordenanza Fiscal nº 55 fue aprobada con anterioridad a la línea jurisprudencial que anuló una ordenanza municipal por vulnerar el principio de equivalencia, al aplicar idéntica base para la utilización privativa y para el aprovechamiento especial del dominio público, diferenciando únicamente los tipos impositivos, técnica considerada contraria a Derecho, el contenido de la Ordenanza no se ajusta a la doctrina del Alto Tribunal en la determinación del valor económico de la base correspondiente al aprovechamiento especial. Y añade que en cuanto a las costas procesales, en ausencia aquí de previsión legal expresa al respecto, a la vista de las circunstancias concurrentes, en particular que el allanamiento se ha producido en el trámite de contestación a la demanda, y que la cuestión no estaba exenta de dudas al tiempo de la actuación administrativa, no procede imponer las costas procesales a la parte vencida.
Resumen: En relación con la cuestión de interés casacional que fue fijada en el auto de admisión del recurso de casación, consistente en determinar la existencia o no de legitimación activa para el ejercicio de la acción por responsabilidad patrimonial por subrogación del cesionario en la posición del cedente de una participación en una unión temporal de empresas, la Sala hace la precisión de que la misma debe reconducirse en el sentido de que el ejercicio de la acción se hace por la propia unión temporal de empresas, si bien con un integrante que ha sustituido a otro en dicha unión, adjudicataria del contrato, pues considera que es lo sucedido en el caso examinado, cuyas circunstancias no pueden desconocerse al fijar el criterio interpretativo del Tribunal. Por ello, responde a la cuestión de interés casacional en los términos siguientes: «En el caso de cesión de una participación en una unión temporal de empresas adjudicataria de un contrato, la unión temporal de empresas, -integrada ahora por la que la componía inicialmente y por la cesionaria- tiene legitimación activa para el ejercicio de una acción por responsabilidad patrimonial en relación con el contrato, con independencia de la fecha en que se haya producido el hecho al que se atribuya el daño reclamado, siempre que dicha cesión haya sido aceptada por la Administración contratante».
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar el alcance, y en su caso, la naturaleza vinculante o no, que pudiera tener una afirmación fáctica establecida en una sentencia firme precedente, en relación con otra sentencia ulterior dictada por la misma Sala distinta Sección, pero con prácticamente idéntica composición, y pronunciada siete meses después de la primera, con la que existe absoluta conexidad al concurrir entre ambas identidad tanto subjetiva, como objetiva; y, en particular, si la afirmación de la primera de las resoluciones que considera que los trabajos desempeñados por el recurrente en el extranjero beneficiaron a las entidades no residentes destinatarias de los mismos, puede ser negada, en la segunda sentencia, sin explicar las razones determinantes del cambio en los hechos, en la prueba aportada, en su apreciación o en el criterio del tribunal sentenciador.
Resumen: Las cuestiones con interés casacional consiste en determinar (i) si, en los supuestos de obras públicas de interés general previstas en el artículo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía nuclear, y sometidas al procedimiento contemplado en la disposición adicional tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del contrato de concesión de obras públicas, el informe urbanístico municipal exigible puede reputarse título equivalente o sustitutivo de la licencia urbanística, a los efectos del artículo 100.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , de manera que integre el presupuesto habilitante del hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; (ii) o, por el contrario, si la ausencia de licencia urbanística, declaración responsable o comunicación previa excluye dicho presupuesto y determina la no sujeción al tributo.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, conforme a los arts. 33 y 239.3 LGT y 66.4 y 72 RGRVA, en ejecución de una resolución estimatoria parcial por vicio de forma, consistente en la falta de ofrecimiento al obligado tributario de su derecho a promover la tasación pericial contradictoria, procede la devolución de las garantías aportadas para obtener la suspensión de la ejecución del acto impugnado y el reconocimiento del derecho del obligado tributario al reembolso del coste de dichas garantías correspondiente a la duración del procedimiento que finalizó con la citada resolución estimatoria.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en precisar, si el principio del devengo, tal y como se establece en el Plan General de Contabilidad Pública, permite reconocer contablemente en un cierto ejercicio y registrar en las cuentas anuales de éste los ingresos por la Tasa General de Operadores devengados en el mismo ejercicio, discerniendo si es la referida Tasa devengada en cada periodo, en comparación con los gastos financiables devengados en él, la que debe tenerse en cuenta para la aplicación del principio de equivalencia o no.
Resumen: El objeto del recurso es una resolución del TEAR que inadmite la reclamación formulada contra acuerdo de rectificación de sanción en ejecución de acuerdo de corrección de error material de previa liquidación por ISD. El acuerdo sancionador originario fue consentido por la recurrente, por lo que no resulta posible la impugnación del acuerdo de rectificación de cuantía de dicha sanción, por cuestiones propias del acuerdo sancionador originario ya firme.
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en: 1. Confirmar, aclarar o precisar si puede considerarse "documento de valor esencial", a los efectos de lo previsto en el apartado a) del mencionado artículo 244.1.a) LGT, una sentencia civil firme en virtud de la cual desaparece el presupuesto determinante de la liquidación girada. 2. Confirmar, aclarar o precisar si cabe exigir la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.2.a) LGT a un menor de edad, en aquellos supuestos en que la actuación que se le impute sea como causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes, lo que constituye el hecho determinante de su responsabilidad solidaria, cuando el negocio jurídico que supuestamente da lugar a la ocultación o transmisión -en este caso la donación de la nuda propiedad de un bien- se ha llevado a cabo por medio de su representante legal, pero por cuenta de tal menor, que adquiere en su propio patrimonio. 3. En relación con la pregunta anterior, si el dolo o intención que se exigen jurisprudencialmente para sustentar la posición de causante o colaborador en tal ocultación o transmisión pueden ser atribuidos a quien, por ser menor, es legalmente inimputable; o si se pueden imputar tales elementos subjetivos a su representante legal, que actúa por cuenta de aquél, en contradicción, al menos aparente, con el principio de personalidad de las sanciones, dada la naturaleza semejante a éstas que ostentan las conductas definidas en el precepto como determinantes de la responsabilidad.
