Resumen: A los efectos del dies a quo para la interposición del recurso de alzada por órganos de la Administración tributaria ante el TEAC, es suficiente con la comunicación recibida en la Oficina de Relación con los Tribunales (ORT) o en cualquier otro departamento, dependencia u oficina de la Administración, que la haya recibido a los efectos de su ejecución, de modo que, si transcurrido el plazo impugnatorio a contar desde tal conocimiento no se ha interpuesto el recurso de alzada, la resolución quedará firme.
Resumen: Autorización de entrada en domicilio. Procedimiento de inspección tributaria. Principio de proporcionalidad. Copiado masivo de archivos y correos electrónicos del obligado tributario objeto de inspección sin discriminar los relacionados con el objeto de la inspección y autorización de aquellos no relacionados. Derecho de secreto de comunicaciones e inviolabilidad del domicilio.
Resumen: Determinar si, para la realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, únicamente pueden ser objeto de autorización judicial de entrada en el domicilio las solicitudes de la Administración tributaria relativas a procedimientos de inspección en los que el obligado tributario se encuentre ya incurso.
Resumen: Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Tasa creada al amparo del artículo 24.1.a) TRLHL. Tipo de gravamen de las instalaciones de gas, agua e hidrocarburos. Estamos ante un uso privativo o aprovechamiento especial. Determinar si, la jurisprudencia contenida entre otras en la sentencia 3 de diciembre de 2020 (RCA/ 3099/2019) relativa la cuantificación de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de instalaciones de transporte de energía eléctrica compuestas por torres fijas y cables aéreos puede extenderse a las instalaciones de gas, agua e hidrocarburos.
Resumen: Impuesto sobre Sociedades. Régimen especial de empresas de reducida dimensión. Determinación de la cifra neta de negocios en caso de grupos de empresas. El artículo 108.3, en relación con los artículos 114 y 28 TRLIS y con el artículo 42 del Código de Comercio, debe ser interpretado en el sentido de que excluye de la aplicación del régimen especial de empresas de reducida dimensión a aquellas sociedades o grupos de sociedades cuya cifra neta de negocios supere el umbral cuantitativo máximo fijado en el precepto (10 millones de euros), incluidos también aquellos casos, como el examinado, en que el control empresarial del grupo esté en manos de una persona individual o natural, directa o indirectamente, y la cifra de negocio de dicho empresario individual, unida a la del grupo de sociedades que controla, rebase la indicada cantidad.
Resumen: Reiteración de la doctrina fijada en la STS de 24 de junio de 2021. La sentencia recurrida resuelve en oposición a la jurisprudencia, aplicando indebidamente la DT 2ª apartado 3 de la Ley 35/2006, al reconocer el derecho a la reducción de la integración como rendimientos del trabajo en el IRPF de la prestación por jubilación de las aportaciones a la Mutualidad de Previsión correspondientes a un periodo en el que sí pudieron ser objeto de minoración o reducción respecto a la base imponible del impuesto. La sentencia recurrida resuelve la ausencia de prueba del importe de la minoración de las aportaciones en la base imponible en el periodo entre 1 de enero de 1979 a 31 de diciembre de 1991 como si se tratara de una cuestión de carga de la prueba, considerando que, respecto a las aportaciones posteriores a 1 de enero de 1979, cuando no se pueda acreditar la cuantía de la deducción de las aportaciones efectuadas, se procederá conforme al apartado 3 de la DT 2ª LIRPF, esto es, reconoce el derecho a la rectificación de las autoliquidaciones de IRPF de los ejercicios de 2001, 2014, 2015 y 2016, y respecto a esas aportaciones efectuadas entre el 1 de enero de 1979 al 31 de diciembre de 1991 también con la reducción del 25%. Pero la condición para que se produzca su aplicación es que las aportaciones no hubieran podido se objeto de reducción o minoración en la base imponible, y en cuanto a las realizadas entre el 1 de enero de 1979 y 31 de diciembre sí pudieran ser objeto de reducción
Resumen: Acto administrativo sancionador dictado en sustitución de un anterior acto sancionador firme que ha sido anulado por la propia Administración. Inexistencia de firmeza respecto del primer acto. Existencia de un acto administrativo nuevo. Improcedencia de apreciación de la causa de inadmisibilidad del art. 28 LJCA en relación con el art. 69.c) LJCA. Posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo frente al nuevo acto. Improcedente restricción del ámbito de los motivos de impugnación por razón del acto sancionador firme originario.
Resumen: Reitera el criterio jurisprudencial fijado en anterior sentencia 972/2022, de 12 de julio, en el sentido de considerar que en un procedimiento de apremio en el que esté constituida una hipoteca en garantía del aplazamiento del pago de la deuda, en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del aplazamiento, habrá de proseguirse sin más trámite el procedimiento de apremio, en el que los órganos de recaudación procederán en primer lugar a ejecutar las garantías que se hubieran constituido; no obstante, si el recaudador ejecutivo de la Seguridad Social, en aplicación del artículo 88.1, párrafo segundo, del RGRSS, estimara insuficiente o desproporcionada la garantía, mediante acuerdo motivado notificado al deudor que deberá constar en el expediente, podrá proceder, sin esperar a su ejecución, al embargo de otros bienes del deudor.
Resumen: Los eventuales efectos preclusivos que pudieran proyectar unas actuaciones tributarias previas sobre otras posteriores conforman un derecho del contribuyente frente a la Administración y, correlativamente, el deber de esta de proveer a su garantía. Cuando no se haya ejercitado ese derecho ante la Administración tributaria, corresponde al reclamante en la vía económico-administrativa y al recurrente en la vía jurisdiccional, la carga de acreditar el alcance material tanto de un previo procedimiento de comprobación e investigación de carácter parcial, como de una previa solicitud de rectificación de su autoliquidación relativa a un determinado elemento de la obligación tributaria en relación a un concepto y periodo impositivo concretos, de cara a oponer los efectos preclusivos de tales actuaciones, frente a un posterior procedimiento de regularización de carácter general, en particular, para determinar si en el procedimiento posterior se aplican elementos tributarios del procedimiento inicial.
Resumen: La operación a valorar son los trabajos realizados por el recurrente para la referida sociedad, y que ésta facturó a terceros, según se detalla en la liquidación, siendo la persona física socio y administrador único y la única persona que pudo realizar los servicios facturados concretados en la liquidación que, en todos los casos, requerían la intervención personalísima de la indicada persona física, ya que no consta que la sociedad tuviera otros medios humanos para prestarla, al no constar que tuviera empleados ni que fuera subcontratada y, como seguidamente se indicará, tampoco queda acreditado que los prestara la otra socia de la entidad. L la interposición de las sociedades para facturar y cobrar los servicios que la persona física desarrolla constituye una actuación que carece de causa dentro de la relación de prestación de servicios de la persona física y la entidad destinataria de los mismos, pues con ello sólo se pretende que las sociedades facturen unos servicios que realmente no presta. El recurrente declaró en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios objeto de este recurso retribuciones, notablemente inferiores a los ingresos obtenidos por la entidad por dichas prestaciones de servicios en esos años. La sociedad se trata, por tanto de una sociedad, en relación con dicha actividad que no añade ningún margen, ni aporta valor añadido alguno a la actividad de la persona física realizada por ella para los clientes.
