Resumen: Exención Impuesto sobre Hidrocarburos. La ausencia de registro de la actividad ¿comporta la imposibilidad de aplicar la exención del impuesto en el caso de autoconsumo de biogás? Las normas que serán objeto de interpretación son los artículos 47.1.b) y 51.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, (BOE de 29 diciembre 1992), ["LIIEE"], y 40 del Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley, (BOE de 28 de julio de 1995), ["RIIEE"].
Resumen: La Sala estima el recurso. Litigio sustancialmente igual a otros ya resueltos por esta misma Sala y Sección. En efecto, en los recursos de casación 7153/2018, 58/2020, 111/2020 y 201/2020, entre otros, esta Sección ha dictado sentencias (números 35/2021, de 21 de enero 77/2021, de 26 de enero, 251/2021, de 24 de febrero, y 267/2021, de 25 de febrero, respectivamente) en las que afirma que aquel negocio jurídico escriturado el 18 de mayo de 2007 no fue uno de saneamiento y reestructuración, con la consecuencia de no ser aplicable a la transmisión operada en virtud del mismo el régimen jurídico arancelario establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 8/2012, y sí el previsto con carácter general en el Reglamento Hipotecario, en particular en su art. 611, y en las normas del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, que aprueba los Aranceles de los Registradores de la Propiedad. Por ello, en aquellas sentencias, al igual que debemos hacer ahora, estimamos recursos de casación que eran sustancialmente iguales al que nos ocupa. Resta añadir que las razones jurídicas en que se sustentaron las sentencias dictadas en esos recursos de casación son, ya en este momento, conocidas por las partes litigantes, razón por la que resulta innecesario transcribir las mismas para satisfacer el deber de motivación.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ganancias patrimoniales. Derecho de opción de compra sobre un bien inmueble. Qué debe entenderse por transmisiones de elementos patrimoniales, y, en particular, si los elementos patrimoniales a que se refiere el precepto son todos los bienes, derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio de la persona física. ¿Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la percepción de las primas satisfechas por el otorgamiento de un contrato de opción de compra se integran en la renta del ahorro definida en el artículo 46.b) de la LIRPF, o, en la renta general prevista en el artículo 45 de la LIRPF?
Resumen: La Sala estima el recurso. Litigio sustancialmente igual a otros ya resueltos por esta misma Sala y Sección. En efecto, en los recursos de casación 7153/2018, 58/2020, 111/2020 y 201/2020, entre otros, esta Sección ha dictado sentencias (números 35/2021, de 21 de enero, 77/2021, de 26 de enero, 251/2021, de 24 de febrero, y 267/2021, de 25 de febrero, respectivamente) en las que afirma que aquel negocio jurídico escriturado el 18 de mayo de 2007 no fue uno de saneamiento y reestructuración, con la consecuencia de no ser aplicable a la transmisión operada en virtud del mismo el régimen jurídico arancelario establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley 8/2012, y sí el previsto con carácter general en el Reglamento Hipotecario, en particular en su art. 611, y en las normas del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, que aprueba los Aranceles de los Registradores de la Propiedad. Por ello, en aquellas sentencias, al igual que debemos hacer ahora, estimamos recursos de casación que eran sustancialmente iguales al que nos ocupa. Resta añadir que las razones jurídicas en que se sustentaron las sentencias dictadas en esos recursos de casación son, ya en este momento, conocidas por las partes litigantes, razón por la que resulta innecesario transcribir las mismas para satisfacer el deber de motivación.
Resumen: Dilucidar si a la luz de la nueva redacción del artículo 114.7 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, dada por la Ley 11/2012, resulta posible aprobar el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua una vez iniciado el periodo impositivo o, si por el contrario, dicha posibilidad no existe, porque se incurriría en un supuesto de retroactividad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución Española
Resumen: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, modalidad actos jurídicos documentados, documentos notariales. Transmisión de oficina de farmacia. Plantea idénticas cuestiones que los RRCCA 3631/2019, 3873/2019 y 6777/2019. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en tres sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, dos, de 26 de noviembre de 2020 (RCA/ 3631/2019; ECLI:ES:TS:2020:3966 y RCA/3873/2019; ECLI:ES:TS:2020:3965) y, una, 18 de febrero de 2021 (RCA/6777/2019; ECLI:ES:TS:2021:613).
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso-administrativo. La cuestión que se suscita en el presente recurso de casación ha sido ya objeto de examen en varias sentencias de este Tribunal. Atendiendo a la cuestión de interés casacional que se plantea en el auto de admisión de este recurso, ha de concluirse que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario. No estamos en un supuesto de valoración probatoria, sino en una cuestión de infracción sustantiva del ordenamiento jurídico, pues en la instancia no se efectúa una apreciación de hechos, que en ningún momento se cuestionan, sino una valoración jurídica de los mismos, entendiendo que toda fusión o absorción de entidades bancarias y subsiguiente transmisión de activos, entre ellos los créditos hipotecarios de los que eran titulares, deben enmarcarse en un proceso de saneamiento y reestructuración bancaria, valoración que es precisamente el objeto de impugnación en este recurso.
Resumen: La sala da respuesta a la cuestión de interés casacional recordando que la interpretación y alcance de la DA 2ª de la Ley de 2012 se ha establecido en varias SSTS, desde las iniciales de 4/6/18 (rec. 1721/17) y 18/6/18 (rec. 1786/17), que se sintetizan en la de 14/5/20 (rec. 8079/18). Dicha DA 2ª responde a la moderación de los aranceles notariales y registrales que son de aplicación en los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, que se regulan en dicha Ley, de forma que esa DA no contiene una modificación de carácter general y permanente del RD 1427/89, que aprueba el Arancel de los registradores, sino únicamente la moderación en la aplicación del arancel establecido cuando responda a operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, efectuadas al amparo de la Ley 8/12, no resultando procedente extender la aplicación de la referida norma a cualquier operación de reestructuración de entidades financieras. Concluye que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la DA 2ª de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el RH.
Resumen: El art. 14.1.e) del Real Decreto Legislativo 4/2004, debe interpretarse en el sentido de que los gastos acreditados y contabilizados no son deducibles cuando constituyan donativos y liberalidades, entendiéndose por tales las disposiciones de significado económico, susceptibles de contabilizarse, realizadas a título gratuito; serán, sin embargo deducibles, aquellas disposiciones -que conceptualmente tengan la consideración de gasto contable y contabilizado- a título gratuito realizadas por relaciones públicas con clientes o proveedores, las que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa y las realizadas para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, y todas aquellas que no comprendidas expresamente en esta enumeración respondan a la misma estructura y estén correlacionadas con la actividad empresarial dirigidas a mejorar el resultado empresarial, directa o indirectamente, de presente o de futuro, siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes.
Resumen: Responsabilidad solidaria del artículo 131.5.a) de la LGT de 1963, en la redacción dada por la Ley 20/1995. No cabe exigir la responsabilidad solidaria prevista en dicho precepto, ni en el artículo 42.2.a) LGT vigente, a quien sea menor de edad, en aquellos supuestos, como el tipificado en ambas normas, en que la actuación que se le impute sea la de causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes, como hecho determinante de su responsabilidad, esto es, cuando el negocio jurídico que da lugar a la ocultación o transmisión -aquí, la donación de la nuda propiedad de un bien inmueble- se ha concluido por su representante legal, por cuenta del menor, que adquiere en su propio patrimonio. Así, el dolo o intención que se exigen jurisprudencialmente para sustentar la posición de causante o colaborador en tal ocultación o transmisión no pueden ser atribuidos a quien, por ser menor de edad, es legalmente inimputable; sin que quepa ahora pronunciarnos sobre si se pueden imputar tales elementos subjetivos a su representante legal, que actúa por cuenta de aquél.
