Resumen: La sentencia combatida no adolece de incongruencia omisiva ni de falta de motivación, pues emplea una argumentación acorde con las previsiones de los arts. 46 y 47 LORDFA, en los que se avala el procedimiento preferentemente oral establecido para las infracciones leves. En el caso, no se produjo indefensión alguna, ya que se respetaron los derechos que asistían al interesado, aunque modulados por la particular naturaleza de este cauce procedimental, en aras a la preservación de la disciplina. El acervo probatorio tenido en cuenta por el tribunal sentenciador fue suficiente y resultó valorado de forma lógica y razonable. «Expresar opiniones» supone la enunciación de un criterio sobre cómo desarrollar determinada materia, en este caso, el servicio en cualquiera de sus aspectos en el ámbito castrense, que en el supuesto de hecho se refirió a un pronunciamiento público de discrepancia con una orden legítima del mando, en modo de manifestación palmariamente inoportuna, intempestiva e inadecuada, con una actitud pública de rechazo o renuencia a lo que era debido. En consecuencia, el titular de la potestad sancionadora encuadró correctamente la conducta en la previsión típica.
Resumen: A pesar de que la casación se circunscribe a cuestiones jurídicas, en la contencioso-disciplinaria cabe una interpretación abierta que permite extender el análisis a constatar la existencia de un mínimo de actividad probatoria y a si la valoración de la prueba efectuada en la única instancia cabe tildarla de arbitraria o irrazonable. Lo que la sala de instancia concluyó como realmente acaecido responde a una valoración razonada y razonable de la prueba de cargo y de descargo de la que dispuso. El inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el sargento recurrente, cuando pudo hacerlo, omitió la detención y puesta a disposición judicial del presunto autor de un delito de presuntos malos tratos en el ámbito familiar frente al que se había expedido orden judicial de detención, lo que, además, permitió que volviera al domicilio de la víctima y la agrediera de nuevo- se integra adecuadamente en el tipo apreciado, precepto disciplinario en blanco que debe completarse mediante la remisión a la normativa reguladora de la obligación profesional que se considere incumplida, salvo que pueda presumirse que esta, por ser esencial, es conocida por todo miembro de la Guardia Civil. Se trata de una infracción de mera actividad, que se integra por la vulneración de una obligación profesional a través de un comportamiento negligente grave -en el caso, realmente, temerario-, sin ser necesario que concurra resultado alguno, ni siquiera la creación de un riesgo o peligro.
Resumen: No se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, pues se dispuso de suficiente prueba de cargo -parte disciplinario ratificado ante el instructor, testificales y documentales- que resultó valorada mediante una ponderación coherente, lógica y exhaustiva. La adecuada calificación de la negligencia cometida ha de hacerse a partir de la naturaleza del deber o de la obligación incumplidas y las circunstancias del caso, mereciendo la consideración grave solo aquella que se corresponda con una infracción del deber de cuidado más elemental que cabe exigir en el comportamiento que puede esperarse de un profesional precavido en el cumplimiento de sus obligaciones. El descuido, la omisión y la falta de aplicación, es decir, la falta de actividad y del cuidado necesario en un asunto por quien no está impedido de tenerlo y debe prestarlo constituye uno de los rasgos esenciales del ilícito, cuya naturaleza es de mera actividad, sin que sea precisa la concurrencia de resultado. En el caso, existía una obligación profesional a observar -contemplada en el art. 5.4 LOFCS, en relación con el título 2, apartado 42.4 de las Normas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, consistente en llevar a cabo las funciones con total dedicación-, con una relevancia leve en consideración al grado de desatención reprochado, ya que esta se limitó a omitir la preceptiva comunicación al Centro de Operaciones de Tráfico de la disponibilidad para el servicio una vez concluida una gestión oficial.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los arts. 24 y 25 CE en lo que se refiere al derecho fundamental a la defensa y a no declarar contra sí mismo, así como al principio de legalidad. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: La fundamentación jurídica de la sentencia relativa al posible alcance disciplinario de los hechos no genera indefensión a quienes resultaron absueltos, ya que la administración sancionadora solo queda vinculada por los hechos declarados probados en la sentencia penal firme. No puede hablarse de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones por falta de motivación, ya que se dictó sentencia que contuvo una motivación suficiente que permite conocer el fundamento del fallo y controlar la decisión por vía de recurso. La revisión en casación de sentencias absolutorias solo es posible cuando el TS actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones estrictamente jurídicas, mediante la corrección de errores de subsunción, sin alterar ningún presupuesto fáctico de la sentencia impugnada. Del inamovible relato de hechos probados se desprende que los suboficiales encausados, en presencia de subordinados y en lugar militar, cuestionaron reiteradamente órdenes y disposiciones tomadas por la sargento que acusa, desautorizándola públicamente, y emplearon hacia ella expresiones ofensivas conocidas en la unidad de forma generalizada, sometiéndola a una pública situación de aislamiento en la unidad, hechos que no pueden quedar en un mero reproche disciplinario por aplicación del principio de intervención mínima, al incardinarse en el tipo del art. 50 CPM. Sin embargo, los hechos no tienen encaje en el tipo penal del delito de odio.
Resumen: El recurso se limita a discutir los hechos sin ni siquiera refutar la valoración probatoria llevada a cabo por el órgano de enjuiciamiento, con olvido de que el recurso de casación se limita a cuestiones de derecho. No obstante, los presupuestos de hecho fijados en la instancia no son inmunes a la apreciación de si pudieran haberse vulnerado los derechos a la presunción de inocencia o a la tutela judicial efectiva. Del relato fáctico de la sentencia recurrida, no cuestionado por el recurrente -y cuya convicción obtuvo el tribunal sentenciador apoyándose en suficiente prueba de cargo legalmente obtenida, válidamente practicada y racionalmente valorada-, no se aprecia infracción de la Orden General de prestación del servicio 11/2014, dado que el servicio encomendado al recurrente se nombró con la antelación prevista en la referida norma y se dio a conocer mediante su inserción en la orden de servicio y en la aplicación SIGO, sin que posteriormente fuera modificado, por lo que no resultaba exigible la comunicación prevista en el art. 10.2 de la referida orden. Estando acreditado que el recurrente no compareció a prestar el servicio que tenía asignado, su discrepancia se circunscribe a lo que él considera incumplimiento de la Orden General 11/2014 por no haber sido avisado personalmente de la asignación del mismo, lo que no se ajusta al relato de hechos probados, además de no poder ser acogido por no ser necesaria aquella comunicación personal.
Resumen: El único objeto del recurso de casación es la sentencia de instancia, sin que en el mismo pueda admitirse la reproducción del debate ya planteado y resuelto. La caducidad de un expediente sancionador no impide la apertura de uno o varios nuevos expedientes por los mismos hechos mientras no se haya producido la prescripción -que, aunque ha de computarse desde que se produjeron los hechos, se interrumpe por la notificación de la incoación del segundo o ulterior procedimiento-. La apertura de los nuevos expedientes no es potestativa -lo que sería contrario a los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad-, sino obligatoria, habida cuenta del carácter reglado de la potestad disciplinaria y de los principios de impulso de oficio y eficacia. Al nuevo procedimiento sancionador pueden incorporarse los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad y en él habrán de cumplirse todos sus trámites de alegación, prueba y audiencia al interesado. Lo que la sala de instancia concluyó como realmente acaecido responde a una valoración razonada y razonable de la prueba de cargo de que dispuso. Partiendo del relato de hechos probados, la sala aprecia que concurren deslealtad e indignidad en la propuesta del recurrente de grabar la conversación de un superior jerárquico y de menoscabo en la consideración, honor, buen nombre o prestigio de los superiores jerárquicos destinatarios de sus insultos.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los arts. 24 CE -en lo que se refiere al derecho a un proceso justo y con todas las garantías, así como a la presunción de inocencia- y 25 CE -por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos, relativos a la sentencia impugnada: a) infracción del art. 24 CE, sobre la presunción de inocencia; b) infracción del art. 25 CE, sobre el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad absoluta; c) infracción del art. 88.2 y 3 LJCA, al haberse realizado una interpretación contraria a la doctrina jurisprudencial. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en la eventual vulneración de la doctrina jurisprudencia del TS y del TC en relación con las medidas cautelares adoptadas en el seno del procedimiento sancionador. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que pudieran surgir en la deliberación en la que se examine y decida el recurso.
