Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los apartados 1 y 2 del art. 24 CE, en lo que se refiere a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: En su escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, en relación con la causa de recusación prevista en el art. 53.10 LPM; b) infracción del art. 24.2 de la Constitución, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que eventualmente surgieran en la deliberación en la que se examine y decida el recurso.
Resumen: La conducta sancionada -consistente, en síntesis, en que el recurrente -un guardia civil en situación de reserva, sin destino y afectado por una baja para el servicio de larga duración, como consecuencia de haber sido víctima de un atentado terrorista- había remitido un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad en el que denunciaba haber sido objeto de discriminación directa, por discapacidad, por habérsele nombrado un servicio pese a encontrarse de baja médica, cuando la realidad era que solo había sido citado para pasar un reconocimiento médico de verificación de su enfermedad- no tiene encaje en el tipo disciplinario aplicado, al no concurrir ni el elemento objetivo ni el subjetivo requeridos. No se aprecia falsedad en la manifestación del recurrente, en el sentido de que, efectivamente, en su escrito manifestó que había sido citado para pasar un reconocimiento médico, si bien, consideró erróneamente que dicha citación equivalía al nombramiento de un servicio -aunque solo supusiera el desempeño de una comisión de servicio para su traslado a la localidad en que debía pasar el reconocimiento médico-, afirmación que no puede desligarse de su contexto, consistente en que el escrito había sido redactado por la pareja-tutora del recurrente, encargada de su cuidado como consecuencia de su situación de dependencia psiquiátrica. No se aprecia la concurrencia de dolo en la conducta del recurrente, sin que el tipo aplicado admita la comisión en forma culposa.
Resumen: No pueden valorarse como prueba de cargo las testificales obtenidas con vulneración del derecho a la defensa y a la asistencia letrada del recurrente que, por lo tanto, quedan viciadas de nulidad. Sin embargo, no resulta aplicable la doctrina del fruto del árbol envenenado, al no apreciarse la necesaria conexión de antijuridicidad causa-efecto entre aquellas testificales viciadas y la válida prueba documental de cargo, consistente en la geolocalización del vehículo oficial. Lo que la sala de instancia concluye como realmente acaecido responde a una valoración razonada y razonable de la prueba de cargo y de descargo, salvo en lo atinente a lo descrito en uno de los siete episodios de desatención incluidos en el relato probatorio. El traslado reiterado, de modo voluntario y consciente -e intencional o doloso-, del recurrente a un lugar distinto de aquellos en los que debía prestar los servicios encomendados no puede ampararse en la obediencia debida a los jefes de pareja, pues esa obediencia se refiere a la forma de cumplimiento del servicio en parámetros de normalidad, pero no permite el cumplimiento de órdenes contrarias a la legalidad. A pesar de la estimación parcial del recurso -en el sentido de excluir del relato fáctico uno de los episodios de desatención apreciados por el tribunal de instancia-, no puede la sala atenuar la sanción, pues los hechos siguen integrando la misma infracción grave y la sanción elegida, de suspensión de empleo, se impuso en su extensión mínima.
Resumen: El órgano de instancia ponderó de forma impecable cuanto el interesado alegó sobre indefensión, utilización de los medios de prueba y valoración de la prueba existente, con exhaustivos y acertados razonamientos, de lo que se desprende que no hubo merma de derechos ni inferencia valorativa que pudiera tacharse de ilógica o irracional. Del intangible relato de hechos probados se desprende que en el supuesto de hecho concurren circunstancias que avalan la existencia de una desobediencia muy grave: a) un guardia civil desobedece reiteradamente una orden legítima de un superior; b) concurre contumacia en el incumplimiento -lo que provocó la necesidad de utilizar de forma reiterada medios personales para notificar una resolución que se negaba a recibir el interesado, con notable afectación para el servicio-, vulnerándose de forma muy relevante el bien jurídico «disciplina»; y c) concurre el elemento subjetivo del injusto, en su modalidad dolosa, como se desprende del manifiesto y reiterado incumplimiento de una orden sin justificación razonable. No concurre menoscabo del principio de seguridad jurídica, ya que no resultaba aplicable el óbice de cosa juzgada, pues no había identidad de objeto entre el expediente disciplinario por falta de regularización de baja médica que fue archivado por caducidad y el que motivó la sanción, incoado por incumplimiento de las órdenes de personación para la entrega del arma reglamentaria y para citaciones médicas y psicológicas.
Resumen: El tribunal de instancia contó con suficiente prueba de cargo -amplia prueba documental y testifical, así como la declaración del recurrente-, que fue apreciada de forma lógica y razonable, por lo que se entiende que quedó desvirtuado el derecho a la presunción de inocencia. El inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el actor re-catalogó tres hechos en el sistema SIGO tratándolos como no delictivos, pese a que revestían apariencia de posibles delitos, y ello sin recabar información de los instructores de las correspondientes diligencias policiales ni practicar él mismo gestiones al efecto- se incardina en la falta disciplinaria apreciada, sin infracción de los principios de legalidad y tipicidad, ya que, tanto en las resoluciones sancionadoras como en la sentencia recurrida, quedaron identificados los deberes incumplidos, al tratarse de un tipo disciplinario en blanco -concretamente, los contemplados en el art. 11.g) y h) LO 2/1986, relacionados con la investigación de los delitos-, y concurrir los elementos del tipo, así objetivos como subjetivos -al consistir la culpa o negligencia necesarias, básicamente, en la omisión del deber de diligencia o cuidado que eran exigibles-. La sentencia recurrida ya dio respuesta a la alegación de indefensión, respuesta que ahora comparte la sala, ya que el recurrente tuvo en todo momento conocimiento de los hechos y de su calificación jurídica, pudiendo alegar y proponer los medios de prueba que a su derecho conviniesen.
Resumen: Existe abundante prueba de descargo no valorada por el tribunal sentenciador en aspectos esenciales para la fijación del relato fáctico y la determinación de la responsabilidad disciplinaria, lo que permite considerar que el proceso valorativo reflejado en la sentencia impugnada ni es suficiente -por carecer de explicación bastante sobre las razones por las que no se valoran las pruebas de descargo- ni es racional -por parcial-, es decir, no es cabal o completo. Ello, además de afectar a la tutela judicial efectiva sin indefensión a la que tiene derecho el recurrente -razón que motivó la anulación de la anterior sentencia del Tribunal Militar Central recaída en el mismo proceso-, incide también en su derecho a la presunción de inocencia. La falta de especificación en la sentencia recurrida de las pruebas de descargo no valoradas permite entender incumplido el requisito sine qua non para la racionalidad del proceso deductivo cual es la valoración de la totalidad de la prueba de descargo, lo que no permite verificar, a través del examen de la motivación de la convicción de la sentencia, si ha habido actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo disciplinario que descarte la concurrencia de alternativas potencialmente exculpatorias a través de otras pruebas asimismo válidas, lo que deja subsistentes serias y fundadas dudas sobre la participación culpable del recurrente en el hecho de trascendencia disciplinaria cuya autoría le es atribuida.
Resumen: La incongruencia omisiva ya fue propuesta en las alegaciones al pliego de cargos y respondida motivadamente en la propuesta de resolución, en la resolución sancionadora y en la del recurso de alzada, por lo que ninguna infracción se produjo del derecho de defensa. El momento a tener en cuenta para apreciar la comisión de la falta es el de la firmeza de la condena penal, fecha en la que el guardia civil recurrente ya se encontraba en servicio activo, por lo que le era plenamente aplicable el régimen disciplinario de la Guardia Civil. No se infringe el principio non bis in ídem, ya que la infracción administrativa está desligada de la naturaleza penal de los hechos por los que fue condenado el recurrente, pues el bien jurídico protegido es el interés del Estado en la probidad de quienes forman parte de él y, en especial, de quienes tienen encomendado velar por el cumplimiento de las leyes y salvaguardar la seguridad pública. Los hechos determinantes de la condena penal son decisivos para incardinar el tipo disciplinario aplicable y su consecuencia sancionadora. La condena firme lo fue por el delito doloso contemplado en el art. 417 CP, ilícito que ocasionó grave daño al cuerpo de pertenencia del interesado, así como a los ciudadanos y a la Administración, por lo que no pueden sostenerse la falta de culpabilidad, la infracción de la presunción de inocencia ni la falta de proporcionalidad de la sanción, al haberse impuesto una intermedia, atendida la gravedad de los hechos.
Resumen: La sanción de cese en el destino impuesta al recurrente en un previo expediente disciplinario -con orden de desalojo inmediato del pabellón oficial que tenía adjudicado- fue declarada nula de pleno derecho por sentencia firme, por lo que la sanción por insubordinación ulteriormente impuesta al mismo como consecuencia de no haber desalojado el pabellón también es nula, al traer causa de la primigenia sanción de cese en el destino, ya que la nulidad de pleno derecho goza de efectos ex tunc -por lo que se retrotrae al momento mismo en que se dictó la resolución declarada nula, desapareciendo todas sus consecuencias- y erga omnes. Siendo así, el cese en el destino resultó expulsado del ordenamiento jurídico, decayendo como presupuesto o prius, circunstancia que se transmite a las consecuencias desfavorables subsiguientes, incluida la pérdida del derecho a disfrutar del pabellón correspondiente.
Resumen: En el procedimiento disciplinario para la sanción de las faltas leves el acuerdo de incoación y la subsiguiente verificación de la exactitud de los hechos por la autoridad con competencia para sancionar no están sujetos a contradicción, sin que el hecho de que no se deje constancia o no se informe al presunto infractor del medio por el que se hubiera llevado a efecto aquella comprobación comporte merma del derecho de defensa. En dicho procedimiento, la exigencia de escritura se limita a la resolución sancionadora, al eventual recurso de alzada y a su resolución, siendo suficiente para que pueda ejercitarse el derecho de defensa -aunque el presunto infractor no intervenga en la práctica de los medios de verificación de los hechos- que se le informe del sustrato fáctico de la imputación que se le dirija, lo que se concreta a través del trámite de audiencia, a partir del cual podrá formular alegaciones y aportar documentos y justificaciones. En la sentencia de instancia no se concreta en qué consistió la indebida denegación por parte de la autoridad sancionadora de la práctica de la prueba ni de qué forma tal denegación provocó en el recurrido una indefensión material, real y efectiva, en el doble sentido de argumentar, por un lado, la relación entre los hechos que se quisieron y no pudieron probar y la testifical y documental no tomadas en consideración y, por otro, la relevancia que la práctica y valoración de tales pruebas habría tenido en el sentido de la resolución final.
