Resumen: En el escrito de preparación del recurso, la parte que recurre considera que la sentencia de instancia ha infringido: a) el art. 8.6 LORDGC y, en definitiva, el principio de legalidad sancionadora, en su vertiente de tipicidad, consagrado en el art. 25.1 CE; y b) el principio de presunción de inocencia del art. 24.2 CE. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la setnencia impugnada: contradicción entre lo concluido por la sentencia impugnada y otras emanadas de la Sala Quinta TS en lo referente a la aplicación y observancia del principio de proporcionalidad. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del principio ne bis in ídem, con raíz constitucional en los arts. 24 y 25 CE. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) infracción de los arts. 9.3, 24.2 y 25.1 CE; b) infracción de los arts. 4, 9.1 y 28 LORDGC y preceptos concordantes; c) vulneración de la jurisprudencia y de la doctrina constitucional. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La denegación de la prueba propuesta no causó indefensión a la recurrente, pues intentaba rebatir extremos que no era necesario tener en consideración para calificar la conducta como constitutiva de la infracción por la que se impuso la sanción, extremos no acogidos en la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida -en los que no se hizo mención a la persona que aparecía en los vídeos de contenido sexual, a la concreta página de internet en la que se podía acceder a los mismos ni a la necesidad de pagar para acceder a ellos-. El tribunal de instancia dispuso de suficiente prueba de contenido incriminatorio, válidamente obtenida, regularmente practicada y valorada con sometimiento a las reglas de la sana crítica, para alcanzar, sin atisbo alguno de arbitrariedad, la convicción de la certeza de los hechos que declara probados. La sala comparte el criterio y el razonamiento del tribunal sentenciador en cuanto a la tipicidad de la conducta, pues, aunque participar en vídeos de carácter pornográfico es una actividad privada no relacionada con las funciones de las FF.AA., no ilícita ni prohibida -salvo que se tratara de menores-, cuando la misma la desarrolla un militar, se proyecta en el ámbito militar y se comparte, e incluso se promociona, durante la prestación del servicio con otros miembros de las FF.AA. con quienes solo se mantiene relación profesional, es contraria a los principios, valores y reglas que han de presidir el comportamiento de los militares.
Resumen: La STC 148/2021 no declaró inconstitucional todo el RD 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sino solo la de ciertos preceptos que restringían la libertad de circulación y habilitaban al ministro de Sanidad para variar las medidas de contención en establecimientos y actividades económicas, sin afectar a su disposición adicional 3.ª, que era en la que se determinaba la suspensión de términos e interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, por lo que no concurre la caducidad del expediente invocada. No existe el más mínimo atisbo de desviación de poder en las conductas del instructor del expediente y de la autoridad disciplinaria, pues el acuerdo de suspensión del cómputo de los plazos hasta que el encartado fuera habido se acomodó a la imperativa exigencia del art. 43 LORDGC, ya que, por causas solo imputables al guardia civil expedientado, se habían agotado previamente todas las posibilidades de localización y de notificación al interesado con arreglo a derecho del acuerdo de incoación del procedimiento. La resolución sancionadora motiva de forma exhaustiva las razones para imponer la sanción se separación de servicio, habida cuenta de la gravedad y repercusión de los hechos por los que se impuso la condena penal -robo con intimidación en casa habitada, en concurso con usurpación de funciones públicas, y amenazas-.
Resumen: Dando por sentada la realidad de los hechos -conforme a los cuales, el recurrente, miembro de la Guardia Civil en servicio activo sin destino en la Comandancia donde aquellos ocurrieron, se dirigió de manera desconsiderada a otro miembro del cuerpo de inferior empleo-, el recurso se ciñe a una cuestión de tipicidad, para cuya resolución debe determinarse si la desconsideración con el inferior tuvo lugar o no en el ejercicio de las funciones, con ocasión de ellas o vistiendo de uniforme. La aplicación del principio de legalidad disciplinaria exige entender que la previsión típica relativa al ejercicio de las funciones debe interpretarse en su sentido específico de conducta producida durante o con ocasión del servicio, lo que no puede tener lugar en el caso, al estar el recurrente en servicio activo pero carecer de destino en la Comandancia de la Guardia Civil donde ocurrieron los hechos. En cuanto a la exigencia alternativa del tipo relativa a vestir de uniforme, señala la sala sentenciadora que la desconsideración sí se dirigió frente a un subordinado que estaba desempeñando sus funciones y de uniforme. Sin embargo, una de las modalidades del tipo disciplinario contempla que la infracción pueda cometerse contra ciudadanos, de lo que ha de deducirse -al amparo de la necesaria taxatividad de los tipos disciplinarios- que el requisito de que la conducta se produzca en el ejercicio de las funciones, con ocasión de ellas o vistiendo de uniforme ha de predicarse del sujeto activo.
Resumen: De los fundamentos de convicción de la sentencia recurrida se desprende la existencia de suficiente material probatorio de contenido incriminatorio. El planteamiento del recurso referido a que quienes atendieron antes que el recurrente a la persona que pretendía presentar una denuncia pudieron haber incurrido en la misma infracción disciplinaria que él resulta inviable, no solo porque la eventual incorrección en el proceder de estos no haría correcta la conducta del recurrente, sino porque aquellos miembros de la Guardia Civil atendieron adecuadamente a aquella persona y la condujeron ante quien debía recibir la denuncia. Entiende el recurrente que no venía obligado a realizar la actuación omitida, ya que la recepción de denuncias correspondía a la policía autónoma. Sin embargo, al no existir en la localidad puesto de la Guardia Civil, la recepción de denuncias corresponde a la Unidad de Policía Judicial del acuartelamiento -como se desprende de la LECRIM y de la LOFCS- a través de su servicio de guardia de incidencias, servicio que era, precisamente, el que prestaba el recurrente. Nada obsta a ello la existencia de policía autonómica con competencias plenas en materia de seguridad ciudadana, habida cuenta de la claridad del plan de actuación de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia, que obliga a recoger la denuncia cuando el ciudadano desee presentarla ante la Guardia Civil, con independencia de que luego se dé a la misma el curso correspondiente.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los art. 24.1 y 2 y 25 CE, en lo que se refiere a los derechos a un proceso con todas las garantías, al principio acusatorio, al de defensa y a no sufrir indefensión, así como al principio de legalidad y de tipicidad. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
Resumen: No resultaron vulneradas las normas del proceso ni se incurrió en nulidad, pues, una vez notificado el decreto por el que se tenía por caducado el trámite de conclusiones de la Abogacía del Estado, tuvo entrada en el tribunal el mismo día escrito de la representación de la Administración formulando aquellas conclusiones, conforme ampara el art. 512 LPM. Aunque el recurso de casación contencioso-administrativo se encuentra especialmente destinado a resolver cuestiones jurídicas, en la casación contencioso-disciplinaria cabe una interpretación más abierta que permite extender el análisis a la constatación de la existencia de un mínimo de actividad probatoria y a si la valoración de la prueba realizada en la única instancia puede tildarse de arbitraria o irrazonable. El expediente disciplinario forma parte de las actuaciones y es uno de los elementos de juicio en los que puede descansar la convicción del juzgador, que puede analizar la prueba que obre en el mismo. Lo que la sala de instancia concluye como acaecido responde a una valoración razonada y razonable de la prueba, de cargo y de descargo, de que dispuso, extrayendo conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica.
