Resumen: El relato de hechos probados -consistente, en síntesis, en que el recurrente no concurrió al inicio del servicio que tenía encomendado para atender a la seguridad del tráfico en la operación salida de las vacaciones de verano un día 1 de julio, resultando infructuosos los intentos de localizarlo, hasta que 2 horas después, cuando ya había sido sustituido, se puso en contacto telefónico con la unidad para comunicar que tenía fiebre y no podía prestar el servicio, remitiendo 3 días después parte médico acreditativo de la indisposición sufrida- está adecuadamente incardinado en la infracción apreciada. Toda la argumentación defensiva se apoya en que la enfermedad padecida debe aplicarse como eximente por estado de necesidad. Sin embargo, solo una circunstancia impeditiva debidamente acreditada por quien la alega y comunicada con anterioridad al inicio de la prestación del servicio puede excusar la incomparecencia, sin que quepa como justificación una comunicación con más de 2 horas de retraso a la hora prevista para el inicio de la prestación del servicio, que ya se había visto perturbado, hasta el punto de haberse tendido que proceder a la sustitución del recurrente. Además, el servicio encomendado era de entidad y quedó afectado el bien jurídico que la norma protege -el interés del servicio y su ejecución en los términos previstos, como manifestación esencial de la disciplina-. Tratándose de una infracción de mera actividad, quedó perfeccionada con abstracción de su resultado.
Resumen: En el escrito de interposición se recogen como motivos de casación lo que no son sino reproducción de las pretensiones articuladas y resueltas en la instancia, lo que, por sí solo, constituye causa de desestimación del recurso. El tribunal de instancia dispuso de diversos elementos probatorios de cargo, todos ellos coincidentes en la misma versión, que, razonablemente valorados, le permitieron alcanzar su convicción sobre cómo ocurrieron los hechos. El relato de hechos probados -conforme al cual, el brigada recurrente, comandante de un puesto de la Guardia Civil, de forma reiterada, rechazó a diversos ciudadanos la recogida de las denuncias que pretendían presentar, indicándoles que volvieran otro día a interponerlas-, colma adecuadamente los requisitos jurisprudenciales de la infracción apreciada, pues constituye una reiterada dejación de las obligaciones profesionales en relación con las denuncias presentadas por ciudadanos, lo que hizo de manera consciente y sin posible concurrencia de error de prohibición alguno, con manifiesto incumplimiento de lo que constituía para él un imperativo legal en función del destino ostentado como comandante del puesto. La imposición de la más grave de las sanciones posibles está adecuadamente motivada tanto en vía administrativa como por el tribunal de instancia, mediante una adecuada ponderación de la gravedad de la conducta, las circunstancias del autor y la afectación al interés del servicio, por lo que se considera proporcionada.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del principio de legalidad, en su complemento de tipicidad (art. 25.1 CE) y jurisprudencia que lo desarrolla; b) vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y del principio in dubio pro reo; y c) infracción de los arts. 19 LORDGC y 29 Ley 40/2015, sobre el principio de proporcionalidad. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La medida de pase a la situación administrativa de suspensión de funciones como consecuencia de la incoación de la causa penal nada tiene que ver, por su naturaleza y fundamento, ni con la medida cautelar de pase a la situación de suspensión de funciones y cese en el destino que puede adoptarse tras la incoación de un procedimiento disciplinario por falta muy grave ni con el efecto legal o consecuencia accesoria de cese en el destino que viniera ocupando el infractor aparejado a la sanción disciplinaria de suspensión de empleo cuando excede de 6 meses. La primera y el último, no solo tienen naturaleza distinta -pues la primera no tiene carácter sancionador-, sino que responden a fundamentos y tutelan bienes jurídicos distintos, por lo que la adopción sucesiva de una y otra medida no lesiona el principio non bis in ídem. No cabe apreciar en sede casacional la alegada incongruencia omisiva, al no haberse hecho uso en su momento de la facultad que el art. 267.5.º LOPJ confiere para conseguir el complemento de la sentencia recurrida. El pronunciamiento judicial da respuesta fundada y no arbitraria a las pretensiones de la parte, por lo que no incurre en incongruencia ni en falta de motivación. El cese en el destino que ocupaban los recurrentes en el momento de ejecución de la sanción, como consecuencia accesoria aparejada a la misma dada su duración superior a 6 meses, no es contraria a la jurisprudencia de esta sala.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); b) vulneración del principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) ; c) infracción de los arts. 47.1.a) Ley 39/2015 y 7.13, 19 y 38 LORDGC ; d) infracción del principio de proporcionalidad de las sanciones; y e) infracción de la jurisprudencia de esta sala sobre el derecho de defensa y a utilizar los medios de prueba. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) infracción del art. 24.2 CE (tutela judicial efectiva); b) infracción del art. 24.2 CE, en relación con la LO 3/2007; y c) infracción del art. 25.1 CE, en relación con el art. 8.5 LO 12/2007. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en el siguiente extremo: vulneración de los principios de proporcionalidad e individualización de la sanción (art. 22 LO 8/2014 y jurisprudencia que lo interpreta). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La Administración impuso sanción en su modalidad de falta de respeto a la superioridad, excluyendo expresamente, por falta de prueba, la desobediencia grave. Sin embargo, sin práctica de prueba en vía jurisdiccional, el tribunal de instancia declaró probado un episodio de desobediencia protagonizado por el recurrente -que desatendió la orden recibida en cuanto a la vigilancia exterior de un complejo penitenciario en un determinado tramo horario-, sin ofrecer razón alguna de por qué se apartó de los términos del reproche disciplinario. No obstante, ninguna de las partes se refiere a este extremo, aviniéndose el recurrente a reconocer el incumplimiento de la orden, aunque solicita subsidiariamente su recalificación como infracción leve. Para el análisis de la alegada vulneración del principio de legalidad sancionadora, en el caso deben integrarse los hechos probados con otros acreditados en el expediente -declarados ante el instructor- y omitidos por el tribunal de instancia, integración admisible al amparo del art. 93 LJCA y de la que se deduce la menor gravedad de aquellos, pues el recurrente cumplió en los primeros tramos horarios y solo se retrasó en el último. Cabe la recalificación de los hechos como infracción leve del art. 9.3 LORDGC, habida cuenta de su homogeneidad con la insubordinación por desobediencia, la coincidencia de bien jurídico protegido y la ausencia de indefensión -pues se concede lo solicitado por el recurrente-, lo que permite rebajar la sanción.
Resumen: A pesar de que la papeleta contenía un error que podía provocar falta de claridad sobre el servicio encomendado, las dudas fueron resueltas a la patrulla en el puesto de la Guardia Civil al que acudieron a informarse sobre la ubicación de los lugares a los que sus integrantes debían acudir, por lo que, despejado el posible error, y con pleno conocimiento de lo que se debía hacer, el incumplimiento del cometido asignado en la papeleta permite incardinar adecuadamente la conducta en la infracción apreciada. No se impuso la sanción en función del resultado, con infracción del principio de culpabilidad, ya que, descartado el error alegado, no cabe afirmar que el incumplimiento tuvo lugar sin dolo o imprudencia. No resultó infringido el derecho fundamental de presunción de inocencia, pues los hechos declarados probados se encuentran acreditados por diversa y coincidente prueba testifical.
Resumen: La sala de casación ha de ceñirse al examen de las cuestiones que el auto de admisión consideró que presentaban interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia y de la norma o normas jurídicas que habrían de ser objeto de interpretación de entre las reflejadas en el escrito de preparación del recurso. Ello exige inadmitir cualquier otra alegación explícita o implícitamente formulada en el escrito de interposición. Este motivo de inadmisión se traduce en desestimación, máxime si se tiene en cuenta que se traen indebida y extemporáneamente al debate conculcaciones no administrativas sino de orden penal y procesal penal. No puede estimarse la incongruencia omisiva pretendida, ya que el recurrente no hizo uso, en la instancia, de la facultad que, para conseguir el complemento de la sentencia, contempla el art. 267.5º LOPJ. La tutela judicial efectiva también se satisface mediante una razonada decisión judicial de inadmisión apoyada en causa legal, lo que hizo escrupulosamente la sentencia de instancia cuando acordó inadmitir el recurso contencioso-disciplinario promovido por no haberse agotado previamente la vía administrativa mediante la interposición del preceptivo recurso de alzada contra la resolución sancionadora, recurso que habría causado estado y agotado dicha vía.
