Resumen: La sentencia recurrida analiza los medios de prueba practicados que llevaron a la convicción de la certeza de los hechos que declara probados, convicción que explicita de forma lógica y racional. La infracción apreciada no había prescrito, pues, al tratarse de una falta continuada, el cómputo del plazo no comienza hasta que se puso fin a la situación contraria a derecho creada. No se aprecia infracción alguna en la tramitación del expediente, ni por la falta de entrega de copia de unas inexistentes grabaciones de las declaraciones testificales practicadas ni por la supuesta falta de imparcialidad de la instructora, que desempeñó sus funciones con objetividad y desinterés personal en todos los trámites. La práctica de una de las testificales antes de que hubiera transcurrido el plazo mínimo de 48 horas desde su notificación no generó indefensión material al recurrente, que ejercitó su derecho a intervenir en la declaración asistido de su abogado. La denegación de prueba acordada no puede tildarse de ilógica o arbitraria, al no ser decisiva en términos de defensa la prueba solicitada. No concurre la incongruencia omisiva denunciada, pues la sentencia recurrida analizó la denunciada incompetencia del instructor. Desde el acuerdo de inicio del expediente no se produjo cambio en la calificación de la infracción disciplinaria, por lo que no se produjo la indefensión denunciada. La sanción impuesta resulta proporcionada a la entidad y circunstancias de la infracción.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del principio de presunción de inocencia (art. 24.2 CE); b) vulneración del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad (arts. 25.1 CE); y c) vulneración del derecho de defensa, en relación con los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo (art. 24.2 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pueda extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Siendo que la previsión típica de la infracción apreciada está totalmente desvinculada del devenir de los hechos que dieron lugar a la condena penal firme impuesta, ninguna incidencia tenían el pliego de preguntas que el instructor rechazó realizar a la víctima durante su declaración ni las testificales propuestas en el recurso contencioso-disciplinario militar, por lo que, al tratarse de medios de prueba impertinentes, no resultó afectado el derecho a la prueba. Los hechos por los que el recurrente fue sancionado colman el tipo disciplinario apreciado, al constar la condena firme de quien ostenta condición de guardia civil por la comisión de un delito doloso -delito contra la intimidad, del art. 197.1 CP- que causó grave daño a los ciudadanos -ya que, colocando una cámara de vídeo en el cuarto de baño de la víctima para grabarla desnuda, el recurrente se entrometió en su intimidad, generando dolor y decepción en una persona con la que mantenía relación de amistad desde hacía tiempo-, produciendo también grave quebranto para la Administración -habida cuenta del conocimiento de la condición de militar del autor por parte de la víctima y de su pareja y por la trascendencia que los hechos tuvieron en el entorno en el que el recurrente prestaba sus servicios-. Las resoluciones sancionadoras justifican adecuadamente, mediante la aplicación de los criterios del art. 19 LORDGC, la elección de la sanción impuesta, que no es la más aflictiva de las posibles.
Resumen: La declaración del dador del parte no derivó de la autoincriminación llevada a cabo por el recurrente, que había reconocido ante sus mandos haber realizado la grabación que se le achaca, autoincriminación que determinó su nulidad -así como la de las declaraciones de los referidos mandos-, por haberse contravenido sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia. El parte no se emitió a raíz de tal reconocimiento, sino como consecuencia de la conversación mantenida por quien lo emitió con el recurrente y la posterior publicación en los medios de tal conversación. No cabe aplicar la doctrina del fruto del árbol envenenado, al no existir conexión de antijuridicidad entre la vulneración de los derechos fundamentales del recurrente y las pruebas de cargo que este pretende anular. La sentencia de instancia, por lo tanto, no infringió el derecho a la presunción de inocencia del recurrente, ya que la condena se apoya en prueba de cargo lícitamente obtenida -el parte disciplinario, la ratificación por su autor y la corroboración de su contenido por la declaración de un testigo- y racionalmente apreciada. La sanción de pérdida de destino impuesta, con prohibición de obtener otro en la demarcación territorial de la misma Comandancia durante dos años, además de ser una de las legalmente previstas para la infracción apreciada, es adecuada a la intensidad con que resultaron afectadas la disciplina, jerarquía y subordinación, así como a la imagen de la institución.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); b) vulneración del derecho a la legalidad sancionadora en su vertiente de tipicidad de la conducta (arts. 25.1 CE y 8.8, 10, 11.3 y 21 LO 8/2014, de 4 de diciembre); y c) infracción de la proporcionalidad de la sanción (art. 22 LO 8/2014). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pueda extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: a) vulneración del principio de legalidad sancionadora en su vertiente de tipicidad (art. 25.1 CE); b) vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); y c) error en la valoración de la prueba. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pueda extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: El instructor comunicó inmediatamente al expedientado los nombres de instructor y secretario y la posibilidad de recusarlos, por lo que no infringió el procedimiento establecido. Las diligencias acordadas por el instructor para el esclarecimiento de los hechos antes de la formulación del pliego de cargos no infringen el principio de contradicción, pues de su resultado depende que el instructor proponga el archivo del expediente o que formule pliego de cargos, momento en el que finaliza la fase de instrucción del procedimiento sancionador y comienza la de imputación formal, en la que ya entra en juego el principio de contradicción. Aunque para que lo actuado en una información reservada tenga valor probatorio debe ser ratificado ante el instructor, no debe olvidarse que el expediente disciplinario dimanó de unas diligencias previas abiertas por utilización indebida de placas de matrícula reservada en las que el juez togado dictó auto, firme, en el que consideró que los hechos carecían de entidad suficiente para ser constitutivos de un delito de deslealtad, pero podían ser reprochables desde el punto de vista disciplinario, por lo que remitió testimonio a la autoridad disciplinaria. La presunción de inocencia resultó enervada por la prueba de cargo practicada en el expediente, consistente en las consideraciones fácticas del auto de archivo de las diligencias previas, la ratificación del parte por su autor y la ausencia de negativa por el recurrente de la existencia de prueba.
Resumen: No resultó infringido el derecho a la libertad religiosa ni en su aspecto de creer y conducirse personalmente conforme a las propias convicciones ni, más específicamente, en el del derecho a no ser obligado a declarar sobre su religión o creencias. Los juicios de valor conciernen al derecho a la libertad de expresión y, por ello, no están sujetos a indagación sobre su veracidad, tanto en general, como cuando se formulan por militares. El elemento objetivo del primer tipo disciplinario apreciado radica en la falsedad de las aseveraciones y el subjetivo en la intencionalidad de la afirmación, que se hace a sabiendas de su inveracidad. Sin embargo, no se ha acreditado falsedad de ningún hecho, sin que quepa, además, juicio de veracidad o falsedad respecto de los juicios de valor. Las manifestaciones críticas formuladas por el demandante, además, no fueron desconsideradas u ofensivas hacia sus superiores ni hacia otras autoridades o instituciones. La conducta del recurrente tampoco es incardinable en la segunda falta disciplinaria apreciada, pues las críticas, discrepancias y denuncias del demandante -ejercidas en el contexto de su derecho a alegar en un proceso administrativo y a emitir parte disciplinario por entender que ciertos hechos podrían ser constitutivos de infracción disciplinaria imputable a sus superiores- no menoscaban la consideración, honor, buen nombre o prestigio de sus superiores jerárquicos con la gravedad que exige la jurisprudencia.
Resumen: El objeto del nuevo recurso contencioso-administrativo son exclusivamente las cuestiones jurídicas, no las fácticas, si bien, los presupuestos de hecho establecidos en la instancia no son inmunes a la apreciación de haberse vulnerado algún derecho fundamental que tenga reflejo en los hechos, significadamente la presunción de inocencia o el derecho a obtener la tutela judicial efectiva. El inexcusable deber de motivación de la convicción fáctica de la sentencia ha de abarcar a todos los elementos probatorios, de cargo y de descargo, aun en términos que no sean exhaustivos. La omisión de este deber representa un déficit de otorgamiento de la tutela judicial a la parte pasiva del proceso, cuya subsanación corresponde realizarla al tribunal de instancia -no al de casación, al que no corresponde analizar el acervo probatorio, sino únicamente pronunciarse sobre la racionalidad y razonabilidad del análisis hecho en la instancia-. Oídos cinco testigos presenciales de los hechos, cuatro de ellos propuestos por el expedientado, la sentencia solo valoró un testimonio, que consideró de cargo al corroborar el parte emitido y ratificado por su autor, pasando por alto el resto de los testimonios, a los que no se hace ninguna referencia en ella. No cabe considerar infringido el derecho a la presunción de inocencia -pues la condena no se dictó en situación de absoluto vacío probatorio-, pero sí el derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación, lo que exige anular la sentencia.
Resumen: La proscripción de la indefensión es aplicable a todos los procedimientos administrativos sancionadores, sin que constituya excepción el procedimiento preferentemente oral para la sanción de las faltas disciplinarias leves, a pesar de que este tenga por finalidad el pronto restablecimiento de la disciplina mínimamente quebrantada y de que en él destaquen la brevedad, prontitud y sumariedad en el trámite y en la decisión. El derecho a defenderse en tales expedientes por falta leve se concreta en la audiencia que se ha de dar para la verificación de la exactitud de los hechos, en el traslado de los que se atribuyen al encartado, en la posible formulación de alegaciones de descargo con posible aportación de documentos u otros justificantes convenientes para la defensa e, incluso, en la proposición de prueba que el mando sancionador estime pertinente y necesaria y pueda efectuarse sin demora. El propio tribunal de instancia consideró que el instructor no debió negarse a dar vista de lo actuado al encartado para que este pudiera formular su recurso de alzada, pero estimó subsanado el defecto por la apreciación directa del procedimiento que el expedientado había tenido en el seno del recurso contencioso-disciplinario. Sin embargo, tal subsanación no puede ser admitida, pues como reiteradamente viene sosteniendo esta sala, las vulneraciones ocurridas durante la tramitación del expediente administrativo no pueden subsanarse posteriormente en el ámbito jurisdiccional.
