Resumen: Se absuelve en casación por el delito de usurpación de funciones públicas y del delito de cohecho activo y pasivo, por contratar a dos policías municipales, que no estaban de servicio, por acompañar con la función de escolta al acusado. Entrada y registro: la sentencia recuerda la doctrina jurisprudencial recaía en torno a esta injerencia y considera que, aun siendo sucinto el auto judicial, cumple con el estándar de constitucionalidad. Delito de usurpación de funciones públicas. Se analizan los presupuestos típicos de ese delito y se considera que la conducta enjuiciada no cumple con dichos presupuestos, dado que no hubo una pluralidad de actos, ni los actos realizados pueden ser considerados como propios de una autoridad. Delito de cohecho: se precisa que la dádiva retribuya un acto relacionado con las funciones oficiales y en este caso, en que se declara probado que el funcionario conocía que no se iba a realizar un acto oficial, un servicio de escolta, y que todo era un "montaje", la conducta desplegada tampoco es típica.
Resumen: Impugnación de actos administrativos: el objeto litigioso trata sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años. La Sala de lo Social del TSJ Madrid desestimó la demanda de la empresa Peugeot Citroën Automóviles España, S.A. interpuesta frente al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y la Dirección General del SEPE. Interpuesto recurso de casación ordinario por la empresa en el que solicitó la revisión de los hechos probados, denunció la falta de motivación de la resolución impugnada, y con relación al fondo, alegó la prescripción del acto impugnado por haber transcurrido los 4 años establecidos legalmente. La Sala de casación decide desestimar todos y cada uno de ellos y, con relación al fondo (el último), considera al igual que el Ministerio Público, que la petición de aclaración de toda una serie de extremos para determinar la cuantía de la aportación económica tras el despido colectivo interrumpió el cómputo del plazo de la prescripción.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si el órgano jurisdiccional debe o no acordar cautelarmente que el solicitante de asilo no se verá obligado a salir de España durante la pendencia del recurso jurisdiccional interpuesto contra la resolución denegatoria de su solicitud de protección internacional y se le prorroguen los derechos concedidos provisionalmente durante la tramitación del procedimiento de asilo, en concreto la autorización para residir y trabajar.
Resumen: Se acuerda admitir la adhesión en casación supeditada en los términos previstos en los arts., 846 bis d) y bis e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio Fiscal ha mostrado su adhesión al recurso del acusado en tiempo oportuno, y, habiéndose dado traslado al recurrente, no se ha producido indefensión. En supuestos de sucesión normativa, el cotejo debe hacerse comparando en bloque ambos esquemas normativos, pues solo así puede detectarse que régimen resulta más beneficioso conforme a lo dispuesto en el art. 2.2 CP . El Tribunal aplicó la ley vigente en el momento de comisión de los hechos (LO 11/1999, de 30 de abril). En el caso examinado, los hechos por los que el recurrente resultó condenado no serían ya, conforme a Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, constitutivos de delito comprendido en los arts. 178 , 179 y 180.1.3ª CP, sino de un delito comprendido en el art. 181.1, 2 (intimidación) y 3 (acceso carnal) CP, como ha sido estimado por el Tribunal. No puede ser apreciado el subtipo agravado contemplado en el art. 181.4 c) CP, como pretende el Ministerio Fiscal, por el especial desvalimiento: derivado de la edad de la víctima, entre los seis y los nueve años. De considerar que la mayor vulnerabilidad por razón de la edad abarca cualquier minoría de edad, carecería de sentido el inciso final del precepto (y en todo caso, cuando sea menor de cuatro años).
Resumen: Recurso de suplicación:en el recurso se alegó por la empresa cuestiones que no habían sido planteadas en la instancia por inasistencia injustificada al acto del juicio. La Sala de lo Social del TSJ revoca la sentencia de instancia aceptando dichas cuestiones. La Sala de unificación, por el contrario, estima el recurso y considera citando una prolija doctrina que no se pueden plantear cuestiones nuevas en el recurso de suplicación que no fueron alegadas ni resueltas en la instancia, salvo aquellas que deba examinarse de oficio, o que guarden una conexión debida con las formuladas en la demanda y contestación, y las alegadas por la empresa no lo son.
Resumen: Corresponde al Consejo Fiscal resolver sobre la posible existencia de causa de incompatibilidad para el desempeño del cargo de Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática con carácter previo a la propuesta de nombramiento por parte del Fiscal General del Estado, Por eso, se acuerda Retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal resuelva si concurre o no la prohibición del artículo 58.Uno del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de conformidad a lo dicho en el fundamento cuarto E) de esta sentencia.
Resumen: Determinar si la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva por rechazar pronunciarse sobre uno de los motivos de suplicación consistente en si la extinción del contrato de la empleada de hogar -parte recurrida en el actual recurso- fue un desistimiento, por haberse producido un error excusable en el cálculo de la indemnización, y no un despido.Para llegar a la conclusión de que se trataba de un despido y no de un desistimiento, era obligado que la sala del TSJ analizara si el error en el cálculo de la indemnización era o no excusable. La legalidad vigente por razones temporales ( artículo 11.4 RD 1620/2021) parte de que solo cabe hablar de despido y no de desistimiento si el error en el cálculo de la indemnización no es excusable. Estima rcud y anula con devolución de actuaciones al TSJ.
Resumen: Valor de las informaciones periodísticas. Ausencia de derecho a conocer el contenido de la investigación preprocesal ni los métodos y técnicas de investigación. Valor de la denuncia anónima. Investigación general o prospectiva no apreciable. Indicios que justifican medidas de investigación afectantes a derechos fundamentales. Entradas y registros domiciliarios hechos con las debidas garantías. Cadena de custodia no rota. Validez probatoria de conversaciones recogidas en grabaciones subrepticias realizadas por quien alega quebranto de derechos. Intervención de conversaciones entre particulares. Registro en despacho de abogado. Declaración probatoria de los coacusados. No existe un derecho fundamental a la desclasificación de toda materia reservada en aplicación del régimen jurídico de los secretos oficiales. Justificación de la denegación de acceso a determinados archivos y documentos en interés de la seguridad del Estado. Control sobre la autenticidad, integridad y exhaustividad de los documentos digitales intervenidos. Irrelevancia de manifestaciones públicas fuera del proceso. Detención ordenada por la Fiscalía. Declaración inicial como testigo del posteriormente acusado. Denuncia previa para proceder por los delitos de descubrimiento y revelación de secreto, innecesaria cuando hay prevalimiento del cargo. Prescripción de los delitos no apreciable a haber conexidad con delitos más graves. Deficiente motivación de la sentencia que determina su nulidad respecto absoluciones.
Resumen: Delito de asesinato. Al recurrente se le impuso la pena de prisión permanente revisable. Denuncia la inaplicación de la eximente de alteración psíquica. Considera que quedó perfectamente acreditada en el acto del juicio. El motivo se desestima. La tesis tradicional sobre la probanza de las circunstancias minorativas o excluyentes de la responsabilidad criminal podía ser incompatible con la garantía constitucional de presunción de inocencia. No obstante, la doctrina es inaplicable en supuestos en los que la prueba practicada permite al órgano de enjuiciamiento rechazar la concurrencia de la circunstancia. También se denuncia indebida apreciación de la alevosía. El motivo se rechaza. El factum describe nítidamente el elemento objetivo de la alevosía por desvalimiento. También se denuncia que se haya concedido una indemnización de 150.000 a cada uno de los padres del menor, cuando no se encuentran personados como acusación particular. El motivo se desestima. La indemnización fue interesada por el Ministerio Fiscal. Se denuncian también distintos quebrantamientos de forma (falta de claridad en los hechos probados, incongruencia omisiva). Se desestima. El relato de hechos es comprensible en su integridad y el Tribunal del jurado ha resuelto sobre todos los puntos objeto de controversia.
Resumen: Ha lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales contra el Real Decreto 461/2023, de 13 de junio, por el que se nombra Fiscal de Sala de la Fiscalía de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado. Se estima el recurso aplicando el artículo 58.Uno del Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Consejo Fiscal, RD 437/1983, -que prohíbe ejercer el cargo si su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal-. La Sala a la vista de las páginas web citadas en la demanda, determina que la persona nombrada está unida en relación equiparable a la conyugal con persona que realiza una prestación de servicios profesionales que puede reputarse de carácter mercantil, y no es preciso que exista un determinado conflicto de intereses, sino que sea posible su existencia en razón del presupuesto ofrecido por el vínculo y por la naturaleza de la actividad mercantil. Se anula el Real Decreto 461/2023 con retroacción de las actuaciones para que el Consejo Fiscal resuelva si concurre o no la prohibición del artículo 58.Uno del Estatuto
